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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZONTECOMATLÁN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 37, FRACCIÓN II, DE LA LEY MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA INTERVENIR EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULOS 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, PRIMER PÁRRAFO Y 9, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO EL ACUERDO PRESIDENCIAL DE NUEVE DE ENERO DE DOS MIL UNO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO IMPUGNADO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NEGÓ LA SOLICITUD SOBRE LA AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA Y EL PAGO DIRECTO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN) Y DE LOS INTERESES GENERADOS, CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL MUNICIPIO ACTOR QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (OFICIO 351-A-DGPA-031 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL CINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO CUANDO ÉSTE QUEDÓ ACREDITADO (OFICIO 351-A-DGPA-031 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL CINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE DEFINITIVIDAD, AL NO EXISTIR UNA VÍA ORDINARIA EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ENTRE EL MUNICIPIO ACTOR Y EL PODER EJECUTIVO FEDERAL (OFICIO 351-A-DGPA-031 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL CINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (OFICIO 351-A-DGPA-031 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL CINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). X. SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO. ES RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ORGANIZAR Y CONDUCIR EL DESARROLLO NACIONAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA CENTRALIZADA. XI. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS ACCIONES DE GOBIERNO MEDIANTE LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS NACIONALES PARA LA REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAÍS A PARTIR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES, POR LO QUE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEBEN CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE CON AQUÉL. XII. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. PARA SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL MISMO, SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE ES EL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE CONTIENE EL CATÁLOGO Y PROGRAMACIÓN DE LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS PÚBLICOS. XIII. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN APROBARLO ANUALMENTE, PREVIO EXAMEN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ENVIADO POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIV. APORTACIONES FEDERALES. SU ORIGEN Y RÉGIMEN LEGAL. XV. HACIENDA MUNICIP

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 135/2020. · Registro digital (IUS): 31721
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-01
Promovente: MUNICIPIO DE ZONTECOMATLÁN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo III, Pág.2609.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 135/2020. MUNICIPIO DE ZONTECOMATLÁN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 18 DE ENERO DE 2023. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIOS: DIANA RANGEL LEÓN Y LUIS ANTONIO BELTRÁN PINEDA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El oficio 351-A-DGPA-031, de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que niega afectar los recursos federales del Estado de Veracruz.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 135/2020, promovida por el Municipio de Zontecomatlán, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contra al oficio 351-A-DGPA-031, de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Mediante oficio recibido el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcelino Susano González y Cleofas Feliciano Martínez, en su carácter de presidente y síndica municipal del Municipio de Zontecomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron controversia constitucional en la que demandaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Admisión y trámite. El tres de septiembre de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional con el número 135/2020 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

3. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, el Ministro instructor desechó la demanda de controversia constitucional por falta de interés legítimo del Municipio actor.(1)

4. Primer recurso de reclamación. Contra dicho acuerdo, por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el delegado del Municipio de Zontecomatlán, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interpuso recurso de reclamación.

5. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte, ordenó formar y registrar el recurso de reclamación con el número de expediente 100/2020-CA y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que elaborara el proyecto de resolución.

6. En sesión virtual correspondiente al veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Primera Sala de este Alto Tribunal resolvió el citado recurso de reclamación por unanimidad de cinco votos, en el sentido de considerarlo fundado.(2)

7. En efecto, la Primera Sala al resolverlo determinó modificar el auto recurrido de diez de septiembre de dos mil veinte, para revocar únicamente el desechamiento por cuanto hacía al oficio 351-A-DGPA-031 de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por la directora general adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el efecto de que el Ministro instructor, de no existir una causa de improcedencia distinta a la analizada, admitiera a trámite la controversia constitucional sólo respecto de ese acto.

