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COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES CERTIFICADAS DIGITALMENTE. FORMALIDADES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA SU TRANSMISIÓN EN ARCHIVO DIGITAL POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO. COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES CERTIFICADAS DIGITALMENTE. SU ENTREGA PUEDE REALIZARSE MEDIANTE LA TRANSMISIÓN DE UN ARCHIVO DIGITAL POR CORREO ELECTRÓNICO. COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES CERTIFICADAS DIGITALMENTE. SU EXPEDICIÓN ES PROCEDENTE MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DE LA PERSONA QUE LAS COTEJE.

Tipo de asunto: QUEJA 3/2022. · Registro digital (IUS): 31835
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-10-13
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo II, Pág.1337.

QUEJA 3/2022. 1 DE JUNIO DE 2022. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JESÚS IRAM AGUIRRE SANDOVAL.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de queja 3/2022, derivado del juicio de amparo indirecto 1241/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango.

El problema jurídico para resolver por esta Primera Sala dentro del presente recurso se centra en la legalidad de la decisión de no autorizar la petición de la parte quejosa para que le fueran expedidas copias certificadas de forma electrónica de todo lo actuado y que le fueran remitidas por correo electrónico.

I. ANTECEDENTES

1. Contrato de compraventa y de apertura de crédito. El veintisiete de enero de dos mil seis, ********** y ********** vendieron a su hijo ********** el inmueble ubicado en la esquina de las calles ********** y **********, correspondiente al lote ********** de la manzana **********, del fundo legal de **********, Municipio de **********, en el Estado de Durango. En esa misma fecha, **********, ********** (en lo sucesivo **********), como acreditante, y **********, como acreditado, celebraron un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por la cantidad de $********** (**********), pagaderos en ciento ochenta mensualidades, por el plazo de quince años, para la adquisición del citado inmueble, el cual se otorgó en garantía.(1)

2. Incumplimiento y demanda. El señor ********** incumplió con el pago de las mensualidades de abril a julio de dos mil siete y, por ello, el nueve de agosto de ese mismo año, ********** lo demandó en la vía especial hipotecaria y le exigió el vencimiento anticipado del crédito, el pago del saldo insoluto, intereses ordinarios y moratorios, el remate del bien hipotecado, gastos y costas.

3. Juicio especial hipotecario. El juicio se radicó con el número **********, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado de Durango, con residencia en Durango, se admitió a trámite, se emplazó al señor ********** por edictos y al no contestar la demanda, se siguió el juicio en su rebeldía.

4. Juicio de amparo indirecto **********. El veinte de septiembre de dos mil siete, ********** promovió amparo indirecto y reclamó el embargo, secuestro, así como todo acto que afectara el inmueble que, aseguró, era de su propiedad. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango radicó el juicio y el doce de diciembre de dos mil siete se emplazó como tercero perjudicado a **********. Seguido el trámite, el veintidós de enero de dos mil ocho se dictó sentencia, en la cual se sobreseyó.(2) Esta resolución se confirmó el cuatro de marzo de dos mil ocho por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en los autos del amparo en revisión **********.

5. Sentencia del juicio hipotecario. El trece de abril de dos mil nueve se dictó sentencia en la cual se condenó al cumplimiento y pago de las prestaciones reclamadas. El dieciocho de agosto de dos mil nueve, se declaró ejecutoriada y se ordenó el remate del inmueble hipotecado.

6. Remate y adjudicación en el juicio hipotecario. El ocho de enero de dos mil diez se llevó a cabo la audiencia de remate, en la cual se adjudicó a favor de ********** el inmueble hipotecado.

7. Juicio de amparo indirecto (**********). El cinco de noviembre de dos mil nueve, ********** promovió amparo indirecto en el cual reclamó la ilegalidad del emplazamiento al juicio especial hipotecario y todo lo actuado. La demanda se admitió ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango y seguido el juicio, el veinticuatro de junio de dos mil trece se sobreseyó.(3) La resolución anterior se confirmó el catorce de marzo de dos mil dieciséis por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en los autos del amparo en revisión **********.

8. Juicio de amparo indirecto (**********). El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, ********** reclamó la adjudicación del inmueble decretada el ocho de enero de dos mil diez. El juicio se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango y el treinta de agosto de dos mil dieciséis se sobreseyó.(4) La sentencia causó ejecutoria el veintidós de septiembre de ese mismo año.

