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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO Y OTRA SUSTANTIVA O DE HECHO. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE "LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY", PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL DISPONER EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS DE PODER SER NOMBRADOS PARA CUALQUIER EMPLEO O COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, SE REFIERE A CUESTIONES INHERENTES A LA PERSONA Y NO A ASPECTOS EXTRÍNSECOS A ÉSTA. VII. COMISIÓN DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE JALISCO. NATURALEZA DEL CARGO DE SU TITULAR (ARTÍCULO 36, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO). VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DOLOSO PARA SER TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE JALISCO, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA QUE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 36, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DOLOSO", DE LA LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO INHABILITADO COMO SERVIDOR PÚBLICO PARA SER TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE UN VÍNCULO ESTRECHO CON LA CONFIGURACIÓN DE UN PERFIL INHERENTE AL TIPO DE TRABAJO A DESEMPEÑAR, POR LO QUE CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 36, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O INHABILITADO COMO SERVIDOR PÚBLICO", DE LA LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO). X. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO PARA SER SERVIDOR PÚBLICO O ELEMENTO OPERATIVO INTEGRANTE DE LA FISCALÍA ESPECIAL EN PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONSISTENTE EN NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA QUE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 39, NUMERAL 1, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO O", DE LA LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN LAS NORMAS INVALIDADAS, AUN CUANDO NO FUERAN IMPUGNADAS (INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DEL ARTÍCULO 51, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SIDO CONDENADAS O CONDENADOS POR DELITO DOLOSO O HABER", DE LA LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 36, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, Y 39, NUMERAL 1, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "HABER SIDO CONDENADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DOLOSO O" Y, POR EXTENSIÓN, DEL ARTÍCULO 51, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SIDO CONDENADAS O CONDENADOS POR DELITO DOLOSO O HABER", DE LA LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2021. · Registro digital (IUS): 31561
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-23
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo II, Pág.1486.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE AGOSTO DE 2022. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.

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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al treinta de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS, para resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad 62/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito depositado el cinco de abril de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial, recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "Comisión accionante") promovió acción de inconstitucionalidad en contra de algunos requisitos para acceder a cargos públicos previstos en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, expedida mediante Decreto 28325/LXII/21, publicado el cinco de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; en concreto:

a) Los requisitos para ser titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (en adelante "Comisión de Búsqueda") consistentes en "no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público"; y,

b) El requisito para las y los servidores públicos y elementos operativos que integren la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado de Jalisco (en adelante "Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas"), consistente en "haber sido condenado por delito doloso o"; previstos, respectivamente, en los artículos 36, numeral 1, fracción II, y 39, numeral 1, fracción IV.(1)

2. La Comisión accionante consideró que las normas impugnadas son contrarias al derecho a la igualdad y no discriminación; a la libertad de trabajo; al derecho de acceso a un cargo en el servicio público, y al principio de reinserción social.

3. SEGUNDO.—Artículos constitucionales y convencionales vulnerados. La Comisión accionante señaló como preceptos constitucionales y convencionales vulnerados los artículos 1, 5 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "Constitución Política del país"); 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención Americana") y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante "Pacto de Derechos Civiles").

4. TERCERO.—Concepto de invalidez. La promovente sostuvo los siguientes argumentos en su único concepto de invalidez:

• Los artículos impugnados vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho de acceso a un cargo en el servicio público, la libertad de trabajo y el principio de reinserción social, ya que los requisitos que en ellos se exigen para ser titular de la comisión de búsqueda y persona servidora pública o elemento operativo integrante de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas impiden en forma injustificada y desproporcionada que quienes hayan sido condenadas por delito doloso o inhabilitadas como servidoras públicas puedan desempeñarse en esos cargos, aun cuando las sanciones impuestas ya hayan sido cumplidas.

• Igualdad y no discriminación. El artículo 1o. de la Constitución Política del país reconoce que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en su propio texto y en el de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte. Asimismo, consagra la prohibición de discriminar.

• El Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que el principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico y que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de alguno de los derechos reconocidos en la Constitución Política del país es incompatible con ésta.(2)

• Igualmente, ha explicado que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley. El primero obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas uniformemente a todas las personas que se encuentren en una misma situación; el segundo opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.(3)

• En el ámbito internacional, los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana prohíben la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social y señalan que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

• Libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público. Los artículos 5o., primer párrafo y 35, fracción VI, de la Constitución Política del país disponen que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, y que es un derecho de la ciudadanía poder ser nombrada para cualquier empleo en el servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.

