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Modo: Corpus Pro

I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS QUE PRESIDEN LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA SOLICITARLA. II. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE AL ESTABLECERSE JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO EN LA QUE SE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DIVERSOS PRECEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA MATERIA TRIBUTARIA. III. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEDA SIN MATERIA SI EL CONGRESO LOCAL REFORMÓ LOS ARTÍCULOS IMPLICADOS DE TAL FORMA QUE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD ADVERTIDO EN LA JURISPRUDENCIA RESPECTIVA HA SIDO SUPERADO (ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, Y 462 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO). IV. INTERDICCIÓN. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES, A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO, ESTO ES, EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUEDARON DEROGADAS TODAS LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECÍAN PROCEDIMIENTOS RELATIVOS, CUYO EFECTO SEA RESTRINGIR LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS. V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEDA SIN MATERIA RESPECTO DE LOS PRECEPTOS IMPLICADOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN, AL HABER SIDO DEROGADOS CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES (ARTÍCULOS 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2023. · Registro digital (IUS): 33414
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-11
Promovente: PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.49.

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2023. PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 11 DE MARZO DE 2025. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y JULIETA GARCÍA HERRERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

Derivada de la jurisprudencia que fijó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 356/2020, por el que declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil para el Distrito Federal, así como de los numerales 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ambos aplicables a la Ciudad de México), por ser contrarios a los derechos de las personas con discapacidad, especialmente al reconocimiento de la capacidad jurídica, así como al derecho de igualdad y no discriminación, y a la autodeterminación de las personas con discapacidad.

TRÁMITE

1. Solicitud. Mediante escrito que presentó el siete de diciembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal, hizo del conocimiento de la Presidencia de este Tribunal Pleno, para los efectos legales conducentes, atento a lo establecido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 231 y 232 de la Ley de Amparo, en relación con el Punto Segundo del Acuerdo General Plenario 1/2021 de ocho de abril dos mil veintiuno, que la Primera Sala resolvió el amparo en revisión 356/2020, en el que determinó, por unanimidad de cuatro votos, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil para el Distrito Federal, así como de los numerales 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ambos aplicables para la Ciudad de México).

2. Admisión. En auto de once de diciembre del mismo año, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el asunto como Declaratoria General de Inconstitucionalidad 11/2023; lo admitió a trámite; ordenó informar de la decisión que tomó la Primera Sala en el ya citado Amparo en Revisión 356/2020 al Congreso de la Ciudad de México, como autoridad emisora de la normativa declarada inconstitucional, adjuntándole copia de la citada resolución, para los efectos del plazo de noventa días naturales a que se refieren los citados preceptos; y turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

3. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta declaratoria general de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo, y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, esto de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como del punto segundo, fracción IV del “Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito”, modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil veintitrés.

II. LEGITIMACIÓN

4. La presente declaratoria general de inconstitucionalidad fue formulada por parte legitimada, ya que la presentó el Ministro Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 231, 232 de la Ley de Amparo y 24, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) abrogada pero aplicable en términos del Artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. PROCEDENCIA

5. La presente declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente porque tiene como sustento una jurisprudencia emitida por la Primera Sala en un amparo en revisión en el que se declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil para el Distrito Federal, así como de los numerales 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ambos aplicables para la Ciudad de México). Al respecto, debe precisarse que los preceptos normativos mencionados no corresponden a la materia tributaria, ya que se trata de preceptos que regulan el estado de interdicción en la Ciudad de México.

IV. ANTECEDENTES

6. Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente traer a cuenta los siguientes antecedentes relevantes del caso.

