VISITA DOMICILIARIA. LA VALORACIÓN DE LOS VISITADORES DE LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS APORTADOS DURANTE SU DESARROLLO PARA DESVIRTUAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS NO DEBE DAR LUGAR, POR REGLA GENERAL, A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 71/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN APOYO DEL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(2) relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y en los artículos 6, fracción, I, 7, 9, 10, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes al Primer Circuito, incluido el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región comprendidos en la Región Centro-Norte en la que ejerce su jurisdicción este Pleno, aunado a que corresponden a la materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por la Magistrada presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su carácter de parte en los juicios de amparo y los recursos de revisión fiscal de los cuales derivaron los criterios en contienda.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 98/2020 en sesión de nueve de septiembre de dos mil veinte, por unanimidad de votos.
4. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 43/2020 en sesión de seis de agosto de dos mil veinte, por unanimidad de votos.
5. Criterio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 672/2017 y la revisión fiscal 274/2020 en sesiones de ocho de febrero de dos mil dieciocho y diez de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, ambos por mayoría de votos.
6. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el amparo directo 687/2019 en sesión de cuatro de septiembre de dos mil veinte, en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos.
IV. Existencia de la contradicción
7. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región (en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito) y el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 687/2019 y la revisión fiscal 274/2020, respectivamente.
9. El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en una parte de la sentencia, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
10. El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 274/2020, en una parte del fallo, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver recurso de revisión
11. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:
Ver informacion
12. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, sobre las facultades conferidas a los visitadores en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, en torno a la información y documentación aportadas en una visita domiciliaria.
13. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, pues examinaron la cuestión planteada a partir del alcance y aplicación de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), de rubro siguiente: "VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS."; y llegaron a conclusiones disímiles porque el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que si los visitadores realizan juicios sobre el valor de las pruebas y documentos aportados por la persona contribuyente en el desarrollo de la visita domiciliaria, contravienen el precepto y tesis de jurisprudencia citados, lo cual trae como consecuencia la ilegalidad no solamente del acta en cuestión, sino también de la resolución determinante del crédito fiscal, por tener sustento en ella; mientras que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que la tesis de jurisprudencia citada debe interpretarse en el sentido de que la valoración de pruebas y documentos por parte de los visitadores, por sí sola, no causa agravio a la persona visitada ni actualiza una transgresión al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación que trascienda al sentido de la resolución determinante del crédito fiscal, sino que expresa el cumplimiento de su obligación de ser concreta en cuanto a dar a conocer a la persona contribuyente lo que ya observó en la visita y que considera como el incumplimiento de obligaciones fiscales, sin que hasta ese momento se haya definido su situación fiscal.
14. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE DERIVAR DEL SENTIDO Y ALCANCE QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO LE DEN A UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(5)
15. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿Cuál es el alcance de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), para determinar el sentido de la sentencia que se dicte en un juicio de nulidad promovido en contra de un crédito fiscal que derive del procedimiento de visita en el cual los visitadores sí valoraron los elementos y documentos aportados para desvirtuar las irregularidades detectadas?
V. Inexistencia de la contradicción de criterios
16. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver asunto
17. De esta reseña se sigue que en el criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, si bien se realizó un ejercicio argumentativo sobre las facultades conferidas a los visitadores en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, en torno a la información y documentación aportadas en una visita conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), de rubro siguiente: "VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.", lo cierto es que no se tiene un punto de toque con aquellas, pues ese tribunal no se ocupó de analizar de qué manera trascendía la violación advertida al resultado del juicio.
18. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver cuadro
19. La reseña anterior pone en evidencia que respecto a este criterio no se satisfacen los requisitos para tener por existente una contradicción, considerando que el tema examinado en este fallo no coincide con ninguno de los abordados por los demás tribunales contendientes.