• En consonancia con el derecho a la igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el derecho a ocupar un cargo público implican que todas las personas, en un plano de igualdad, pueden dedicarse a la actividad lícita que sea de su preferencia, incluidos los cargos públicos.

• En el ámbito internacional, el artículo 26 de la Convención Americana establece la obligación de adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. A la vez, los artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales disponen que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones justas equitativas y satisfactorias.

• Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte Interamericana") ha señalado que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública no sólo debe tener como función la selección según los méritos y calidades de la persona aspirante, sino también el aseguramiento de igualdad de oportunidades y de mecanismos objetivos que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar.(4)

• Invalidez de las normas impugnadas. Las normas impugnadas son contrarias al parámetro de regularidad expuesto, pues impiden de forma genérica, discriminatoria e injustificada que las personas sentenciadas por cualquier delito doloso o inhabilitadas en el servicio público accedan a la titularidad de la comisión de búsqueda o a formar parte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, según corresponda, sin considerar si las conductas sancionadas se relacionan con las funciones que deben desempeñarse en esos puestos o si las sanciones ya han sido cumplidas.

• Atendiendo a las funciones y obligaciones de ambos puestos, lo razonable sería que la restricción consistente en no haber sido condenado por delito doloso sólo versara sobre algunas conductas ilícitas específicas y estrechamente vinculadas con aquéllas, como pudieran ser los delitos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de modo que quedara evidenciada la incompatibilidad del perfil de las personas aspirantes con los cargos públicos.

• Así, si bien es válido exigir cierta probidad, honestidad e idoneidad de las personas que vayan a desempeñar los cargos públicos para garantizar que su ejecución sea regular y apegada a la legalidad, lo cierto es que, dada la generalidad y amplitud del requisito impugnado, éste resulta sobreinclusivo y termina por excluir injustificadamente a las personas que pretenden reinsertarse a la sociedad.

• Por su parte, la norma que prohíbe acceder al cargo de titular de la Comisión de Búsqueda a quienes hayan sido inhabilitados en el servicio público no permite distinguir si la sanción se impuso por resolución firme de naturaleza administrativa, civil o política, si fue por una conducta culposa o dolosa, si ésta fue grave o no grave, si la sanción fue impuesta hace varios años o recientemente, ni si ya fue cumplida o sigue surtiendo efectos, siendo este último el único supuesto constitucionalmente admisible para la restricción.

• Lo anterior significa que el requisito impugnado, dada su generalidad, también es irrazonable y abiertamente desproporcional, sumado a que provoca un efecto inusitado y trascendente a cualquier tipo de inhabilitación impuesta en el pasado, lo que indirectamente compromete la prohibición establecida en el artículo 22 constitucional.

• Atendiendo a las funciones del cargo, lo constitucionalmente admisible hubiera sido que la restricción versara únicamente sobre personas que se encuentren cumpliendo la inhabilitación. Esto se corrobora con lo dispuesto en la acción de inconstitucionalidad 111/2019.(5)

• Escrutinio estricto de proporcionalidad de la exigencia de no haber sido condenado por delito doloso. Esta exigencia debe someterse a un escrutinio de proporcionalidad estricto porque se apoya en una distinción basada en una categoría sospechosa (condición social y/o jurídica) que atenta contra la dignidad humana, menoscaba los derechos y libertades de las personas (al trabajo y a acceder a un cargo público) y se asocia con la desvaloración cultural, desventaja social y marginación política que implica haber sido sentenciado penalmente por un delito doloso.

• Las normas impugnadas no superan el primer parámetro del escrutinio, es decir, no persiguen una finalidad constitucionalmente imperiosa, dado que el legislador local no hizo una relación del requisito en cuestión con la gravedad y el tipo de delito cometido y las funciones que corresponde realizar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda o a las personas integrantes de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

• Ahora, aun en el supuesto de que persiguieran una finalidad constitucionalmente imperiosa y estuvieran estrechamente vinculadas con ella, las normas impugnadas de cualquier modo no superarían el tercer parámetro del escrutinio, ya que no son lo menos restrictivas posibles; por el contrario, sus alcances son extremadamente amplios y menoscaban en gran medida el principio de reinserción social.

