PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO SE SOLICITAN JUNTO CON LA DEMANDA DEBEN DECRETARSE DE PLANO, SIN PREVIA AUDIENCIA DE LA PERSONA CONTRA LA QUE SE DICTAN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 106/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 11 DE ENERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. PONENTE: CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. SECRETARIO: FERNANDO JOSÉ OROPESA ROMERO.
II. COMPETENCIA
5. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 2o. del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; 14 del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(4) Ello, por suscitarse entre un Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia de este Pleno (civil) y otro mixto,(5) pertenecientes uno al Primer Circuito y otro al Trigésimo Segundo Circuito, respectivamente, los cuales forman parte de la Región Centro-Sur.(6)
III. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.
IV. EXISTENCIA
7. El presente asunto cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010(7) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la configuración de la contradicción de criterios, consistentes en:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior, pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de abordar la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial
8. Los órganos contendientes ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada como se advierte de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Primera postura.
7.1. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 197/2015,(8) conoció de un caso con las siguientes características:
7.2. Antecedentes. Una sociedad anónima de capital variable demandó, en la vía ordinaria mercantil, a otra sociedad de este tipo y a dos personas físicas, diversas prestaciones. En su demanda solicitó, como providencia precautoria, la radicación de las personas físicas.
7.3. El Juez de Distrito del conocimiento admitió la demanda y decretó la medida cautelar solicitada (previo al emplazamiento). Las personas físicas interpusieron recurso de apelación contra esta determinación.
7.4. El Tribunal Unitario de Circuito que conoció del referido recurso modificó el auto combatido para el efecto de que, una vez dictada la providencia precautoria de radicación de personas, se concediera a los recurrentes tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto de la providencia decretada en su contra. Una de las personas físicas apelantes promovió juicio de amparo en el cual reclamó esta resolución.
7.5. El Tribunal Unitario de Circuito que conoció del juicio constitucional negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. La persona quejosa interpuso recurso de revisión contra este fallo.
7.6. Argumentos de la ejecutoria. El Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión, confirmó la sentencia.
7.7. Consideró que el artículo 1178 del Código de Comercio establece que para dictar una providencia precautoria no se citará a la persona contra quien se pidió, salvo cuando la medida se solicite iniciado el juicio.
7.8. Determinó que la hipótesis de salvedad a que se refiere dicho artículo opera cuando la relación jurídica procesal ya se constituyó por virtud del emplazamiento, pues el demandado ya conoce el juicio y, al no haber posibilidad de que se le emplace de nuevo, es necesario que se le dé a conocer la medida para que ejerza su derecho de audiencia.
7.9. Concluyó que otorgar previa audiencia al afectado para decretar la providencia precautoria perjudicaría el propósito de la medida cautelar, pues la haría inútil y fácilmente evadible.
Segunda postura
7.10. El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Trigésimo Segundo Circuito, en el amparo en revisión 365/2022,(9) conoció de un asunto con las siguientes características:
7.11. Una sociedad anónima de capital variable demandó a una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en su carácter de deudora principal, y a dos personas físicas en calidad de avalistas, en la vía ejecutiva mercantil oral, diversas prestaciones. En la demanda solicitó la providencia precautoria de retención de bienes (aseguramiento de cuentas bancarias).
7.12. El juez del fuero común del conocimiento admitió la demanda y, previo a resolver sobre la medida cautelar, solicitó a la parte actora una fianza para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a las personas demandadas con su ejecución. La parte actora exhibió la garantía; y el juez decretó la providencia precautoria solicitada (previo al emplazamiento).
7.13. Una de las personas físicas demandadas promovió juicio de amparo contra diversos actos del juez del fuero común, dentro de los cuales reclamó la providencia precautoria de retención de bienes.
7.14. El Juez de Distrito que conoció del juicio constitucional sobreseyó respecto de unos actos y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto de la providencia precautoria. La parte tercera interesada (actora en el juicio de origen) interpuso recurso de revisión contra la sentencia.