7. Demanda de amparo. María Luisa Cobo González promovió juicio de amparo indirecto, el diez de junio de dos mil diecinueve. En la demanda señaló como autoridades responsables y actos reclamados los que a continuación se precisan:

“1. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y de Senadores, en su carácter heteroaplicativo y autoaplicativo por el efecto estigmatizante de las normas:

a. La regulación del estado de interdicción en su conjunto.

b. Los artículos 23 y 25, así como el título noveno “De la tutela” del Código Civil para el Distrito Federal, especialmente los numerales 450, fracción II, y 462.

c. Los capítulos II y III del título decimoquinto “De la jurisdicción voluntaria” del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en lo que se refiere a las personas “incapaces”, especialmente los artículos 902, 904 y 905.

d. El artículo 49, párrafo tercero, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

e. El artículo 75 de la Ley General de Salud”.

2. Del Congreso de la Ciudad de México (en calidad de autoridad sustituta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (antes del Distrito Federal), en su carácter heteroaplicativo y autoaplicativo por el efecto estigmatizante de las normas:

a. La regulación del estado de interdicción en su conjunto.

b. Las diferentes reformas y modificaciones del Código Civil para el Distrito Federal, a los artículos 23 y 25, así como al título noveno “De la tutela” del Código Civil para el Distrito Federal, especialmente los numerales 450, fracción II, y 462. Dichas reformas son las publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en las siguientes fechas: [...]

c. Las diferentes reformas y modificaciones del capítulo II y III del título decimoquinto “De la jurisdicción voluntaria” del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en lo que se refiere a las personas “incapaces”, especialmente los artículos 902, 904 y 905, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en las siguientes fechas: [...].

2. Del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar en la Ciudad de México se reclama:

a. Todo lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre estado de interdicción de la suscrita, registradas con el número 242/2013, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar en la Ciudad de México, especialmente:

I. El acuerdo de veintiséis de abril de dos mil trece, por el que se tuvo por efectuado el primer reconocimiento médico a la suscrita y se nombró como mi tutor interino a Jorge Roberto O’Farriil Ferro.

II. El acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil trece, por el que se tuvo por realizado el segundo reconocimiento médico a la suscrita y se me designó como curador provisional a Ricardo Francisco Ramírez Rojas.

III. La sentencia dictada en dicho expediente, el cinco de junio de dos mil trece, por la que se me declaró en estado de interdicción y se me designó como tutor definitivo a Jorge Roberto O’Farril Ferro, así como curador definitivo Ricardo Francisco Ramírez Rojas.

IV. El acuerdo publicado el veinte de mayo de dos mil diecinueve, por el que se me negó actuar por propio derecho en dicho expediente”.

8. Trámite y resolución del juicio de amparo. El conocimiento de la demanda correspondió al Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien la registró con el número 557/2019-I.

9. Después de que fueron resueltos algunos medios de impugnación y de que el juicio siguió su cauce legal, el referido juzgador federal emitió sentencia, terminada de engrosar el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en la que, por una parte, negó la protección constitucional, por lo que hacía a los actos que reclamó la quejosa de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso y Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México; y, por otra, concedió el amparo contra los actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de esta Ciudad, para el efecto de que:

a) Dejara insubsistente todo lo actuado a partir de las diligencias de reconocimiento, en que la quejosa solicitó ser oída, incluyendo las medidas que adoptó con relación a la designación de curador y la citación para sentencia; y,

b) En su lugar señalara nueva fecha para llevar a cabo la segunda diligencia de reconocimiento, en la que escuche a la hoy quejosa y, hecho lo anterior, continuara con el procedimiento de la jurisdicción voluntaria conforme sus atribuciones.

10. Recurso de revisión. María Luisa Cobo González, por conducto de su autorizada María Fernanda Pinkus Aguilar, interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado en línea el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

11. El conocimiento del recurso correspondió al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde su Presidente lo admitió a trámite y ordenó su registró con el número RC. 41/2020-13, mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte.

12. En sesión virtual de diecisiete de agosto de dos mil veinte, el órgano colegiado emitió sentencia en la que resolvió remitir los autos del recurso de revisión a este Alto Tribunal, para conocer del tema de constitucionalidad subsistente.

