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I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL MINISTRO O LA MINISTRA QUE PRESIDE UNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR LA SOLICITUD RESPECTIVA. II. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE AL ESTABLECERSE JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO EN LA QUE SE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL NO TRIBUTARIA. III. CÉDULAS PROFESIONALES. LAS RAZONES POR LAS QUE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN IV, 13, FRACCIÓN II, 55 A 65, 80, ÚLTIMOS TRES RENGLONES, 87, FRACCIÓN IX, Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO, QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA OBTENER O CONSERVAR CÉDULAS, CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO. IV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA NORMA IMPLICADA FUE REFORMADA O DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN IV, 13, FRACCIÓN II, 55 A 65, 80, ÚLTIMOS TRES RENGLONES, 87, FRACCIÓN IX, Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL ESTADO DE JALISCO). V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL HECHO DE QUE NO TODOS LOS ARTÍCULOS DECLARADOS INCONSTITUCIONALES EN EL PRECEDENTE OBLIGATORIO HAYAN SIDO REFORMADOS NO IMPIDE DECLARAR SIN MATERIA EL ASUNTO, SI EL ALCANCE DE LOS QUE NO SUFRIERON MODIFICACIÓN SE ENCUENTRA DIRECTAMENTE VINCULADO AL SISTEMA NORMATIVO CREADO POR EL NUEVO ACTO LEGISLATIVO.

Tipo de asunto: DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2023. · Registro digital (IUS): 32434
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-17
Promovente: SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo II, Pág.1271.

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2023. SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 25 DE ENERO DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Presidente de la Segunda Sala hizo del conocimiento de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al resolver el amparo en revisión 466/2022, la Segunda Sala declaró la inconstitucionalidad de los artículos 12, fracción IV; 13, fracción II; 55 a 65; 80, últimos tres renglones; 87, fracción IX; y, cuarto transitorio, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, al estimar que sólo la Federación tiene competencia para establecer o variar las exigencias para obtener o conservar las cédulas profesionales.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

Derivada del precedente obligatorio fijado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 466/2022, en el que se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 12, fracción IV; 13, fracción II; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 80, últimos tres renglones; 87, fracción IX; y, cuarto transitorio, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco.

TRÁMITE

1. Solicitud. El Ministro Alberto Pérez Dayán, Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, hizo del conocimiento(1) de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al resolver el amparo en revisión 466/2022, la Segunda Sala declaró la inconstitucionalidad de los artículos 12, fracción IV; 13, fracción II; 55 a 65; 80, últimos tres renglones; 87, fracción IX; y, cuarto transitorio, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, al estimar que sólo la Federación tiene competencia para establecer o variar las exigencias para obtener o conservar las cédulas profesionales.

2. Admisión. Mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la presente declaratoria general de inconstitucionalidad bajo el expediente 2/2023; ordenó notificar al Congreso del Estado de Jalisco –autoridad emisora de las normas declaradas inconstitucionales–, para los efectos del plazo de noventa días a que se refieren los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Federal y 232, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; y ordenó turnar el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, al haber sido ponente en el amparo en revisión 466/2022, del que deriva el presente asunto.

I. COMPETENCIA

3. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) en relación con los diversos 231 y 232 de la Ley de Amparo,(3) y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) así como en el punto Segundo, fracción IV, del Acuerdo General número 1/2023,(5) publicado el tres de febrero de dos mil veintitrés.

II. LEGITIMACIÓN

4. La solicitud de la declaratoria general de inconstitucionalidad fue formulada por parte legitimada, en tanto que la presentó el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución General y 231 de la Ley de Amparo.

III. PROCEDENCIA

5. La declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente, en términos de lo previsto en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo, ya que tiene como sustento un precedente obligatorio –amparo en revisión 466/2022–,(6) emitido por la Segunda Sala, en el que se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 12, fracción IV; 13, fracción II; 55 al 65; 80, últimos tres renglones; 87, fracción IX; y, cuarto transitorio, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, al considerar que el Congreso local no tiene competencia para emitir normas relativas a la validación de documentos académicos y de supervisión del sistema de evaluación y acreditación superior, ya que sólo la Federación puede establecer o variar las exigencias para obtener o conservar las cédulas profesionales.

6. Al respecto, debe precisarse que los preceptos normativos mencionados no corresponden a la materia tributaria, en virtud de que son disposiciones que regulan un sistema de actualización y certificación profesional a nivel local.

IV. ANTECEDENTES

7. Juicio de amparo. Una persona que estudió la licenciatura de médico veterinario y zootecnista en la Universidad de Guadalajara solicitó a la Dirección de Profesiones de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco la expedición de la cédula profesional correspondiente. En respuesta a su solicitud, se le expidió una cédula profesional con vigencia temporal.

