I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA MINISTRA O EL MINISTRO QUE PRESIDE UNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR LA SOLICITUD RESPECTIVA. II. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE AL ESTABLECERSE JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE EN LA QUE SE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL NO TRIBUTARIA. III. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LAS RAZONES POR LAS QUE LA SEGUNDA SALA DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD, POR DISPONER QUE LA DECISIÓN SOBRE SU RATIFICACIÓN DEPENDERÁ DE FORMA SOBERANA DE LO QUE RESUELVA AL RESPECTO EL CONGRESO LOCAL, CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO. IV. JURISPRUDENCIA. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PRECEDENTES PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, Y 223 Y 224 DE LA LEY DE AMPARO. V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DÍAS ÚTILES DENTRO DE LOS CUALES DEBERÁ COMPUTARSE EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS PARA QUE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS MODIFIQUEN O DEROGUEN LA DISPOSICIÓN CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SON LOS DÍAS HÁBILES DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA. VI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PREVIO A DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL DE LAS NORMAS RESPECTIVAS, ES NECESARIO VERIFICAR QUE, UNA VEZ NOTIFICADA LA AUTORIDAD QUE LAS EMITIÓ, HAN TRANSCURRIDO LOS NOVENTA DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE AQUÉLLAS HAYAN SIDO MODIFICADAS O DEROGADAS. VII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE EMITE RESPECTO DEL ARTÍCULO 213, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SOBERANA", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AL HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS SIN QUE EL CONGRESO DE DICHA ENTIDAD LA HAYA REFORMADO O DEROGADO. VIII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONFIERE AMPLIAS FACULTADES A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA FIJAR SUS EFECTOS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 213, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SOBERANA", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE SURTE EFECTOS GENERALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIN TENER EFECTOS RETROACTIVOS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 213, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SOBERANA", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/2022. SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 16 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la declaratoria general de inconstitucionalidad 7/2022 con motivo de la resolución emitida en el amparo en revisión 152/2022, en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, constitucional,(1) y 223 y 232 de la Ley de Amparo.(2)
ANTECEDENTES Y TRÁMITE.
1. Solicitud. Mediante oficio registrado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se registró con el folio 01340, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa comunicó al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2013, que la Segunda Sala había resuelto el amparo en revisión 152/2022 en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos del plazo de noventa días a que se refieren los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) y 223 y 232 de la Ley de Amparo.
2. Radicación y requerimiento. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, radicó el oficio con el número de declaratoria general de inconstitucionalidad 7/2022 y ordenó enviar al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 152/2022, en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos del plazo de noventa días a que se refieren los numerales 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 232 de la Ley de Amparo, y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(4)
I. COMPETENCIA.
3. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la declaratoria general de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos 231 y 232 de la Ley de Amparo(5) y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el punto sexto del Acuerdo General Plenario 15/2013,(6) publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, así como el el punto segundo, fracción IV, del Acuerdo General Plenario 1/2023.(7)
4. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. LEGITIMACIÓN.
5. La declaratoria general de inconstitucionalidad fue formulada por parte legítima, pues la presentó la entonces Ministra Presidenta de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 232 de la Ley de Amparo y 24, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario 15/2013.
6. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
III. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA.
7. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:
8. La declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente porque tiene como sustento un criterio emitido por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal en un amparo en revisión, en la que determinó la inconstitucionalidad del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por violación a lo dispuesto el numeral 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en términos del diverso 223(8) de la Ley de Amparo, es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, al ser aprobado por unanimidad de votos.
9. El artículo 107, fracción II,(9) de la Constitución General de la República, indica que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, determina la inconstitucionalidad de una norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.
10. Mientras que los artículos 223 y 224 de la Ley de Amparo,(10) prevé que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de cuatro votos. Mientras que, el segundo, refiere que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten, por unanimidad, un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.
