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Modo: Corpus Pro

I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL MINISTRO O LA MINISTRA QUE PRESIDE UNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR LA SOLICITUD RESPECTIVA. II. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE AL ESTABLECERSE JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE EN LA QUE SE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL NO TRIBUTARIA. III. COPIAS DE TRASLADO. LAS RAZONES POR LAS QUE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO PREVÉ QUE LOS ESCRITOS DE DEMANDA PRINCIPAL, RECONVENCIONAL O INCIDENTAL Y EN LOS QUE SE PIDAN LIQUIDACIONES, NO SERÁN ADMITIDOS SI NO SE ACOMPAÑAN DE LAS COPIAS CORRESPONDIENTES, CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO [INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 103, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "... SE EXCEPTÚAN DE ESTA DISPOSICIÓN LOS ESCRITOS DE DEMANDA PRINCIPAL, RECONVENCIONAL O INCIDENTAL Y EN LOS QUE SE PIDAN LIQUIDACIONES, QUE NO SERÁN ADMITIDOS SI NO SE ACOMPAÑAN DE LAS COPIAS CORRESPONDIENTES"]. IV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DÍAS ÚTILES DENTRO DE LOS CUALES DEBERÁ COMPUTARSE EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS PARA QUE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS MODIFIQUEN O DEROGUEN LA DISPOSICIÓN CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SON LOS DÍAS HÁBILES DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA. V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. CONSIDERAR COMO DÍAS ÚTILES, REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, AQUELLOS EN QUE EL CONGRESO LOCAL CELEBRA SUS SESIONES ORDINARIAS, CONTRAVENDRÍA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA Y LA FINALIDAD DE ESTA FIGURA. VI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PREVIO A DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL DE LAS NORMAS RESPECTIVAS, ES NECESARIO VERIFICAR QUE, UNA VEZ NOTIFICADA LA AUTORIDAD QUE LAS EMITIÓ, HAN TRANSCURRIDO LOS NOVENTA DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE AQUÉLLAS HAYAN SIDO MODIFICADAS O DEROGADAS. VII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE EMITE RESPECTO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ELIMINANDO LA EXCEPCIÓN QUE SE PREVÉ RESPECTO A LOS ESCRITOS INICIALES DE DEMANDA QUE SE REFIEREN A LA PRINCIPAL, RECONVENCIONAL E INCIDENTAL, A FIN DE QUE A ÉSTOS TAMBIÉN LES SEA APLICABLE LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESE ARTÍCULO, CONSISTENTE EN QUE NO ES MOTIVO PARA DEJAR DE ADMITIRLOS, EL HECHO DE QUE NO SE EXHIBAN COPIAS DE TRASLADO. VIII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONFIERE AMPLIAS FACULTADES A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA FIJAR SUS EFECTOS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 103, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SE EXCEPTÚAN DE ESTA DISPOSICIÓN LOS ESCRITOS DE DEMANDA PRINCIPAL, RECONVENCIONAL O INCIDENTAL Y EN LOS QUE SE PIDAN LIQUIDACIONES, QUE NO SERÁN ADMITIDOS SI NO SE ACOMPAÑAN DE LAS COPIAS CORRESPONDIENTES" DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). IX. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE SURTE EFECTOS GENERALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIN TENER EFECTOS RETROACTIVOS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 103, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SE EXCEPTÚAN DE ESTA DISPOSICIÓN LOS ESCRITOS DE DEMANDA PRINCIPAL, RECONVENCIONAL O INCIDENTAL Y EN LOS QUE SE PIDAN LIQUIDACIONES, QUE NO SERÁN ADMITIDOS SI NO SE ACOMPAÑAN DE LAS COPIAS CORRESPONDIENTES" DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2023. · Registro digital (IUS): 33035
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-28
Promovente: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.131.

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2023. MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 25 DE ABRIL DE 2024. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LAS MINISTRAS Y DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JAZMÍN ESQUIVEL MOSSA, LORETTA ORTIZ AHLF, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LENIA BATRES GUADARRAMA, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

Derivada de la jurisprudencia que fijó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 134/2023, por el que declaró la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la hoy Ciudad de México) por ser violatorio del derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRÁMITE

1. Solicitud. Mediante escrito que presentó el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal, hizo del conocimiento de la Presidencia de este Tribunal Pleno, para los efectos legales conducentes, atento a lo establecido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 231 y 232 de la Ley de Amparo, en relación con el Punto Segundo del Acuerdo General Plenario 1/2021 de ocho de dos mil veintiuno, que la Primera Sala había resuelto el amparo en revisión 134/2023, en el que determinó, por unanimidad de cinco votos, la inconstitucionalidad del artículo 103, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la hoy Ciudad de México).