7.15. Argumentos de la ejecutoria. El Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión, confirmó la sentencia.
7.16. Sustentó que de la interpretación sistemática de los artículos 1168, fracción II, 1175, y del 1177 al 1182 del Código de Comercio se advierte que cuando la providencia precautoria se promueva como acto prejudicial se decretará de plano, pero si se hace después de iniciado un juicio mercantil, entonces, se tramitará en incidente por cuerda separada.
7.17. Concluyó que la tramitación del incidente y la vista al afectado que contemplan los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio no torna inútil la providencia cautelar, pues queda a elección del interesado el que esta se decrete como acto prejudicial sin citar al afectado, o que se decrete ya iniciado el juicio, en la vía incidental, con previa audiencia de la parte afectada.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos
8. Como se advierte, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de su arbitrio judicial, adoptaron posturas contradictorias con relación a si para dictar una providencia precautoria solicitada en una demanda mercantil, se debe tramitar un incidente con previa audiencia de parte.
9. Lo anterior, porque mientras uno de los tribunales determinó que en estos casos la providencia precautoria se debe sustanciar en la vía incidental con previa audiencia de parte; el otro determinó lo contrario.
Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver
10. Este elemento se colma porque una vez advertido el punto de contradicción entre los criterios contendientes, se puede resolver la siguiente pregunta:
¿En los juicios mercantiles en los que se solicite una medida precautoria, junto con la demanda, debe sustanciarse de manera incidental con previa audiencia de parte o debe decretarse de plano?
V. CUESTIÓN PREVIA
11. Conviene señalar que este Pleno Regional radicó las contradicciones de criterios 27/2023, 52/2023 y 58/2023, en relación con la temática de esta contradicción de criterios.
12. La contradicción de criterios 27/2023 se declaró improcedente,(10) porque su denuncia era idéntica a la que en su momento fue presentada y resuelta por el extinto Pleno en Materia Civil de la Ciudad de México en la contradicción de criterios 21/2022.
13. Por su parte, la 52/2023 se declaró inexistente,(11) porque las conclusiones de los tribunales contendientes derivaron del análisis de circunstancias específicas de cada asunto, sin que lo afirmado en una resolución se negare en otra o viceversa.
14 Por último, la 58/2023 se desechó,(12) porque sus denunciantes carecían de legitimación para denunciarla.
15 En consecuencia, al no haberse resuelto el tema de esta contradicción de criterios, este Pleno Regional está en posibilidad de hacerlo ahora.
16 Por otra parte, si bien el caso resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito tuvo como objeto el análisis de una providencia precautoria de radicación de persona dictada en un juicio ordinario mercantil; y el resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, una providencia de retención de bienes dictada en un juicio ejecutivo mercantil oral, ello no impide a este tribunal resolver la contradicción de criterios denunciada, porque de las ejecutorias contendientes se advierte que ambos tribunales se pronunciaron sobre el mismo problema jurídico relacionado con la forma en que se deben sustanciar las diversas medidas cautelares que, como especie,(13) están reguladas en el Código de Comercio, cuando se solicitan con la demanda de un juicio mercantil.(14)
17. No es obstáculo a lo anterior, que el artículo 1172 del Código de Comercio establece una regla para la tramitación de la providencia precautoria de radicación de personas, cuando se pide al tiempo de presentar la demanda,(15) la cual no está prevista para la medida cautelar de retención de bienes.
18. Ello, porque el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que correspondió analizar el asunto en el cual se decretó la providencia precautoria de radicación de personas, no analizó la regla específica; sino que, al igual que el otro órgano jurisdiccional contendiente, interpretó el artículo 1178 del Código de Comercio, que regula a ambas medidas cautelares.(16)
19. En efecto, el artículo 1172 del Código de Comercio dispone que si la radicación de persona se pide con la demanda, basta la solicitud y el otorgamiento de una garantía para que se decrete y se haga al demandado la correspondiente notificación; en tanto que, el artículo 1178 del referido ordenamiento establece que para dictar una providencia precautoria (sin especificar si se refiere a la de radicación de persona o a la de retención de bienes) no se citará a la persona contra quien esta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios mercantiles.