20. Si bien se cumple el primer requisito, relativo al ejercicio interpretativo y arbitrio judicial al resolver una cuestión litigiosa, no se surte el segundo inherente a que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno al mismo tipo de problema jurídico abordado por los otros Tribunales Colegiados de Circuito, pues no se pronunció sobre las facultades conferidas a los visitadores en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, respecto de las pruebas aportadas por la parte contribuyente en la visita domiciliaria, ni sobre el alcance y aplicabilidad de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.).
21. Asimismo, tampoco se encuentra colmado el tercer requisito, relativo a que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver, pues al no advertir un punto de toque en el que exista un diferendo de criterios interpretativos, menos puede surgir una interrogante al no existir la necesidad de unificar criterios.
22. En esta línea argumentativa, se concluye que no existe la contradicción de criterios respecto del sostenido por los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 98/2020 y el amparo directo 43/2020, respectivamente.
23. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 24/95,(6) de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS. Para que se configure la contradicción de tesis a que se refiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo, es menester que las resoluciones pronunciadas por los tribunales colegiados que sustenten criterios divergentes traten cuestiones jurídicas esencialmente iguales; por tanto, si la disparidad de criterios proviene de temas diferentes, la contradicción es inexistente."
VI. Improcedencia por abandono de criterio antes de la denuncia
24. Como se advierte de los antecedentes del asunto, la denuncia de contradicción también incluyó la resolución dictada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo 672/2017, resuelto en sesión de ocho de febrero de dos mil dieciocho.
25. En ese expediente, el tribunal estimó que la valoración de documentación por parte de los visitadores constituía una violación, en términos de la legislación y la tesis de jurisprudencia citada, y suficiente para estimar ilegal la resolución fiscal determinante del crédito, como se advierte de la siguiente narrativa de una parte del fallo:
Ver fallo
26. Sin embargo, el propio Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dejó de sostener ese criterio antes de la denuncia, pues como ya se relató, al resolver el recurso de revisión fiscal 274/2020 en sesión de diez de marzo de dos mil veintidós, sostuvo una postura contraria, en el sentido de que las opiniones de los visitadores asentadas en las actas y referidas a lo observado en la visita, no causan perjuicio al contribuyente.
27. Por tanto, en el supuesto, no concedido, de que en ese primer fallo (de ocho de febrero de dos mil dieciocho), hubiera existido un pronunciamiento contrario a lo resuelto por los demás Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al haber el Tribunal Colegiado de Circuito abandonado ese criterio con anterioridad a que se presentara la denuncia de contradicción de criterios (lo que aconteció el ocho de diciembre de dos mil veintidós), hace patente que desapareció cualquier indicio de contradicción de tesis, motivo por el cual se impone declararla improcedente, con apoyo, por analogía, en la tesis aislada 2a. LXXXI/2009,(7) que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUÁNDO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA O IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA. Cuando se denuncia una contradicción de tesis debe determinarse si existe, a fin de establecer el criterio que prevalezca como jurisprudencia. Al respecto debe precisarse, aunque se trate de una cuestión sutil de carácter técnico, que cuando se llega a la conclusión opuesta ello puede derivar de que nunca se dio la oposición de criterios denunciada, lo que llevará a declararla improcedente o de que habiendo existido la contradicción, con anterioridad a su denuncia desapareció, al apartarse uno de los órganos contendientes del criterio que sostenía, al emitir otro que coincide con el opuesto, debiéndose hacer la misma declaración de improcedencia; o finalmente, cuando dándose el supuesto anterior, en cuanto a la desaparición de la contradicción, ello ocurre con posterioridad a la denuncia, procediendo declararla sin materia." (Énfasis añadido)
28. Por tanto, es improcedente la denuncia respecto del fallo recaído en el amparo directo 672/2017 por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
VII. Estudio
29. Para resolver este asunto se debe partir de lo establecido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 1/2015 (10a.),(8) pues el criterio que contiene es el punto de origen de la presente contradicción. El texto de la tesis es el siguiente:
"VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. El artículo 46 del Código Fiscal de la Federación no establece, como facultad de los visitadores, valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca durante la práctica de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar irregularidades detectadas en la última acta parcial, pues sólo les compete hacer constar su exhibición, levantando el acta circunstanciada donde se asiente la existencia de los documentos aportados por el contribuyente, ya que como auxiliares de las autoridades fiscales sólo están facultados para asentar los hechos u omisiones que observen durante la visita, pero dentro de sus atribuciones no se encuentra la de determinar créditos fiscales, a través de la valoración de los documentos, libros o registros que como prueba exhiba el particular."