2. Admisión. En auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por la Primera Sala, ordenó informar al Congreso de la Ciudad de México como autoridad emisora de la norma declarada inconstitucional, adjuntándole copia de la citada resolución, para los efectos del plazo de noventa días naturales a que se refieren los citados preceptos; y se ordenó turnar el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, al haber sido ponente en el amparo en revisión 134/2023, del que derivó el presente asunto.

I. COMPETENCIA

3. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta declaratoria general de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 231 y 232 de la Ley de Amparo, y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

II. LEGITIMACIÓN

4. La declaratoria general de inconstitucionalidad fue formulada por parte legítima, ya que la presentó el Ministro Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 232 de la Ley de Amparo y 24, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(1)

III. PROCEDENCIA

5. La declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente porque tiene como sustento una jurisprudencia emitida por la Primera Sala en un amparo en revisión en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 103, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la hoy Ciudad de México). Al respecto, debe precisarse que el precepto normativo mencionado no corresponde a la materia tributaria, ya que se trata de un precepto que regula los requisitos formales de procedencia de las acciones civiles en juicios locales, cuya competencia corresponde a los tribunales de la Ciudad de México.

IV. ANTECEDENTES

6. Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente traer a cuenta los siguientes antecedentes relevantes del caso:

7. Demanda de amparo y trámite. Mediante escrito que presentó el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (en adelante se le denominará Banco Azteca), por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo indirecto contra actos que reclamó de la Décima Sala Civil y del Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de la Cámara de Diputados y de la de Senadores del Congreso de la Unión, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Gobernación, del Director del Diario Oficial de la Federación, del Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Dirección Contenciosa de la Ciudad de México, de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por conducto de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales hizo consistir en los siguientes:

a. Del Magistrado integrante de la Décima Sala de lo Civil en la Ciudad de México, la sentencia interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca número **********, en la que resolvió "parcialmente fundado aunque ineficaz" el recurso de apelación interpuesto por Banco Azteca en contra del auto de fecha veintitrés de abril del año en curso, dictado dentro del juicio ordinario civil registrado bajo el expediente número ********** radicado ante el H. Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México.

b. De la Jueza Sexagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, cualquier acto de ejecución relacionado con la sentencia interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca número ********** del índice de la Décima Sala de lo Civil en la Ciudad de México, particularmente por lo que respecta a: (i) el dictado de cualquier proveído relacionado con la entrega y/o puesta a disposición y/o ejecución de la póliza de una póliza de fianza a los hoy terceros interesados: así como (ii) la reanudación del juicio de origen.

c. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la discusión y aprobación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).

d. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la discusión y aprobación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).

e. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación y publicación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).

f. Del Secretario de Gobernación, el refrendo y la orden de publicación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).

g. Del Director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales (hoy Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México).

h. Del Congreso de la Ciudad de México, la discusión y aprobación del último párrafo del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México.

i. De la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la promulgación y publicación del último párrafo del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México.

j. Del Director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del último párrafo del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México.

8. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo correspondió al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México quien ordenó su registró con el número ********** y lo admitió a trámite.

9. Sentencia de Amparo. Seguido el juicio por su cauce legal, el referido juzgador federal celebró la audiencia constitucional donde dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto en cita el siete de abril de dos mil veintidós, terminada de engrosar el siete de julio siguiente, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.—Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, contra los actos reclamados de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto.

SEGUNDO.—Para los efectos precisados en el último considerando, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, contra los actos reclamados de la Décima Sala y Juez Sexagésimo Segundo ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca **********, y su ejecución, respectivamente; así como por los reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ve a la promulgación del segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal."

10. Recurso de revisión. En lo que interesa para la resolución de la presente declaratoria general de inconstitucionalidad, el Presidente de la República y Comunicación e Información, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, así como en su carácter de representante común de Homero Campa Butrón y Mathieu Pierre Olivier Tourliere, y Rafael Roberto Rodríguez Castañeda, por propio derecho, interpusieron recurso de revisión a través del escrito que presentaron el veintisiete de julio de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México).

11. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ordenó el registro del asunto como amparo en revisión 349/2022, lo admitió a trámite; y en sesión del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, los magistrados integrantes del referido órgano jurisdiccional dictaron sentencia en el sentido de declararse incompetentes para conocer de los referidos recursos de revisión.

12. Trámite del recurso de revisión en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte ordenó el registro del asunto como amparo en revisión 134/2023; reasumió la competencia originaria de este Tribunal Constitucional, dado que en los ya citados recursos de revisión subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 103, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; ordenó el turno del asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y su envío a esta Primera Sala.

13. En sesión de catorce de junio de dos mil veintitrés, esta Primera Sala resolvió por unanimidad de cinco votos tal amparo en revisión 134/2023 en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y amparar y proteger a la quejosa, entre otras cuestiones, contra la promulgación del párrafo segundo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la hoy Ciudad de México).

14. Para arribar a esa conclusión, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el legislador, a través del primero de los párrafos del artículo 103 de referencia, privilegia el derecho humano de acceso a la justicia y la resolución de fondo de los conflictos sobre los formalismos procedimentales, al impedir que las personas juzgadoras desechen o no admitan demandas, promociones o recursos, ante la omisión de exhibir copias de traslado suficientes; así les ordena que a falta de éstas, las requieran a las partes, y ante la persistencia de la omisión, mandata a las personas secretarias que las expidan a costa de la parte actora. Ello, además con el objetivo de garantizar la igualdad procesal entre las partes en conflicto, en tanto, por un lado, no se permite que se desechen promociones por un mero requisito formal, y por otro, se garantiza el derecho de defensa de la contraparte, en tanto se requiere a la promovente para que las exhiba o se expiden a su costa, a fin de que esté en posibilidades de conocer las pretensiones de su contraparte, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas y alegar, con el objetivo de garantizar y maximizar su derecho humano de acceso a la justicia.

15. Siendo que el segundo de los párrafos del artículo 103 en cita, dispone que, tratándose de escritos de demanda principal, reconvencional o incidental y en los que se pidan liquidaciones, no serán admitidos si no se acompañan de las copias correspondientes.

16. La Primera Sala también estimó que no era válida o acorde con el derecho humano de acceso a la justicia, la política a través de la cual el legislador reguló esta obligación legal, en tanto, no sólo deja de potencializar tal derecho humano, sino que lo obstaculizaba y bloqueaba el acceso de las personas a los tribunales y les restringía la posibilidad de acudir a ellos para plantear una pretensión, con motivo de la no satisfacción de un requisito netamente formal, como lo es la no exhibición de las copias de traslado.

17. Sobre esa misma línea argumentativa, la Primera Sala determinó que el desechamiento de cualquier acción –entre las cuales se encuentran las que se ejercen por medio de demanda principal, a la reconvención, a los incidentes y a las liquidaciones–, con motivo de la no exhibición de las copias de traslado, el cual es un requisito de procedibilidad netamente formal y, por ende, de carácter subsanable, resultaba excesivo y desproporcional, ya que el legislador estableció a priori la sanción de dejar de admitir el escrito en caso de que no se acompañaran las copias correspondientes, sin dejar al juzgador la posibilidad de graduar dicha medida, en el caso, prevenir al promovente para que en un plazo prudente cumpla con ese requisito, el cual deriva directamente del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

18. Además se determinó que si bien era cierto que la norma en análisis sí buscaba una finalidad o propósito constitucionalmente importante en tanto pretendía garantizar el derecho humano de acceso a la justicia de la parte demandada, a través del otorgamiento en favor de ésta de una copia de la demanda que se instaura en su contra, lo cual es un elemento primordial para que le sea factible defenderse en juicio; lo único cierto era que el legislador favoreció el derecho de acceso a la justicia de la parte demandada sobre el derecho humano de acceso a la justicia de la parte actora, con lo cual se quiebra el principio constitucional de igualdad procesal, el cual es una vertiente de los derechos al debido proceso y a la igualdad jurídica, que demanda una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes en un juicio y que se erige a su vez como una regla de actuación de la persona juzgadora como director del proceso.(2)

19. De todo lo anterior, la Primera Sala concluyó no existía una razón suficiente para que, en el caso de algunas acciones se considerara que sí es subsanable la propia acción y en otras no; lo cual derivaba en la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la hoy Ciudad de México).

