PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. EL PLAZO DE DOS AÑOS PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1934 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, NO ES APLICABLE EN CASOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DE AFECTACIONES A LA SALUD O A LA INTEGRIDAD PERSONAL. CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES PROCEDENTE AUNQUE UNA DE LAS EJECUTORIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES SE SUSTENTE EN UNA TESIS AISLADA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 74/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. PONENTE: MAGISTRADO CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. SECRETARIO: FERNANDO JOSÉ OROPESA ROMERO.
RESUMEN DEL CASO
Este asunto se resuelve si existe la contradicción de criterios entre las diferentes posturas que sostuvieron diversos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, en relación con la aplicabilidad del artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México que establece el plazo de dos años de prescripción de la acción de reparación del daño, a casos de responsabilidad civil extracontractual en que se afecte el derecho a la salud o a la integridad personal.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en el juicio de amparo directo 13/2015, el veintiuno de mayo de dos mil quince, asunto en que el acto reclamado fue la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primer grado en la cual, con fundamento en el artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal, se estimó actualizada la prescripción negativa de la acción de declaración de responsabilidad civil subjetiva y objetiva, el pago de una indemnización por daños físicos, el pago de daño moral por hechos y omisiones ilícitos, el reembolso de gastos por atención médica, el pago de gastos médicos, el pago de daños y perjuicios, el pago de intereses sobre las cantidades de dinero reclamadas en las prestaciones anteriores y el pago de gastos y costas. Lo anterior, por haber transcurrido el plazo de dos años a partir de que tuvo conocimiento del daño sin haber presentado la demanda. Prestaciones que reclamó con motivo de una irregular atención médica.
El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó los conceptos de violación en los que la parte quejosa alegó la falta de valoración de pruebas, porque consideró que la parte quejosa no combatió las consideraciones que la autoridad responsable emitió sobre el particular; también desestimó aquellos en los que alegó que el artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal es inconstitucional e inconvencional porque restringe el derecho de acceso a la jurisdicción como medio para lograr la investigación y sanción de violaciones a derechos humanos, concretamente, del derecho a la protección de la salud, que impide garantizar la reparación integral de los daños causados a las víctimas, cuando en esos casos es inaplicable la figura de la prescripción.
El órgano jurisdiccional de amparo consideró que dicho artículo es constitucional porque no restringe injustificadamente el derecho de acceso a la jurisdicción y armoniza los derechos a la protección de la salud y a la seguridad jurídica al establecer un plazo razonable de dos años para la prescripción negativa de la acción para reclamar la reparación del daño, contados a partir de que se tiene conocimiento cierto del daño, por tanto, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
Por otro lado, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en el juicio de amparo directo 221/2023, el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, juicio en que el acto reclamado fue la sentencia de segundo grado en la cual, con base en el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, se confirmó la de primera instancia que estimó actualizada la prescripción negativa de la acción por la cual la parte actora reclamó el pago de daño moral derivado de la responsabilidad civil objetiva de la parte demandada, el pago de una indemnización derivada de la responsabilidad civil objetiva y el pago de gastos y costas. Prestaciones que la parte actora reclamó porque la parte demandada era propietaria de un vehículo con que se provocó un daño a su integridad.
El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó los conceptos de violación en los que la parte quejosa adujo que el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, que establece el plazo de dos años para la prescripción negativa de la acción para exigir la reparación del daño, era inaplicable por ser inconstitucional e inconvencional al contravenir el derecho humano a la integridad, al cual alegó le es aplicable la característica de imprescriptibilidad. Desestimación que hizo porque consideró inoperantes las alegaciones sobre inconstitucionalidad e inconvencionalidad por no reunir los requisitos para que el órgano jurisdiccional de amparo analizara su constitucionalidad o convencionalidad.
Sin embargo, en atención a la causa de pedir, el órgano jurisdiccional de amparo estimó fundadas las manifestaciones relativas a que dicho artículo era inaplicable al caso –lo que consideró como una cuestión de inexacta aplicación de la ley sustantiva civil–, porque en la tesis aislada 1a. CXCVII/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en las legislaciones que prevén plazos de acción reducidos para los casos de responsabilidad civil extracontractual, como ocurre con el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, sólo son aplicables a daños estrictamente patrimoniales, mientras que las acciones en que se reclamen daños a la vida o a la integridad deberán regirse conforme a los plazos genéricos más amplios.
