CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO POR TERRITORIO. NO DEBE FINCARSE LA COMPETENCIA EN UNO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 16/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 1 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
I. Competencia
Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes al Primer Circuito que corresponden a la región Centro-Norte y conocen de la Materia Administrativa.
II. Legitimación
La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por la persona titular de un Juzgado de Distrito.
III. Criterios denunciados
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 10/2021 en sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.
Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 11/2021 en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.
Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el conflicto competencial 11/2021 en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
En el caso, existe una contradicción de criterios entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el conflicto competencial 10/2021 y el sustentado por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 11/2021 de sus respectivos índices.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 10/2021, analizó en una parte de la ejecutoria un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 11/2021, analizó en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:
Ver características
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 11/2021, analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes particularidades:
Ver particularidades
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales se pronunciaron sobre la competencia del Juzgado de Distrito para conocer de una demanda de amparo en la que personas privadas de su libertad reclamaron la orden de traslado y el cambio de dormitorio, y señalaron como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito con competencia en materia de amparo penal en la Ciudad de México y otros Estados de la República.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes porque todos examinaron el supuesto en el que la parte quejosa señaló como responsables a los Jueces de Distrito con competencia en amparo penal en cuya jurisdicción podrían tener ejecución los actos reclamados; y un punto de diferendo porque arribaron a conclusiones opuestas.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que se podía fincar competencia en uno de los Jueces señalados como autoridades responsables (específicamente uno con residencia en la Ciudad de México) porque el señalamiento de los juzgados como autoridades responsables implicaba una cuestión de impedimento ajena al conflicto competencial y no se debía prejuzgar respecto a la posible causa de impedimento, ya que tal decisión correspondía a este último, quien además podía requerir a la parte quejosa para que aclarara su demanda en cuanto a los actos y abstenciones que le pretenda reclamar directamente, e incluso, reiterara su deseo de señalarlo como autoridad responsable para efectos del juicio.
En cambio, los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvieron que sí se trataba de un tema de competencia y, en aplicación por analogía de la regla prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo,(5) fincaron la competencia en el juzgado geográficamente más cercano a la Ciudad de México.
Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver: Este requisito se cumple también pues, advertido el punto de conflicto entre los tribunales contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿al resolver un conflicto competencial, puede fincarse competencia a un Juzgado de Distrito que ha sido señalado como autoridad responsable en una demanda de amparo indirecto?(6)
En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el conflicto competencial 10/2021 y el sustentado por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 11/2021 de sus respectivos índices.
No es obstáculo para alcanzar esta conclusión, la tesis de jurisprudencia cuyo tenor es el siguiente:
"INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular).
"Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento.
"Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." (7)
La lectura de esta tesis jurisprudencial revela que si bien el Máximo Tribunal ya abordó los temas de incompetencia e impedimento con los cuales se relaciona esta contradicción, lo cierto es que la materia de la contradicción de la cual derivó no coincide con la aquí planteada.
Como se advierte del apartado de hechos de la tesis jurisprudencial, la contradicción giró en torno a establecer si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular), supuesto que es diverso del aquí examinado, en donde el Juzgado de Distrito competente por materia es señalado como autoridad responsable en la demanda de amparo.
Por estas razones, subsiste la necesidad de unificación de criterios en el tema de esta contradicción, aunque para resolverlo, deba acudirse a las consideraciones sentadas por la Superioridad en la ejecutoria de la cual derivó la tesis jurisprudencial mencionada.
V. Abandono del criterio por uno de los tribunales contendientes
No obstante la existencia de la contradicción de criterios en términos del considerando que antecede, de la consulta realizada por este Pleno Regional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se invoca como hecho notorio,(8) se observa que en el conflicto competencial 34/2022 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, ese órgano colegiado se apartó del criterio sostenido anteriormente en el conflicto competencial 11/2021 que dio lugar a la denuncia.
En una parte de esta ejecutoria ulterior, el Tribunal Colegiado aludido analizó un asunto con las siguientes características:
Ver asunto
Como se advierte de esta narración, el tribunal conoció de un asunto similar, pero sustentó un criterio diverso del que anteriormente había sostenido, ya que en el primero fincó la competencia en un juzgado distinto de los señalados como responsables y en el segundo, estimó que debía fincarse en uno de ellos porque su señalamiento sobre un posible impedimento era ajeno a la cuestión competencial.
En consecuencia, si en la fecha de presentación de la denuncia, cuatro de febrero de dos mil veintidós, existía la contradicción de criterios pero, posteriormente, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se abandonó el criterio denunciado, se impone declarar sin materia la contradicción de criterios denunciada respecto del sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 11/2021.