V. ESTUDIO DE LOS REQUISITOS DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

20. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal y en los numerales 232 y 233 de la Ley de Amparo, las declaratorias generales de inconstitucionalidad sólo pueden realizarse con base en el criterio emitido en los juicios de amparo en revisión.

21. En efecto, cuando el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinen la inconstitucionalidad de una disposición general que no corresponda a la materia tributaria, el Presidente informará a la autoridad emisora la existencia de tal precedente.

22. En el artículo 232 de la Ley de Amparo se precisa que una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

23. Asimismo, en dicha disposición legal se establece que cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo de noventa días se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.

24. De lo anterior se concluye que, una vez transcurrido el plazo referido de noventa días, sin que se hubiese corregido el problema de la disposición general considerada inconstitucional mediante la emisión de una nueva, el Ministro ponente remitirá a la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte el proyecto de resolución correspondiente.

25. En este caso, la declaratoria general de inconstitucionalidad fue admitida a trámite el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dado que el Ministro Presidente de la Primera Sala informó a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que aquélla había emitido precedente sobre la inconstitucionalidad del artículo 103, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la hoy Ciudad de México) por ser violatorio del derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

26. La sentencia dictada en el amparo en revisión 134/2023 fue notificada al Congreso de la Ciudad de México mediante el oficio SGA/FAOT/ 576/2023 el diez de octubre de dos mil veintitrés.

27. Ahora, para verificar si esta declaratoria general de inconstitucionalidad cumple con el requisito de temporalidad previsto en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 107 de la Constitución Federal, es importante tener en cuenta el párrafo tercero del artículo 232 de la Ley de Amparo vigente, que establece que cuando el órgano emisor de la disposición considerada inconstitucional sea el órgano legislativo federal o local, el plazo de noventa días debe computarse dentro de los días útiles de los periodos de sesiones determinados en la Constitución Federal o local, según corresponda.

28. Al respecto debe precisarse que si bien fue el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien en ejercicio de facultades extraordinarias para legislar, promulgó el entonces denominado "Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal"; lo cierto es que el artículo 103, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, fue reformado por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal mediante decreto que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de septiembre de dos mil nueve, por lo que, el órgano legislativo facultado para modificar o abrogar el artículo 103, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la hoy Ciudad de México), materia de la presente Declaratoria General de Inconstitucionalidad, es el Congreso de la Ciudad de México.

29. Lo anterior en términos del acuerdo inicial del presente asunto que dictó la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que precisó que procedía informar la inconstitucionalidad del referido precepto al Congreso de la Ciudad de México, autoridad facultada para reformar o derogar el Código Adjetivo Civil Local; sin pasar inadvertido que en el juicio de amparo **********, del índice Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, del que deriva el amparo en revisión 134/2023, se tuvo como autoridad responsable al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

30. En ese tenor, este Tribunal Pleno considera que debe atenderse al periodo de sesiones que para que el desempeño de los trabajos legislativos de dicho poder fue previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

31. Al respecto, en los artículos 3,(3) 4,(4) fracción VI, y 67(5) de la citada ley orgánica, se prevé que el Congreso Local podrá constituir las Comisiones que requieran para el cumplimiento de sus funciones, las cuales son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.

32. Cabe señalar que, a juicio de este Tribunal Pleno no puede considerarse que los días útiles referidos en el artículo 232 de la Ley de Amparo son los días en que el Congreso del Estado celebra sus sesiones ordinarias. Lo anterior, porque considera como días hábiles sólo los días en que el Congreso del Estado celebre sesiones ordinarias contravendría el principio constitucional de justicia pronta y expedita y la finalidad establecida en la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once en la fracción II del artículo 107 constitucional –previo a la reforma publicada el once de marzo del dos mil veintiuno–, en la que el Constituyente Permanente modificó el alcance del principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo mediante el establecimiento de la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuyo propósito es que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulse del orden jurídico las disposiciones consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación emitida por reiteración en amparos indirectos en revisión,(6) actualmente, mediante el sistema de jurisprudencia por precedentes (según la reforma publicada el once de marzo de dos mil veintiuno).(7)

