I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS ESTATALES QUE VULNEREN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES. V. AYUNTAMIENTOS. SU INTEGRACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, FRACCIÓN I, 115, FRACCIÓN I, Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE REALIZARSE MEDIANTE SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO (DECRETO 299, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CONCRETAMENTE LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN LVIII, 65, FRACCIÓN XX Y SE LE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO IV, DEL TÍTULO QUINTO; 102, FRACCIONES VI Y VIII, 103, 105; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 104, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). VI. AYUNTAMIENTOS. LA MODIFICACIÓN EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES PASANDO DE UN PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DIRECTA MEDIANTE SUFRAGIO A SU NOMBRAMIENTO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO, NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE EL CONGRESO LOCAL CUENTA CON LIBERTAD CONFIGURATIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DECRETO 299, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CONCRETAMENTE LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN LVIII, 65, FRACCIÓN XX Y SE LE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO IV, DEL TÍTULO QUINTO; 102, FRACCIONES VI Y VIII, 103, 105; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 104, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). VII. AYUNTAMIENTOS. EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES NO SE ENCUENTRA REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, FRACCIÓN I, 115, FRACCIÓN I, Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA PARA SU DESIGNACIÓN NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SU VERTIENTE DE NO REGRESIVIDAD (DECRETO 299, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CONCRETAMENTE LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN LVIII, 65, FRACCIÓN XX Y SE LE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO IV, DEL TÍTULO QUINTO; 102, FRACCIONES VI Y VIII, 103, 105; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 104, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). VIII. CONSULTA INDÍGENA. NO OPERA CUANDO LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS NO AFECTAN SUS DERECHOS (DECRETO 299, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CONCRETAMENTE LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN LVIII, 65, FRACCIÓN XX Y SE LE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO IV, DEL TÍTULO QUINTO; 102, FRACCIONES VI Y VIII, 103, 105; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 104, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE ENERO DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y VALERIA PALMA LIMÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 123/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Decreto 299 que reformó la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiuno de julio de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Acción de inconstitucionalidad, autoridades demandadas y normas impugnadas. Mediante escrito presentado en el buzón judicial automatizado de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinte de agosto de dos mil veintiuno, María del Rosario Piedra Ibarra, con el carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco, respecto del Decreto 299, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, concretamente, los artículos 29, fracción LVIII, 65, fracción XX, y se le adiciona la fracción XXI; la denominación del capítulo IV del título quinto, 102, fracciones VI y VIII, 103, 105 y se deroga el artículo 104, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veintiuno de julio de dos mil veintiuno.
2. Conceptos de invalidez. La Comisión promovente expuso un único concepto de invalidez que a continuación se sintetiza.
3. A) Las reformas impugnadas relativas al procedimiento de designación de los delegados y subdelegados municipales de Tabasco se traducen en una medida regresiva y contraria al derecho de participación política de los ciudadanos de votar y ser votados en condiciones de igualdad y paridad consagrados en el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que, previo a la reforma, esos cargos se obtenían por sufragio libre, directo y secreto; pero con el decreto combatido, la designación se hará mediante la aprobación mayoritaria de los integrantes de cada Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal.
4. Argumenta que existe la violación alegada porque los delegados y subdelegados municipales tienen entre otras funciones, las de llevar a cabo acciones para el desarrollo del Municipio, motivando a la población para que participe en las actividades programadas; también supervisan la prestación de los servicios públicos y proponen medidas para su mejoramiento; cuidan el orden, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, reportando ante los cuerpos de seguridad pública los actos que requieren intervención; vigilan el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias; elaboran, revisan y actualizan el censo de población y, en general, auxilian en todo aquello que requiera el presidente. Lo que demuestra la función importante que desempeñan como enlaces entre la población y la administración pública municipal.
5. En consecuencia, el decreto combatido resulta inconstitucional, pues desconoce los derechos políticos de quienes habitan en los Municipios del Estado de Tabasco, pues ya no tendrán la posibilidad de elegir mediante sufragio a los delegados y subdelegados municipales, y tampoco podrán aspirar a ser electos para cargos de esa naturaleza.
