COPIAS DE TRASLADO. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL (APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO), AL PREVER QUE LA FALTA DE ÉSTAS DEBE SANCIONARSE CON EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
AMPARO EN REVISIÓN 134/2023. BANCO AZTECA, S.A., I.B.M. 14 DE JUNIO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión correspondiente al catorce de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelven los diversos recursos de revisión integrados en el presente amparo en revisión 134/2023, interpuestos por Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, por conducto de su apoderado **********; por el presidente de la República; y por Comunicación e Información, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado **********, en contra de la sentencia que dictó el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México el siete de julio de dos mil veintidós en el juicio de amparo 1042/2021.
El problema jurídico para resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México(1) es violatorio del derecho humano de acceso a la justicia.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda de amparo. Mediante escrito que presentó el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (en adelante se le denominará Banco Azteca), por conducto de su apoderado, **********, promovió juicio de amparo indirecto contra actos que reclamó de la Décima Sala Civil y del Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de la Cámara de Diputados y de la de Senadores del Congreso de la Unión, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del secretario de Gobernación, del director del Diario Oficial de la Federación, del Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Dirección Contenciosa de la Ciudad de México, de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por conducto de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales hizo consistir en los siguientes:
a. Del Magistrado integrante de la Décima Sala de lo Civil en la Ciudad de México, la sentencia interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca número **********, en la que resolvió "parcialmente fundado aunque ineficaz" el recurso de apelación interpuesto por Banco Azteca en contra del auto de fecha veintitrés de abril del año en curso, dictado dentro del juicio ordinario civil, registrado bajo el expediente número ********** radicado ante el H. Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México.
b. De la Jueza Sexagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, cualquier acto de ejecución relacionado con la sentencia interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca número ********** del índice de la Décima Sala de lo Civil en la Ciudad de México, particularmente por lo que respecta a: (i) el dictado de cualquier proveído relacionado con la entrega y/o puesta a disposición y/o ejecución de la póliza de fianza número ********** expedida por la cantidad de $********** (********** pesos ********** M.N.) a los hoy terceros interesados; así como (ii) la reanudación del juicio de origen.
c. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la discusión y aprobación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).
d. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la discusión y aprobación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).
e. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación y publicación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).
f. Del secretario de Gobernación, el refrendo y la orden de publicación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).
g. Del director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).
h. Del Congreso de la Ciudad de México, la discusión y aprobación del último párrafo del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México.
i. De la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la promulgación y publicación del último párrafo del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México.
j. Del director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del último párrafo del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México.
2. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo correspondió al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien ordenó su registro con el número ********** y lo admitió a trámite.
3. Sentencia de amparo. Seguido el juicio por su cauce legal, el referido juzgador federal celebró la audiencia constitucional donde dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto en cita el siete de abril de dos mil veintidós, terminada de engrosar el siete de julio siguiente, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, contra los actos reclamados de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto.
"SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, contra los actos reclamados de la Décima Sala y Juez Sexagésimo Segundo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca **********, y su ejecución, respectivamente; así como por los reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ve a la promulgación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal."
4. Recursos de revisión. Inconforme con la anterior resolución, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, a través de su delegado, Fernando Puente Castillo, interpuso recurso de revisión civil mediante escrito que presentó el veinte de julio de dos mil veintidós ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
5. El conocimiento de tal medio de impugnación correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional donde se identificó con el número 349/2022, y cuyo Magistrado presidente lo admitió a trámite.
6. Por otra parte, Comunicación e Información, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, **********, así como en su carácter de representante común de Homero Campa Butrón y Mathieu Pierre Olivier Tourliere y Rafael Roberto Rodríguez Castañeda, por su propio derecho, a través del escrito que presentaron el veintisiete de julio de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, interpusieron recurso de revisión.
7. Finalmente, Banco Azteca, por conducto de su apoderado, **********, por escrito que presentó el dieciséis de agosto de dos mil veintidós ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, también interpuso recurso de revisión civil contra la sentencia que dictó el Juez de Distrito el siete de abril de dos mil veintidós, terminada de engrosar el siete de julio de dos mil veintidós, en el expediente **********.