33. Ahora bien, la jurisprudencia derivaba de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 134/2023 fue notificada al Congreso de la Ciudad de México el diez de octubre de dos mil veintitrés, por lo que surtió efectos el mismo día de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo.(8)

34. Así, tomando en cuenta las normas vigentes y acuerdos legislativos aplicables para el Congreso de la Ciudad de México, es decir, los artículos 29, apartado E, numeral 5, de la Constitución Política de la Ciudad de México;(9) 2, párrafo segundo,(10) 7, párrafo segundo,(11) 49, fracciones I y VII,(12) de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 267 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;(13) y 74, fracciones II, III y VI, de la Ley Federal del Trabajo;(14) así como el Acuerdo AC/CCMXMX/II/JUCOPO/2A/027/2023 de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el calendario de sesiones ordinarias, así como de sesiones solemnes correspondiente al periodo de sesiones ordinarias del tercer año del ejercicio legislativo de la segunda legislatura de la del Congreso de la Ciudad de México de primero de septiembre de dos mil veintitrés; el plazo de noventa días concedido al Congreso de la Ciudad de México, como autoridad emisora de la normatividad declarada inconstitucional, transcurrió del once de octubre de dos mil veintitrés al tres de abril de dos mil veinticuatro.

35. Sin contarse los días del dieciséis de diciembre de dos mil veintitrés al treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro por corresponder al receso del primer periodo de sesiones del referido Congreso de este año, ni los días correspondientes al veinte de noviembre de dos mil veintitrés cinco de febrero y dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, por considerarse día de descanso obligatorio por ley; así como los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de noviembre, dos, tres, nueve y diez de diciembre, todos de mil veintitrés; y los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero, y dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo, ambos meses de dos mil veinticuatro, por ser sábados y domingos, como se precisa en el siguiente calendario:

Ver calendario

36. Ahora, este Tribunal Pleno advierte que el plazo concedido legalmente ha fenecido y el Congreso de la Ciudad de México no ha reformado o derogado el artículo 103, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la hoy Ciudad de México), pues no ha sido publicado algún decreto en ese sentido, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad.

37. Dicha porción normativa establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 103. La omisión de las copias no será motivo para dejar de admitir los escritos y documentos que se presenten en tiempo oportuno. En este caso, el juez señalará sin ulterior recurso, un término que no excederá de tres días para exhibir las copias y si no se presentasen en dicho plazo, las hará el secretario a costa de la parte que las omitió.

Se exceptúan de esta disposición los escritos de demanda principal, reconvencional o incidental y en los que se pidan liquidaciones, que no serán admitidos si no se acompañan de las copias correspondientes."

38. En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido por la Primera Sala, consistente en que la porción normativa impugnada es inconstitucional por ser contrario al derecho humano de acceso a la justicia, en tanto que el legislador favoreció el derecho de acceso a la justicia de la parte demandada sobre el derecho humano de acceso a la justicia de la parte actora, con lo cual se quiebra el principio constitucional de igualdad procesal, el cual es una vertiente de los derechos al debido proceso y a la igualdad jurídica, que demanda una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes en un juicio y que se erige a su vez como una regla de actuación de la persona juzgadora como director del proceso;(15) y porque no existía una razón suficiente para que, en el caso de algunas acciones se considerara que sí es subsanable la propia acción y en otras no, con motivo de la falta de cumplimiento de un requisito netamente formal y por ende subsanable, como lo es la exhibición de copias de copias de traslado; no ha sido superado en el Código de Procedimientos Civiles, pues la norma en cuestión no ha sido modificada desde la fecha –catorce de junio de dos mil veintitrés– en que se emitió la ejecutoria en el amparo en revisión 134/2023.

39. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Pleno emite la declaratoria general de inconstitucionalidad en los términos que se precisarán en el siguiente apartado.

VI. EFECTOS Y DECISIÓN

40. Este Tribunal Pleno considera importante remarcar que el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(16) confiere a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación amplias facultades para fijar los efectos que deban imprimirse a una declaratoria general de inconstitucionalidad, con la finalidad de que se supere eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales en su jurisprudencia. En este sentido, debe entenderse que la Suprema Corte tiene vastas facultades para apreciar e imponer, caso por caso, las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido.

41. Por su parte, el artículo 234 de la Ley de Amparo establece q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33035-5b63bcd3/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-el-ministro-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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