Sirven de apoyo a esta conclusión, los criterios emitidos por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA DECLARARLA SIN MATERIA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES INFORMA QUE ABANDONÓ SU CRITERIO, ES NECESARIO QUE ESTA CIRCUNSTANCIA SE HAYA PLASMADO EN UNA EJECUTORIA. No es obstáculo para resolver el fondo de una contradicción de tesis, la circunstancia de que posteriormente al trámite del expediente relativo, uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informe que después de una nueva reflexión abandona el criterio en contradicción. Lo anterior es así, porque sólo puede afirmarse que un Tribunal Colegiado se aparta de su propio criterio cuando plasma uno diverso en una ejecutoria; de ahí que para declarar sin materia una contradicción de tesis, es insuficiente la simple manifestación del órgano jurisdiccional en el sentido de que se apartó de su criterio, pues es necesario que exista una ejecutoria en la que se haya pronunciado sobre los argumentos que ahora dice sostener."(9)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE CONOCIMIENTO DE QUE UNO DE ELLOS, CON POSTERIORIDAD AL PLANTEAMIENTO DE LA CONTRADICCIÓN, ABANDONA SU CRITERIO Y EMITE UNO COINCIDENTE CON EL DEL OTRO, DEBE DECLARARLA SIN MATERIA. La contradicción de tesis tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer como jurisprudencia obligatoria cuando exista oposición entre los que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito en torno a un mismo tema jurídico, sin que se afecten las situaciones concretas cuestionadas en los asuntos en los que se sostuvieron las posturas, de tal manera que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene conocimiento de que uno de dichos tribunales, con posterioridad al planteamiento de la contradicción, se ha apartado del criterio que venía sosteniendo y ha asumido uno similar al del otro, desaparece la inseguridad jurídica y, en consecuencia, ya no existe la necesidad de determinar cuál es el que debe prevalecer, por lo tanto, debe declararse sin materia y no inexistente, puesto que si al momento de la denuncia sí existía la contradicción, con el cambio de criterio de uno de los órganos colegiados ya no hay materia sobre la cual decidir, y así debe determinarse. Consecuentemente, esta Segunda Sala se aparta del criterio que sostuvo al resolver la contradicción de tesis 90/98, en la tesis aislada 2a. CIII/99, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEJA DE EXISTIR CUANDO EL CRITERIO SUSTENTADO POR UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, ES SUPERADO O CAMBIADO POR EL MISMO ÓRGANO, COINCIDIENDO EN LO ESENCIAL CON LO CONSIDERADO POR EL OTRO TRIBUNAL COLEGIADO.’(10)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUÁNDO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA O IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA. Cuando se denuncia una contradicción de tesis debe determinarse si existe, a fin de establecer el criterio que prevalezca como jurisprudencia. Al respecto debe precisarse, aunque se trate de una cuestión sutil de carácter técnico, que cuando se llega a la conclusión opuesta ello puede derivar de que nunca se dio la oposición de criterios denunciada, lo que llevará a declararla improcedente o de que habiendo existido la contradicción, con anterioridad a su denuncia desapareció, al apartarse uno de los órganos contendientes del criterio que sostenía, al emitir otro que coincide con el opuesto, debiéndose hacer la misma declaración de improcedencia; o finalmente, cuando dándose el supuesto anterior, en cuanto a la desaparición de la contradicción, ello ocurre con posterioridad a la denuncia, procediendo declararla sin materia."(11)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN UNA DE ELLAS ABANDONA SU CRITERIO Y EMITE UNO COINCIDENTE CON EL DE LA OTRA. La contradicción de tesis tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer como jurisprudencia obligatoria, cuando exista oposición entre los que sustenten las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se sostuvieron aquéllos. Por tanto, si durante su sustanciación una de dichas Salas abandona el criterio que sustentaba y emite uno coincidente en lo esencial con el sostenido por la otra, se concluye que la contradicción de tesis denunciada queda sin materia."(12)
VI. Estudio
Ahora, subsistiendo la contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, toca dar respuesta a la interrogante ¿al resolver un conflicto competencial, puede fincarse competencia a un Juzgado de Distrito que ha sido señalado como autoridad responsable en una demanda de amparo indirecto?
Como se anunció, para resolver la cuestión planteada, resulta de utilidad atender a las consideraciones sentadas por el Máximo Tribunal en la ejecutoria de la cual derivó la tesis jurisprudencial P./J. 6/2020 (10a.), acorde a las cuales:
• Conforme al artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, no se justificaría que un órgano jurisdiccional tenga facultades para resolver un juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos emitidos por él.