30. De la resolución de la contradicción de criterios 268/2014, de la que surgió la tesis transcrita, en lo que interesa, destacan los antecedentes y consideraciones siguientes:
• La contradicción de criterios surgió porque los Tribunales Colegiados de Circuito resolvieron asuntos con las siguientes características:
• El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito:
• Resolvió un amparo directo que se promovió contra una resolución del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declaró la validez de la resolución impugnada.
• La persona quejosa alegó como violación que el tribunal responsable debió haber determinado que las autoridades hacendarias deben circunstanciar los hechos en las actas de visita, valorando y analizando la documentación contable y fiscal del contribuyente, por así disponerlo el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, lo que no se hizo en la última acta parcial, pese a que exhibió documentación con el objeto de aclarar los depósitos bancarios, pues sólo se señalaron los ingresos omitidos por esos depósitos para ISR, IETU e IVA, sin precisar qué otras obligaciones se incumplieron y que serían observadas en la resolución determinante, a efecto de que se pudiera corregir la situación fiscal presentando pruebas.
• Negó el amparo al considerar que del análisis de las fracciones I y IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación se concluye que las autoridades fiscales deben, entre otras obligaciones, hacer constar en forma circunstanciada los hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto observados por los visitadores para que el contribuyente pueda desvirtuarlos u optar por corregir su situación fiscal, pero no se establece en forma expresa que las personas visitadoras estén facultadas para valorar, en el acta final ni en ninguna otra que al efecto levanten, las pruebas y documentos aportados por el contribuyente para desvirtuar hechos, haciendo las precisiones debidamente circunstanciadas del resultado de tal análisis.
• El análisis efectuado por la Sala responsable fue correcto y la decisión de que la falta de valoración de pruebas no le causó perjuicio al particular, no es incongruente, como también lo fue el señalamiento de que esa falta de valoración no limitó su derecho a corregir su situación fiscal.
• El entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito:
• Resolvió diversas revisiones fiscales en las que se impugnaron sentencias del entonces Tribunal Fiscal de la Federación que declararon la nulidad de las resoluciones impugnadas bajo la consideración de que los auditores no tienen facultades para hacerse cargo del estudio y análisis de los escritos con los que el contribuyente intenta desvirtuar los hechos y omisiones detectados en las actas levantadas con motivo de una visita domiciliaria, pues sólo les compete el levantamiento de éstas, pero no la valoración de los documentos que se exhiban. • Al resolver declaró fundadas las revisiones y revocó las sentencias recurridas, para lo cual consideró que a partir de las reformas al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor el uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, se modificaron las fracciones I y IV y se adicionó la fracción VII, destacando, en esencia que entre la última acta parcial y el acta final, el visitado puede controvertir los hechos u omisiones detectados por los visitadores, exhibiendo los documentos, libros o registros correspondientes; de lo que se sigue que los visitadores tienen la facultad de determinar en el acta final de visita o en documento separado, las consecuencias legales de los hechos u omisiones y les corresponde analizar y valorar los documentos y pruebas que presente el particular, haciendo las precisiones debidamente circunstanciadas del resultado del análisis a efecto de que una vez concluido el procedimiento respectivo, sea el titular de la dependencia que los designa quien determine en definitiva las consecuencias legales de tales hechos u omisiones, por medio de la resolución correspondiente.
• Si los documentos o pruebas que el contribuyente exhibe son para desvirtuar irregularidades detectadas por los visitadores, éstos están facultados para analizarlos y valorarlos, pues versan sobre los mismos hechos u omisiones.
• Al haber determinado la Sala responsable que los visitadores carecen de facultades para esos aspectos, su proceder se torna ilegal, por lo que se impone revocar la resolución impugnada.