13. Trámite del amparo en revisión ante este Alto Tribunal. El entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta reasumía su competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa al cual correspondió el número 356/2020.

14. En sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la Primera Sala de este Alto Tribunal resolvió por unanimidad de cuatro votos(3) el amparo en revisión 356/2020 en el sentido de modificar la sentencia recurrida, sobreseer el juicio de amparo por lo que se refiere a los artículos 25 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 49, párrafo tercero, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 75 de la Ley General de Salud; y amparar y proteger a la parte quejosa para, entre otras cuestiones, desincorporar de su esfera jurídica los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como los numerales 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).(4)

15. Para arribar a esa conclusión, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que, el sistema legal que regula el estado de interdicción, de manera particular los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil para el Distrito Federal, así como los numerales 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ambos aplicables a la Ciudad de México) no es acorde con la premisa de la dignidad humana como principio y fin prioritario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni resulta compatible con el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en tanto que, de forma sustancial niega o restringe a éstas el reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica plena, la cual, bajo ninguna circunstancia puede ser negada o limitada en tanto que constituye el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y su igualdad ante la ley, de conformidad con los artículos 1° constitucional y 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De ahí la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los preceptos señalados.

16. La Primera Sala también estimó que el sistema de interdicción, en tanto restringe o niega la capacidad jurídica plena con la persona con discapacidad, y en consecuencia, le impone una tutela para que a través de ésta realice el ejercicio de los derechos, se erige como un sistema sustitutivo de la voluntad, que desplaza a la persona considerada como “incapaz” y la coloca detrás del tutor, impidiendo que adopte sus propias decisiones, pues generalmente los términos en que se ejercen sus derechos quedan a cargo y bajo la voluntad y responsabilidad de quien ejerce la tutela; esto, en forma contraria al reconocimiento que hace la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de los derechos de las personas con discapacidad a recibir apoyos y salvaguardias que les permiten tomar sus propias decisiones conforme a sus deseos y preferencias, y acceder materialmente al ejercicio de todos sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas.

17. Sobre esta línea argumentativa, se estimó que el sistema de interdicción se basa únicamente en la limitante funcional que tenga la persona derivada de su condición de salud para negarle su capacidad jurídica plena, sin considerar el nuevo modelo social y de derechos humanos acogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y sin admitir que la capacidad jurídica no puede ser restringida o negada por la presencia de la discapacidad; de modo que la interdicción no es una respuesta jurídica válida y apropiada para salvaguardar los derechos de la persona con discapacidad. Situación que trasciende al ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad y no discriminación ante la ley, derecho a la autodeterminación personal y las libertades más fundamentales para que la persona con discapacidad pueda desarrollar un proyecto de vida.

18. Asimismo, la Primera Sala determinó que el procedimiento jurisdiccional para la declaración del estado de interdicción, y bajo las mismas reglas, para establecer el cese de dicho estado, resulta en sí mismo violatorio de derechos humanos, pues no se tiene en cuenta la dignidad de la persona con discapacidad, quien sólo se convierte en objeto de estudio respecto de su salud mental, su condición intelectual, o cualquier diversidad funcional de tipo psicosocial, para declarar su incapacidad natural y jurídica.

19. De todo lo anterior, la Primera Sala concluyó que la figura misma de estado de interdicción, así como las reglas procesales del juicio de interdicción, previstas en los preceptos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil para el Distrito Federal, así como los diversos numerales 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ambos aplicables a la Ciudad de México), llevan implícito, de suyo, el prejuicio o estereotipo asociado a la discapacidad de tipo intelectual, mental o psicosocial, pues de inicio, dan por hecho que la persona cuya declaración de interdicción se solicita, es incapaz de expresar su voluntad o de entender y querer las consecuencias de sus actos; y de ningún modo recibe un trato personal digno y un tratamiento procesal como sujeto directamente interesado en la decisión, por lo que tales preceptos son inconstitucionales.