• La competencia de los Juzgados de Distrito en materia de amparo se fija no sólo conforme a los criterios territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino también conforme a uno funcional, que atañe a las facultades que la ley le confiere.
• Conforme con la finalidad de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito o Tribunal Unitario, otro del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo, de donde se sigue que debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto.
• Del artículo 39 de la Ley de Amparo se tiene que en caso de que se promueva un juicio de amparo indirecto en contra del órgano que actuó en auxilio –ya sea juzgado de primera instancia o de Distrito de la jurisdicción más cercana–, no podrá conocer el Juzgado de Distrito que deba abocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado, pues debe ser otro del mismo Distrito y especialización, considerando que el órgano que en principio tendría competencia, ya sea por territorio, materia o grado –en sentido jerárquico– para resolver, no está facultado para conocer de la instancia.
• En aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, debe declararse incompetente conforme a un criterio funcional.
La parte conducente del fallo enseguida se reproduce:
"En ese sentido, si por principio de cuentas el juicio de amparo tiene por objeto, conforme al artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por dicha Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; no se justificaría que un órgano jurisdiccional tenga facultades para resolver un juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos emitidos por el mismo, con independencia de quien sea su titular. "Sirve para fortalecer lo anterior, la siguiente tesis emitida por este Alto Tribunal de rubro y texto siguientes:
"‘JUECES DE DISTRITO, INCOMPETENCIA DE LOS. Sería absurdo que el mismo Juez de Distrito tuviese al mismo tiempo el carácter de Juez sentenciador en el amparo, y de parte de esa controversia constitucional, aun cuando el fallo que dictase se limitara a decir, respecto a los actos que se le atribuyen, que procedía el sobreseimiento, por no existir esos actos.’
"Antes bien, cabe señalar que no es obstáculo a la afirmación anterior que, conforme a la integración de ciertas legislaciones, exista la posibilidad ante determinados supuestos que un órgano jurisdiccional pueda revisar sus propias determinaciones; sin embargo, a partir de las reglas de tramitación del juicio de amparo indirecto, esa posibilidad queda descartada, como se expondrá más adelante. Pues resulta contrario a su propio fin sostener que sea el mismo tribunal o juzgado, señalado como autoridad responsable, quien resuelva sobre la constitucionalidad de sus actos.
"Así pues, atendiendo específicamente a que en el juicio de amparo indirecto –para efectos de la contradicción– la competencia está acotada a las propias reglas procesales y funcionales establecidas en la ley de la materia, no solo debe estar a los elementos de territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino al propio funcionamiento del órgano conforme a las facultades que la ley le confiere (funcional).
"Ante ello, las reglas para la sustanciación del referido juicio de amparo indirecto, se encuentran contenidas en la sección segunda, ‘Sustanciación’ del capítulo I ‘El amparo indirecto’ del título segundo, ‘De los procedimientos de amparo’ de la Ley de Amparo; de las que se desprende que, una vez señalada en el escrito de demanda a la autoridad responsable, el acto que se le reclama y los conceptos de violación y, admitida por el órgano jurisdiccional, éste señalará día y hora para la audiencia constitucional y pedirá a las autoridades responsables que rindan un informe con justificación, en el que deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando las constancias necesarias para apoyarlo.
"Lo anterior, resulta conforme con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (Se transcriben)
"De ahí, es claro que una de las bases para resolver sobre las cuestiones planteadas es precisamente el informe con justificación de la autoridad responsable; en ese sentido, de ser el mismo órgano quien deba rendirlo en su carácter de responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia.
"Así, conforme con la finalidad del juicio, a partir de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto –en primera instancia– por parte de los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, se tiene que será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito o Tribunal Unitario, otro del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo; haciendo especial énfasis en que debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. A continuación, los artículos en comento. (Se transcriben)
"Además, también se desprende la competencia auxiliar a que aluden la última parte de los referidos artículos 36, 38, así como el artículo 159, este último en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, por la que se conceden facultades a los Jueces de primera instancia (materia penal) o Juzgados de Distrito de la jurisdicción más cercana cuando en el lugar en que se ejecuten o traten de ejecutarse no resida un Juez de Distrito para recibir la demanda de garantías, solicitar informes a las responsables e incluso suspender los actos reclamados, siendo la finalidad de la ley que todo gobernado tenga acceso de manera pronta a la Justicia Federal.