• Escrutinio ordinario de proporcionalidad de la exigencia de no haber sido inhabilitado en el servicio público. Esta exigencia debe someterse a un escrutinio de proporcionalidad ordinario.

• La norma impugnada supera el primer parámetro del escrutinio, es decir, persigue una finalidad constitucionalmente válida, ya que puede considerarse que el legislador local pretendió que las personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión de Búsqueda cumplan con algunas calidades que garanticen su correcto desempeño.

• Sin embargo, la norma no supera el segundo parámetro del escrutinio, es decir, no es idónea para lograr su finalidad, en tanto que el requisito impuesto no garantiza que las personas aspirantes al cargo vayan a desempeñarlo en condiciones de eficiencia, eficacia y honradez. En consecuencia, resulta innecesario verificar el cumplimiento de los parámetros restantes.

5. CUARTO.—Registro y turno. Mediante acuerdo dictado el ocho de abril de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad con el número 62/2021, así como turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat a efecto de que instruyera el procedimiento correspondiente.

6. QUINTO.—Admisión. Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco para que rindieran sus respectivos informes, y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a sus representaciones correspondiera.

7. SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el licenciado Arturo Díaz Maldonado, en su carácter de director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco presentó informe en el que únicamente adujo lo siguiente:

• La norma impugnada encuentra fundamento en los artículos 31, 32, 46 y 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco que establecen que las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, así como que entre las facultades y obligaciones del gobernador se encuentran las de promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes; por lo que, en atención a esas obligaciones, el titular del Poder Ejecutivo dio autenticidad al Decreto publicado el cinco de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de la entidad.

8. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo y las diputadas María Esther López Chávez e Irma Verónica González Orozco, en su carácter de presidente y secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, respectivamente, presentaron informe en el que adujeron las siguientes razones y fundamentos jurídicos de validez de la norma impugnada:

• La Suprema Corte ha señalado en diversos precedentes que la constitucionalidad de un acto legislativo debe ponderarse en función a las atribuciones de la autoridad que lo emite, dándole validez siempre que los realice dentro de los límites de sus facultades.

• Se deben tomar en consideración tanto la exposición de motivos, como el artículo 2 de la ley impugnada, el que establece su objeto; el artículo 30, en donde se regulan las atribuciones a desempeñar por la Comisión de Búsqueda, y el artículo 40, que prevé las funciones conferidas a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

• Por lo que hace a la exposición de motivos, se hace un desarrollo del objeto de la ley, mediante la explicación de cómo es que la desaparición de personas implica una afectación a los valores más profundos de la sociedad y una violación sistemática de derechos fundamentales. Por ello existía la necesidad de una normatividad que estableciera una serie de derechos y principios para la protección integral de las personas desaparecidas hasta conocer su suerte o paradero, así como la atención, garantías de no repetición y acceso a una reparación integral para las personas y sus familiares.

• Entre los objetivos de la ley, se encuentra el de establecer un Sistema Estatal de Búsqueda para la coordinación entre los diversos poderes, órganos y organismos del Estado, para la búsqueda de personas desaparecidas, para esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

• Entre las atribuciones conferidas a la Comisión de Búsqueda se encuentran la de realizar de forma inmediata todas las acciones de búsqueda que sean relevantes en cada caso, cuando tenga noticia o reciba reporte, por cualquier medio, y en su caso dar vista inmediata a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para que inicie su carpeta de investigación; así como mantener relaciones de coordinación con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno e integrar grupos de trabajo interinstitucional con la participación de familiares y organizaciones de la sociedad, entre otros.

• En lo relativo a las facultades de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, se encuentran las de recibir las denuncias sobre personas desaparecidas relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de delitos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente; así como investigar y perseguir los delitos previstos y sancionados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

• La autoridad legislativa del Estado de Jalisco actuó dentro de los límites que la ley la autoriza; la motivación de la expedición de la ley se colma con la orientación de su contenido a las relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas, sin necesidad de tener una motivación específica de la totalidad del ordenamiento.

• Es necesario tomar en consideración lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios sobre el concepto de igualdad ante la ley y no discriminación.

• En relación con el tema de la inhabilitación de un servidor público, la Suprema Corte resolvió en la acción de inconstitucionalidad 111/2019, en la parte que interesa, que "se trata de requisitos que no están relacionados con características o atributos en las personas que han sido históricamente tomados en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar; razón por la que, en principio, al no presentarse una categoría sospechosa, no hay motivos en el presente para someter las disposiciones normativas impugnadas a un escrutinio de constitucionalidad cuidadoso o estricto."