En este contexto fáctico e interpretativo el Pleno Regional considera que la contradicción de criterios existe porque los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron una cuestión litigiosa en la que ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de un canon o método; entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra un punto de toque porque existe un tramo de razonamiento que gira en torno a la aplicabilidad del plazo de dos años para la prescripción negativa de la acción para exigir la reparación del daño previsto en el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, en casos de responsabilidad civil extracontractual derivada de afectaciones a la salud y a la integridad, que da lugar a resolver la siguiente pregunta: ¿la acción para exigir la reparación del daño en casos de responsabilidad civil extracontractual derivada de afectaciones a la salud o a la integridad física prescribe en el plazo de dos años previsto en el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México?
El tribunal determina que no es aplicable el plazo de dos años para la prescripción negativa de la acción para exigir la reparación del daño previsto en el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, en casos de responsabilidad civil extracontractual derivados de afectaciones a la salud o a la integridad física, porque ese plazo únicamente aplica cuando los daños son patrimoniales, pues la afectación a los derechos humanos a la salud y a la integridad personal, reconocidos en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recae directamente en las personas y su dignidad, a diferencia de la afectación a los derechos meramente patrimoniales que recae en los objetos o las cosas que les pertenecen o poseen. El anterior enfoque resulta trascendente para verificar la razonabilidad del plazo para la prescripción negativa de la citada acción, pues cuando se afecta la salud o la integridad es previsible que las personas se preocupen primero por recuperarse y luego por demandar la reparación del daño causado, por lo que ocupan parte del plazo de prescripción para su recuperación, lo que no ocurre cuando se afecta solamente su patrimonio.
Esta interpretación encuentra su fundamento en el principio pro persona consagrado en el artículo 1o. de la Constitución General de la República, pues con ella se brinda una protección más amplia a las personas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la jurisdicción y a la reparación integral del daño, reconocidos en los artículos 17 de la Constitución Federal y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ante violaciones a los derechos humanos a la salud y a la integridad personal, pues hace posible que el plazo de prescripción de la acción para reclamar la reparación del daño en casos de responsabilidad civil extracontractual derivado de afectaciones a esos derechos sea el genérico y residual de diez años previsto en el artículo 1159 del Código Civil para el Distrito Federal.
Además, armoniza el ejercicio de los derechos a la salud y a la integridad con los derechos al acceso a la jurisdicción y a la seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues permite que las personas que primero se atienden para el restablecimiento de su salud, no se vean sancionadas con la prescripción negativa de la acción para exigir la reparación del daño en el plazo más corto previsto en el Código Civil para la Ciudad de México, aplicable sólo a los casos en que se afecta su patrimonio, sino que sea un plazo más largo el que limite su posibilidad de ejercer la referida acción, lo que a su vez permite que la situación jurídica de la persona contra la que se pretenda ejercer o se ejerza no quede indefinida en el tiempo y, en caso de tener alguna obligación, ésta no sea perpetua.
Guadalajara, Jalisco. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, en la sesión correspondiente al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 74/2023 que se suscita entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 13/2015, y el sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado Civil del mismo Circuito, al resolver el amparo directo 221/2023.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. El presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció ante este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur la posible contradicción entre los criterios sustentados por el órgano jurisdiccional de su adscripción y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito.
2. Avocamiento. Este Pleno Regional se avocó al conocimiento del asunto;(1) ordenó hacerlo del conocimiento de los tribunales contendientes y de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; solicitó al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito remitir vía electrónica la ejecutoria que recayó al amparo directo 221/2023, sin solicitarle información sobre la vigencia de su criterio por tratarse del órgano del que derivó la denuncia; y pidió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito la ejecutoria del amparo directo 13/2015 y el informe sobre la vigencia de su criterio. Finalmente, se precisó que el asunto sería turnado al Magistrado Cuauhtémoc Cuéllar De Luna para la formulación del proyecto de resolución.
3. Turno. El dieciocho de agosto de dos mil veintitrés se confirmó el turno del expediente, por lo que se remitieron los autos a la ponencia del Magistrado en cita.