8. En proveído dictado el diez de noviembre de dos mil veintidós, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, admitió a trámite los dos recursos de revisión a los que se hizo referencia en los dos párrafos anteriores.
9. Seguido el procedimiento, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el referido órgano jurisdiccional dictó sentencia en el sentido de:
a. Confirmar el fallo impugnado respecto a los actos que la quejosa reclamó del Congreso de la Ciudad de México, de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, del secretario de Gobernación y del director del Diario Oficial de la Federación;
b. Sobreseer respecto de los actos que se atribuyeron al director general Jurídico y de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por conducto de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, consistentes en la discusión, aprobación, promulgación y publicación del último párrafo del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México);
c. Sobreseer respecto a los actos reclamados al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo, orden de publicación y publicación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México);
d. Declarar que carecía de competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto por Banco Azteca; y,
e. Remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
10. Reasunción de competencia. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte ordenó el registro del asunto como amparo en revisión 134/2023; reasumió la competencia originaria de este Tribunal Constitucional, dado que en los ya citados recursos de revisión subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 103, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; ordenó el turno del asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y su envío a esta Primera Sala.
11. Avocamiento. Finalmente, a través de auto de cuatro de mayo siguiente, el Ministro presidente de esta Primera Sala ordenó que este órgano jurisdiccional se avocará al conocimiento y resolución del presente asunto, y ordenó el envío de los autos al Ministro ponente.
I. COMPETENCIA
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo previsto en los puntos segundo, fracción III, inciso A), y tercero del "Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito", por tratarse de un asunto donde subsiste un tema de constitucionalidad, competencia originaria de esta Primera Sala.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
13. Esta Primera Sala considera innecesario hacer pronunciamiento alguno sobre estos tópicos, en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito analizó el primero de los tópicos en la sentencia que dictó en el amparo en revisión 349/2022 el diecinueve de enero de dos mil veintitrés; y el segundo relativo a la legitimación, la estudió el mismo órgano de amparo respecto a cada una de las tres partes recurrentes en los acuerdos admisorios que dictó, respectivamente, los días nueve y diez, ambos de noviembre de dos mil veintidós, sin que fueran materia de impugnación.
III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
14. Esta Primera Sala no advierte causales de improcedencia que hayan sido planteadas por las partes y cuyo estudio hubiera sido omitido por el Juez de Distrito y/o por el Tribunal Colegiado de Circuito de origen del presente asunto.
15. Ello, aunado a que este Máximo Tribunal, de un examen acucioso de las constancias de autos que conforman el presente juicio de amparo, no advierte de manera oficiosa la materialización de algún motivo diverso de improcedencia.
IV. ESTUDIO DE FONDO
A. Cuestiones necesarias para resolver el asunto
16. A fin de delimitar la problemática que debe analizarse y resolverse en el presente asunto, resulta necesario tener en cuenta los conceptos de violación que la quejosa hizo valer en su demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia de amparo recurrida y los agravios que ahora proponen las tres partes recurrentes.
17. Demanda de amparo. En lo que interesa para la resolución del presente asunto, la quejosa argumentó, esencialmente lo siguiente:
a. Primero. Alegó la inconstitucionalidad del artículo 103, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la hoy Ciudad de México, por considerar que éste resulta violatorio de los derechos humanos de acceso a la impartición de justicia, debido proceso, audiencia y legalidad, ya que a la luz del nuevo paradigma constitucional, en el caso de que se promueva un incidente y se omita acompañar las copias de traslado, los juzgadores deben prevenir al promovente en lugar de no admitir el incidente de nulidad de notificaciones.
b. Al respecto, se planteó que la porción normativa en cita establece una consecuencia –desechamiento– que no guarda proporción con la omisión –exhibir copias de traslado– y, por lo tanto, priva al gobernado de los derechos de audiencia y acceso a la justicia, al impedir al promovente que en un término prudente –tres días– cumpla con el requisito omitido. Asimismo, la quejosa alegó que el Magistrado local al que señaló como autoridad responsable debió realizar un control de convencionalidad y constitucionalidad a la luz del principio pro persona.