20. De las anteriores disposiciones se advierten dos reglas: una que regula el trámite de la providencia precautoria de radicación de persona; y otra, que regula tanto dicha medida cautelar como la de retención de bienes. Esta última regla fue la que interpretaron ambos Tribunales Colegiados de Circuito, y llegaron a conclusiones contradictorias sobre su alcance.
21. Esto es, los órganos jurisdiccionales contendientes, sin distinción, se pronunciaron sobre la misma problemática jurídica sobre cómo sustanciar las providencias precautorias de distinto objeto. Por ello es necesario que este Pleno Regional defina el criterio que debe prevalecer, para garantizar el principio de seguridad jurídica.
22. Lo anterior, porque del artículo 225 de la Ley de Amparo se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "criterios discrepantes", por lo que se debe considerar el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
23. De lo que se sigue que la existencia de una contradicción de criterios deriva de la discrepancia de posturas jurídicas, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley de Amparo para las contradicciones de criterios, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe por buscar las diferencias de detalle que impiden su resolución.
24. Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(17) de rubro:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
25. Por otra parte, es necesario puntualizar que el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito no fue superado por la jurisprudencia del extinto Pleno en Materia Civil del mismo circuito, que derivó de la contradicción de tesis 21/2022.(18)
26. En efecto, el referido Pleno de Circuito, al resolver la contradicción de tesis en cita, conoció de un asunto en el cual los tribunales contendientes abordaron un problema común, que consistió en determinar si para decretar una providencia precautoria de retención de bienes en materia mercantil, solicitada junto con la demanda, es necesaria la tramitación de un incidente en el cual se le otorgue previa audiencia a la persona afectada. Uno de los tribunales colegiados contendientes en aquel asunto estimó que debe sustanciarse en forma incidental, con previa audiencia; el otro consideró lo contrario, porque no había quedado integrada la relación procesal, ya que todavía no se le había emplazado.
27. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que de una interpretación sistemática, teleológica y funcional de los artículos 1177, 1178 y 1179 del Código de Comercio, a la luz del derecho a la efectividad de la sentencia y su plena ejecución, lleva a la conclusión de que en el incidente en que se decrete una providencia precautoria de retención de bienes, la citación de su destinatario se deba realizar después de la ejecución de la medida.
28. Determinó que la tutela judicial efectiva, en su vertiente de ejecución de sentencias, impone el deber al Estado de adoptar medidas para la plena ejecución de sus resoluciones, entre las cuales se encuentran las medidas cautelares, que responden a la apariencia del buen derecho exigido y al peligro en la demora, por el tiempo en que tarde la emisión de la sentencia estimatoria.
29. Estableció que las providencias precautorias tendentes a garantizar la eficacia de la sentencia, que recaen sobre bienes de su destinatario deben dictarse en forma unilateral, sin citación previa, pues al afectado se le conferirá el derecho de audiencia posterior a su ejecución, porque de otra manera se frustraría la finalidad de la providencia y se materializaría el riesgo que se teme, lo que haría ineficaz la sentencia que se dicte.
30. Las anteriores consideraciones originaron la jurisprudencia PC.I.C. J/28 C (11a.),(19) de rubro: "RETENCIÓN DE BIENES. PARA CUMPLIR SU FINALIDAD CAUTELAR DE ASEGURAR LA EFICACIA DE LA SENTENCIA, DEBE PROVEERSE EN EL INCIDENTE, PREVIAMENTE A LA CITACIÓN DE SU DESTINATARIO, AUN CUANDO SE PIDA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA."
31. Sin embargo, el referido Pleno de Circuito estableció que su determinación solo tiene vinculación con medidas que se refieren a cosas y no a personas, por lo que prescindió de dirimir la contradicción de criterios sobre el caso de la providencia precautoria de radicación de personas.
32. Por tanto, si la mencionada jurisprudencia del extinto Pleno en Materia Civil del Primer Circuito no se refiere a la providencia precautoria de radicación de personas que fue la medida cautelar que se decretó en el caso analizado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aquí contendiente, entonces, el criterio del Tribunal Colegiado en cita se considera vigente y apto para integrar esta contradicción de criterios, en los términos precisados.