9. Aprobación del remate. El trece de octubre de dos mil dieciséis, el Juez civil aprobó la adjudicación efectuada en la diligencia de remate y previno a ********** para que otorgara la escritura a favor de ********** y lo apercibió que, de no hacerlo, lo haría el juzgado en su rebeldía.

10. Apelación. El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, el señor ********** impugnó la resolución anterior en apelación. El veinte de octubre siguiente se admitió en ambos efectos y se remitió a la alzada. El veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, la Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó al fallo recurrido.

11. Requerimiento y apelación. El veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el juzgado civil previno nuevamente al señor ********** para que otorgara la escritura de adjudicación, con el apercibimiento correspondiente. En desacuerdo, el ejecutado interpuso recurso de apelación en contra de ese auto, el cual se admitió en efecto devolutivo el seis de julio siguiente.

12. Juicio de amparo indirecto (**********). El diez de julio de dos mil diecisiete, ********** promovió amparo en contra del auto de seis de julio citado en el punto anterior. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango admitió la demanda y seguido el juicio, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia, en la cual decretó el sobreseimiento.(5) Esta resolución fue confirmada el ocho de marzo de dos mil dieciocho por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, residente en Culiacán, Sinaloa.(6)

13. Escrituración en rebeldía. El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, ante la omisión de ********** de otorgar la escritura a favor de **********, se le hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó remitir los autos a una notaría pública para tirar la escritura correspondiente en su rebeldía.

14. Apelación. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, ********** impugnó el acuerdo anterior y solicitó se admitiera el recurso en efecto suspensivo. El veintinueve siguiente, se admitió sólo en efecto devolutivo y se ordenó su envío al Tribunal de Alzada.

15. Revocación. El señor ********** interpuso recurso de revocación en contra de los efectos en que se admitió su apelación, sin embargo, fue desechado el once de octubre de dos mil diecisiete.

16. Juicio de amparo indirecto (1241/2017). Por escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, ********** reclamó el auto que desechó su recurso de revocación. El juicio se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango y se admitió a trámite.

17. Solicitud de copias electrónicas certificadas y entrega vía correo electrónico. El cuatro y siete de marzo de dos mil veintiuno, ********** presentó dos escritos en los cuales solicitó la expedición de copia electrónica certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 1241/2017, con evidencia criptográfica del titular de dicho juzgado y de los respectivos secretarios que firmaron cada una de las actuaciones judiciales del expediente. También pidió que contaran con evidencia criptográfica de las autoridades responsables que remitieron las copias certificadas relativas a los informes justificados, de las constancias de notificación de cada uno de los acuerdos que se hayan notificado de manera personal, vía electrónica, etcétera. Lo cual solicitó le fuera remitido a su correo electrónico (**********).

18. Negativa a expedir las copias. El once de marzo de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito resolvió que no procedía acordar favorablemente su petición porque al remitir vía electrónica las constancias, la certificación del secretario encargado de hacer el cotejo con los originales del expediente no contaría con su firma autógrafa, y no se convalidaría su autenticidad, sin perjuicio de la posibilidad de solicitarlas de manera física y citó la tesis III.6o.A.13 K (10a.).(7)

19. El texto íntegro del acuerdo recurrido es el siguiente:

"Durango, Durango, a once de marzo de dos mil veintiuno.

"Agréguense los escritos de **********, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

"La lectura de esas promociones pone en conocimiento que la pretensión del promovente es que se le expida ‘copia certificada electrónica’ de todas las actuaciones de este enjuiciamiento, y se remitan al correo electrónico que proporciona para tal efecto.

"Sin embargo, no ha lugar acordar favorablemente su petición, porque al remitirle las constancias por vía electrónica la certificación del secretario encargado de hacer el cotejo con los originales del expediente no contaría con su firma autógrafa, y entonces no se convalida su autenticidad.

"En el entendido que el ocursante ********** tiene a su alcance la posibilidad de solicitar las copias certificadas físicas de la totalidad de las constancias que obren en el expediente.