c. Segundo. La parte quejosa planteó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del segundo párrafo del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en tanto, a parecer de la quejosa, se trataba de una medida coercitiva impuesta por el legislador para sancionar a la parte que dentro de un juicio civil interponga una apelación de tramitación inmediata en ambos efectos; situación que rompe con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir el derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional.
d. Ello debido a que no tiene ningún sentido lógico ni práctico el imponer una sanción pecuniaria al apelante en los casos en que la resolución sea confirmada, ya que podría ser el caso, como el presente, en el que la suspensión del procedimiento no les cause ningún daño y perjuicio a los terceros interesados, por lo que el hecho de que éstos obtengan un beneficio económico sin haber resentido ningún daño o perjuicio en su esfera jurídica, se traduciría en un enriquecimiento sin causa. Situación la cual es violatoria del derecho humano de acceso a la justicia, ya que inhibe a los justiciables de interponer los referidos medios de defensa, y violatorio del principio de gratuidad que rige el derecho humano de acceso a la justicia.
e. También adujo que la medida sancionatoria impuesta por el legislador a quien solicite la admisión de un recurso de apelación en ambos efectos, debe limitarse a dos supuestos: 1) que sea promovido con dolo o mala fe y con la finalidad de retrasar el procedimiento; o 2) que la suspensión del procedimiento ocasione daños y perjuicios a la contraparte.
18. Sentencia de amparo. Respecto a los anteriores conceptos de violación, el Juez de Distrito determinó, esencialmente, lo siguiente:
a. En cuanto al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la juzgadora federal refirió que se actualizaba la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y, por tanto, sobreseyó en el juicio respecto de este acto. Al respecto, se estimó que el primer acto de aplicación de la porción del artículo impugnado no se dio en la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca **********, sino en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual se previno a la aquí quejosa para que exhibiera la fianza a que se refiere el numeral impugnado (foja 632, tomo de pruebas), la cual se tuvo por exhibida el siete de junio de dos mil veintiuno (foja 755, tomo de pruebas).
b. También se mencionó en la sentencia que la parte quejosa conoció desde aquellos momentos que, si se confirmare la resolución apelada, se haría efectiva la garantía, misma que exhibió con conocimiento de esa eventual consecuencia y con consentimiento de lo expuesto en la última parte del artículo impugnado. Además, de que la fijación de la garantía a que refiere el mencionado artículo ya considera como existente que se van a causar daños y perjuicios por la admisión de la apelación con efectos suspensivos; circunstancia que se estima consintió la aquí quejosa cuando exhibió la póliza correspondiente. Motivo por el cual resultaba indudable que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno) habría transcurrido con exceso el plazo para impugnar la norma reclamada.
c. En cuanto al artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el Juez de Distrito consideró que éste resultaba inconstitucional, al ser contrario a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pues establece una consecuencia que no guarda proporción con la omisión, y se traduce, por ende, en una medida excesiva que tiene por efecto la privación de los derechos de audiencia y acceso a la justicia, al impedir al interesado que, en un término prudente, cumpla con el requisito omitido, a fin de que pueda darse curso a la demanda.
d. Bajo esas consideraciones, el Juez Federal concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca **********; y emitiera otra en la que con plenitud de jurisdicción resolviera la apelación sometida a su potestad como estime proceda, empero, sin aplicar el segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y por el contrario, requiriera a la parte quejosa para que en el plazo que corresponda subsanara la omisión en que se dice incurrió y, sólo en el supuesto de no cumplir, se deje de admitir el incidente planteado. 19. Agravios de revisión del presidente de la República
a. Primero. Se argumenta que el artículo 103, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), no viola los derechos de audiencia y acceso a la justicia, debido a que de su interpretación de forma armónica e integral se desprende que sí permite a los justiciables subsanar la omisión de exhibir copias de traslado suficientes de una demanda o reconvención. Al respecto, se refiere que la norma impugnada se debe interpretar de forma armónica y sistemática con las diversas disposiciones que regulan las prevenciones, así como el desechamiento de escritos únicamente en casos de que no se satisfaga la prevención.
