CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN. LA PERSONA JUZGADORA EN MATERIA LABORAL NO CUENTA CON FACULTADES PARA ANALIZAR, COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, LA LEGALIDAD DE LA RAZÓN POR LA CUAL EL PROCEDIMIENTO CONCLUYÓ SIN CONCILIAR, CUANDO NO FUE POSIBLE CITAR A QUIEN A LA POSTRE SE DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 16/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 7 DE JUNIO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE TOSS CAPISTRÁN Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO. DISIDENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR RESPECTO AL CRITERIO JURÍDICO. PONENTE Y ENCARGADO DEL ENGROSE DE LA MAYORÍA: MAGISTRADO JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MILLÁN ESCALERA.
I. COMPETENCIA
Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León es competente para resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos 6, fracción I, 7, 10 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y el diverso numeral 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, toda vez que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte del País.
II. LEGITIMACIÓN
La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III,(9) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato, Guanajuato, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver los amparos directos 69/2022 y 72/2022, en sesiones de dieciséis y veintitrés de junio de dos mil veintidós, respectivamente.
Antecedentes procesales
• En los juicios laborales de origen, se demandó de una persona moral, el pago de diversas prestaciones derivadas de despido injustificado.
• El Juez laboral con sede en Guanajuato, Guanajuato, al analizar las documentales que se adjuntaron a la demanda, en específico la constancia de no conciliación determinó que no estaba satisfecho el requisito de procedibilidad, pues aun cuando se había exhibido esa documental emitida por el Centro Local de Conciliación, de su contenido se advertía que no se habían proporcionado el domicilio correcto ni datos de ubicación idóneos, lo que fue determinante para los intentos fallidos de notificación del patrón; por ende, ordenó remitir el asunto al mencionado Centro para que se iniciara nuevamente el procedimiento de conciliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo y demás relativos aplicables, incluyendo aquellos numerales en los que se prevén las reglas de notificación personal y que, de ser necesario, el notificador de dicho Centro, se hiciera acompañar por la parte actora hasta el domicilio preciso de la parte patronal.
Argumentación de la sentencia
Dicha resolución fue señalada como acto reclamado en los indicados juicios de amparo directo, en los cuales, por unanimidad de votos se concedió la protección constitucional, bajo las siguientes consideraciones:
• De conformidad con el principio de legalidad imperante en el sistema jurídico mexicano, las autoridades sólo pueden hacer aquello que expresamente les autoriza la ley, en contraposición a la facultad de los particulares de hacer todo aquello que no les prohíbe la ley.
• Que de la exégesis a los numerales 684-A, 684-B y 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el objetivo de la etapa inicial de conciliación prejudicial es que se ejerza una función conciliatoria real, a cargo de un conciliador profesional para lograr solucionar a través de la justicia alternativa el conflicto laboral, como incluso lo regula así la propia Carta Magna, en su artículo 123, apartado A, inciso f), fracción XX.
• Que por lo anterior, el Juez de oralidad laboral no debió examinar los actos realizados por el Centro de Conciliación previos a la expedición de la constancia de no conciliación que se adjuntó al escrito de demanda, al no existir algún precepto que lo autorice a realizar tal análisis, por lo que al haberlo hecho se extralimitó en sus funciones.
• Que cuando en los juicios de índole laboral la demanda del trabajador tenga defectos u omisiones, debe prevenírsele para que los subsane, en términos de los numerales 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, y si no se encontraba en este supuesto, el Juez laboral debió admitir la demanda, al haberse exhibido la constancia de no conciliación, pues se demostró que el trabajador agotó la instancia correspondiente.
• Que el hecho de que no se hubiera podido notificar al demandado, expidiéndose así esa constancia, no implicaba que no pueda llegarse a algún acuerdo conciliatorio ante el Juez laboral, pues la conciliación durante el curso del juicio es optativa en cualquier etapa; incluso según lo dispuesto en el último párrafo del ordinal 873-K de la Ley Federal del Trabajo, en todo momento se fomentará la conciliación como vía privilegiada de solución del conflicto.