8. Derivado de lo anterior, promovió juicio de amparo en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados:

• Los artículos 12, fracciones IV, VI, XIX, 13, fracción II, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 80 últimos tres renglones, 87, fracción IX, y artículo cuarto transitorio, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, publicados el uno de diciembre de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco (mediante Decreto 25559/LX/15), así como los actos legislativos inherentes a dichos preceptos. Los cuales atribuyó al Congreso del Estado, al Gobernador y al Director de Publicaciones y del Periódico Oficial, todos del Estado de Jalisco, en sus respectivos ámbitos competenciales; y,

• La expedición de la cédula profesional temporal en favor de la quejosa. Acto que atribuyó al Secretario General de Gobierno y al Director de Profesiones de la Secretaría General de Gobierno, ambos del Estado de Jalisco.

9. Seguidos los trámites correspondientes, el juzgado de distrito que conoció del asunto determinó negar el amparo respecto de los artículos cuya constitucionalidad fue cuestionada, así como por su acto de aplicación.

10. Recurso de revisión. Inconforme con esa decisión, la quejosa interpuso recurso de revisión, y el tribunal colegiado del conocimiento determinó solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que reasumiera su competencia originaria para conocer del recurso de revisión.

11. Trámite de la reasunción de competencia. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de reasunción de competencia y la registró con el expediente 63/2022; asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Luis María Aguilar Morales.

12. Seguidos los trámites correspondientes, en sesión de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la Segunda Sala determinó reasumir su competencia originaria para conocer del amparo en revisión.

13. Trámite del recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Presidencia de este Alto Tribunal registró el recurso de revisión con el expediente 466/2022, lo admitió a trámite y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, integrante de la Segunda Sala. Seguidos los trámites correspondientes, la Presidencia de la Segunda Sala ordenó el avocamiento del asunto y el envío de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución.

14. En sesión de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por mayoría de cuatro votos, otorgar el amparo a la quejosa, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 12, fracción IV; 13, fracción II; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 80, últimos tres renglones; 87, fracción IX; y, cuarto transitorio, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, medularmente, bajo las siguientes consideraciones:

• De la contraposición realizada entre la distribución de competencias que prevé el marco constitucional (desarrollado en la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior y la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional), con el contenido de la norma reclamada, se aprecia que la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco regula cuestiones que inciden en atribuciones privativas de la Federación.

• El Congreso del Estado de Jalisco invadió las competencias de la Federación porque, por un lado, exige la obtención de un certificado de competencia profesional y dispone que la cédula será otorgada con vigencia temporal hasta en tanto se cumpla con esa obligación; y, por otro, regula que la certificación profesional tendrá una vigencia máxima de cinco años y, de no acreditarla, se suspenderá la actividad profesional.

• Las autoridades locales son competentes exclusivamente para regular la emisión de títulos profesionales, pero son incompetentes para emitir normas en el ámbito de validación de documentos académicos y de supervisión del sistema de evaluación y acreditación superior.

• Si el Congreso de la Unión estableció requisitos concretos para la obtención de la cédula profesional y se abstuvo de establecer la existencia de una cédula temporal y la obligación de certificarla periódicamente, debe concluirse que el Congreso del Estado de Jalisco es incompetente para emitir normatividad en ese sentido, pues, en todo caso, únicamente la Federación tiene competencia para variar los requisitos para la obtención y la conservación de la cédula profesional.

V. ESTUDIO

15. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal y en los artículos 232 y 233 de la Ley de Amparo, en relación con el punto Segundo del Acuerdo General Plenario 1/2021,(7) las declaratorias generales de inconstitucionalidad pueden realizarse a partir de un precedente obligatorio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado de la resolución de un amparo en revisión, por el cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general.

16. Cuando el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinen la inconstitucionalidad de una disposición general –que no corresponda a la materia tributaria–, se deberá notificar al órgano emisor de la norma.

17. Una vez que se notifique al órgano emisor y transcurra el plazo de noventa días sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que sea aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos. Asimismo, cuando el órgano emisor de la norma sea el poder legislativo (federal o local), el plazo referido se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la normativa correspondiente.

18. Establecido lo anterior, en el caso, la declaratoria general de inconstitucionalidad se admitió a trámite el cinco de junio de dos mil veintitrés, derivado de que el Ministro Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, hizo del conocimiento de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al resolver el amparo en revisión 466/2022, la Segunda Sala declaró la inconstitucionalidad de los artículos 12, fracción IV; 13, fracción II; 55 a 65; 80, últimos tres renglones; 87, fracción IX; y, cuarto transitorio, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, al estimar que sólo la Federación tiene competencia para establecer o variar las exigencias para obtener o conservar las cédulas profesionales.

19. Posteriormente, se ordenó notificar al Congreso del Estado de Jalisco con la sentencia dictada en el amparo en revisión 466/2022, para los efectos del plazo de noventa días a que se refieren los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 232 de la Ley de Amparo.