b. También se plantea que de una interpretación armónica e integral de la norma reclamada es posible concluir que ésta no transgrede los derechos de audiencia y acceso a la justicia, ya que lo que prevé es que, tratándose de demanda o reconvención, no existe la obligación del juzgador de mandar expedir las copias necesarias a costa del promovente, pero sí de requerir su exhibición con la prevención del desechamiento relativo. Ello, ya que dicho artículo faculta al Juez para que requiera a la parte que en forma oportuna presentó una promoción, pero omitió exhibir junto con ésta las copias necesarias para correr traslado a su contraparte, a efecto de que dentro del plazo de tres días las exhibiera, apercibiéndola que, de no dar cumplimiento, se obtendrán a su costa.
c. Sobre esta misma línea, esta autoridad recurrente refiere que este precepto descarta la posibilidad de desechar de plano el escrito relativo e impone una obligación al juzgador de obtener de oficio esas copias; no obstante, el citado artículo establece una prohibición en el sentido de que la regla antes aludida no es aplicable a los escritos de demanda principal o incidental y en los que se pidan liquidaciones, que no serán admitidos si no se acompañan de las copias correspondientes.
d. En diversa línea argumentativa, el presidente de la República plantea que el precepto impugnado debe interpretarse de forma armónica con los artículos 257 y 95, fracción IV, del código adjetivo en cita; siendo que el primero prevé que cuando una demanda no cumpla con los requisitos legales, se debe requerir a la parte para que los subsane, so pena de desecharla; y el segundo señala que es un requisito que deben acompañarse a una demanda las copias simples o fotostáticas para correr traslado a la parte contraria.
e. Sobre este punto se concluye que, de todos los artículos mencionados entendidos en su conjunto, se desprende el correcto alcance del artículo 103 en análisis, el cual prevé que cuando no se exhiban junto con la demanda o reconvención las copias de los documentos necesarios para correr traslado a la contraparte, debe indefectiblemente requerirse al promovente para que las exhiba dentro de plazo de ley, so pena de desechar la demanda; y que tratándose de demanda o reconvención no existe la obligación del juzgador de mandar expedir las copias necesarias a costa del promovente, pero sí la de requerir su exhibición con la prevención del desechamiento, por lo que el precepto legal en cita no es violatorio de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia, en tanto ordena que se debe requerir a la promovente para que subsane esa omisión.
f. Segundo. El Juez de Distrito debió realizar una interpretación conforme del artículo 103 en cita, a fin de armonizarlo con el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y hacer su interpretación más favorable, de forma armónica y sistemática, de conformidad con lo que se explicó en el agravio primero; a fin de concluir que el mismo prevé que cuando no se exhiban junto con la demanda o reconvención las copias de los documentos necesarios para correr traslado a la contraparte, debe requerirse para que las exhiba dentro del plazo de ley, a fin de preservar la constitucionalidad de la ley.
20. Agravios de revisión de la persona moral tercero interesada, Comunicación e Información, Sociedad Anónima de Capital Variable,
a. Primero. El Juez de Distrito no fundamentó ni motivó su decisión, es decir, no justificó el porqué la no admisión de la demanda incidental por no entregar las copias correspondientes, no es proporcional ni razonable y que esto se traduzca en una medida excesiva que priva a los quejosos de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia, en tanto se limitó a citar una tesis aislada de un Tribunal Colegiado, la cual se refería a un tema distinto.
b. También argumenta que el artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, jamás ha sido declarado inconstitucional; sino, por el contrario, es una formalidad de los procedimientos civiles y no ha existido ninguna razón para que dicho artículo sea reformado, por lo que, ni los tribunales ni el Poder Legislativo han considerado el exhibir copias como una medida excesiva o que no sea proporcional o razonable, y que simplemente se está ante una formalidad de un procedimiento como las hay en muchos otros.