II. COMPETENCIA
4. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 2 del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; 14 del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(2) Ello, por suscitarse entre Tribunales Colegiados de Circuito especializados en la materia de este Pleno (civil), pertenecientes al Primer Circuito, el cual forma parte de la Región Centro-Sur.(3)
III. LEGITIMACIÓN
5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por el Magistrado presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
IV. EXISTENCIA
6. El presente asunto cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010(4) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la configuración de la contradicción de criterios, consistentes en:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de abordar la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
7. Los órganos contendientes ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada como se advierte de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Primera postura
7.1 El veintiuno de mayo de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en el juicio de amparo directo 13/2015, en la que analizó un asunto con las siguientes características:
7.2 Antecedentes. Una persona física demandó a otra y a dos personas morales la declaración de responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la parte demandada, el pago de una indemnización por daños físicos, el pago de daño moral por hechos y omisiones ilícitos, el reembolso de gastos por atención médica, el pago de gastos médicos para restablecer su salud, el pago de daños y perjuicios, el pago de intereses sobre las cantidades de dinero reclamadas en las prestaciones anteriores y el pago de gastos y costas.
7.3 El Juez del conocimiento dictó sentencia en la que determinó que la acción ejercida estaba prescrita en términos de los artículos 1161, fracción V(5) y 1934(6) del Código Civil para el Distrito Federal.
7.4 La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado.
7.5 La Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal consideró que habían transcurrido más de dos años desde que la parte actora tuvo conocimiento del daño previo a la presentación de la demanda y confirmó la sentencia apelada.
7.6 La apelante promovió juicio de amparo directo en el que reclamó la sentencia de segunda instancia.
7.7 En sus conceptos de violación alegó, por un lado, la falta de valoración de dos pruebas que justificaban que tuvo conocimiento del daño en una fecha posterior a la que consideró la Sala responsable para hacer el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal y, por otro, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo en cita por restringir el derecho de acceso a la jurisdicción al establecer un impedimento a la investigación, sanción y reparación integral de las violaciones a derechos humanos, concretamente, del derecho a la protección de la salud, que impide garantizar la reparación integral de los daños causados a las víctimas, cuando en estos casos es inaplicable la figura de la prescripción.
7.8 Argumentos de la ejecutoria. El indicado Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión con base en las consideraciones esenciales siguientes:
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 113/2011,(7) estableció que la regla del artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal, según la cual, el plazo de prescripción comenzará a partir de que se cause el daño, únicamente aplica cuando el afectado tenga conocimiento del mismo.
• La parte quejosa no combatió las consideraciones torales de la sentencia reclamada respecto de lo que manifestó en la demanda y al absolver posiciones en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, en relación con la fecha en que tuvo conocimiento del daño para efectos del cómputo del plazo de prescripción a que se refiere el artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal.
• Las pruebas que la quejosa alegó no se valoraron son ineficaces para probar que la quejosa tuvo conocimiento del daño en una fecha posterior a la que sirvió de base para el cómputo del plazo de prescripción.
• El artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal no restringe injustificadamente el derecho de acceso a la jurisdicción y, por tanto, no impide la investigación, sanción y reparación de las violaciones a derechos humanos, porque al establecer un plazo para el ejercicio de la acción introduce un presupuesto para analizar el fondo de la cuestión planteada cuya sola existencia no vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción y, por tanto, no se trata de una medida carente de razonabilidad o proporcionalidad.
• La medida es proporcional porque el plazo de dos años debe computarse a partir de que se tiene conocimiento cierto del daño, esto es, a partir de que el afectado se encuentra ante la posibilidad real de exigir el resarcimiento del daño causado, por lo cual la fijación del plazo señalado garantiza de manera adecuada el derecho de acceso a la jurisdicción.
• El artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal es acorde a los artículos 1o. y 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, porque el establecimiento de un plazo para que opere la prescripción extintiva de la acción es una medida razonable que busca garantizar la seguridad jurídica y satisfacer las justas exigencias del orden público, al evitar la incertidumbre que generaría a los justiciables desconocer hasta cuándo podrán ser sometidos a juicio para dilucidar su responsabilidad.