• Es necesario que se tomen en consideración las funciones inherentes a los cargos descritos en los artículos 30 y 40 de la ley impugnada, ya que, como se mencionó, dan cuenta de la importancia de la función a desempeñar, revelando así la exigencia relacionada con los principios de eficiencia y capacidad, lo que no discrimina ni pone en desigualdad alguna.

• La inhabilitación se ha indicado que tiene como finalidad proteger y tutelar el servicio público prestado por la persona a la sociedad.

• Por lo anterior, debe concluirse que las porciones normativas que han sido impugnadas encuentran sustento en el propio texto de la Norma Fundamental, en cuanto éste impone la obligación de no exigir para el acceso al cargo a la función pública requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de eficiencia, mérito y capacidad.

• La jurisprudencia establece que la libertad de trabajo puede ser restringida a determinadas tareas, con el objetivo de salvaguardar bienes de mayor valor para la sociedad o por necesidad de seguridad en el desempeño de ciertas actividades con el objeto de hacer prevalecer el interés superior de la sociedad, lo que no implica una violación a la igualdad.

• Por último, con relación a la porción normativa de no haber sido condenado por la comisión de delitos doloso, se tiene que advertir del primero de los artículos, es decir, del 39, numeral 1, fracción IV, que se está en presencia de servidores públicos y elementos a integrar la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, por lo que el requisito no debe analizarse de manera aislada, sino de forma integral con el propio ordenamiento legal que lo contiene.

• Por lo anterior, el requisito en comento para servidores públicos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas encuentra sustento en los bienes tutelados y en el fin constitucional derivado de la propia función a desempeñar.

• En cuanto al requisito normado en el artículo 36, numeral 1, fracción II, de la norma impugnada, relativo a ser titular de la Comisión de Búsqueda, éste se vincula con su perfil y la función a desempeñar. • Es necesario considerar lo resuelto por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 111/2019, que versó sobre requisitos similares para diversos cargos de la Fiscalía de Quintana Roo.

• Contrario a lo sostenido por la promovente, la exclusión de no haber sido condenado por delito doloso para acceder a los empleos públicos de titular de la Comisión de Búsqueda e integrante de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas incide de manera directa en la función a desempeñar y en las capacidades requeridas para el perfil, debido al ejercicio de la función a prestar.

• Por lo expuesto, contrario a lo que establece la demanda, las normas impugnadas no transgreden los derechos de acceder a un empleo público, el de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo, ni el principio de reinserción social.

9. OCTAVO.—Manifestaciones. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no hicieron valer manifestación alguna.

10. NOVENO.—Alegatos. El ocho de julio de dos mil veintiuno se recibió el escrito de alegatos presentado por la Comisión accionante.

11. DÉCIMO.—Cierre de instrucción. En acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

12. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país; 1 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "Ley reglamentaria"); 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.(6)

13. Lo anterior en virtud de que la Comisión accionante solicitó la invalidez de los artículos 36, numeral 1, fracción II, y 39, numeral 1, fracción IV, en la porción normativa "haber sido condenado por delito doloso o", de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, expedida mediante Decreto 28325/LXII/21 publicado el cinco de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", que establecen los requisitos para ser titular de la Comisión de Búsqueda e integrante de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, por considerar que vulneran diversos derechos consagrados en la Constitución Política del país, así como en la Convención Americana y en el Pacto de Derechos Civiles, de los que el Estado Mexicano es Parte.

14. SEGUNDO.—Oportunidad. De conformidad con el primer párrafo del artículo 60 de la ley reglamentaria,(7) el plazo de treinta días naturales para ejercitar la acción de inconstitucionalidad se debe computar a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma general impugnada.

15. En este caso, el Decreto 28325/LXII/21 por el que se expidió la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco fue publicado el cinco de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de la entidad, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del sábado seis de marzo al domingo cuatro de abril de dos mil veintiuno. Sin embargo, al haber sido inhábil el último día del plazo, por disposición expresa del mencionado artículo 60 de la Ley reglamentaria, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el cinco de abril de dos mil veintiuno.

16. Consecuentemente, dado que la Comisión accionante depositó su escrito de demanda en el Buzón Judicial el cinco de abril de dos mil veintiuno, se satisface el presupuesto procesal de oportunidad.