"Es meramente informativa la tesis III.6o.A.13 K (10a.), consultable con el registro digital: 2022300, o en la página 1839, del Tomo III, Libro 79, Octubre de 2020, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"‘MEDIOS ELECTRÓNICOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL ENVÍO O EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO POR ESE CONDUCTO. El Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones judiciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, al igual que la Ley de Amparo, e incluso el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, del propio Máximo Tribunal del País, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, no prevén hipótesis alguna consistente en el envío por medios electrónicos, de constancias certificadas del expediente de amparo, ya sea del impreso o del electrónico, o de las relativas a los recursos dentro del juicio, pues solamente establecen lo referente a los servicios para la presentación de las demandas de amparo, de recursos, promociones, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Aquel trámite tampoco se encuentra previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de la lectura de los mismos se advierte que se refieren a copias certificadas para recepción física, tan es así que en su redacción hacen referencia a que el promovente tendrá que cubrir las costas, lo cual significa realizar el pago de las fotocopias de las constancias o documentos que se soliciten al órgano jurisdiccional. Por ende, no está permitido expedir a las partes constancias por vía electrónica, pues si bien es cierto que lo que no está expresamente prohibido puede considerarse permitido, también es verdad que ese principio aplica a los gobernados, no así a las autoridades, ya que éstas sólo pueden hacer lo que les está específicamente conferido. Sin que pueda considerarse que esto contravenga lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, pues el recurrente tiene a su alcance la posibilidad de solicitar las copias certificadas físicas de la totalidad de las constancias que obren en el expediente.’

"Notifíquese.

"..."

20. Recurso de queja. Por escrito presentado vía electrónica el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ********** interpuso recurso de queja en contra del auto anterior en el cual, esencialmente, argumentó: que el auto recurrido es contrario a la ley y los acuerdos generales porque el secretario tiene que certificar con su firma electrónica las copias, no con su firma autógrafa y enviarlas a su correo; la tesis que citó no es obligatoria y es inaplicable; es inconstitucional la interpretación consistente en que los acuerdos generales no prevén la posibilidad de enviar por correo electrónico copias certificadas de manera electrónica del juicio de amparo, si se entiende así, entonces dichos acuerdos son inconstitucionales.

21. En efecto, los argumentos que expresó en sus agravios son los siguientes:

a) El Juez aplica de forma incorrecta los artículos 3o. de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013(8) y 1/2015,(9) así como el Acuerdo General 12/2020,(10) porque el secretario no tiene que certificar las copias solicitadas con su firma autógrafa, sino con la electrónica. El expediente electrónico del juicio de amparo 1241/2017, en gran parte, no cuenta con la evidencia criptográfica del funcionario que suscribió las actuaciones, por ello solicitó las copias certificadas de forma electrónica y que le fueran enviadas a su correo electrónico, pues su descarga con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del secretario basta para tenerlas como certificadas.

b) La tesis que invocó es inaplicable porque el problema jurídico que trata es distinto. La interpretación en el sentido de que los acuerdos generales no prevén la posibilidad de enviar copias electrónicas certificadas a través de un correo electrónico es contraria a los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política del País, porque es regresivo respecto del aprovechamiento de las tecnologías de la información en beneficio de su derecho a la administración de justicia y, en caso de no entenderlo así, los acuerdos mismos son inconstitucionales por no prever dicha posibilidad, en detrimento de la impartición de justicia completa y expedita.

22. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el órgano jurisdiccional tuvo por interpuesto el recurso de queja, ordenó dar vista a las partes por tres días para señalar las constancias que se deben remitir al Tribunal Colegiado, se decretó la suspensión del procedimiento y se dejó sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional. Las constancias de notificación se agregaron a los autos y una vez transcurrido el plazo concedido sin que las partes desahogaran la vista, se envió el asunto al Tribunal Colegiado en turno.

23. Queja civil **********. El cinco de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito admitió el recurso.

24. Petición para remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por escrito presentado vía electrónica el tres de junio de dos mil veintiuno, ********** solicitó al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito suspender la fecha para sesionar el asunto, al considerar que su recurso debía ser resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque afirmó que se encuentra estrechamente vinculado con el tema tratado en el amparo en revisión 307/2020, resuelto por esta Primera Sala, en el cual se impugnó la constitucionalidad de los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

25. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito ordenó remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y decretó la suspensión del procedimiento.

26. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 248/2021. La petición se radicó el veinticinco de junio de dos mil veintiuno y ante la falta de legitimación del solicitante, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hizo suya la petición. En sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por mayoría de tres votos,(11) esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ejercer la facultad de atracción para conocer del recurso de queja 19/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.