20. De la certificación secretarial que obra en autos, se obtiene que el plazo de noventa días útiles concedido al Congreso del Estado de Jalisco, como autoridad emisora de las normas declaradas inconstitucionales, transcurrió del siete de julio al veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.(8)

21. Por su parte, el Congreso del Estado de Jalisco remitió ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el Decreto 29182/LXIII/23, mediante el cual "se reforman los artículos 4 fracción X, 7 fracciones II y IV, 11 fracciones VI y X, 12 fracciones IV y XII, 14, 15, 33 fracción XIII, 46 fracción I, 47, 55, 60, 61, 74 fracción II, 80, 87 fracciones VIII y IX, 98, 109, 110, se modifica la denominación del capítulo X para esclarecer que la certificación profesional es voluntaria; y se derogan los artículos 13 fracción II, 33 fracción XIV, 37 fracción IV, 50 fracción I, 55 fracciones II y III, 56, 57, 58 y 98 fracción III, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, en materia de certificación profesional", publicado el tres de junio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado.

22. Al respecto, este Tribunal Pleno ha sostenido que cuando existe un nuevo acto legislativo, lo correspondiente es declarar sin materia el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad.(9) En ese sentido, estamos en presencia de un nuevo acto legislativo, cuando se reúnen los elementos siguientes:

I. Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y,

II. Que con la reforma exista un cambio en el sentido normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto (criterio material).

23. De ahí que, un cambio en el sentido normativo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un precepto exactamente con el mismo contenido que el reformado; tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas. Tampoco basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general. La modificación debe impactar el alcance de esta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.

24. Ahora, en el caso, este Tribunal Pleno considera que se verifica el criterio formal, ya que con motivo del referido Decreto 29182/LXIII/23, se reformaron y derogaron diversos artículos de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco.

25. Asimismo, se cumple con el criterio material, ya que existió un cambio en el sentido normativo que trasciende al contenido y alcance del sistema de certificación profesional del Estado de Jalisco analizado por la Segunda Sala.

26. Con el fin de corroborar lo anterior, resulta necesario realizar un análisis comparativo del contenido de los artículos declarados inconstitucionales, en relación con su texto vigente.

Ver contenido de los artículos

27. De la transcripción anterior, se observa que el Congreso del Estado de Jalisco, por una parte, reformó y derogó los artículos 12, fracción IV; 13, fracción II; 55; 56; 57; 58; 60; 61; 80, últimos tres renglones; y 87, fracción IX, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco; y, por otro lado, dejó intocados los artículos 59, 62, 63, 64, 65 y cuarto transitorio.

28. Al respecto, es importante destacar que en el referido amparo en revisión se analizó la totalidad de los artículos impugnados como un sistema normativo, ya que, en su conjunto, regulaban la figura de la cédula temporal y la obligación de certificación periódica. En concreto, se exigía la obtención de un certificado de competencia profesional y se disponía que la cédula sería otorgada con vigencia temporal hasta en tanto se cumpliera con esa obligación; asimismo, que la certificación profesional tendría una vigencia máxima de cinco años y, de no acreditarla, se suspendería la actividad profesional.

29. El vicio de inconstitucionalidad advertido por la Segunda Sala que llevó a declarar la invalidez de dicho sistema normativo radicó, esencialmente, en que el Congreso del Estado de Jalisco invadió competencias federales, ya que sólo la Federación tiene competencia para variar los requisitos para la obtención y la conservación de la cédula profesional, por lo que las autoridades locales son competentes exclusivamente para regular la emisión de títulos profesionales, pero no para emitir normas en el ámbito de validación de documentos académicos y de supervisión del sistema de evaluación y acreditación superior.

30. Del contenido del Decreto 29182/LXIII/23, publicado el tres de junio de dos mil veintitrés, se desprende que el Congreso local reformó algunas de las disposiciones declaradas inválidas a fin de eliminar la figura de la cédula temporal, lo cual se corrobora con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio,(10) en el que se establece que el Gobierno del Estado expedirá cédulas profesionales definitivas en sustitución de aquellas de naturaleza temporal que posean los profesionistas a la entrada en vigor del referido Decreto.

31. Por lo que hace a la acreditación de la certificación profesional, se advierte que, con motivo de la reforma aludida, el legislador local previó un sistema normativo en el cual eliminó la obligación de obtener una certificación profesional y contempló que ésta sería voluntaria.

32. En ese sentido, se estima que la reforma y abrogación de diversos artículos de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco conllevó a la conformación de un sistema normativo diverso al analizado en el amparo en revisión 466/2022, actualizando un cambio en sentido normativo, por lo que la presente declaratoria general de inconstitucionalidad debe quedar sin materia.