11. Ahora bien, de acuerdo a la exposición de motivos del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada el doce de marzo de dos mil veintiuno se advierte, que en relación al sistema de precedentes previsto en los artículos anteriores, se justificó de la forma siguiente:
"De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, es requisito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitere sus criterios en cinco ocasiones a fin de que éstos no sean obligatorios. Esto genera que muchas de sus sentencias no tengan el impacto que deben tener, asimismo obliga a los quejosos a litigar ante las instancias más altas para ver sus derechos protegidos. En ese sentido, así como en concordancia con la reforma constitucional en materia del poder judicial, se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avance a un sistema de precedentes en el que las razones que justifiquen todas sus sentencias, con una votación calificada, formen jurisprudencia de carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país. Con lo anterior, se fortalecen las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que todos los justiciables puedan exigir su cumplimiento y de esta manera se protejan de manera más eficiente y expedita los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. De igual forma, se evitará que las Ministras y los Ministros tengan que discutir varias veces el mismo asunto y puedan enfocarse en seguir fortaleciendo y precisando su doctrina constitucional."
12. Así, de acuerdo con la exposición de motivos y lo previsto en las normas antes mencionadas, se creó el sistema de precedentes, en cual basta con una sola resolución de las Salas del Máximo Tribunal, autorizada por cuatro votos, para que dicho criterio sea obligatorio para todas las autoridades del país, tan es así, que el sistema de formación de jurisprudencia por reiteración de criterio, actualmente solo es para los Tribunales Colegiados de Circuito en términos del artículo 224 de la Ley de Amparo.
13. Por tanto, para la declaratoria general de inconstitucionalidad prevista en el artículo 232 de la Ley de Amparo, solo es necesaria una resolución emitida por alguna de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, autorizada por cuatro votos de sus integrantes, para que la misma sea obligatoria y sustente la procedencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad, como ocurre en el presente caso, debido a que la presente declaratoria deriva de una resolución emitida en un amparo en revisión del conocimiento de la Segunda Sala de este Máximo Tribunal que fue aprobada por unanimidad de cinco votos.
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
IV. ESTUDIO DE FONDO.
15. Antecedentes del amparo en revisión 152/2022. Como antecedentes destacan los siguientes:
16. Hechos. Mediante decreto 227 de veintinueve de diciembre de dos mil diez, el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, nombró a Martha Ramírez Trejo como Magistrada del Poder Judicial de dicha entidad por un periodo de diez años, esto es, del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.
17. El veintidós de diciembre de dos mil veinte, la quejosa Martha Ramírez Trejo no fue ratificada en el puesto antes señalado por la Sexagésima Quinta Legislatura de dicha entidad federativa, en términos del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
18. Juicio de amparo. Martha Ramírez Trejo, mediante escrito presentando el trece de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió juicio de amparo indirecto contra la inconstitucionalidad del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como del acuerdo publicado el veintidós de diciembre de dos mil veinte en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por el que no se le ratificó el nombramiento como Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus consecuencias.
19. La demanda se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, el que por acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda, la registró con el número 35/2021, requirió a las autoridades responsables a fin de que rindieran su informe justificado y fijó día y hora para la audiencia constitucional.
20. Seguido el juicio en sus etapas procesales el veintidós de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito dictó sentencia, en la que sobreseyó en el juicio de amparo.
21. Recurso de revisión. Mediante escrito con evidencia criptográfica de siete de mayo de dos mil veintiuno, el apoderado legal de la quejosa, interpuso recurso de revisión, en el cual solicitó que conociera del mismo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
22. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, admitió a trámite el recurso de revisión y lo registró con el número 160/2021.
23. Solicitud de reasunción de competencia. Por escrito presentando el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Alberto Priego Miranda, apoderado legal de Martha Ramírez Trejo, solicitó la reasunción de competencia originaria, al aducir que es un asunto de importancia y trascendencia, la cual se registró con el número 172/2021.
24. Resolución para reasumir competencia. En sesión privada de nueve de marzo del dos mil veintidós las Ministras y los Ministros integrantes de la Segunda Sala por mayoría de tres votos determinaron reasumir la competencia para conocer del recurso de revisión 160/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
25. Trámite ante la Suprema Corte. El once de abril de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó asumir la competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por la quejosa, ordenó formar y registrar el expediente relativo al amparo en revisión 152/2022, asimismo, turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que formulara el proyecto de resolución respectivo.