• De tales ejecutorias derivó la tesis aislada XVI.1o.T.3 L (11a.), publicada el tres de marzo de dos mil veintitrés en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2026058, de rubro: "ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL. EL JUEZ DEL TRIBUNAL LABORAL CARECE DE FACULTADES PARA EXAMINAR LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS RELATIVOS REALIZADOS POR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, PREVIOS A LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN ADJUNTADA A LA DEMANDA."
Criterio del propio Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver –por mayoría de votos– el amparo directo 825/2022, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.
Antecedentes procesales
En el juicio laboral de origen, se demandó a una persona moral el pago de diversas prestaciones, derivadas de despido injustificado.
• Una vez que fue turnada la demanda al Juzgado Regional Laboral, el secretario instructor determinó girar oficio al Centro Local de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, a fin de que le informara si se contaba con la constancia de notificación por parte del notificador adscrito, respecto de la persona moral demandada, lo anterior, a fin de corroborar que efectivamente se hubiere agotado el procedimiento prejudicial en el domicilio que al efecto se aportó en dicha instancia, toda vez que de la constancia de no conciliación se obtenía que ésta había sido expedida por la inasistencia de la parte demandada, en virtud a la imposibilidad de la notificación.
• En cumplimiento a lo anterior, el Centro de Conciliación Laboral informó que: "... se emite exhorto al CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, solicitando su apoyo para la notificación del citado, y una vez llegada la fecha de audiencia y verificar por parte de esta autoridad que no se contó con respuesta alguna por parte de dicha autoridad en la que se desprenda notificación alguna y al no contar con más término del legal establecido, es que se emitió la constancia de conciliación correspondiente. ..."
• El Juez Laboral con sede en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, al analizar las documentales que se adjuntaron a la demanda, en específico la constancia de no conciliación, y el informe enviado por el Centro de Conciliación Laboral, mediante proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, determinó que no estaba satisfecho el requisito de procedibilidad relacionado con la constancia de no conciliación, dado que si bien era cierto que ésta se exhibió, también lo era que de su contenido se advertía que no se logró la notificación de la parte citada, pues el intento de notificación no se realizó conforme a las reglas de las notificaciones personales y exhortos, señaladas en los artículos 739 Ter, 743 y 753 al 760 de la Ley Federal del Trabajo.
• Por lo anterior, ordenó dar salida al expediente para la intervención del citado Centro, a fin de que cumpliera con las disposiciones legales relativas, esto es, para que iniciara nuevamente el procedimiento de conciliación conforme a las reglas previstas por el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, dejando a salvo los derechos de la trabajadora para que terminada la etapa conciliatoria prejudicial sin llegar a algún acuerdo, instara un nuevo procedimiento, acompañando la constancia de no conciliación que en su caso se llegara a emitir; ordenó remitir el asunto a la Delegación Regional Guanajuato del Centro Local de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato y dejó a disposición de la parte actora los documentos que agregó a su escrito de demanda.
• Dicho acto fue reclamado en el indicado juicio de amparo directo, respecto del cual el Tribunal Colegiado, por mayoría de votos determinó conceder la protección constitucional, bajo la consideración de que el Juez de oralidad laboral carece de facultades para examinar la legalidad de los actos realizados por el Centro de Conciliación Laboral en la etapa conciliatoria prejudicial, previos a la expedición de la constancia de no conciliación adjuntada a la demanda.
Argumentación de la sentencia
Se destaca que, en la parte que importa para la resolución de la presente contradicción, el Tribunal Colegiado de Circuito retomó las consideraciones vertidas en los juicios de amparo directo 69/2022 y 72/2022, ya reseñadas y en cuanto a las particularidades del caso resolvió:
• Que la circunstancia de que no se haya podido notificar al destinatario mediante exhorto, expidiéndose así esa constancia, no implica que no pueda llegarse a algún acuerdo conciliatorio ante el Juez de oralidad laboral, pues la conciliación durante el curso del juicio es optativa en cualquier etapa, en términos del artículo 873-K de la Ley Federal del Trabajo.
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver –por mayoría de votos– el amparo directo 524/2022, en sesión de veintisiete de enero de dos mil veintitrés.