17. TERCERO.—Legitimación. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país, la Comisión accionante es un organismo legitimado para impugnar leyes de las entidades federativas cuando considera que vulneran los derechos humanos consagrados en la Constitución Política del país y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

18. Conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el 59 del mismo ordenamiento legal,(8) la accionante debe comparecer por conducto de la persona servidora pública que esté facultada para representarla.

19. En representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos compareció su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, quien acreditó su personalidad con la copia certificada del escrito de doce de noviembre de dos mil diecinueve, signado por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por medio del que se le dio a conocer su designación como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte del Pleno del mencionado órgano legislativo.

20. Dicha servidora pública cuenta con facultades para representar al mencionado órgano constitucional autónomo, con fundamento en la fracción I del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, cuenta con atribuciones para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que considere vulneran los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del país y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, con fundamento en la fracción XI del mismo precepto legal.(9)

21. Asimismo, se observa que la promovente planteó que las normas impugnadas de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco vulneran el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, el derecho de acceso a un cargo en el servicio público, la libertad de trabajo y el principio de reinserción social, contenidos en los artículos 1, 5 y 35, fracción VI, de la Constitución Política del país, 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana y 2, 25 y 26 del Pacto de Derechos Civiles.

22. En esos términos, este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.

23. CUARTO.—Causas de improcedencia y sobreseimiento. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco no plantearon causas de improcedencia de esta acción de inconstitucionalidad.

24. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco advierte la existencia de alguna causa de improcedencia que se actualice de oficio, por lo que se procede al estudio de fondo de los planteamientos hechos valer por la Comisión accionante.

25. QUINTO.—Estudio de fondo. Como se indicó en el apartado de antecedentes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó algunos requisitos establecidos para diversos cargos públicos previstos en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

26. Por una parte, los requisitos para ser titular de la Comisión de Búsqueda, consistentes en "no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público", previstos en el artículo 36, numeral 1, fracción II, de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

27. Por otra parte, el requisito para ser servidor público o elemento operativo integrante de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, consistente en "haber sido condenado por delito doloso o", previsto en el artículo 39, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

28. A juicio de la Comisión accionante, tales requisitos vulneran, entre otros, el derecho a la igualdad y no discriminación porque impiden en forma absoluta, injustificada y desproporcionada que las personas que fueron condenadas por un delito doloso o inhabilitadas como servidoras públicas puedan desempeñarse en esos cargos, sin tomar en cuenta si las conductas sancionadas se relacionan con las funciones a desarrollar o si las sanciones impuestas ya fueron cumplidas.

29. Este Tribunal Pleno considera que el planteamiento de la accionante es fundado y, en consecuencia, que debe declararse la invalidez de las normas impugnadas, puesto que, si bien los citados requisitos persiguen una finalidad constitucionalmente válida, como lo es que las personas que ocupen los cargos en cuestión tengan los niveles de especialización y de conocimiento que garanticen el correcto desempeño de la función; lo cierto es que no constituyen una medida idónea, ya que las exigencias son tan amplias que no es posible establecer una relación directa, clara e indefectible entre ellas y las labores a desarrollar, tal como se explica a continuación:

30. Para efectos metodológicos y con el propósito de brindar la mayor claridad posible a la explicación de la conclusión alcanzada, el análisis se realizará por apartados y en el siguiente orden: A. Parámetro de regularidad constitucional; B. Requisitos para ser titular de la Comisión de Búsqueda (artículo 36, numeral 1, fracción II); B.1. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; B.2. No haber sido inhabilitado como servidor público; y, C. Requisito para ser servidor público o elemento operativo integrante de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas: No haber sido condenado por delito doloso (artículo 39, numeral 1, fracción IV).

31. Lo anterior, tomando en consideración la doctrina reiterada por este Tribunal Pleno en diversos precedentes sobre requisitos de elegibilidad de quienes aspiran a cargos públicos o cargos honoríficos similares a los que aquí se analizan. Estos precedentes son, conforme al orden cronológico de su resolución, las siguientes acciones de inconstitucionalidad: 107/2016,(10) 86/2018,(11) 50/2019,(12) 111/2019,(13) 140/2020 y su acumulada 145/2020,(14) 125/2019,(15) 106/2019,(16) 108/2020,(17) 184/2020,(18) 118/2020,(19) 263/2020,(20) 50/2021(21) y 275/2020.(22)

A. Parámet

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31561-05a56e2a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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