26. En sesión de trece de julio de dos mil veintidós, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, determinó, entre otras cosas, conceder el amparo y protección constitucional, porque resulta inconstitucional el artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al ser contrario al numeral 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
27. Estudio de los requisitos de la declaratoria general de inconstitucionalidad. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional y en los diversos 232 y 233 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del Acuerdo General Plenario 15/2013, las declaratorias generales de inconstitucionalidad solo pueden realizarse con base en los criterios emitidos en los juicios de amparo en revisión en términos del sistema constitucional vigente.
28. Asimismo, cuando el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinen la inconstitucionalidad de una disposición general que no corresponda a la materia tributaria, lo harán del conocimiento del Presidente de esta Suprema Corte a fin de que informe a la autoridad emisora la existencia de tales precedentes.
29. Luego, cuando el Pleno o las Salas, conforme al sistema de precedentes vigente a partir de junio de dos mil veintiuno, determinen la inconstitucionalidad de una disposición general que no encuadre en la materia tributaria, lo harán del conocimiento del Presidente de la Corte a fin de que notifique a la autoridad emisora de la disposición considerada inconstitucional y, transcurrido el plazo de noventa días sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte hará la declaratoria general de inconstitucionalidad en la que fijará sus alcances y condiciones en términos de la Ley Reglamentaria.
30. Asimismo, en el punto sexto del Acuerdo General Plenario 15/2013 se dispuso que, dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo referido de noventa días, sin que se hubiese corregido el problema de la disposición general considerada inconstitucional mediante la emisión de una nueva, el Ministro ponente deberá remitir a la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de resolución correspondiente.(11)
31. Ahora bien, para verificar si esta declaratoria general de inconstitucionalidad cumple con el requisito de temporalidad previsto en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 107 de la Constitución General de la República, es importante tener en cuenta que el diverso 232 de la Ley de Amparo,(12) conforme a sus alcances dados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2017, así como el numeral 25 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave(13) y el diverso 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio Llave,(14) los noventa días que prevé como plazo son días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinadas en la Constitución de dicha entidad federativa.
32. Luego, la admisión del presente procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, al que se anexó la resolución emitida en el amparo en revisión 152/2022 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se notificó por oficio al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el doce de agosto de dos mil veintidós.
33. Así, el plazo de noventa días transcurrió del siete de noviembre de dos mil veintidós al nueve de junio de dos mil veintitrés, sin contar en este plazo del trece agosto al cuatro de noviembre de dos mil veintidós y del uno de febrero al uno de mayo de dos mil veintitrés por corresponder a los recesos del segundo y primer periodos de sesiones del referido Congreso; ni el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, por ser conmemorativo; así como cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós; uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero; seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo; tres, cuatro y diez de junio, todos de dos mil veintitrés.
34. Para mayor claridad del cómputo, en los siguientes cuadros es representado gráficamente el plazo de los noventa días a partir de la fecha en que fue notificado el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de la admisión del presente procedimiento y los días útiles de los periodos ordinarios de sesión que transcurrieron.
Ver cuadros
35. Ahora, este Tribunal Pleno considera importante destacar que en la resolución emitida en el amparo en revisión 152/2022, por votación de cinco votos, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por disponer que la decisión sobre la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la mencionada entidad dependerá de forma soberana de lo que resuelva al respecto el Congreso local, lo que trasgrede el numeral 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
36. La porción normativa declarada inconstitucional, contenida en artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, establece:
"Artículo 213. El dictamen técnico no limita la facultad soberana del Congreso del Estado, de ratificar o no ratificar a los magistrados del Poder Judicial del Estado; sin embargo, de no emitir pronunciamiento sobre el dictamen correspondiente dentro de los treinta días siguientes a su recepción, se entenderá por ratificado el magistrado en cuestión."
37. Así, la porción normativa que fue declarada inconstitucional por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal del país, es el artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que implica que el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, puede ratificar a los Magistrados de forma soberana, sino que debe prevalecer una determinación fundada y motivada. 38. En consecuencia, el hecho de que la norma impugnada signifique normativamente que las decisiones que tome el Congreso del Estado en materia de ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia son soberanas, contradice frontalmente el contenido del artículo 116, fracción III, constitucional, así como la interpretación ha venido realizando este Alto Tribunal, como se mencionó en acápites anteriores.
