I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL O LA MINISTRA QUE PRESIDE UNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENE LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR LA SOLICITUD RESPECTIVA. II. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE AL ESTABLECERSE JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE EN LA QUE SE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL NO TRIBUTARIA. III. SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LAS RAZONES POR LAS QUE LA PRIMERA SALA DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO, EN CUANTO PREVÉ QUE EL JUEZ QUE DECLARA LA NULIDAD DE UNA ACTUACIÓN JUDICIAL PUEDE IMPONER UNA MULTA AL FUNCIONARIO RESPONSABLE, CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO. IV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DÍAS ÚTILES DENTRO DE LOS CUALES DEBERÁ COMPUTARSE EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS PARA QUE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS MODIFIQUEN O DEROGUEN LA DISPOSICIÓN CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SON LOS DÍAS HÁBILES DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA. V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. CONSIDERAR COMO DÍAS ÚTILES, REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, AQUELLOS EN QUE EL CONGRESO LOCAL CELEBRA SUS SESIONES ORDINARIAS CONTRAVENDRÍA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA Y LA FINALIDAD DE ESTA FIGURA. VI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PREVIO A DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL DE LAS NORMAS RESPECTIVAS, ES NECESARIO VERIFICAR QUE, UNA VEZ NOTIFICADA LA AUTORIDAD QUE LAS EMITIÓ, HAN TRANSCURRIDO LOS NOVENTA DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE AQUÉLLAS HAYAN SIDO MODIFICADAS O DEROGADAS. VII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE EMITE RESPECTO DEL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO ÚLTIMO, SEGUNDA PARTE, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL QUE SUBSISTE LA FACULTAD PARA QUE EL JUZGADOR QUE CONOCE DE UN PROCEDIMIENTO DEL ORDEN CIVIL IMPONGA UNA MULTA A OTRO SERVIDOR PÚBLICO QUE LE ESTÁ SUBORDINADO CUANDO DECRETA LA NULIDAD DE UNA ACTUACIÓN JUDICIAL POR CONSIDERAR QUE ÉSTA NO CUMPLIÓ CON LAS FORMALIDADES LEGALES, AL HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS SIN QUE EL CONGRESO DE DICHA ENTIDAD LO HAYA REFORMADO O DEROGADO. VIII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONFIERE AMPLIAS FACULTADES A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA FIJAR SUS EFECTOS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN ESTE CASO IMPONDRÁ AL RESPONSABLE UNA MULTA DE SIETE A VEINTE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, Y SE LE CONDENARÁ AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS", DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO). IX. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE SURTE EFECTOS GENERALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, SIN TENER EFECTOS RETROACTIVOS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN ESTE CASO IMPONDRÁ AL RESPONSABLE UNA MULTA DE SIETE A VEINTE VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, Y SE LE CONDENARÁ AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS", DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO).
DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2022. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 15 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD
Derivada de las jurisprudencias fijadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 346/2021, por el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 66, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, al ser violatorio del principio de seguridad jurídica y del artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRÁMITE
1. Solicitud. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, entonces Presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal, hizo del conocimiento de la Presidencia de este Tribunal Pleno, para los efectos legales conducentes, atento a lo establecido en el artículo 107, fracción II,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 231 y 232 de la Ley de Amparo,(2) en relación con el Punto Segundo del Acuerdo General Plenario 1/2021 de ocho de dos mil veintiuno,(3) que la Primera Sala había resuelto el amparo en revisión 346/2021, en el que determinó la inconstitucionalidad del artículo 66, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, "no sólo por generar falta de seguridad y certeza jurídica en cuanto a la ley y procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Jalisco y su correspondiente sanción, cuando las actuaciones a su cargo se declaran nulas por no cumplir con las formalidades que para tal efecto se establecen en la ley; sino que además, es inconstitucional, por transgredir el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se ordena que al respecto se atienda a la constitución local y esta última, en su artículo 106, señala que debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 64 de la propia Constitución, en el cual se señala que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado (con excepción del Tribunal Superior de Justicia) estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local, ...".