• El artículo referido no vulnera el derecho a la protección de la salud porque la prescripción tiene como finalidad garantizar el principio de seguridad jurídica a favor de la parte demandada que también debe ser respetado por la autoridad jurisdiccional, sin que ello contravenga en modo alguno el derecho a la protección de la salud, porque no impide que el afectado obtenga la reparación del daño causado con motivo de la mala praxis médica, sólo le impide un límite temporal al ejercicio de su acción que, cuando es razonable, guarda armonía con el derecho que tiene su contraparte a gozar de seguridad jurídica, lo cual implica que no podrá quedar sempiternamente en un estado de indefensión.
• El citado artículo no vulnera el derecho a la protección de la salud, en la medida que el plazo para la prescripción de la acción sólo podrá computarse hasta que se tenga conocimiento cierto del daño, esto es, de la causa y contenido del daño.
7.9 De esta ejecutoria derivó la tesis aislada I.3o.C.225 C (10a.)(8) de rubro: "PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN PARA LOGRAR LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR ACTOS ILÍCITOS. EL ARTÍCULO 1934 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL PREVER QUE ESA ACCIÓN PRESCRIBE EN DOS AÑOS, NO VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."
Segunda postura
7.10 El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en el juicio de amparo directo 221/2023, en la cual analizó un asunto con las características siguientes:
7.11 Antecedentes. Una persona física demandó a otra el pago de daño moral, derivado de la responsabilidad objetiva civil por la propiedad que tenía respecto de un automóvil con que se le causó un daño a su integridad personal; el pago de una indemnización derivada de la responsabilidad civil objetiva; y el pago de gastos y costas.
7.12 El Juez del conocimiento dictó sentencia en la que determinó que la acción ejercida estaba prescrita, y absolvió a la persona física demandada sin hacer condena en el pago de gastos y costas.
7.13 La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
7.14 La Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estimó que la determinación del Juez de origen se encontraba ajustada a derecho, porque la acción en la que se reclamó la reparación del daño moral derivado de la responsabilidad civil objetiva que se imputaba al demandado, así como la prestación relativa al pago de la indemnización derivada de esa responsabilidad se encontraba prescrita, pues debido a la naturaleza de la acción intentada, resultaba aplicable el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, que dispone el lapso de dos años para la prescripción de la acción de reparación del daño por constituir un caso de excepción a la regla genérica de diez años prevista en el artículo 1159 del mismo código, lo que se robustecía con la hipótesis normativa del artículo 1161, fracción V, del código referido, que establece que la responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyen delitos prescribe en dos años; en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia.
7.15 La apelante promovió juicio de amparo directo en el que reclamó la sentencia emitida por el tribunal de alzada.
7.16 En sus conceptos de violación planteó un problema de constitucionalidad y convencionalidad de los artículos 1161, fracción V y 1934 del Código Civil para la Ciudad de México; manifestó que la Sala responsable aplicó de manera inexacta dichos artículos, porque son inconstitucionales e inconvencionales tratándose de acciones relativas al daño moral, relacionadas con la responsabilidad civil objetiva; que omitió considerar que se demandó el daño moral porque fueron trastocados derechos de naturaleza inmaterial como el derecho a la integridad personal previsto en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al cual le es aplicable la característica de imprescriptibilidad; y que pudo, ex officio, dejar de aplicar las disposiciones de derecho interno por ir contra la supranormatividad aplicable al derecho humano a la integridad personal.
7.17 Argumentos de la ejecutoria. El referido Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que considerara que no era aplicable el plazo de dos años para la prescripción de la acción previsto en los artículos 1161, fracción V y 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, con base en las siguientes consideraciones esenciales:
• El planteamiento de inconstitucionalidad e inconvencionalidad no cumplió con todos los presupuestos para su estudio, previstos por los artículos 170, fracción I, párrafo cuarto y 175, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, porque propiamente no se planteó un problema de esa naturaleza, sino de aplicación inexacta de los artículos 1934 y 1161, fracción V, del Código Civil para la Ciudad de México, en la sentencia reclamada.