Antecedentes procesales
• En el juicio laboral de origen, se demandó de una persona moral el pago de diferentes prestaciones, con motivo de un alegado despido injustificado.
• La Jueza Laboral Regional de Guanajuato, Guanajuato consideró que por constituir un requisito de procedibilidad, debía cerciorarse de que se agotó correctamente la etapa prejudicial obligatoria, de conformidad con el Título Trece Bis, Capítulo I de la Ley Federal del Trabajo; ello en razón de que advirtió que la constancia de no conciliación fue expedida en virtud de que la imposibilidad de la notificación, al no obrar constancias de su debida notificación por la autoridad exhortada; en consecuencia, ordenó su remisión al Centro Local de Conciliación Laboral en el Estado de Guanajuato, para efecto de llevar a cabo la notificación a la parte demandada, con las formalidades previstas en el artículo 684-E y demás relativos aplicables.
Argumentación de la sentencia
Tal acto fue señalado como reclamado en el juicio de amparo directo, el cual, por mayoría de votos, el Tribunal Colegiado determinó negar la protección federal solicitada. En lo pertinente a la presente contradicción, resolvió lo siguiente:
• Que por imposición constitucional, antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente, en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política del País, en la inteligencia que en ésta deberá realizarse una función conciliatoria real, a cargo de un conciliador profesional, siendo necesario agotar la conciliación prejudicial que por mandato constitucional es obligatoria.
• Que la demanda laboral se formulará por escrito, debiendo anexarse, entre otros documentos, la constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, con excepción de los casos en los que no se requiera dicha constancia.
• Que fue correcto que no se tuviera colmado el presupuesto procesal de que se trata, aun cuando se exhibió por parte del actor la constancia expedida por el Centro de Conciliación, pues lo relevante es que no se observaron las reglas previstas en el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo.
• Lo anterior, pues si bien se desplegaron acciones con la intención de notificar a la demandada, puesto que se giraron los exhortos correspondientes a la ciudad de Guadalajara, Jalisco y Aguascalientes, Aguascalientes, lo cierto es que la audiencia de conciliación no se llevó a cabo por incomparecencia de aquélla y no existe dato que evidencie que aquellos exhortos se hubieran diligenciado, pues la misma autoridad conciliadora asentó que no obraba "constancia de su debida notificación por la autoridad exhortada".
• De modo tal que no existía certeza de si la citación de aquélla se llevó a cabo y de ser el caso que ocurriera de manera oportuna, inclusive, de si el domicilio señalado para el efecto resultó correcto, por lo que no existió seguridad de la debida notificación de aquella parte a la audiencia de conciliación.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
Al efecto, cabe señalar que el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, si bien no se encuentra expuesto formalmente como tesis, acorde a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 de la Ley de Amparo, ello no es obstáculo para que el Pleno Regional en Materia de Trabajo se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de criterios de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y siete, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 94/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja trescientos diecinueve, Tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de dos mil, que a continuación se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
En congruencia con lo anterior, partiendo de que la finalidad de la contradicción de criterios es crear seguridad jurídica, resolviendo los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer.
Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de criterios se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en la página siete, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se identifica y transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." Incluso, quedó establecido por el Más Alto Tribunal del País que para determinar si existe o no una contradicción de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados y no tanto los resultados que ellos arrojen, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos.
A partir de los criterios que ha emitido la Suprema Corte, se concluye que las características siguientes deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de criterios:
a) No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.
b) Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.
c) Que entre los ejercicios interpretativos, exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada, gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
d) Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
e) Aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.
Así pues, analizadas las ejecutorias pronunciadas por los órganos de control constitucional, este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte considera que sí existe contradicción de criterios entre los órganos contendientes, ya que:
- En el caso, los Tribunales Colegiados realizaron un ejercicio interpretativo para determinar los alcances de las facultades de una persona juzgadora en materia laboral, para analizar antes de admitir la demanda, la citación para acudir al Centro de Conciliación, a efecto de llamar a la audiencia prevista en la fracción IV del artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, a quien a la postre fue demandado, antes de emitir la constancia de no conciliación, cuando ésta se emite ante la inasistencia de la parte que no fue citada a la audiencia conciliatoria.