6. Agrega que no desconoce lo razonado por la autoridad legislativa para emitir el decreto combatido, quien expresó que con éste se atiende al principio de paridad de género; que busca simplificar el proceso para la selección de esos funcionarios y que generará ahorros significativos para que los recursos se destinen a la mejor prestación de los servicios públicos, con lo que, además, se cumple con las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, que a su vez guarda congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de esas razones, el decreto no deja de ser inconstitucional, pues desconoce los derechos de participación política de votar y ser votados, además de ser una medida regresiva que no se encuentra plenamente justificada, ya que, insiste, los ciudadanos tabasqueños tenían el derecho de elegir directamente a quienes quieran desempeñarse como delegados y subdelegados municipales, así como para ser designados como tales.
7. Y que no es óbice la circunstancia de que la Constitución Federal sólo prevea la obligatoriedad de elecciones para ocupar los cargos de presidente o presidenta municipal, síndicos y regidores, y esto porque la legislación previa a la reforma ya contemplaba esos derechos de votar y ser votados, por ello, al eliminarlos para elegir delegados y subdelegados municipales, provoca que se esté ante una medida regresiva y contraria al principio de progresividad.
8. B) Por otra parte, argumenta que no se soslaya que los Congresos Locales cuentan con libertad de configuración para incorporar en su régimen interno, las bases generales para la organización política-administrativa del Municipio; sin embargo, la autoridad legislativa no consideró que con la reforma desconoce derechos fundamentales que ya tenía la población, es decir, no alegan que no deba tener libertad de configuración, sino que al momento de legislar no puede desconocer derechos. Máxime que a pesar de que se expusieron razones para aprobar la medida legislativa, lo cierto es que no existe justificación para transgredir los derechos políticos de los ciudadanos y, por ello, subraya el mandato de no regresión contenido en el artículo 1o. constitucional, que protege todos los derechos incluidos los electorales.
9. Por tanto, de una lectura atenta a las razones expuestas por el legislador no se advierte justificación suficiente sobre la necesidad de suprimir el derecho de los ciudadanos de votar y ser votado para los cargos de delegado y subdelegado municipales, peor aun cuando los motivos del legislador sólo responden a cuestiones presupuestales y el destino de esos recursos para obras y proyectos de interés general.
10. En ese contexto, insiste en la transgresión al principio de progresividad, en virtud de que la reforma no puede sostenerse con el pretexto de que los procedimientos de elección son onerosos y que deben observar un modelo de austeridad, pues esos motivos no son suficientes; aunado a que la facultad de creación normativa debe observar la prohibición de adoptar medidas regresivas, por el cual, una vez alcanzado un determinado nivel de protección y ejercicio de derechos, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prerrogativas concretas otorgadas en un momento determinado, constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la concreción de tales derechos.
11. También expresa que al hacer nugatoria toda posibilidad de los ciudadanos a elegir directamente a los delegados y subdelegados municipales y postularse para ser electos en esos cargos, no es una medida legislativa necesaria para generar las condiciones idóneas para prestar servicios públicos en mejores condiciones y de ahorro presupuestario; por el contrario, la medida adoptada soslaya completamente la salvaguarda de los derechos humanos y no hace efectiva la posibilidad de que los habitantes de los Municipios de Tabasco intervengan de los asuntos públicos de manera plena.
12. C) Finalmente, aduce que se debe tomar en cuenta que en el Estado de Tabasco existe una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y, por ello, la población indígena podría sufrir un impacto especial respecto de los procesos de elección materia de la reforma, ya que elegían a esas autoridades conforme a sus usos y costumbres, lo que garantizaba que el representante de la comunidad indígena conociera las necesidades de ésta y las defendiera. Consecuentemente, debe declararse la invalidez del decreto reclamado por el desconocimiento de los derechos políticos a los que alude.
13. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 123/2021; y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
14. El Ministro instructor dictó proveído de veintiséis de agosto siguiente, en el que admitió a trámite la acción, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco para que rindieran sus respectivos informes; especificó al primero de éstos que adjuntara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y, al segundo, que remitiera un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el que se publicó el decreto combatido; asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, en caso de considerar que la materia del asunto trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial convenga.