• Que fueron fundadas en su causa de pedir las manifestaciones de la parte quejosa en cuanto a la inexacta aplicación de la ley sustantiva civil en materia de prescripción de la acción que ejerció, pues alegó que demandó el daño moral causado por el vehículo del demandado, de lo cual se infiere que los derechos trastocados tienen una naturaleza inmaterial, pues pretende le sea resarcida su integridad física, psíquica y moral, traducidas en el derecho humano a la integridad, por lo que la Sala no debió aplicar la limitación temporal contenida en los citados artículos.
• Que dicho planteamiento es fundado porque en la tesis aislada 1a. CXCVII/2018(9) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las legislaciones que prevén plazos de acción reducidos para los casos de responsabilidad civil extracontractual, como ocurre con el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, sólo son aplicables a daños estrictamente patrimoniales; mientras que las acciones en que se reclamen daños a la vida o a la integridad deberán regirse conforme a los plazos genéricos más amplios.
• Con base en la tesis aislada referida concluyó que al caso no le era aplicable el plazo de prescripción de la acción previsto en los artículos 1161, fracción V y 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, por tratarse de una acción relativa al daño moral relacionada con responsabilidad objetiva, pues lo contrario implicaría una transgresión al derecho a la protección de la integridad personal, por lo que la Sala responsable no debió aplicar dicho plazo.
Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.
8. Se cumple la condición requerida, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes existe un punto de choque respecto de la misma cuestión jurídica analizada.
9. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que el artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal, es constitucional debido a que no restringe injustificadamente el derecho de acceso a la jurisdicción, y armoniza los derechos a la protección de la salud y a la seguridad jurídica al establecer un plazo de dos años para la prescripción negativa de la acción para exigir la reparación del daño contados a partir de que se tiene conocimiento cierto del daño, por tanto, es aplicable en caso de responsabilidad civil subjetiva y objetiva derivada de una afectación a la salud.
10. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que el plazo de dos años para la prescripción negativa de la acción para exigir la reparación del daño establecido en dicho artículo no es aplicable en caso de responsabilidad civil objetiva derivada de una afectación a la integridad, porque sólo es aplicable cuando el daño es patrimonial.
11. Posturas que son incompatibles entre sí, debido a que un tribunal consideró aplicable el plazo de dos años que establece el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México, para la prescripción de la acción para exigir la reparación del daño en caso de responsabilidad extracontractual (subjetiva y objetiva) derivada de una afectación a la salud; mientras que el otro tribunal sostuvo que dicho plazo no es aplicable cuando la responsabilidad extracontractual (objetiva) deriva de la afectación a la integridad de una persona.
Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver.
12. Este elemento se colma porque una vez advertido el punto de contradicción entre los criterios contendientes, se puede resolver la siguiente pregunta:
¿La acción para exigir la reparación del daño en casos de responsabilidad civil extracontractual derivada de afectaciones a la salud o a la integridad física prescribe en el plazo de dos años previsto en el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México?
V. CUESTIÓN PREVIA
13. Esta resolución se dicta en observancia de los artículos segundo(10) y décimo cuarto(11) transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, por lo cual se hace referencia al Código Civil para la Ciudad de México, aunque el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito haya analizado el Código Civil para el Distrito Federal por haber emitido su sentencia antes de dicha reforma constitucional, pues si bien por dicho decreto se cambió la denominación y estructura política del extinto Distrito Federal para la que rige actualmente a la Ciudad de México, lo cierto es que ello no afectó la vigencia de los ordenamientos legales aplicables para el Distrito Federal, los cuales continúan vigentes hasta que se sustituyan, y su referencia debe entenderse hecha a la Ciudad de México, como se advierte de la sentencia del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito.
14. Por ello es posible considerar la existencia de la contradicción de criterios, pues el ordenamiento jurídico analizado por ambos tribunales es de igual contenido, en lo que se refiere al tema de este asunto,(12) como se observa en la siguiente tabla:
Ver tabla
15. Por otra parte, los elementos secundarios diferentes en el origen de los casos de los cuales derivaron los criterios contendientes no impiden que se declare existente la contradicción de criterios porque ambos Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo problema jurídico.(13)
16. Lo que es así, debido a que del artículo 225 de la Ley de Amparo se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sosten
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31856-60f45534/prescripcion-negativa-el-plazo-de-dos-anos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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