VI. ESTUDIO DE FONDO
Criterio
33. Este tribunal determina que en los juicios mercantiles en los cuales se solicite, junto con la demanda, una providencia precautoria, esta debe decretarse de plano.
Justificación
34. Para arribar a esta conclusión se empleará la metodología siguiente: (a) Analizar la naturaleza jurídica de las providencias precautorias; (b) Estudiar los momentos en que se pueden solicitar las providencias precautorias y la forma en que se pueden sustanciar en materia mercantil (c) Identificar cuándo inicia un juicio mercantil; (d) Establecer una conclusión.
a. Naturaleza jurídica de las providencias precautorias
35. El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo puede entenderse en la medida en que las sentencias definitivas sean cabalmente ejecutadas, y no se tornen ilusorias o terminen por negar el derecho que se había reconocido.(20)
36. Las medidas cautelares son determinaciones que tienden a evitar que una sentencia pierda eficacia por el tiempo que será necesario para dictarla en definitiva. Se caracterizan por su calidad de instrumentales, provisionales, flexibles y autónomas.(21) Se han definido como aquellas medidas especiales, determinadas por el peligro o la urgencia, que se emiten antes de que sea determinada la voluntad concreta de la ley que nos garantiza un bien, o antes de que sea cumplida su actuación para garantizar su futura actuación práctica.(22)
37. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 415/2012, explicó que, en la doctrina, las medidas cautelares suelen ser calificadas también como providencias o medidas precautorias.
38. En el referido precedente, determinó que las medidas cautelares se definen como los instrumentos que puede decretar el juzgador a solicitud de las partes o de oficio para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso.
39. Dicha Sala del Alto Tribunal, en otro precedente (contradicción de tesis 3/2022),(23) estableció que las medidas cautelares tienden, por un lado, a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo de un juicio con motivo del plazo inevitable por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia y, por otro lado, a lograr que la sentencia de fondo tenga eficacia práctica. 40. Por otra parte, el Pleno del Máximo Tribunal ha sostenido que estas medidas constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias. Accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves.(24)
41. Determinó que las medidas cautelares no constituyen actos privativos, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento jurisdiccional en el que se dicten, por lo que, para su imposición no rige el derecho de previa audiencia.(25)
b. Providencias precautorias en materia mercantil
42. Del artículo 1168 al 1189 del Código de Comercio se advierte la regulación de dos providencias precautorias: la radicación de personas y la retención de bienes. Estas medidas cautelares tienden a garantizar:
• Que no se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda (radicación de persona).
• Que no se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real (retención de bienes).
• Que no se oculten o enajenen los bienes en que se ha de practicar la diligencia cuando la acción sea personal y el deudor no tuviere otros bienes (retención de bienes).
43. Bajo este marco referencial se encuentran los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio, los cuales disponen:
"Artículo 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio."
"Artículo 1178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código."
44. La Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver el amparo en revisión 1335/2017, interpretó estas disposiciones en el sentido siguiente:
"67. Por lo que hace a los artículo 1177 y 1178 del Código de Comercio, que prevén que, las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo, sin citación de la persona contra quien se pida, encuentra su justificación de nueva cuenta (sic) en la circunstancia de que no se trata de actos privativos, sino de actos de molestia por lo que, contrariamente a lo que pretenden los quejosos, las garantías de audiencia y debido proceso consagradas en el artículo 14 constitucional, no rige en tratándose del acto de molestia previsto en esas disposiciones.
"...
"70. Por todo lo anterior, se concluye que las disposiciones que regulan la imposición de providencias precautorias, en modo alguno implican privación definitiva de derechos, razón por la cual, para su emisión no rige la garantía de previa audiencia.
"71. Es aplicable en lo sustancial, el criterio del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 66/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo –exequendo– no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo.’."
45. Este Pleno Regional identifica, de los casos contendientes y de los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio, tres momentos en los cuales se pueden solicitar y decretar las medidas cautelares en materia mercantil; y dos formas en las que se pueden sustanciar.
46. Los momentos en los que se pueden solicitar y decretar las providencias precautorias en materia mercantil son: i) antes de la demanda, como acto prejudicial; ii) con la demanda; y iii) después de iniciado el juicio mercantil.