27. Recurso de queja 3/2022. En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Ministro presidente de este Alto Tribunal acordó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá del recurso de queja, y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

28. Avocamiento. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó devolver los autos a la ponente.

II. COMPETENCIA

29. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente recurso de queja, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del País; 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con relación a lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los artículos 97, fracción I, inciso e) y 99 de la Ley de Amparo. Además, porque se resolvió ejercer la facultad de atracción para conocer de ese recurso de queja, que se interpuso contra un auto dictado por un Juzgado de Distrito en un juicio de amparo indirecto, por considerar que es de interés y trascendencia la determinación que puede adoptarse respecto de si es necesario que la firma autógrafa del servidor público encargado obre en las certificaciones que realiza para la expedición de copias certificadas, a fin de dilucidar si dicho requisito resulta indispensable, o si dicho servidor público se encuentra en posibilidad de realizar certificaciones vía electrónica mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (en adelante FIREL), y si éstas pueden ser remitidas por vía electrónica; sin que fuera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

30. De conformidad con el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, el recurso de queja se hizo valer por parte legitimada, pues ********** tiene el carácter de quejoso y fue quien realizó la solicitud a la cual recayó el acuerdo impugnado dentro del juicio de amparo del que deriva este recurso.(12)

31. Por otra parte, el plazo de cinco días para interponer el recurso de queja, previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo,(13) transcurrió del martes dieciséis al lunes veintidós de marzo de dos mil veintiuno.(14) Por tanto, si el recurso de queja se presentó vía electrónica el diecisiete de los mismos mes y año, su interposición fue oportuna.

IV. PROCEDENCIA

32. El recurso de queja se interpuso con sustento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, conforme al cual, este medio de impugnación procede en contra de resoluciones que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia.

33. En ese sentido, conviene recordar que en el acuerdo recurrido en esta instancia el Juez de Distrito negó la expedición de copias electrónicas certificadas y su envío mediante correo electrónico al solicitante, lo que no se sitúa en ninguno de los supuestos de procedencia del recurso de revisión contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo indirecto a que se refiere el artículo 81, fracción I, de la Ley de Amparo.(15) 34. Por su parte, dada la incidencia que dicha actuación tiene en los derechos de acceso a las tecnologías de la información y a una administración de justicia pronta y expedita mediante su uso, pone de manifiesto que producen una afectación de notorios perjuicios que no podrán ser reparados en la sentencia definitiva, pues aun cuando se le concediera razón en ella, es claro que el recurrente no podría alcanzar su pretensión de que le sean expedidas las constancias en los términos solicitados.

35. Por lo anterior, a criterio de esta Primera Sala, es procedente el recurso de queja con base en el supuesto previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

V. ESTUDIO

36. El problema jurídico para resolver por esta Primera Sala, dentro del presente recurso, se centra en la legalidad de la decisión que adoptó el Juez de Distrito dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 1241/2017, en el sentido de no autorizar la petición de la parte quejosa para que le fueran expedidas copias certificadas electrónicas de todo lo actuado y que le fueran remitidas por correo electrónico.

37. El juzgador expresó como justificación de su negativa que la certificación del funcionario encargado del cotejo de las constancias no tendría su firma autógrafa y no podría convalidarse su autenticidad, por lo que tenía expedito su derecho para solicitarlas de manera física y citó como apoyo un criterio aislado de un Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, conforme al cual, de la interpretación del marco normativo que rige el uso de las tecnologías de la información en el trámite del juicio de amparo, no está permitido el envío o expedición de constancias certificadas del expediente por medios electrónicos.

38. En contra de esas consideraciones, **********, recurrente y parte quejosa en el juicio de amparo, argumenta en esta instancia que el Juez aplicó implícitamente y de forma incorrecta las normas que rigen el trámite del juicio de amparo en línea,(16) porque las copias certificadas de forma electrónica no requieren la firma autógrafa del funcionario que realiza el cotejo, pues debe realizarse mediante el uso de la FIREL.

39. Sostiene que gran parte de las constancias del expediente electrónico del citado juicio de amparo no cuentan con la evidencia criptográfica del funcionario que las incorporó y, por ende, no se tiene certeza de si coinciden íntegramente con las actuaciones del expediente físico y por ello, solicitó la expedición de las copias electrónicas certificadas y que le fueran enviadas a su correo electrónico, pues su descarga con la evidencia criptográfica de la FIREL del secretario basta para tenerlas como certificadas.