2. Admisión. En auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por la Primera Sala, ordenó notificar al Congreso del Estado de Jalisco como autoridad emisora de la norma declarada inconstitucional, adjuntándole copia de la citada resolución, para los efectos del plazo de noventa días naturales a que se refieren los citados preceptos y se ordenó turnar el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, al haber sido ponente en el amparo en revisión 346/2021, del que derivó el presente asunto.
I. COMPETENCIA
3. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta declaratoria general de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) en relación con los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo,(5) 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(6)
II. LEGITIMACIÓN
4. La declaratoria general de inconstitucionalidad fue formulada por parte legítima, ya que la presentó la entonces Presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 232 de la Ley de Amparo y 24, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(7)
III. PROCEDENCIA
5. La declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente porque tiene como sustento una jurisprudencia emitida por la Primera Sala en un amparo en revisión en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 66, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que prevé que el juez que declara la nulidad de una actuación judicial puede imponer una multa al funcionario responsable.
6. Al respecto, debe precisarse que el precepto normativo mencionado no corresponde a la materia tributaria, ya que se trata un precepto que prevé la imposición de una sanción disciplinaria por la responsabilidad en que incurre un servidor público.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
7. Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente traer a cuenta los siguientes antecedentes relevantes del caso:
8. Demanda de amparo y trámite. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados:
a) Como ordenadoras:
• Del Congreso del Estado de Jalisco "la aprobación y expedición de los artículos 66, 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco".
• Del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco "la aprobación, promulgación y publicación de los artículos 66, 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco".
• Del Juez Segundo de lo Civil del Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del Trigésimo Primer Partido Judicial "la ilegal resolución emitida en el procedimiento ********** de fecha 05 cinco de septiembre del año en curso, donde como ACTO DE MOLESTIA y sin contar con facultades legales, interpreta y aplica en perjuicio de esta parte los preceptos en los que pretende fundar y motivar (artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco el cual se controvierte de inconstitucional en este amparo), de forma insuficiente e inadecuada la sanción al suscrito y consistente en la multa y condena al pago de gatos y costas (QUE COMO ACTO DE MOLESTIA GENERA SIN EXISTIR UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y NO SER UN ACTO DISCIPLINARIO QUE LE CORRESPONDA AL MISMO) que se refiere en la resolución de fecha 05 de septiembre del año 2005, y que eminentemente afecta mis derechos humanos de audiencia y defensa y que sin perjuicio de ello pretende también sea condenado a pagar los gastos y costas originados en el procedimiento en comento, siendo que el suscrito no soy parte en dicho procedimiento, y al efecto ello constituye una doble sanción pues MULTA Y CONDENA sin existir en él la facultad para ello; sin dejar de lado de que con independencia de ser juez y parte, ordena dar vista a la Dirección de Visitaduría para que me apertura un procedimiento de responsabilidad, amén de la multa y condena que sin ser parte en el procedimiento decreto en la resolución emitida por él".
b) Como ejecutoras:
• El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco "cualquier orden verbal o escrita que emita a sus inferiores jerárquicos para que con motivo del acto reclamado se sancione administrativamente con pretexto de la vista que ordena el Juez Civil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que se analice mi conducta, lo que tuviera por efecto una doble sanción en la persona del suscrito tomando en consideración lo resuelto de forma indebida por el mismo".
• Director de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura "el acatamiento de cualquier orden girada por el superior que tenga por efecto el que se apertura un procedimiento de responsabilidad al suscrito basado en las consideraciones ilegales del Juez Segundo de lo Civil de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, para que se investigue y sancione al suscrito pese a que el mismo ya ordenó mi sanción sin previo procedimiento, y en su caso cualquier acto que derive ya directa o indirectamente de aquel que ordena dar vista al mismo con base en el acto sancionatorio que el mismo refiere en la resolución emitida en el expediente ********** del índice de dicho tribunal con fecha de 05 de septiembre del año en curso".