15. De igual forma, requirió a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en el plazo de tres días naturales informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral y solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que dentro del plazo de diez días naturales ese órgano expresara su opinión.
16. Opinión de la Sala Superior. Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por remitida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dado el sentido de esta sentencia, resulta innecesario sintetizar lo expresado por ese órgano jurisdiccional.
17. Informe del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por agregado el oficio del secretario ejecutivo del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, por el cual desahogó el requerimiento formulado, es decir, informó que el proceso electoral en ese Estado inicia en la primera semana de octubre de dos mil veintitrés.
18. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. En el proveído mencionado en el párrafo que antecede, también se tuvo por rendido el informe requerido al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como exhibidas las documentales que acompañó, incluida la edición digital con cadena original y firma electrónica del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, relativo al decreto impugnado.
19. En ese informe la autoridad argumentó lo siguiente:
20. a) Causales de improcedencia
21. Deviene improcedente la acción de inconstitucionalidad intentada por la Comisión Nacional actora por la supuesta violación a los derechos político electorales consagrados en los artículos 35, 36 y 125 la Constitución Federal en perjuicio de los ciudadanos del Estado de Tabasco, por lo que debe sobreseerse con apoyo en los preceptos 20, fracción III, 59 y 60 de la ley reglamentaria; lo antedicho, toda vez que es inexistente el acto con el que la promovente de la acción estructura sus argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de la reforma a diversos preceptos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
22. Ello es así, pues señala que si bien es cierto que la Carta Magna establece de manera puntual los derechos y obligaciones de los ciudadanos, en lo que toca a la participación política de éstos para elegir y ser electos para desempeñar ciertos cargos de la administración pública, también lo es que, en ese ámbito, los puestos de elección popular a que hace referencia la Constitución Federal son los de regidores, síndicos, presidente municipal, gobernador y presidente de la República, y no así los cargos de delegados, subdelegados y jefes de sector de los Municipios.
23. Agrega que no es óbice lo que arguye la Comisión Nacional actora en su escrito inicial de demanda por cuanto considera que la reforma combatida es contraria a la Constitución General y que vulnera derechos humanos, así como que sostiene la posibilidad de que exista también, en el caso, una violación en materia electoral, planteamiento manifestado por aquélla a manera de solicitud dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza la suplencia de la queja.
24. En ese sentido, subraya que de la lectura al auto de admisión a trámite del medio de control constitucional en estudio se tiene que el Ministro instructor notificó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como requirió a la Sala Superior del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación los informes correspondientes, ejerciendo de manera notoria la suplencia en la deficiencia de la queja aludida; máxime que la Comisión accionante carece de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad en materia electoral, con lo que resulta inconcuso que se están quebrantando las reglas del procedimiento del medio de control constitucional intentado.
25. b) Contestación al concepto de invalidez
26. Aduce que es infundado el concepto de invalidez señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativo a que la reforma a diversos preceptos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco es contraria a lo dispuesto por los numerales 1o. y 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por transgredir derechos humanos, en particular los de carácter político electoral, así como el principio constitucional de progresividad y no regresividad, esto porque las disposiciones normativas en pugna se encuentran plenamente apegadas a derecho, aunado a que las entidades federativas tienen libertad de configuración normativa.
27. En ese sentido, señala que las disposiciones impugnadas versan exclusivamente sobre el procedimiento de elección de los delegados, subdelegados y jefes de sección municipales; funcionarios cuya elección, subraya, no emana de un mandato constitucional, es decir, ni en la Constitución General de la República, ni en la diversa del Estado Libre y Soberano de Tabasco se prevé ese tipo de elección popular, lo que sí ocurre en el caso del cargo de presidente municipal; por lo que no es dable considerar que deba realizarse obligatoriamente un proceso electoral para elegir a aquellos servidores públicos municipales.
28. Para demostrar ese extremo, alude por analogía al criterio sostenido por el Alto Tribunal Constitucional, al resolver la acción de inconstitucionalidad 3/2005, respecto a los lineamientos constitucionales para regular la elección de determinados servidores públicos, como son los titulares del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo, así como los presidentes municipales, regidores y los síndicos que conforman los Ayuntamientos; interpretación que, insiste, no abarca los mecanismos para el nombramiento de los diversos órganos auxiliares que integran la estructura del Gobierno Municipal, como lo son los delegados y subdelegados municipales del Estado de Tabasco.
