I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO Y OTRA SUSTANTIVA O DE HECHO. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO PARA OCUPAR LOS CARGOS DE TITULAR DE LA PROCURADURÍA O DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA QUE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 27-2, FRACCIÓN V, Y 95-1, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SENTENCIADO POR DELITO DOLOSO", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO DESTITUIDO O INHABILITADO POR RESOLUCIÓN FIRME COMO SERVIDOR PÚBLICO PARA OCUPAR LOS CARGOS DE TITULAR DE LA PROCURADURÍA O DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, RESULTA SOBREINCLUSIVO Y DISCRIMINATORIO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 27-2, FRACCIÓN VI, Y 95-1, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NI HABER SIDO DESTITUIDO O INHABILITADO POR RESOLUCIÓN FIRME COMO SERVIDOR PÚBLICO", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO). VIII. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA VERTIENTE DE REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO ORDENA QUE LAS PERSONAS QUE ESTÁN SUJETAS A PROCESO PENAL NO SEAN TRATADAS DE LA MISMA MANERA QUE LAS QUE HAYAN SIDO DECLARADAS CULPABLES (ARTÍCULOS 27-2, FRACCIONES V Y VI, Y 95-1, FRACCIONES V Y VI, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "NI ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL POR DELITO DOLOSO" Y "NI ESTAR SUJETO A PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LOS REQUISITOS DE NO ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL POR DELITO DOLOSO NI A PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PARA SER TITULAR DE LA PROCURADURÍA O DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 27-2, FRACCIONES V Y VI, Y 95-1, FRACCIONES V Y VI, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "NI ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL POR DELITO DOLOSO" Y "NI ESTAR SUJETO A PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 27-2, FRACCIONES V Y VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NI HABER SIDO DESTITUIDO O INHABILITADO POR RESOLUCIÓN FIRME COMO SERVIDOR PÚBLICO NI ESTAR SUJETO A PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA", Y 95-1, FRACCIONES V Y VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NI HABER SIDO DESTITUIDO O INHABILITADO POR RESOLUCIÓN FIRME COMO SERVIDOR PÚBLICO NI ESTAR SUJETO A PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 96/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la cual se impugnan los artículos 27-2, fracciones V y VI, y 95-1, fracciones V y VI, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, adicionados mediante el Decreto 90, publicado el primero de agosto de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de la entidad.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve,(1) ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Guanajuato para plantear la invalidez de los artículos 27-2, fracciones V y VI, y 95-1, fracciones V y VI, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato (en adelante, "la ley"), al estimarla contraria a los artículos 1o., 5o., 18 y 20, inciso B), fracción I, y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ("la Constitución"); 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la CADH"); 2, 14.2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("el Pacto DCP") y 2, 4 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("el Pacto DESC").
2. Conceptos de invalidez. Dentro de su escrito inicial, el accionante adujo, en síntesis, que los preceptos controvertidos establecen como requisitos para ser titular de la Procuraduría Estatal del Sistema Estatal de Protección, no haber sido sentenciado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal por delito doloso, así como no haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa, con lo cual se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, de trabajo y acceso a un empleo público.
3. Lo anterior, porque el accionante estima que, al excluir de manera injustificada a aquellas personas sentenciadas por delito doloso, incluso aquellos cuya comisión no amerita pena privativa de la libertad o, en su caso, a las personas que cometieron una falta administrativa (tal vez no grave) y que hayan sido sancionadas con destitución o inhabilitación temporal; pues se impide el acceso al cargo a personas sobre las que no se ha acreditado su responsabilidad penal o administrativa, lo cual es contrario al principio de presunción de inocencia.
4. Señala que el común denominador de las disposiciones impugnadas es la discriminación que provocan al establecer exigencias desproporcionadas que tienen como consecuencia excluir de forma injustificada a un sector de la población para ser candidatos a la titularidad de las instituciones públicas aludidas, por lo que son contrarias al derecho de igualdad y no discriminación.
5. Sostiene que la medida legislativa es contraria al principio de reinserción social, al de presunción de inocencia y de acceso a un cargo público.
6. Para justificar su acción, el presidente de la CNDH divide su propuesta en cuatro apartados que, en síntesis, señalan:
A. Derecho a la igualdad y no discriminación. Las normas son discriminatorias con base en categorías sospechosas, consistentes en la condición social y jurídica de las personas que se encuentran bajo un proceso penal por delito doloso, o que tan sólo han sido condenados por la comisión de cualquier delito doloso, con lo cual excluyen con base en categorías sospechosas relativas a las condiciones social y jurídica de las personas, las cuales se ubican dentro de las categorías que protege el artículo 1o. de la Constitución. En este sentido, es indispensable realizar un escrutinio estricto de la medida legislativa.