• Director del Periódico Oficial del Estado de Jalisco "la publicación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco".
• Secretario General de Gobierno "el refrendo y firma de las leyes ... que se tildan de inconstitucionales siendo éstas las que se identifican con los números 66, 72, 73, 74, 75 y 140 del cuerpo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco".
• Secretario de Hacienda del Estado de Jalisco "cualquier acto, orden ya verbal o escrita que acate proveniente del Juez Segundo de lo Civil de Tlajomulco, que tenga o pueda tener por efecto la afectación a mi patrimonio personal y familiar para sancionar al suscrito con base en el auto de fecha 05 de septiembre del año 2018, emitida por dicha autoridad donde MULTA en primer término al suscrito y posteriormente en el mismo auto, CONDENA al suscrito al pago de gastos y costas (no determinadas y SIN EXISTIR UNA SENTENCIA DEFINITIVA), y la ejecución de la multa ordenada en la misma que se indican en la resolución **********, lo que implica a su vez órdenes verbales y escritas que el mismo dé para que se cumpla dicha orden en perjuicio del suscrito".
• Director de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado (también conocido como talento humano) "cualquier acto, orden ya verbal o escrita que acate proveniente del Juez Segundo de lo Civil de Tlajomulco, que tenga o pueda tener por efecto la afectación a mi patrimonio personal y familiar para SANCIONAR CON MULTA al suscrito con base en el auto de fecha 05 de septiembre del año 2019, emitida por dicha autoridad, donde también CONDENA AL SUSCRITO AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS (no determinadas Y SIN EXISTIR SENTENCIA DEFINITIVA) en los autos que integran el juicio **********, lo que implica a su vez órdenes verbales y escritas que el mismo dé para que se cumpla dicha orden en perjuicio del suscrito ya de forma directa con el descuento o ejecución, que se pretenda hacer del salario que como remuneración percibo el suscrito por la función que como servidor público merezco constitucionalmente".
• Director Jurídico de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Pública: "cualquier acto, orden ya verbal o escrita que acate proveniente del Juez Segundo de lo Civil de Tlajomulco, que tenga o pueda tener por efecto la afectación a mi patrimonio personal y familiar para sancionar al suscrito con base en la resolución emitida por dicha autoridad donde CONDENA AL SUSCRITO AL PAGO DE GASTOS (gastos y costas no determinadas Y SIN EXISTIR SENTENCIA DEFINITIVA) y la ejecución de la multa ordenada en la misma que se indican en el auto de fecha 05 de septiembre del juicio 949/2018, lo que implica a su vez órdenes verbales y escritas que el mismo dé para que se cumpla dicha orden en perjuicio del suscrito".
9. Asimismo, se señalaron como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 13, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5, 8, 9, 11, 14, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.2 y 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; así como el 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
10. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo secretario encargado del despacho registró con el número de expediente ********** y previno al promovente para que precisara si era su deseo reclamar la inconstitucionalidad del artículo 140 al Congreso del Estado de Jalisco; le requirió la ampliación de los antecedentes del acto reclamado, la narración precisa de los mismos y las copias necesarias del escrito aclaratorio.
11. Mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por desahogada la prevención, se admitió la demanda, fijó fecha para audiencia y solicitó los informes justificados a las autoridades responsables.
12. Seguido el juicio por sus demás trámites legales, el veintinueve de enero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia constitucional respectiva en la cual se dictó la sentencia respectiva, terminada de engrosar el veintiséis de febrero posterior. En esa sentencia se decidió lo siguiente:
"PRIMERO.—Se sobresee en el juicio de amparo, por las razones expuestas en el considerando tercero y quinto de la presente sentencia.