8. Continuación en la controversia constitucional 135/2020. En atención a la resolución del recurso de reclamación 100/2020-CA, el Ministro instructor dictó el proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, por el que requirió al Municipio actor para que en el plazo de cinco días hábiles, remitiera en original o copia certificada del oficio 351-A-DGPA-031, de cinco de mayo de dos mil veinte, así como la constancia de notificación del mismo y el escrito de solicitud del pago de los recursos federales realizado por el Municipio actor a la autoridad hacendaria demandada, el cual dio origen al oficio antes referido, apercibiéndole que de ser omiso, se decidiría lo que conforme a derecho correspondiera con los elementos que se contara.

9. Posteriormente, mediante acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro dio cuenta de que transcurrió el plazo legal concedido al Municipio actor a efecto de exhibir las documentales requeridas, quien no lo realizó, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado y proveyó sobre la admisión únicamente con los elementos que obraban en el expediente de la controversia constitucional. Así, en lo que interesa, acordó:

"Ahora bien, de una revisión integral de la demanda y sus anexos, se arriba a la conclusión de que procede desechar la controversia constitucional promovida por el Municipio actor, respecto de los actos antes descritos, atento a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

"...

"En relación con lo anterior, de la simple lectura de la demanda y sus anexos, es posible advertir que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción I, de la referida ley reglamentaria.

"...

"En relación con lo anterior, resulta relevante tener presente que el plazo para la impugnación de los actos reclamados en la presente controversia constitucional, establecido de manera clara en el artículo en mención, comienza a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación del acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de él o al en que se ostente como sabedor y, en el caso, lo fue a partir de que la parte actora en el presente medio de control constitucional, manifiesta haber tenido conocimiento del oficio 351-A-DGPA-031 de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por la Directora General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Así, del escrito de demanda presentado por la Síndica del municipio actor, es posible advertir que la notificación del oficio que pretende impugnar en el presente medio de control constitucional, se realizó el veintisiete de mayo de dos mil veinte; esto, de conformidad con lo manifestado por la propia accionante en las fojas 3 y 4 del expediente en el que se actúa, por lo que el plazo para la impugnación de dicho acto transcurrió del veintiocho de mayo al ocho de julio de dos mil veinte, debiendo descontarse los días treinta y treinta y uno de mayo; seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de junio; cuatro y cinco de julio de dos mil veinte, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 3, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia y en términos de lo dispuesto en el punto primero, incisos a) y b), del Acuerdo General Plenario 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.

"En este sentido, toda vez que el escrito de demanda fue ingresado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de treinta días hábiles para la presentación de la demanda, por lo que, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la referida ley reglamentaria, la cual es manifiesta e indudable, dado que se refiere a cuestiones de derecho no desvirtuables, las cuales se advierten de la simple lectura de la demanda y sus anexos, siendo aplicable, al respecto, la tesis siguiente:

"...

"Por otra parte, aun y en el supuesto de que el escrito de demanda se haya presentado en tiempo, se actualizaría de manera indudable y manifiesta la diversa causa de improcedencia, prevista en el artículo 19, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, misma que se corrobora en el cuerpo de la resolución del recurso de reclamación 100/2020-CA, derivado de la controversia constitucional en que se actúa en sentido siguiente:

"En el caso se cumplen esas condiciones, ya que constituye un hecho notorio que el Municipio de Zontecomatlán, Estado de Veracruz, promovió el siete de junio de dos mil diecinueve, la diversa controversia constitucional 220/2019, en la que impugnó:

"• La retención de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), en lo particular, $9'938,805.00 (nueve millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos cinco pesos 00/100 moneda nacional), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

"• La retención de los recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión A (FORTAFIN-A 2016) por un monto de $2'599,999.30 (dos millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 30/100 moneda nacional) para la ‘Construcción de Pavimento a base de concreto en la Calle Principal del KM. 0+000 al KM 0*805 en la Comunidad de la Victoria, Municipio de Zontecomatlán, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave’.

"• La retención de los recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión A (FORTAFIN-A 2016) por un monto de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la ‘Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en la Localidad de Xochilamatla, Municipio Zontecomatlán, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave’.