B. Transgresión al principio de presunción de inocencia. Toda vez que las sanciones administrativas guardan una similitud fundamental con las sanciones penales al reaccionar frente a lo antijurídico, por lo que en uno y otro supuestos, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. Por tanto, la obligación del Estado de presumir inocentes a todas las personas, hasta en tanto no se demuestre su culpabilidad, se extiende también a situaciones extraprocesales. Así, el derecho o principio de presunción de inocencia no sólo se desarrolla dentro del ámbito procesal oponible a los órganos del Estado encargados de realizar las tareas jurisdiccionales, sino también exige que el Estado no condene o emita juicio ante la sociedad a una persona hasta que no acredite su responsabilidad penal o administrativa.
En este orden, el legislador debió valorar si existe una relación constitucionalmente válida para exigir un estatus libre de procesos de responsabilidad penal y administrativa para ocupar el cargo de procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el de secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Protección de Guanajuato, pues con ello se discrimina a las personas por la condición de estar sujeto o vinculado a un proceso o procedimiento y deja de respetarse la presunción de inocencia de que gozan.
C. Transgresión a los principios de certeza jurídica y reinserción social. Los artículos cuya inconstitucionalidad se señala, son contrarias a este principio, al excluir de forma injustificada a las personas que hubieran sido sentenciadas por delito doloso, sin importar su gravedad, lo que propicia su estigmatización y su exclusión para ocupar el empleo aludido. Luego, si los preceptos no permiten la reinserción social de los individuos, distorsionan el sistema nacional en materia de ejecución, porque evitan la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción y, por ende, imposibilitan cumplir con el objetivo del Sistema Nacional de Ejecución Penal.
Se insiste en que los artículos no establecen una distinción entre los delitos acreditados dentro de un proceso penal que, por su naturaleza, impedirían aspirar al cargo público referido, porque si bien se reconoce la necesidad de exigir el no haber sido condenado penalmente para ocupar ciertos cargos, empleos o comisiones, lo cierto es que deben atender a las especificaciones del trabajo que deba realizarse y no sólo imponerse de forma genérica o amplia, lo cual también transgrede el principio de certeza jurídica.
D. Transgresión al derecho a ocupar un cargo público. Toda vez que las personas, en un plano de igualdad, pueden dedicarse a la actividad lícita que elijan, siempre que tengan la ciudadanía mexicana y sean nombrados para tal efecto, como actividad económica que puedan desempeñar en términos del artículo 5o. constitucional. Sin embargo, los artículos impugnados son contrarios a la Constitución, al prohibir la libertad de trabajo a personas sancionadas administrativamente, sin justificar de forma razonable dicha exigencia y sin atender a lo dispuesto en el artículo 26 de la CADH sobre la obligación de adoptar providencias para lograr, progresivamente, la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, educación, ciencia y cultura, mientras que los artículos del Protocolo de San Salvador, indican que las personas tienen derecho al trabajo, el cual implica el goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias.
En este sentido, la CIDH ha señalado que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública debe tener como función no sólo la selección según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público; por tanto, el derecho al trabajo, al ser de naturaleza social y reconocido en el artículo 123 de la Constitución, tiene la obligación de remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otro carácter que impidan a ciertas personas o grupos sociales gozar de manera real y efectiva sus derechos humanos en las mismas condiciones frente a otro conjunto de personas o grupos sociales.
Por lo expuesto, las disposiciones impugnadas que establecen como requisito no haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público resultan inconstitucionales, puesto que estas sanciones proceden, incluso, por falta administrativa no grave, aunado a que las personas que han sido sancionadas y han cumplido con dicha sanción deben quedar en posibilidad de ejercer un cargo público.
7. Admisión y trámite. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve,(2) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente 96/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para instruir el procedimiento respectivo.
8. Atento a lo anterior, por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve,(3) el Ministro instructor admitió a trámite esta acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Guanajuato para que rindieran sus respectivos informes, y dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera.
9. Certificación de plazo. El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor dictó un acuerdo en el que señaló que el plazo de quince días concedido a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Guanajuato rindieran su informe, transcurre del veinticuatro de septiembre al catorce de octubre de dos mil diecinueve.