"SEGUNDO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos y autoridades señalados en el considerando séptimo de la presente resolución.
"TERCERO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos y autoridades señalados en el considerando octavo, para los efectos mencionados en el considerando noveno de la presente resolución."
13. SEGUNDO.—Recurso de revisión. En contra de la sentencia anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, lo radicó bajo el número de expediente **********; una vez desahogados los requerimientos al juzgado federal, se admitió a trámite por auto de veinte de octubre siguiente.
14. En sesión de tres de marzo de dos mil veintiuno, celebrada vía remota, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió solicitar a este Alto Tribunal el ejercicio de reasunción de competencia del amparo en revisión ********** de su índice.
15. TERCERO.—Trámite de la reasunción de competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un acuerdo el nueve de abril de dos mil veintiuno, en el cual registró el asunto en cuestión como solicitud de reasunción de competencia ********** y lo admitió a trámite, de conformidad con lo previsto en el Punto Décimo Cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2013 de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece. Asimismo, indicó que el asunto debía radicarse en la Primera Sala en virtud de que el presente expediente incide en la materia de su especialidad.
16. Seguidos los trámites correspondientes, mediante sesión virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reasumir su competencia originaria para conocer el recurso de revisión.
17. Trámite del recurso de revisión en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hecho lo anterior, mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, el Presidente de este Alto Tribunal registró el recurso de revisión con el número de expediente 346/2021 y determinó reasumir la competencia para conocer el recurso; asimismo, lo turnó para la elaboración del proyecto correspondiente a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y ordenó la radicación del expediente en la Primera Sala de este Alto Tribunal, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.
18. El amparo en revisión fue resuelto por la Primera Sala por unanimidad de votos en sesión de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y otorgar la protección constitucional.
19. Al resolver ese amparo en revisión, la Primera Sala consideró, en síntesis, que el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco es inconstitucional al exceder el ámbito competencial que debe regular el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que es precisamente la regulación de los procedimientos del orden civil, mas no las sanciones que se deben imponer a los propios servidores del Poder Judicial ante una falta como la mencionada.
20. Sostuvo que, si bien es verdad que cuando los servidores públicos incurren en una falta, éstos pueden incurrir en diversos tipos de responsabilidad, como lo son la constitucional, civil, penal y administrativa; sin embargo, cada una tiene una vía específica a través de la cual se puede hacer efectiva.
21. Estimó que, cuando se incurre en una falta de carácter administrativo y es por la falta misma que como una medida disciplinaria, se pretende sancionar al servidor público, es claro que dicha sanción debe hacerse efectiva a través de la vía correspondiente; por tanto, no resulta válido que en el juicio civil en que se decretó la nulidad del emplazamiento que el quejoso efectuó, se le imponga una multa.
22. En ese sentido, una vez analizado el artículo impugnado, concluyó que resultaba evidente que el último párrafo del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco es inconstitucional, no sólo por generar falta de seguridad y certeza jurídica en cuanto a la ley y procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Jalisco y su correspondiente sanción, cuando las actuaciones a su cargo se declaran nulas por no cumplir con las formalidades que para tal efecto se establecen en la ley; sino, además, por transgredir el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se ordena que al respecto se atienda a la Constitución local, y esta última, en su artículo 106, señala que debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 64 de la propia Constitución, en el cual se señala que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado (con excepción del Tribunal Superior de Justicia) estarán a cargo del Consejo de la Judicatura local, de ahí que, si lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en su último párrafo no es acorde con ésta previsión, entonces, por consecuencia, también es contrario a lo dispuesto en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal.
23. Así, la Primera Sala determinó que la concesión del amparo era para el efecto de que nunca vuelva a sancionarse al quejoso con fundamento en el último párrafo del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco.
24. Estudio de los requisitos de la declaratoria general de inconstitucionalidad. De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal y en los numerales 232 y 233 de la Ley de Amparo, las declaratorias generales de inconstitucionalidad sólo pueden realizarse con base en el criterio emitido en los juicios de amparo en revisión.