- En ese sentido, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver los juicios de amparo directo 825/2022, 69/2022 y 72/2022, ponderó lo siguiente:
Amparo directo 825/2022
"... Asimismo, previo a dar trámite a la demanda de cuenta y al ser un requisito de procedibilidad de la misma, este Juzgado debe cerciorarse de que se cumplió con el deber constitucional de agotar la instancia conciliatoria prejudicial, contenida en el segundo párrafo de la fracción XX, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los arábigos 684-B y 872, inciso B, –fracción I,– de la Ley Federal del Trabajo; por ello, resulta procedente el estudio del contenido del informe remitido por el Centro Local de Conciliación, del cual se advierte que si bien, no se logró la notificación de la parte citada y ahora demandada, el intento para que la misma fuera notificada del procedimiento de conciliación prejudicial, no fue realizado en observancia de las reglas de las notificaciones personales y exhortos, señaladas en los numerales 739 Ter, 743 y 753 al 760 de la Ley Federal del Trabajo, pues de las constancias se advierte que el exhorto no fue debidamente diligenciado por motivos que pudieron haberse verificado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, toda vez que dentro de sus facultades cuenta con los medios idóneos para intentar lograr la citación de forma exitosa y exhaustiva; lo que no se desprende de las constancias.—En consecuencia, al no acreditarse que la demandada fue citada a la etapa de conciliación prejudicial, se concluye que no se acredita el cumplimiento de la etapa en mención contenida en el segundo párrafo de la fracción XX, apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los arábigos 684-B y 872, inciso B, –fracción I,– de la Ley Federal del Trabajo.—En consecuencia, dese salida al expediente para la conducente intervención del Centro Local de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que se agote la instancia prejudicial obligatoria con la demandada. ..."
Amparo directo 69/2022
"... Ahora bien, previo a dar trámite a la demanda de cuenta y al ser un requisito de procedibilidad de la misma, este Juzgado debe cerciorarse de que se cumplió con el deber constitucional de agotar la instancia conciliatoria prejudicial, contenida en el segundo párrafo de la fracción XX, apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los arábigos 684-B y 872, inciso B, –fracción I,– de la Ley Federal del Trabajo; por ello, resulta procedente el estudio del contenido de la constancia de no conciliación número **********, de fecha nueve de diciembre del año inmediato anterior, emitida por el Centro Local de Conciliación, anexada a la demanda, de la cual se advierte el motivo por el que se procedió a su emisión, siendo el que se transcribe: ‘Motivo: La parte solicitante no proporciona domicilio correcto y completo, ni datos de ubicación idóneos, no obstante a ello se intentó notificar en reiteradas ocasiones al citado, en el domicilio proporcionado por el solicitante sin tener el cercioramiento para tal efecto.’ (El subrayado no es de origen, como lo subrayado sí) (sic).—De la lectura anterior, este Tribunal observa que el Centro Local de Conciliación señaló a la parte solicitante como responsable de la incorrecta identificación del domicilio de la fuente de trabajo y de la falta de datos de ubicación idóneos de la parte patronal; situaciones determinantes para los intentos fallidos de notificación –del patrón– por parte del personal adscrito al Centro en mención; teniendo como consecuencia la terminación del procedimiento de conciliación sin la asistencia correspondientes del patrón.—Es por lo anterior que resulta conducente estudiar la notificación hecha por la autoridad en comento a efecto de verificar si es ajustado a los términos, normas y condiciones de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de determinar si se observó, o no, correctamente el deber constitucional de agotar la instancia conciliatoria prejudicial y su procedimiento, contenido en el artículo 684-E de la ley referida; a lo que esta sede jurisdiccional se enfocará a la notificación establecida (sic) la fracción XI del artículo 684-E de la ley en cita.—A manera de continuación, para considerar que la parte patronal –en est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31612-bc66e4fb/constancia-de-no-conciliacion-la-persona-juzgadora-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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