"En ese sentido, ubicada en el artículo 39 de la Ley de Amparo, precisamente por una cuestión que atañe al desempeño de los órganos, se establece lo siguiente: (Se transcriben)
"Así, de dicha norma se tiene que en caso de que se promueva un juicio de amparo indirecto en contra del órgano que actúo en auxilio –ya sea Juzgado de primera instancia o de Distrito de la jurisdicción más cercana–, no podrá conocer el Juez de Distrito que deba abocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado; debiendo ser otro del mismo distrito y especialización.
"Dicha falta de competencia deriva de un elemento objetivo, pues se observa que el elemento determinante de la competencia es la autoridad señalada como responsable, a decir, el órgano que actuó en auxilio. Así, el órgano que en principio tendría competencia ya sea por territorio, materia o grado –en sentido jerárquico– para resolver, no está facultado para conocer de la instancia.
"Así pues, en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que, en principio, se debe declarar incompetente; ello pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, con independencia de que no se trate del mismo titular."
En este orden de ideas se tiene que, conforme al criterio de la superioridad, un Juzgado de Distrito es incompetente, desde el punto de vista funcional para conocer de la demanda de amparo en donde esté señalado como autoridad responsable, porque no existe la posibilidad de que el órgano jurisdiccional que tramita el expediente pueda resolver sobre la legalidad de sus propias determinaciones.
De esta manera, en los casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, debe declararse incompetente, pues no cuenta con facultades para resolver la instancia.
Asimismo, en la misma ejecutoria, el Máximo Tribunal estableció que en el supuesto en análisis, visto desde la perspectiva de la competencia subjetiva, se actualizaba también una causal de impedimento.
La parte conducente del fallo es la siguiente:
"Expuesto lo anterior, si bien en el caso se actualiza un supuesto de incompetencia; en relación con el punto de contradicción, este Tribunal Pleno considera que cuando un secretario en funciones haya planteado su impedimento, con sustento en el artículo 51, fracciones IV y VIII, de la Ley de Amparo para conocer de un juicio de amparo indirecto cuyo acto fue emitido por el mismo órgano jurisdiccional, por economía procesal, es posible declararlo fundado.
"Para explicar lo anterior, cabe retomar los conceptos explicados al inicio del presente considerando. Así pues, se tiene que la competencia es un límite a la jurisdicción y que, en sentido estricto, se ha divido en competencia objetiva relacionada a los órganos jurisdiccionales y su organización –entre otros aspectos– y subjetiva, que se refiere al encargado del desempeño jurisdiccional en un determinado tribunal, en otras palabras, al titular.
"Ahora bien, en relación con la competencia subjetiva, de conformidad con los criterios de este Alto Tribunal, la figura legal del impedimento, resulta ser el medio para examinar si el titular del órgano jurisdiccional es ajeno a la cuestión planteada o, si por el contrario, puede considerarse que se encuentra en riesgo de resolver con parcialidad, lo anterior, en aras de evitar que se ponga en tela de juicio el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
"Sirve para apoyar lo anterior el siguiente criterio de jurisprudencia:
"‘IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDA, ASÍ COMO LOS PRECEPTOS EN QUE SE FUNDA, ES IMPROCEDENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA. La resolución dictada al calificar los impedimentos previstos en el artículo 66 de la Ley de Amparo constituye una determinación emitida dentro del juicio de garantías, pues además de que con ella se define la competencia subjetiva del juzgador, afecta directamente en el trámite del juicio, habida cuenta que con la cita del impedimento se suspende el procedimiento o el dictado de la sentencia hasta su calificación. Asimismo, la resolución dictada impacta la validez de las actuaciones realizadas por el juzgador que sea declarado impedido, pues aquéllas serán nulas al no existir en la Ley de Amparo disposición alguna que las dispense. En ese sentido, si se tiene en cuenta que la decisión que califica un impedimento hecho valer en términos del señalado numeral constituye una resolución vinculada al juicio de garantías del que deriva y, por ende, se encuentra dictada dentro de él, es indudable que en caso de que promueva un juicio de garantías en su contra, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, a pesar de que en la demanda también se reclame la inconstitucionalidad de un precepto de ese ordenamiento –como el artículo 71, conforme al cual se impondrá multa a quien promueva un impedimento que sea desechado–, toda vez que por disposición expresa del legislador no existe posibilidad jurídica de promover un juicio de garantías contra las resoluciones pronunciadas en otros de la mism
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31654-45b5ddce/conflicto-competencial-entre-juzgados-de-distrito-por-territorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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