"• Además, solicitó que se condenara al pago de los intereses por el retraso en la entrega de dichos recursos.

"Como se observa, existe identidad de partes, ya que la parte actora es el Municipio de Zontecomatlán, Estado de Veracruz, mientras que la autoridad demandada es el Poder Ejecutivo de la entidad federativa. También se observa la impugnación de los mismos actos, a saber: la retención de los recursos de los meses de agosto, septiembre y octubre del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y del Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión A (FORTAFIN-A 2016), así como el pago de intereses por el retraso en la entrega de dichos recursos.

"Asimismo, coinciden los conceptos de invalidez, pues son esencialmente los mismos. En ellos, se argumenta la transgresión a los principios de municipio libre, libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales previstos en el artículo 115, fracción IV, constitucional. Esto, porque de manera indebida y sin fundamento alguno, se retienen los recursos económicos que le pertenecen al municipio actor vulnerando su hacienda pública municipal.

"Finalmente, existe una decisión o resolución firme donde se sometieron los actos impugnados a consideración. En la sentencia de la controversia constitucional referida se concluyó lo siguiente:

"...

"No es óbice de lo anterior, que en el presente asunto de (sic) impugne también el oficio 351-A-DGPA-031 de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por la Directora General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que los montos respecto de los cuales se planteó la solicitud de retención y entrega directa al municipio actor, ya fueron motivo de pronunciamiento por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 220/2019, en el sentido de que, en relación con ellos, es improcedente este medio de impugnación.

"En consecuencia, es procedente desecharse la presente controversia constitucional al actualizarse la diversa causal de improcedencia, relacionada con la cosa juzgada, prevista en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las fracciones (sic) I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos que dieron origen al oficio 351-A-DGPA- 031 de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por la Directora General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al existir identidad de partes, actos, conceptos de invalidez y haber sido materia de una ejecutoria dictada en sede jurisdiccional."

10. Segundo recurso de reclamación. Inconforme con dicho acuerdo, por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la delegada del Municipio de Zontecomatlán, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interpuso recurso de reclamación.

11. El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno ordenó formar y registrar el recurso de reclamación con el número de expediente 127/2021-CA y lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que elaborara el proyecto de resolución.

12. En sesión correspondiente al veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la Primera Sala de este Alto Tribunal resolvió el citado recurso de reclamación por unanimidad de cinco votos, en el sentido de considerarlo fundado.(3)

13. Al resolver, la Primera Sala revocó el auto recurrido de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, únicamente en cuanto al oficio 351-A-DGPA-031 de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por la directora general adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el efecto de que la Ministra instructora, en caso de que no existiera una causa de improcedencia distinta a la analizada, admitiera a trámite la controversia constitucional sólo respecto de ese acto.

14. Returno. Mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, y con motivo de su designación como Ministra de este Alto Tribunal, por parte del Senado de la República, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó el returno de la controversia constitucional 135/2020 a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.

15. Continuación en la controversia constitucional 135/2020. En atención a la resolución del recurso de reclamación 127/2021-CA, la Ministra instructora mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda por lo que respecta al oficio 351-A-DGPA-031, de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que pudieran advertirse al dictarse sentencia; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo Federal, no así a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que se trata de una autoridad subordinada al mencionado Poder y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes.

16. Antecedentes. De acuerdo con lo expuesto por la parte actora, los antecedentes relevantes de este asunto son los siguientes:

a. El veintisiete de noviembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

b. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz "El Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los Municipios para el Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis". En la página veinticuatro se le asignó a Zontecomatlán el monto de $33'129,357.00 (treinta y tres millones ciento veintinueve mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), el cual se entregaría al Municipio mensualmente, dentro de los primeros diez meses.

c. El Gobierno del Estado de Veracruz recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos federales de manera puntual conforme al calendario publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación.