25. En efecto, cuando el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinen la inconstitucionalidad de una disposición general que no corresponda a la materia tributaria, el Presidente informará a la autoridad emisora la existencia de tal precedente.
26. En el numeral 232 de la Ley de Amparo se precisa que una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.
27. Asimismo, en dicho dispositivo se establece que cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo de noventa días se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda. 28. De lo anterior se colige que, una vez transcurrido el plazo referido de noventa días, sin que se hubiese corregido el problema de la disposición general considerada inconstitucional mediante la emisión de una nueva, el Ministro ponente remitirá a la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte el proyecto de resolución correspondiente.
29. En este caso, la declaratoria general de inconstitucionalidad fue admitida a trámite el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dado que la entonces Presidenta de la Primera Sala informó a la Presidencia de esta Suprema Corte que aquélla había emitido precedente sobre la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, no sólo por generar falta de seguridad y certeza jurídica en cuanto a la ley y procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Jalisco y su correspondiente sanción, cuando las actuaciones a su cargo se declaran nulas por no cumplir con las formalidades que para tal efecto se establecen en la ley; sino, además, por transgredir el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
30. La sentencia dictada en el amparo en revisión 346/2021 fue notificada al Congreso del Estado de Jalisco mediante el oficio 51389/2022 el doce de diciembre de dos mil veintidós.
31. Ahora, para verificar si esta declaratoria general de inconstitucionalidad cumple con el requisito de temporalidad previsto en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 107 de la Constitución Federal, es importante tener en cuenta el tercer párrafo del artículo 232 de la Ley de Amparo vigente, que establece que cuando el órgano emisor de la disposición considerada inconstitucional sea el órgano legislativo federal o local, el plazo de noventa días debe computarse dentro de los días útiles de los periodos de sesiones determinados en la Constitución Federal o local, según corresponda.
32. En el caso, fue el Congreso del Estado de Jalisco quien expidió el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, por lo que, debe atenderse al periodo de sesiones que para que el desempeño de los trabajos legislativos de dicho poder fue previsto en la Constitución Política del Estado de Jalisco.
33. En ese orden de ideas, cabe señalar que es la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco la que regula la organización del Congreso del Estado de Jalisco y el funcionamiento de sus trabajos legislativos.
34. Al respecto, en los artículos 3,(8) 71(9) y 75,(10) de la citada ley orgánica, se prevé que el Congreso Local podrá constituir las Comisiones que requieran para el cumplimiento de sus funciones, las cuales son órganos colegiados –integrados por los propios diputados– cuya función radica fundamentalmente en el análisis y elaboración de dictámenes de iniciativas de ley y decretos, así como de informes, opiniones y resoluciones correspondientes a los asuntos del Congreso al que pertenece.
35. Ahora bien, de la lectura del artículo 8 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Jalisco,(11) en relación con el 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,(12) se advierten los días considerados inhábiles para el Poder Legislativo, así como los días de descanso obligatorio para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
36. Asimismo, conforme al citado artículo 8, punto 2, fracción III, de la referida Ley Orgánica, son inhábiles los días comprendidos dentro de los tres periodos de diez días que anualmente determine el Congreso del Estado, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, lo que habrá de tomarse en cuenta para efectos del cómputo de noventa días de conformidad con el precedente de la declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2017.
37. En ese sentido, es de considerar para el cómputo del referido plazo el contenido del Acuerdo Legislativo 1163-LXIII-22, de seis de diciembre de dos mil veintidós,(13) que establece el primero periodo de días inhábiles para el segundo año de la LXIII, Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, presentado por la Junta de Coordinación Política, así como el Acuerdo Legislativo 1370-LXIII-23, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, que establece el segundo y tercer periodos de días inhábiles para el segundo año legislativo de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco.