40. Aduce también que la tesis en que basó su decisión el Juez de Distrito es inaplicable al caso, porque se refiere a un problema jurídico distinto y que la interpretación contenida en ella es inconstitucional, en la medida que representa una regresión en el entendimiento del aprovechamiento de las tecnologías de la información para una impartición de justicia en detrimento de lo dispuesto en los artículos 1o. y 17 constitucionales.

41. Afirma que, si se acepta que los acuerdos generales no prevén la posibilidad de expedir copias certificadas de manera electrónica y su envío mediante el uso de un correo electrónico, entonces son inconstitucionales porque contrarían su derecho a una impartición de justicia completa y expedita.

42. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son fundados, en lo medular, los agravios propuestos, y suficientes para revocar el acuerdo recurrido.

43. Para justificar esta calificación, se formularán algunas precisiones en torno al derecho a la administración de justicia y el uso de las tecnologías de la información como un medio para garantizarlo; posteriormente se hará una descripción del marco normativo sobre el uso de la tecnología en el juicio de amparo, el privilegio a la actuación electrónica en la tramitación de expedientes con motivo de la contingencia sanitaria en los órganos del Poder Judicial de la Federación y lo resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes sobre la interpretación del marco normativo del juicio en línea, para finalmente exponer las consideraciones de por qué se considera fundado el recurso.

44. Este Alto Tribunal ha sustentado que el derecho de acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 17 constitucional comprende, entre otros, el subprincipio del derecho a la tutela jurisdiccional, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.(17)

45. Por lo anterior, el derecho de acceso a la jurisdicción es gradual, sucesivo y se va perfeccionando través de las diversas etapas que lo integran, cuyo contenido es complejo y múltiple, precisamente por su carácter gradual y se encuentra relacionado con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política del País: el derecho de audiencia y el debido proceso.

46. Además, el derecho de acceso a la jurisdicción se encuentra reconocido en sede internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,(18) en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(19) así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos(20) y como todo derecho humano, se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por disposición expresa del artículo 1o. de la Constitución Política del País.

47. Por su parte, el artículo 6o., párrafo tercero y apartado B, fracción I, de la Constitución Política del País establece lo siguiente:

"Artículo 6o. ...

"El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

"...

"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

"B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

"I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

"..."

48. De las porciones normativas transcritas derivan los derechos de todas las personas al acceso a las tecnologías de la información y a su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, así como la correlativa obligación del Estado de garantizarlos.

49. Conforme a la exposición de motivos de la reforma publicada el once de junio de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se incorporaron esos derechos al Texto Constitucional, una sociedad de la información es aquella en que las tecnologías que facilitan la creación, distribución y uso de la información juegan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas, la cual se logra mediante el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática (hardware y software), las telecomunicaciones (radio y televisión) y la optoelectrónica.(21)

50. En este mismo documento se indicó que de acuerdo con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, se definió y estableció como objetivo de los miembros la creación de una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.(22)

51. Ahora bien, en la exposición de motivos de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se expuso como uno de los temas centrales la modernización en la tramitación del juicio de amparo y se destacó la relevancia e impacto que en la actualidad tiene el uso de dispositivos digitales, la firma electrónica y en general, las tecnologías de la información, las cuales han simplificado en los ámbitos público y privado el desarrollo de todas las actividades.

52. El legislador indicó como uno de los objetivos de la iniciativa trasladar las experiencias positivas del uso de las tecnologías de la información que se generaron en otras materias al ámbito de la justicia constitucional, y con ello, favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a la impartición de justicia pronta y expedita.

53. Al respecto, también se expuso que desde una iniciativa previa se buscó reformar la Constitución Política del País y la Ley de Amparo para "... simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas".(23)

54. Con la pretensión de alcanzar tales objetivos, en la Ley de Amparo se establecieron diversas reglas sobre el uso de las tecnologías de la información,(24) de las cuales, conviene destacar las contenidas en el artículo 3o., el cual prevé lo siguiente:

Ver artículo

55. Los días veintiséis y veintisiete de junio de dos mil trece, respectivamente, esta Suprema Corte de Justicia de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31835-7b9fb65b/copias-de-expedientes-judiciales-certificadas-digitalmente-formalidades-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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