29. Por otra parte, sostiene que de la lectura a los preceptos combatidos se desprende que éstos no limitan la autodeterminación de los pueblos indígenas, pues la norma no regula cuestiones que impliquen el ejercicio interno de los procesos de dichas comunidades en temas políticos, económicos o culturales.
30. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Por auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe requerido al Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como exhibidas las documentales que acompañó, consistentes en las copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.
31. De ese informe se tiene lo que a continuación se resume.
32. a) Causales de improcedencia
33. El Congreso Local hace valer la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción IX, de la ley reglamentaria, toda vez que la Comisión Nacional actora no impugnó el decreto combatido ante la instancia electoral, ni como norma de esa naturaleza; empero, el Ministro instructor admitió a trámite el medio de control constitucional en términos de los numerales 64, párrafo segundo, y 68, párrafo segundo, de la ley reglamentaria, en cuyo auto proveyó como plazo para rendir los informes el de seis días naturales; así como requirió a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco informar la fecha en que dará inicio el próximo proceso electoral y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación emitir su opinión; prejuzgando desde ese momento sobre el fondo del asunto.
34. Por otro lado, sostiene que el decreto combatido no contiene normas vinculadas directa o indirectamente con los procesos electorales o que puedan influir en ellos, a saber, la distritación o redistritación, la creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de las aportaciones, así como delitos y faltas administrativas y sus sanciones; lo que apoya con jurisprudencias y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, en particular el sostenido al resolver el amparo en revisión 1043/2007.
35. Máxime que la Comisión actora no cuenta con legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad en materia electoral, ya que de la lectura al artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal se tiene que la legitimación varía atendiendo al ámbito de la norma que pretenda combatirse, por lo que si efectivamente ésta fuera de carácter electoral, serían los partidos políticos y no la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los sujetos constitucionalmente legitimados para interponer la acción que nos ocupa.
36. Finalmente, arguye que si bien es cierto que los derechos electorales son derechos humanos, también lo es que el decreto combatido no contiene derechos electorales, por lo que no existen garantías humanas a tutelar, aunado a que el legislador local tiene facultad de configuración legislativa respecto a la creación de leyes para regular la organización de los Municipios; y que el trámite de carácter electoral provoca desigualdad en la paridad procesal, ya que los plazos resultan insuficientes para rendir el informe correspondiente.
37. b) Contestación al concepto de invalidez
38. Afirma que el decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco es constitucional, ya que se encuentra debidamente fundado y motivado en los términos del artículo 16 de la Carta Magna.
39. Agrega que la modificación implementada por el órgano legislativo para que la designación de los delegados y subdelegados municipales se lleve a cabo por el Ayuntamiento, resulta constitucionalmente válida y adecuada, ya que el fin que se pretende conseguir se sustenta con una política de austeridad encaminada al ahorro, así como a mejorar la administración y destino de los recursos públicos del órgano de Gobierno Municipal; lo anterior, para fortalecer varios derechos humanos de los habitantes de los Municipios, a saber, los servicios de agua, drenaje y seguridad pública, entre otros. 40. También alude a la acción de inconstitucionalidad 3/2005 y su tesis P. XVI/2005, en la que el Alto Tribunal analizó lo relativo a la elección de las autoridades auxiliares de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, en cuya resolución sostuvo que dado que la Constitución Federal únicamente establece lineamientos para regular la elección de determinados servidores públicos mediante procesos electorales, a saber, los titulares del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo, así como los presidentes municipales, regidores y los síndicos que conforman los Ayuntamientos, resulta claro que la designación de los órganos auxiliares municipales no se rige por los principios constitucionales de carácter electoral, por lo que, aun cuando el Congreso Local hubiese establecido que la elección de dichos funcionarios se dé a través de comicios, ello no significa que deba considerarse un proceso electoral regido por lo previsto en el artículo 116 de la Ley Fundamental.