39. Luego, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad no ha sido superado por el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, puesto que no obstante de estar debidamente notificado del inicio del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, dentro del término de noventa días naturales que señala el artículo 107, fracción II, constitucional, así como el 232 de la Ley de Amparo, no realizó manifestación alguna.
40. Además, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, al ser un hecho notorio, las diversas leyes que emanan de las autoridades legislativas, por estar publicadas en los diversos órganos de difusión oficial, se advierte que el citado 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, continua con la misma redacción a la que fue analizada en el amparo en revisión 152/2022 del índice de la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
41. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Pleno emite la declaratoria general de inconstitucionalidad, en los términos que se precisarán en el siguiente apartado.
42. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado, por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado IV, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez general del artículo 213, en su porción normativa ‘soberana’, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea y la señora Ministra Ríos Farjat votaron en contra. Las señoras Ministras y el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Ortiz Ahlf y Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes. El señor Ministro González Alcántara Carrancá anunció voto aclaratorio.
V. EFECTOS.
43. Este Tribunal Pleno considera importante destacar que el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, amplias facultades para fijar los efectos que deban imprimirse a una declaratoria general de inconstitucionalidad, con la finalidad de que se supere eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales en sus precedentes. En este sentido, debe entenderse que la Suprema Corte tiene vastas facultades para apreciar e imponer, caso por caso, las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido.
44. Así, el artículo 234 de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la resolución o jurisprudencia que le dio origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:
"I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y
"II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad.
"Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
45. Este Tribunal Pleno considera que, para precisar adecuadamente los efectos de esta declaratoria general, se debe tener en cuenta que la resolución emitida por la Segunda Sala declaró la inconstitucionalidad el artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dispone que la decisión sobre la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado dependerá de forma soberana de lo que resuelva al respecto el Congreso local.
46. Ahora bien, la porción normativa referida no se refiere a la materia penal, y, por tanto, no procede dar efectos retroactivos a esta declaratoria general.
47. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad surtirá sus efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y no podrá tener efectos retroactivos.
48. Es importante enfatizar, que los alcances de esta declaratoria general se limitan a declarar la inconstitucionalidad la porción normativa relativa a "soberana" contenida en el artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que el texto de la norma deberá quedar de la forma siguiente:
"Artículo 213. El dictamen técnico no limita la facultad del Congreso del Estado, de ratificar o no ratificar a los magistrados del Poder Judicial del Estado; sin embargo, de no emitir pronunciamiento sobre el dictamen correspondiente dentro de los treinta días siguientes a su recepción, se entenderá por ratificado el magistrado en cuestión."
49. Finalmente, remítase la presente declaratoria general de inconstitucionalidad al Director del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz para que procedan a su publicación dentro del plazo de siete días hábiles, como lo prevé el artículo 235(15) de la Ley de Amparo.
50. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea obligado por la mayoría, Ríos Farjat con precisiones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra, a favor de la propuesta original.
VI. DECISIÓN.
Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad.
SEGUNDO.—Se declara la inconstitucionalidad del artículo 213, en su porción normativa "soberana", de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del referido Estado, por los motivos expuestos en los apartados IV y V de esta decisión.
TERCERO.—Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria y en su oportunidad, archívese como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados I, II y III relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación y a la procedencia.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado IV, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez general del artículo 213, en su porción normativa ‘soberana’, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea y la señora Ministra Ríos Farjat votaron en contra. Las señoras Ministras y el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Ortiz Ahlf y Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes. El señor Ministro González Alcántara Carrancá anunció voto aclaratorio.
Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea obligado por la mayoría, Ríos Farjat con precisiones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo a los efectos, consistente en: 1) invalidar únicamente la porción normativa "soberana" del precepto reclamado, 2) no imprimir efectos retroactivos a la declaratoria general decretada, 3) determinar que la declaratoria general de inconstitucionalidad decretada surta efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado y 4) remitir esta resolución al Diario Oficial de la Federación y a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra, a favor de la propuesta original.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32272-ea3a3373/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-la-ministra-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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