d. Por otro lado, el Municipio de Zontecomatlán firmó un convenio con el gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la constitución del FORTAFIN-A-2016 (Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión). En lo particular, se autorizaron recursos al Municipio de Zontecomatlán para la ejecución de los proyectos denominados "Construcción de Pavimento a base de concreto en la Calle Principal del KM 0+000 al KM 0*805 en la comunidad de la Victoria" y "Ampliación de la Red de Distribución Eléctrica en la Localidad de Xochilamatla". Los convenios relativos se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el ocho de diciembre de dos mil dieciséis.

e. El Ayuntamiento del Municipio de Zontecomatlán solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante un escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte que confirmara si el Estado de Veracruz recibió los recursos de los fondos FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) y del FORTAFIN-A-2016 (Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión) y si, en todo caso, había devuelto dichos recursos. Asimismo, le solicitó afectara los recursos federales del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal que transcurría a fin de que le pagara directamente los recursos que le correspondían.

f. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió dos oficios:

g. El oficio 307-A-5-0097, de veinticuatro de febrero de dos mil veinte,(4) mediante el cual la directora general adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria de Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que los recursos del FORTAFIN-A-2016 (Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión) son un subsidio y que por tanto, una vez que éstos son transferidos corresponde a los Estados canalizarlos para que sean aplicados al destino para el cual fueron otorgados; y que los recursos del FORTAFIN-A-2016 (Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión) fueron entregados en tiempo y forma al Gobierno del Estado de Veracruz.

h. Por otro lado, se informó que no era posible proporcionar información sobre el FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), al ser un fondo correspondiente al ramo 33; ello, porque a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente le corresponde administrar, integrar y llevar el registro contable de los programas presupuestales contenido en el diverso ramo 23.

i. El oficio 351-A-DGPA-031, de cinco de mayo de dos mil veinte,(5) mediante el cual la directora general adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que no contaba con la documentación solicitada ya que, entre sus atribuciones está la de calcular, distribuir y liquidar las cantidades que corresponden a las entidades federativas y los Municipios por concepto de participaciones en ingresos federales –ramo general 28 participaciones federales– y que no le era posible afectar los recursos que le pertenecen al Estado de Veracruz para el pago de los recursos que solicita. j. Frente a la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de entregar los recursos federales, fue que el Municipio de Zontecomatlán promovió la presente controversia constitucional.

17. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio de Zontecomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a. Se declarare la invalidez del oficio reclamado porque afecta la competencia del Municipio, al no poder recibir los recursos que le corresponden, pues lo limita ante qué instancia acudir para reclamar una afectación a la competencia del Municipio, de poder disponer de recursos asignados y no entregados para atender servicios públicos municipales y dar mantenimiento a las vías de comunicación en el Municipio.

b. Causa afectación el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se declare incompetente para afectar las participaciones federales al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dado que este último omite entregar los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión FORTAFIN-A-2016, los cuales le pertenecen al Municipio, lo que afecta el cumplimiento de las atribuciones del Municipio, previstas en el artículo 115 constitucional.

c. El oficio impugnado 351-A-DGPA-031, de cinco de mayo de dos mil veinte, por el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se niega a afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones y participaciones omitidas de ministrar al Municipio de Zontecomatlán, durante el año dos mil dieciséis, pertenecientes a los fondos precitados, carece de fundamentación y motivación.

d. De igual forma, causa un perjuicio la negativa de la autoridad, ya que se afecta a la hacienda municipal al no recibir los recursos que el gobierno del Estado ya recibió por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ha retenido al Municipio actor.

e. La afectación que causa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como instancia de control, es por la negativa a ejercer su facultad de vigilancia y cumplimiento de las disposiciones constitucionales previstas en el artículo 115, a favor del Municipio, toda vez que se le solicitó al titular de dicha instancia federal, las participaciones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones y participaciones federales omitidas de administrar al Municipio de Zontecomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el dos mil dieciséis.

f. Dicha Secretaría no asume su responsabilidad constitucional de vigilar el cumplimiento de entrega de recursos al Municipio, se ha insistido en que recuperar los recursos que corresponden al Municipio; sin embargo, la autoridad responsable de la distribución y administración de los recursos federales, se niega a realizar actos tendientes a resarcir los recursos que fueron menoscabados al Municipio.

g. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar la tasa de recargo, que corresponde aplicar al caso concreto.