V. ESTUDIO

20. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal y en los numerales 231, 232 y 233 de la Ley de Amparo, las declaratorias generales de inconstitucionalidad sólo pueden realizarse con base en el criterio emitido en los juicios de amparo en revisión.

21. En efecto, cuando el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinen la inconstitucionalidad de una disposición general que no corresponda a la materia tributaria, el Presidente informará a la autoridad emisora la existencia de tal precedente.

22. En el artículo 232 de la Ley de Amparo se precisa que una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

23. Asimismo, en dicha disposición legal se establece que cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo de noventa días se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.

24. De lo anterior se concluye que, una vez transcurrido el plazo referido de noventa días, sin que se hubiese corregido el problema de la disposición general considerada inconstitucional mediante la emisión de una nueva, el Ministro ponente remitirá a la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte el proyecto de resolución correspondiente.

25. En este caso, la declaratoria general de inconstitucionalidad fue admitida a trámite el once de diciembre de dos mil veintitrés, dado que el Ministro Presidente de la Primera Sala informó a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que aquélla había emitido precedente sobre la inconstitucionalidad de los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil para el Distrito Federal, así como de los numerales 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por ser violatorios a los derechos de reconocimiento a la capacidad jurídica, igualdad y no discriminación y a la autodeterminación de las personas con discapacidad.

26. La sentencia dictada en el amparo en revisión 356/2020 fue notificada al Congreso de la Ciudad de México mediante el oficio SGA/FAOT/32/2024 el doce de enero de dos mil veinticuatro.

27. De la certificación secretarial que obra en autos, se obtiene que el plazo de noventa días que se le concedió, como autoridad emisora de la normativa declarada inconstitucional, trascurrió del primero de febrero al nueve de septiembre de dos mil veinticuatro. Sin que en dicho periodo el Congreso de la Ciudad de México hubiere reformado o derogado los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil para el Distrito Federal, así como los numerales 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ambos aplicables a la Ciudad de México).

28. Sin embargo, el viernes veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México, para su homologación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entró en vigor al día siguiente de su publicación conforme al artículo segundo transitorio. En dicho Decreto, se reformaron los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

29. Este Tribunal Pleno estima que la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, del Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México, para su homologación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cumple con el sentido formal de una reforma, pues fue emitido por autoridad competente y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

30. En efecto, es necesario hacer una comparación entre los textos de los artículos modificados del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que se analizaron en el amparo en revisión 356/2020 y el actual. Para facilitar su estudio, se presenta el siguiente cuadro:

Ver cuadro

31. El vicio de inconstitucionalidad advertido por la Primera Sala que llevó a declarar la invalidez de los artículos referidos radicó, esencialmente, en que los preceptos regulan el estado de interdicción, el cual resulta contrario a la premisa de dignidad humana y vulnera los derechos de las personas con discapacidad a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento de la capacidad jurídica y a la autodeterminación. Ello, toda vez que se erige como un sistema de sustitución de la voluntad, impidiendo que la persona con discapacidad adopte sus propias decisiones y se basa únicamente en la limitante funcional que tenga la persona derivada de su condición de salud.

32. Del contenido del Decreto publicado el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, se desprende que el Congreso de la Ciudad de México reformó el párrafo primero y adicionó un segundo y tercer párrafo al artículo 23; reformó el primero párrafo, las fracciones I y II y adicionó una tercera fracción al artículo 450 y; reformó el primer párrafo y derogó el segundo párrafo del artículo 462, todos del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, eliminando el estado de interdicción y la incapacidad jurídica por motivos de discapacidad.

33. De lo anterior, se advierte que la presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia en cuanto a los preceptos mencionados, dado que el Congreso de la Ciudad de México reformó los artículos de tal forma que el problema de constitucionalidad advertido por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido superado.