38. Cabe señalar que, a juicio de este Tribunal Pleno no puede considerarse que los días útiles referidos en el artículo 232 de la Ley de Amparo son los días en que el Congreso del Estado celebra sus sesiones ordinarias, que en el caso, en términos de los artículos 25 de la Constitución Local, en relación con el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,(14) el Congreso del Estado de Jalisco sesionará por lo menos cuatro veces al mes durante los periodos comprendidos del primero de febrero al treinta y uno de marzo y del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de cada año, fuera de los cuales sesionará al menos una vez al mes.
39. Lo anterior, porque considerar como días hábiles sólo los días en que el Congreso del Estado celebre sesiones ordinarias contravendría el principio constitucional de justicia pronta y expedita y la finalidad establecida en la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once en la fracción II del artículo 107 constitucional (previo a la reforma publicada el once de marzo del dos mil veintiuno), en la que el Constituyente Permanente modificó el alcance del principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo mediante el establecimiento de la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuyo propósito es que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulse del orden jurídico las disposiciones consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación emitida por reiteración en amparos indirectos en revisión,(15) actualmente, mediante el sistema de jurisprudencia por precedentes (según la reforma publicada el once de marzo de dos mil veintiuno).(16)
40. Ahora, la jurisprudencia deriva de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 346/2021 fue notificada al Congreso del Estado de Jalisco el doce de diciembre de dos mil veintidós, por lo que surtió efectos el mismo día de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo.(17)
41. Así, tomando en cuenta las normas vigentes y acuerdos legislativos, antes precisados, el plazo de noventa días concedido al Congreso del Estado de Jalisco, como autoridad emisora de la normatividad declarada inconstitucional, transcurrió del trece de diciembre de dos mil veintidós al viernes veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, ya que la notificación de este plazo se realizó el doce de diciembre de dos mil veintidós, sin contarse los días: del diecinueve al veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, declarados como periodo vacacional mediante Acuerdo Interno de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa; del veintiséis al treinta, todos estos de diciembre de dos mil veintidós, por establecerse como inhábiles por acuerdo legislativo 1163-LXIII-22, que establece el primer periodo de días inhábiles para el segundo año legislativo de la LXIII Legislatura; así como, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y, treinta y uno, todos de diciembre de dos mil veintidós por corresponder a sábados y domingos; así como, del dos al seis de enero de dos mil veintitrés, al establecerse como inhábiles por el citado acuerdo legislativo; uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero; cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de marzo, uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril y; seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, al corresponder a sábados y domingos; y, primer lunes de febrero y tercer lunes de marzo de dos mil veintitrés, el uno y cinco de mayo, por considerarse días de descanso obligatorio por ley; tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, once, doce, trece y catorce de abril, todos de dos mil veintitrés, por Acuerdo Legislativo 1370-LXIII-23, que establece el segundo y tercer periodos de días inhábiles para el segundo año legislativo de la LXIII Legislativo de la LXIII Legislatura, como se precisa en el siguiente calendario:
Ver calendario
42. Ahora, este Tribunal Pleno advierte que el plazo concedido legalmente ha fenecido y el Congreso del Estado no ha reformado o derogado el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues no ha sido publicado algún decreto en ese sentido, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad.
43. Dicha porción normativa(18) establece lo siguiente:
"Articulo 66. ...
"... En este caso impondrá al responsable una multa de siete a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y se le condenará al pago de los gastos y costas."
44. En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido por la Primera Sala, consistente en que la porción normativa impugnada es inconstitucional no sólo por generar falta de seguridad y certeza jurídica en cuanto a la ley y al procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Jalisco y su correspondiente sanción cuando las actuaciones a su cargo se declaran nulas por no cumplir con las formalidades que para tal efecto se establecen en la ley, sino, además, por transgredir el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se ordena que al respecto se atienda a la Constitución local, y esta última, en su artículo 106, señala que debe atenderse a lo dispuesto en el
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Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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