18. Contestación del Poder Ejecutivo Federal. Mediante oficio recibido el once de julio de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, contestó la demanda de controversia constitucional, en la que expresó, en esencia, lo siguiente:

• Único. El oficio impugnado no transgrede los principios de integridad de los recursos de reserva de fuentes de ingresos, de libre administración y de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda pública municipal, ya que es acorde con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

• Refiere que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra impedido legalmente para realizar el pago de los recursos federales directamente a los Municipios, ya que las únicas facultadas para ello son las entidades federativas conforme a lo dispuesto en los numerales 32 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

• Aduce que a través de los oficios 307-A-5-0097 de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y 315-A-1759 de seis de junio de dos mil veintidós, se informó, entre otro, al Municipio actor respecto de la entrega de recursos federales a las entidades federativas, por concepto de Fondo de Fortalecimiento Financiero y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, por el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

• Como se desprende de los citados oficios, el Ejecutivo Federal cumplió de manera oportuna con su obligación de entregar los recursos federales al Estado de Veracruz, quien es el ente encargado de entregarlos al Municipio actor y no así la Federación, como lo pretende hacer la parte actora.

• Indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el "Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondiente (sic) a los Ramos Generales 28 Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, con la finalidad de dar a conocer las fechas en las que se entregarían a las entidades federativas los recursos provenientes de los fondos reclamados, conforme el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos Federal ejercicio dos mil dieciséis; por lo que resultan infundados los argumentos planteados por el Municipio actor, ya que la citada Secretaría cumplió en tiempo y forma con la entrega de los recursos federales reclamados, al entregar a cada entidad federativa los montos autorizados por el referido Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme el calendario publicado.

• Agrega que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, celebraron un convenio para el otorgamiento de subsidios, para el fortalecimiento financiero de la entidad y sus Municipios, conforme a lo estipulado en la cláusula sexta (se transcribe).

• Así, sostiene que la entidad federativa asumió plenamente los compromisos y responsabilidades vinculadas con el registro, control, administración y fiscalización de los recursos federales provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero que le fue entregado por la Federación, con lo que queda demostrado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió en tiempo y forma con su obligación de entregar los recursos federales por el citado concepto al referido Estado y éste a su vez debió distribuirlos entre sus respectivos Municipios.

• Por lo que resulta improcedente el pago del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la inversión del ejercicio dos mil dieciséis reclamado por el Municipio actor, porque tales recursos ya fueron entregados directamente a la entidad federativa para que a su vez los distribuyera entre sus respectivos Municipios.

• Añade que la Federación no cuenta con facultades para realizar el pago de "participaciones federales" directamente a los Municipios, ya que es la entidad federativa quien tiene la facultad de distribuirlas entre sus Municipios, mediante las disposiciones de carácter general que determinen sus Congresos Locales.

• Por tanto, en el caso no es procedente el pago de intereses por falta de la entrega de los recursos federales, porque no resulta aplicable el criterio invocado por el Municipio actor, el cual establece un supuesto distinto para que proceda el pago de intereses por la entrega de dichos recursos, al no haber sido pagados oportunamente.

• En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cuenta con facultades para vigilar que se cumplan las disposiciones legales establecidas para que los Municipios reciban los recursos en cuestión.

19. Pedimento. El fiscal general de la República no rindió opinión a pesar de estar debidamente notificado.

20. Alegatos. El delegado del Poder Ejecutivo Federal formuló alegatos mediante oficio recibido el tres de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

21. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas. El cuatro de octubre de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes.

22. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes y la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

23. Acuerdo de radicación. Previo el dictamen respectivo, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

24. Es así como el uno de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así com

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31721-d0de2db3/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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