34. Aunado a lo anterior, este Alto Tribunal considera que la presente declaratoria general de inconstitucionalidad también ha quedado sin materia en cuanto a los artículos 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

35. El siete de junio de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual entró en vigor al día siguiente. El artículo décimo noveno transitorio del referido código textualmente dispone: “Se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción, cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años, de conformidad con lo previsto por las Disposiciones Transitorias del presente Decreto”.

36. Si bien podría interpretarse que la derogación referida se hará de manera gradual, conforme a lo dispuesto por el artículo Segundo transitorio del mismo código nacional que prevé la entrada en vigor de conformidad con la Declaratoria de vigencia que al efecto emita cada Congreso Local, pues el artículo Décimo Noveno transitorio establece que la derogación de las disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción, cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de dieciocho años, se hará de conformidad con lo previsto por las Disposiciones Transitorias del Decreto, este Tribunal Pleno no considera que dicha interpretación sea la correcta ni la más favorable a las personas con discapacidad mayores de dieciocho años.

37. En cambio, este Tribunal Pleno considera que el artículo transitorio Décimo Noveno del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares debe interpretarse en el sentido de que, a la entrada en vigor del Decreto, esto es, el ocho de junio de dos mil veintitrés, todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción, cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de dieciocho años, quedaron derogadas.

38. Precisamente esa fue la intención del legislador, pues en la exposición de motivos de la referida reforma se señaló que: “A propuesta de diversas organizaciones de la sociedad civil, y Colectivos de Personas con Discapacidad, se propone la derogación, a partir de la entrada en vigor del Decreto, de todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción, cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de dieciocho años. Con ello se pretende que, para efecto de acreditar alguna condición de discapacidad física, sensorial, intelectual, o mental, sea suficiente un certificado de discapacidad, de acuerdo con la legislación que resulte aplicable, sin que ello tenga efecto alguno sobre el derecho a la capacidad jurídica de las personas. Se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción, cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de dieciocho años, de conformidad con lo previsto por las Disposiciones Transitorias del presente Decreto”.(5)

39. Expuesto esto, debe entenderse que, a partir de la entrada en vigor del Decreto referido se derogaron todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción, cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de dieciocho años, sin que pueda admitirse una interpretación distinta, pues la que aquí se admite no sólo representa la más favorable para la protección de los derechos de las personas con discapacidad mayores de dieciocho años, en especial a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento de su capacidad jurídica y a la autodeterminación, sino que es acorde con la intención del legislador.

40. Por ello, desde la entrada en vigor del referido Decreto, esto es, el ocho de junio de dos mil veintitrés, los artículos 902, 904 y 905 en lo relativo al procedimiento de interdicción quedaron derogados y, por tanto, se advierte que la presente declaratoria general de inconstitucionalidad también ha quedado sin materia en cuanto a los preceptos mencionados, dado que a la fecha de su resolución, se encuentran derogados. De tal forma que el problema de constitucionalidad advertido por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido superado.

VI. DECISIÓN

41. Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. La presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia.

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al IV relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación, a la procedencia y a los antecedentes.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández separándose de los párrafos 23 y 27 en cuanto al cómputo del plazo, respecto del apartado V, relativo al estudio, consistente en determinar que el presente asunto ha quedado sin materia en cuanto a los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil del entonces Distrito Federal. La señora Ministra Ríos Farjat anunció voto concurrente.

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández separándose de los párrafos 23 y 27 en cuanto al cómputo del plazo, respecto del apartado V, relativo al estudio, consistente en determinar que el presente asunto ha quedado sin materia en cuanto a los artículos 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal. La señora Ministra Ortiz Ahlf y los señores Ministros Pardo Rebolledo y Pérez Dayán votaron en contra. Las señoras Ministras Ríos Farjat y Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Doy fe.

Firman la señora Ministra Presidenta y el señor Ministro ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

________________

1. “Tercero.- Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la F

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33414-9bb5c017/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-los-ministros-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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