33. Lo anterior, sin que implique posicionamiento alguno de este Tribunal Pleno, en relación con la constitucionalidad de la nueva redacción de los preceptos, ni la validación del nuevo sistema de certificación profesional voluntaria, pues el propósito de la declaratoria general de inconstitucionalidad es dotar de efectos generales a la invalidez de normas que, por jurisprudencia, se estimaron inconstitucionales, siempre que la autoridad emisora sea omisa en reformarlas o derogarlas dentro del plazo de noventa días.

34. No obsta a la conclusión anterior, que los artículos 59, 62, 63, 64, 65 y cuarto transitorio, de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, no hayan sufrido modificación alguna, ya que, como se precisó, con la emisión del Decreto 29182/LXIII/23 se conformó un sistema normativo diverso, por lo que, el alcance de dichos preceptos está directamente vinculado con el actual sistema de certificación profesional voluntario.

35. En efecto, los artículos que no fueron modificados regulan cuestiones inherentes al procedimiento de certificación profesional, en específico, lo relativo a la solicitud para la realización del procedimiento de certificación, requisitos para la obtención del certificado de acreditación profesional, la resolución del ente certificador y el recurso correspondiente; sin embargo, estos preceptos no pueden ser entendidos aisladamente, ya que ahora se encuentran articulados bajo un nuevo sistema de certificación profesional voluntaria (y no obligatoria).

36. Estimar lo contrario, implicaría trastocar el sistema normativo vigente, ya que no resultaría factible mediante la presente declaratoria general de inconstitucionalidad considerar que los artículos que no sufrieron una modificación formal incurren en el mismo vicio de inconstitucionalidad detectado en el amparo en revisión 466/2022, dado que su entendimiento está condicionado a un sistema normativo diverso, el cual no ha sido objeto de estudio por este Alto Tribunal.

37. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la Ley de Amparo, se estima que la presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia.

VI. DECISIÓN

38. Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO.—La presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al IV relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación, a la procedencia y a los antecedentes.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo separándose de las consideraciones del cambio normativo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto de los apartados V y VI relativos, respectivamente, al estudio y a la decisión. El señor Ministro González Alcántara Carrancá y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández votaron en contra y anunciaron sendos votos particulares. La señora Ministra Batres Guadarrama anunció votos concurrente y aclaratorio.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman la señora Ministra Presidenta y el señor Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

________________

1. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...

"II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

"Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. ..."

3. "Artículo 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general, el presidente o la presidenta de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá informarlo a la autoridad emisora de la norma en un plazo de quince días.

"Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a normas en materia tributaria."

"Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia en la que determinen la inconstitucionalidad de una norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

"Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda."

4. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

"...

"V. De los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

5. "SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: ...

"IV. Los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad; ..."

6. Resuelto en sesión de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, por mayoría de cuatro votos de los Ministros y las Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (Ponente), Loretta Ortiz Ahlf, y Presidente Alberto Pérez Dayán. La Ministra Yasmín Esquivel Mossa vota contra algunas consideraciones. El Ministro Javier Laynez Potisek votó en contra y formuló voto particular.

7. "SEGUNDO. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencia dictadas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo General, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, en la totalidad de los asuntos de su competencia, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, en los términos precisados en el Punto Noveno del presente Acuerdo General."

8. Sin contarse el veintiocho de septiembre, doce de octubre, dos y veinte (tercer lunes del mes) de noviembre, por considerarse días de descanso obligatorio conforme lo dispuesto en la Ley para los Servidores Públicos del Estado Jalisco y sus Municipios, aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 8, punto 2, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; del veinticuatro al veintiocho y treinta y uno de julio, y del uno al cuatro de agosto, por establecerse como inhábiles por Acuerdo Legislativo 1370-LXIII-23; así como ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de noviembre, por ser sábados y domingos, todos los días referidos corresponden al año dos mil veintitrés.

9. Declaratoria general de inconstitucionalidad 5/2017, resuelta en sesión de ocho de enero de dos mil dieciocho, por mayoría de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos (Ponente) apartándose de algunas consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández apartándose de algunas consideraciones, Medina Mora Icaza, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Aguilar Morales. El Ministro Pardo Rebolledo votó en contra.

Declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2022, resuelta en sesión de diez de agosto de dos mil veintitrés, por mayoría de nueve votos de las Ministras y Ministros González Alcántara Carrancá apartándose de los párrafos del 19 al 27, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo apartándose de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat (Ponente), Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado III, relativo al estudio, consistente en determinar que este asunto quedó sin materia. El Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Piña Hernández votaron en contra.

10. "SEGUNDO. El Gobierno del Estado expedirá cédulas profesionales definitivas en sustitución de aquellas de naturaleza temporal que posean los profesionistas a la entrada en vigor del presente decreto."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32434-a8c99b81/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-el-ministro-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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