41. En esa línea, insiste en que el nombramiento de los órganos auxiliares de los Ayuntamientos no corresponde a la materia electoral, por lo que resulta evidente que no se trata de ningún derecho político electoral de los ciudadanos, aunado a que el procedimiento de elección vigente de aquellos funcionarios antes de la emisión del decreto combatido no estaba regulado por los artículos 35, fracciones I y II, 41, 115 y 116 constitucionales, ya que dicho proceso es de carácter administrativo dada la naturaleza de las funciones de los auxiliares municipales y, por ende, no se vulneran derechos constitucionales de participación política.
42. De ahí que las normas generales impugnadas no vulneran el principio de progresividad de los derechos humanos en su vertiente de no regresividad, toda vez que con dicha reforma no se transgrede el grado de protección de algún derecho humano electoral, puesto que únicamente se cambió la regulación para ocupar ciertos cargos de auxiliares municipales atendiendo a finalidades válidas, aunado a que la prohibición que tienen las autoridades para adoptar medidas regresivas no es absoluta siempre que se encuentren debidamente justificadas y se ponderen los demás derechos humanos en juego.
43. Por otro lado, en lo que toca al argumento de la Comisión accionante respecto a los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, sostiene que no se incluyeron medidas que vulneren directamente los intereses o derechos de éstos, pues no se trata de regular ningún aspecto relacionado con la vida interna u organización de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, como lo son el incidir en sus derechos humanos y de participación política, que se refieran a su composición pluricultural y diversidad étnica, a sus diferentes expresiones lingüísticas, a sus prácticas y costumbres para garantizar su acceso a la justicia y participación ciudadana, o que se traten de aspectos que afecten o lleguen a afectar de manera directa los derechos o la autonomía que les corresponde en su autodeterminación, así como de sus representantes o autoridades internas.
44. Pedimento de la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento.
45. Alegatos. En auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por formulados alegatos a la parte actora y al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
46. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor cerró instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
47. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la promovente de la acción plantea la posible contradicción de diversos artículos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, frente a la Constitución General de la República.
48. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con precisiones, Aguilar Morales, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
49. Conforme al artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) la sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad.
50. Ahora bien, los preceptos combatidos que fueron objeto de reforma en el Decreto 299 mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, concretamente, los artículos 29, fracción LVIII, 65, fracción XX, y se le adiciona la fracción XXI, la denominación del capítulo IV del título quinto; 102, fracciones VI y VIII, 103, 105 y se deroga el artículo 104, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, son del tenor siguiente.
Ver preceptos combatidos
III. OPORTUNIDAD
51. Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(2) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente; y que, en materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
52. En este caso, la acción es oportuna porque el decreto combatido se publicó el veintiuno de julio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de la entidad; por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad corrió del veintidós de julio al veinte de agosto de dos mil veintiuno; y el escrito de demanda fue presentado el veinte de agosto de la referida anualidad. Por tanto, se satisface el presupuesto procesal de temporalidad.
53. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con precisiones, Aguilar Morales, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.
IV. LEGITIMACIÓN
54. Acto continuo, se procede a analizar la legitimación de quien promovió la demanda de acción de inconstitucionalidad.
55. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) prevé que la acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.
56. En el caso, la demanda fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien de conformidad con la porción constitucional precitada, cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional.
57. Además, la acción de inconstitucionalidad fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República, de doce de noviembre de dos mil diecinueve.
58. Y dicha funcionaria cuenta con facultades para representar a la Comisión en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 del reglamento interno de esa Comisión;(4) por lo que es de concluirse que tiene legitimación para participar en este medio de control constitucional.
59. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad fue hecha valer por parte legitimada para ello, ya que tiene fundamento en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, que dispone que el organismo puede ejercer ese medio de control constitucional, en contra leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.
60. Por añadidura esa legitimación se acredita porque de la lectura a los conceptos de invalidez que han quedado sintetizados en los resultandos de esta sentencia, se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce violación a derechos fundamentales, de ahí que sin duda se actualiza lo dispuesto en el inciso g), fracción II del artículo 105 constitucional.
61. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf con precisiones, Aguilar Morales, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
62. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente. Así, las autoridades demandadas plantearon lo siguiente:
63. V.1.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31607-cfdd686d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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