10. Informe del Poder Legislativo de Guanajuato. El catorce de octubre de dos mil diecinueve, la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado rindió el informe(4) a cargo del Poder Legislativo en el que manifestaron, sustancialmente que los artículos combatidos son constitucionales, a partir de las razones que se sintetizan enseguida:
a) Con base en las directrices sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes dispuestas en la Constitución, la jurisprudencia de la Suprema Corte y los organismos internacionales que tutelan derechos humanos, la Legislatura realizó una reforma integral al sistema de protección de los derechos del infante en el Estado de Guanajuato, con la finalidad de priorizar el interés superior del niño en todo ordenamiento legal e institución pública creada para el efecto, poniendo énfasis en la idoneidad del perfil profesional y personal de sus titulares para lo cual se exige no haber sido sentenciado por delito doloso, estar sujeto a proceso penal por delito doloso, no encontrarse suspendido o haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa para ser titular de la procuraduría o la secretaría.
b) Las exigencias instauradas obedecen a la protección de las niñas, niños y adolescentes en cuanto al interés superior de éstos, como consideración primordial frente a cualquier otro, por derivar del Texto Constitucional y convencional que se exige a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, por lo que es deber del Estado crear instituciones con cimientos garantistas para consolidar el objeto de protección de las normas en que se vean involucradas, de cualquier manera los derechos de niñas, niños y adolescentes con la intervención de instituciones debidamente calificadas.
c) En términos de lo señalado por la CIDH, relativo a que para la atención a los niños, el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas, existe obligación de crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que el Estado cumpla con la obligación de garantizar la defensa, prevención y restitución integral de los derechos, lo cual no puede ser abordado desde cualquier perspectiva o parámetro.
d) El Congreso Federal utilizó como parámetro para las medidas adoptadas en la legislación nacional lo que establecen los artículos 1o. y 4o. constitucionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación No. 14 del Comité de los Derechos del Niño, para la consideración del interés superior del menor y obligando al Estado a asegurar la adecuada protección y cuidado, cuando los responsables de esta labor no cuentan con capacidad para hacerlo. Por tanto, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del 4o. constitucional, busca concretar y salvaguardar las garantías de protección al interés superior de la niñez como eje primordial y delegó competencias a la Federación, Estados y Municipios para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de los derechos referidos.
e) Asimismo, la ley general prevé la creación de procuradurías a niveles federal y local y del Sistema Nacional de Protección Integral, por lo que las personas titulares de estos entes, en términos de los artículos 124 y 131 de la ley general, deberán no haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitado como servidor público.
f) Como se aprecia en la exposición de motivos de la ley general, la protección de la infancia constituyó un tema de atención prioritaria para el Estado, al considerar a las niñas, los niños y los adolescentes participantes activos integrantes de la sociedad, que requieren que el Estado priorice sobre cualquier otro interés.
g) El establecimiento de un perfil idóneo que debe cubrir quien ocupe la titularidad de la procuraduría y de la secretaría persigue la finalidad de que tal persona ejerza eficaz y eficientemente las atribuciones establecidas en la ley. Entre otras, realizar un efectivo resguardo de los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte, a favor de aquellos más vulnerables en cuanto a su edad y condición.
h) Tanto la procuraduría como la secretaría son órganos especializados en materia de infancia, a cargo de múltiples y complejas atribuciones a su cargo: desde la instrumentación a la articulación de políticas públicas en materia de niñas, niños y adolescentes para hacer efectivo el goce de sus derechos. Por tanto, los artículos 1o. y 5o. constitucionales reconocen el derecho humano a la igualdad y no discriminación y a la libre elección de la actividad y oficio a que alguien quiera dedicarse, sin más condiciones que ser una actividad lícita, pero los artículos impugnados no son contrarios a derechos de terceros o a los derechos sociales en tanto la voluntad del particular interesado en participar en instituciones especializadas en la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes va más allá de la elección libre de cualquier empleo en las mismas condiciones que lo haría cualquier individuo. En realidad, se está expresando la voluntad de desempeñar actividades relacionadas con derechos de niñas, niños y adolescentes respecto de las cuales, como se mencionó, el Estado tiene obligación por disposición constitucional y convencional de velar y cumplir con el principio de interés superior del niño.
i) Resulta razonable la medida impuesta en las normas en cuanto al fin perseguido, porque se privilegia un bien jurídico de máxima importancia dentro del contexto constitucional y de la Convención de los Derechos del Niño del que México es Parte y la propia ley general; pues estos requisitos rigoristas se imponen, incluso, para ser Ministra o Ministro de la Suprema Corte, comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros y, por tanto, la restricción obedece a la alta responsabilidad que el ejercicio del cargo representa.
11. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Por su parte, dentro de su informe,(5) el Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, en representación del Poder Ejecutivo Local, sostuvo, medularmente, que la norma combatida se encuentra encaminada a proteger el interés superior de la niñez en las decisiones legislativas, partiendo del hecho de que las niñas, niños y adolescentes son personas con necesidades particulares.
12. Para sostener su posición, el Poder Ejecutivo señaló:
a) Resulta infundado el concepto de invalidez en el que la accionante señala que los artículos 27-2 y 95-1 de la ley son contrarios al principio de igualdad, porque las normas no tienen como fin ni resultado prodigar un trato inhumano a las personas, ni resulta en que sean tratadas como objetos o sean humilladas, degradadas, envilecidas o cosificadas; pues el hecho de que se impongan requisitos especiales para acceder a ciertos puestos públicos no tiene como finalidad excluir a un grupo de personas, sino asegurar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas encargadas de la defensa y protección de las niñas, niños y adolescentes, en términos de la Constitución y los tratados internacionales.
b) No se establece categoría sospechosa en las normas que deba ser analizada a través de un escrutinio estricto de igualdad, sino ordinario en el que la finalidad de la porción normativa se desprende de la propia naturaleza de la ley y el sistema nacional, los cuales buscan garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de protección del interés superior de la niñez como principio constitucional.
c) Además, se cumple con la segunda necesidad del escrutinio sobre que se trata de la medida menos restrictiva vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, pues los titulares de la procuraduría y la secretaría son cuidadores de niñas, niños y adolescentes, y que en el ejercicio de sus funciones tienen que proteger a las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el estándar nacional, internacional e incluso, en el derecho comparado; por tanto, para asegurar que las personas que ingresan como titulares de la procuraduría y secretaría estatales, es necesario que no hayan sido sentenciados por delito doloso o que no se encuentren suspendidos, destituidos o inhabilitados por resolución firme como servidor público, para cumplir con el mandato constitucional de protección al interés superior del menor. Así, la exclusión que se hace a quienes se encuentran en los supuestos que prevén las normas impugnadas, consiste en procurar que quienes ocupen los cargos señalados estén en condiciones de atender de manera integral sus funciones, lo que no podrían hacer si a la par tienen que atender las diligencias de un proceso penal o de un procedimiento administrativo; aunado al hecho que dada la naturaleza de las funciones que se encomiendan, deben cumplir con un alto estándar de ética.
d) Las normas también superan la tercera etapa del escrutinio, sobre la finalidad constitucionalmente válida, porque no son contrarias al principio de igualdad y no discriminación, al no tener injerencia en la disponibilidad ni aceptabilidad del derecho al trabajo, porque no afectan al núcleo duro o contenido esencial del derecho de la libertad del trabajo conjugada con el derecho a ejercer un puesto público. Tampoco se afecta el principio de reinserción social, porque las normas combatidas permiten una interpretación conforme con el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. e) Los principios que se estiman vulnerados por las normas superan el test de proporcionalidad entre los principios que colisionan en el caso, como son el interés superior del menor frente a los principios de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, ocupación de un cargo público y presunción de inocencia. Primero, porque la intervención legislativa persigue un fin constitucionalmente válido, en el que existe obligación de proteger a las personas en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños, por lo cual la protección del interés superior del niño.
Luego, la idoneidad de las normas se sostiene porque, a través del establecimiento de requisitos forzados se busca que los cuidadores de niñas, niños y adolescentes cuente con el perfil ético profesional idóneo para el aseguramiento de otros derechos constitucionalmente perseguidos.
También se satisface la necesidad de las disposiciones, porque las medidas agravadas que imponen las normas para acceder a los cargos públicos señalados, surge de la ponderación de valores e intereses de las personas que aspiran a la titularidad de dichos órganos especializados en materia de infancia y, finalmente, la proporcionalidad en estricto sentido está colmada, porque el principio de interés superior del menor está por encima de los principios de igualdad y no discriminación, de presunción de inocencia, de reinserción social y de derecho al trabajo, los cuales son de intensidad leve frente a los otros.
f) Finalmente, insiste en las razones por las que considera que ninguno de los principios y derechos invocados por la accionante están por encima del interés superior de la niñez.
13. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Estas autoridades no emitieron manifestación alguna en relación con la acción de inconstitucionalidad que se analiza.
14. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, en proveído de siete de septiembre de dos mil diecinueve,(6) se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
15. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, finalmente, en términos del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, pues en este asunto se plantea la posible contradicción entre normas de carácter estatal y la Constitución General.
III. OPORTUNIDAD
16. Por razón de orden, en primer lugar, se debe analizar si la presente acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
17. El Decreto 90, por el que fueron adicionados los artículos 27-2, fracciones V y VI, y 95-1, fracciones V y VI, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el primero de agosto de dos mil diecinueve y, por ende, el plazo legal(7) para promover la presente acción transcurrió entre el dos de agosto y el dos de septiembre de dos mil diecinueve.
18. Como se indicó en el apartado de antecedentes de este fallo, el escrito inicial se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dos de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que debe concluirse que su presentación fue oportuna, en términos de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.
IV. LEGITIMACIÓN
19. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
20. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero,(9) en relación con el 59,(10) ambos de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
21. En el caso, el escrito inicial fue suscrito por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil catorce, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil catorce a dos mil diecinueve.(11)
22. Dicho funcionario ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I,(12) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18(13) de su reglamento interno, y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI,(14) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
23. Además, en el caso se plantea la inconstitucionalidad de disposiciones adicionadas mediante el Decreto 90 de primero de agosto de dos mil diecinueve a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato con la Constitución General y tratados internacionales, por estimar que se violan los derechos de igualdad y no discriminación, presunción de inocencia, reinserción social y para ocupar un cargo público.
24. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto, y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerse la legitimación activa en este asunto.
V. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
25. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Guanajuato no formulan motivo de improcedencia en el presente medio de impugnación y esa Suprema Corte de Justicia de la Nación no advierte de oficio que se actualice alguno, por lo que a continuación se procede al estudio de fondo del asunto.
VI. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ
26. Mediante iniciativas presentadas el quince de noviembre de dos mil dieciocho, por el Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato y el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato, presentaron iniciativa para adicionar tres artículos a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.(15)
27. El titular del Ejecutivo Local, previa semblanza histórica de la atención a los derechos de la infancia, de los organismos encargados de coordinar la asistencia social, del Sistema Integral para la Familia, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras narrativas, propuso el fortalecimiento de la Procuraduría de Protección a través de su descentralización y modernizar el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y, a partir de ello, entre otras cuestiones, propuso la adición de un artículo 27 Ter, en el que se establecieron los requisitos para ser procurador de protección, y un 91 Bis para ser secretario ejecutivo.
28. Por su parte, el Grupo Parlamentario del PAN expuso, en esencia, que "[l]a Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contara con un cuerpo especializado de seguridad, que la auxiliara en el ejercicio de sus atribuciones, actuando bajo el mando directo del titular de la procuraduría, para prevenir e investigar los casos en que exista una probable afectación de los derechos de niñas, niños y adolescentes".
29. Adicionaron que "[C]on el objetivo de garantizar que las personas que se integren a este cuerpo especializado cumplan con el perfil que se requiere para una tarea tan sensible como ésta, consideramos necesario que no sólo cumplan con los requisitos ordinarios que se establecen en el artículo 80 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato,(16) sino que también cuenten con especialización para el tratamiento de hechos relacionados con niñas, niños y adolescentes".
30. A las iniciativas recayó el dictamen 361 de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de Reformas, Adiciones y Derogaciones de Diversas Disposiciones de Varios Ordenamientos, a través del cual se crean la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las atribuciones del Sistema Estatal de Protección y, sin justificación, establecieron los requisitos para ocupar los cargos del titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante "procurador de protección") y secretario ejecutivo del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante "secretario ejecutivo"), ambos del Estado de Guanajuato.
31. Los artículos cuya inconstitucionalidad se solicita establecen:
"Artículo 27-2. El titular de la Procuraduría de Protección deberá reunir los siguientes requisitos:
"...
"V. No haber sido sentenciado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal por delito doloso; y,
"VI. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa, en los términos de las normas aplicables. ..."
"Artículo 95-1. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el presidente del Sistema Estatal de Protección, y deberá reunir los requisitos siguientes:
"...
"V. No haber sido sentenciado por delito doloso,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31560-2dad9970/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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