47. La forma en las cuales se pueden sustanciar son: a) de plano, sin previa audiencia; y b) en la vía incidental.
48. De acuerdo con los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio, cuando una medida cautelar se solicita antes de la demanda, como acto prejudicial, esta se debe decretar de plano, sin previa audiencia de la persona contra la que se dicta; y si se solicita después de iniciado el juicio mercantil, entonces, se debe sustanciar en la vía incidental, por cuerda separada; sin embargo, existe una tercera opción sobre la cual el citado ordenamiento no es claro en su regulación, esto es, cuando la providencia precautoria se solicita con la demanda.
49. La materia de esta contradicción de criterios se circunscribe a definir cómo se deben sustanciar las medidas precautorias en este último caso.
c. El inicio de un juicio mercantil.
50. La palabra juicio proviene del latín iudicium, que originalmente significaba, durante el procedimiento formulario del derecho romano, la segunda etapa del proceso, que se desarrollaba ante el juez designado por el magistrado. Posteriormente, y de manera particular en el derecho común europeo, el juicio era no solo una etapa, sino todo el proceso.(26)
51. Búlgaro definió al juicio como el acto en el que intervienen cuando menos tres personas: el actor que pretende, el demandado que resiste y el juez en medio que conoce del asunto.(27)
52. Ovalle Favela explica que partir del siglo XVI, los países de la Europa central, bajo la influencia de la doctrina del derecho canónico, empezaron a sustituir la palabra juicio por las de proceso (processus), proceso de prueba (processus iudicii) y proceso judicial (processus iudicialis), también de origen latino. España, sin embargo, conservó la expresión juicio y la difundió a los países hispanoamericanos.(28)
53. El referido autor destaca que una de las razones por las cuales la expresión juicio fue sustituida por la de proceso consistió en que la primera llegó a adquirir muchos significados, por lo que devino multívoca.
54. Identifica que, actualmente, en los países de tradición hispánica, la palabra juicio tiene, cuando menos, tres significados: a) como secuencia de actos (o procedimiento) a través de los cuales se tramita o se lleva a cabo la sustanciación de todo un proceso; b) como etapa final del proceso penal, que comprende las conclusiones de las partes y la sentencia del juzgador, y c) como sentencia propiamente dicha.
55. Manuel de la Peña y Peña distinguió la primera y tercera de las acepciones del vocablo juicio, en los siguientes términos: "La palabra juicio, en el lenguaje forense, tiene dos diversas acepciones: unas veces se toma por la sola decisión o sentencia del juez, y otras por la reunión ordenada y legal de todos los trámites de un proceso".(29)
56. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió al juicio, para efectos del juicio de amparo, como el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquiera forma, hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva.(30)
57. La doctrina concuerda en señalar que no se pueden identificar las expresiones proceso y procedimiento. La palabra procedimiento significa solo la manifestación externa, formal, del desarrollo del proceso, o de una etapa de este, pero no comprende las relaciones jurídicas que se establecen entre los sujetos del proceso, ni la finalidad compositiva de este.(31)
58. Alcalá-Zamora y Castillo distingue entre los conceptos de proceso y procedimiento en los términos siguientes:
"si bien todo proceso requiere para su desarrollo un procedimiento, no todo procedimiento es un proceso ...
"El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras que el procedimiento ... (que puede manifestarse fuera del campo procesal, cual sucede en el orden administrativo o en el legislativo) se reduce a ser una coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo (por ejemplo, el procedimiento incidental o el impugnativo). Así, pues, mientras la noción de proceso es esencialmente teleológica, la de procedimiento es de índole formal, y de ahí que ... distintos tipos de proceso se puedan sustanciar por el mismo procedimiento, y viceversa, procedimientos distintos sirvan para tramitar procesos de idéntico tipo. Ambos conceptos coinciden en su carácter dinámico, reflejado en su común etimología, de procedere, avanzar; pero el proceso, además de un procedimiento como forma de exteriorizarse, comprende los nexos –constituyan o no relación jurídica– que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32286-bbb0879f/providencias-precautorias-en-materia-mercantil-cuando-se-solicitan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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