c. Sobre la misma línea, se argumenta que el requisito de entregar las correspondientes en el incidente de nulidad de actuaciones busca garantizar que la contraparte tenga conocimiento de dicha cuestión y pueda argumentar lo que a su derecho convenga, garantizando así el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones con quien interpone el incidente. Ello, pues si bien es cierto que se impide que los quejosos pueden subsanar la omisión mencionada, esto no deriva en que se les esté privando del derecho de audiencia y acceso a la justicia, pues ése ya fue reconocido desde el inicio del juicio, donde los quejosos plantearon lo que a su derecho convino a través de la demanda, mientras que, por cuanto al incidente, debieron cumplir con los requisitos que señala la ley adjetiva de la materia, debiendo cumplirse con los requisitos correspondientes, entre ellos, con la entrega de las copias. Al respecto, la recurrente menciona que este requisito no es una arbitrariedad del legislador, ni su ejecución resulta excesiva por parte del Juez y de la Sala señaladas como autoridades responsables, toda vez que a través de éste se busca que la contraparte de quien interpone el incidente tenga las mismas posibilidades de defensa que esta misma, por lo que es necesario su cumplimiento para la admisión, a fin de garantizar la equidad entre las partes del juicio.
d. La parte recurrente concluye que este tipo de omisiones de exhibir las copias correspondientes únicamente buscan suspender el procedimiento durante muchos meses y después conseguir el beneplácito de un Juez que pretende que los quejosos ignoren las formalidades esenciales del procedimiento para que de este manera se alargue indefinidamente el juicio de origen en perjuicio de los hoy recurrentes, porque con ello se habría dilatado más de un año la continuación del juicio con este tipo de estrategias que pretender verse como si los quejosos fueran víctimas de incumplir con algo tan elemental como exhibir copias del incidente, con el objetivo de silenciar la libertad de expresión.
e. Segundo. Se aduce que la no admisión de la demanda incidental por no entregar las copias correspondientes de ésta, garantiza los derechos a la igualdad procesal y a una justicia pronta y expedita. Al respecto, se argumenta que causa agravio la decisión del Juez en tanto afirmó que se trata de un exceso que se deseche el escrito de incidente de nulidad de actuaciones al no cumplir con los requisitos para su admisión, siendo uno de éstos la entrega de las copias de traslado correspondientes, y que dicha consecuencia, por no cumplir con una formalidad tan esencial, incumpla con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que con ello se les privó de su garantía a la igualdad procesal, pues no se les permitió enterarse sobre los argumentos manifestados por los quejosos, con lo cual se les colocó en estado de indefensión e inferioridad; máxime que ello se hizo con el objeto de retrasar el procedimiento y con ello también se vulnera el derecho humano a la justicia pronta y expedita. Siendo que las copias de traslado tienen como fin proporcionar a las partes los elementos necesarios para su participación en el juicio.
f. Todo lo anterior, sin perder de vista que el incidente de nulidad de actuaciones tiene naturaleza sumaria, es decir, se trata de cuestiones accesorias al juicio principal y que se buscan resolver con rapidez, por lo que, si en una cuestión incidental se ordena abrir un plazo para que los hoy quejosos puedan subsanar sus deficiencias u omisiones respecto a la entrega de las copias correspondientes, se perdería la naturaleza sumaria de dicho incidente, y con ello se vulnera el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. Máxime si se considera que el auto admisorio hace las veces de un emplazamiento, y debe practicarse de forma personal; y el Juez de Distrito únicamente buscó remediar un actuar negligente de los quejosos.
21. Agravios de revisión de la quejosa: Banco Azteca
a. Primero. Combate el sobreseimiento que el Juez de Distrito decretó respecto a los actos que reclamó de la Cámara de Senadores y de Diputados, consistentes en la discusión y aprobación del decreto de treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y uno, que otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para emitir el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales, al considerarlo como inexistente.
b. Segundo. Combate el sobreseimiento que decret
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31876-e2cbb9f4/copias-de-traslado-el-parrafo-segundo-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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