• El propio Tribunal Colegiado resolvió un amparo directo que se promovió contra una resolución del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, en la que se reconoció la validez de la resolución impugnada al considerar que los auditores tienen facultades para resolver y sancionar acerca de los documentos que los contribuyentes les presenten dentro del desahogo de la visita domiciliaria.
• La persona quejosa alegó como violación que indebidamente se consideró que los auditores tienen facultades para resolver y sancionar acerca de los documentos que los contribuyentes les presenten.
• El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo al considerar que lo que aseveró la Sala responsable fue que no estaba en lo correcto el inconforme al sostener que los auditores no tienen facultades para hacerse cargo del estudio de los escritos del contribuyente y que no podía afirmarse que no estuvieran facultados para resolver y valorar documentos adjuntos, pues son autoridades auxiliares, además que a los visitadores les corresponde analizar y valorar los documentos, libros y registros que como pruebas ofrezca el contribuyente en una visita domiciliaria, como parte de su obligación de determinar las probables consecuencias legales de esos hechos u omisiones detectadas en el ejercicio de su función fiscalizadora.
31. A partir de estos elementos, la existencia de la contradicción de criterios se fincó en determinar si en la práctica de una visita domiciliaria, los visitadores están facultados para valorar los documentos y pruebas que exhiba la contribuyente para desvirtuar hechos u omisiones detectados.
32. El Alto Tribunal concluyó que en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación no se establece que los visitadores tengan dentro de sus atribuciones, la de valorar los documentos y pruebas que el contribuyente exhibe en una visita domiciliaria para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en las actas parciales y antes del cierre del acta final, pese a que la visita domiciliaria como tal sea parte del proceso de fiscalización, en virtud de que únicamente están autorizados para ejercer facultades de comprobación a través de la revisión de documentos contables o sistemas de almacenamiento de datos donde conste la contabilidad del visitado; para requerir la exhibición de papeles o documentos relativos; para verificar bienes y mercancías localizados en el domicilio de la visita y levantar las actas donde se asienten los hechos u omisiones observadas.
33. Explicó que los visitadores sólo tienen, entre sus funciones, hacer constar en actas circunstanciadas lo que tienen a la vista y revisan, pero es una autoridad fiscal distinta la encargada de analizar todo lo que se levanta en un acta circunstanciada y calificar si da lugar o no a determinar un crédito fiscal, en virtud de que los visitadores son sólo autoridades auxiliares de las administraciones locales de auditoría fiscal.
34. Y concluyó que no les compete evaluar en el acta final ni en las parciales, las pruebas y documentos aportados por el contribuyente para desvirtuar hechos consignados en la última acta parcial circunstanciando el resultado de esa valoración, pues su obligación es detallar todas las pruebas exhibidas y aludir a los argumentos expuestos durante la visita domiciliaria que intenten desvirtuar irregularidades detectadas en las actas, reflejando en dichas actas los hechos u omisiones de los que conozcan durante la práctica de la visita para ilustrar y contribuir a la toma de la última decisión por parte de la autoridad facultada para determinar créditos fiscales.
35. La parte conducente del fallo enseguida se reproduce:
"CUARTO.—De los antecedentes narrados y las decisiones de los órganos colegiados de que se trata se advierte que existe la contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron respecto de la misma problemática, a saber, si en una visita domiciliaria los visitadores están facultados para valorar las pruebas que presenta el contribuyente con la finalidad de desvirtuar hechos u omisiones; y, analizaron la misma disposición legal, esto es, el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación en vigor el uno de enero de mil novecientos noventa, emitiendo criterios divergentes.
"En efecto, mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito sostiene que los visitadores sólo están facultados para levantar actas circunstanciadas donde hagan constar lo que exhiba el contribuyente en relación a su situación fiscal, pero no a valorar las pruebas que presenten para desvirtuar hechos u omisiones detectadas en una visita domiciliaria; el actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito sostuvo lo contrario, esto es, que los visitadores sí están facultados para valorar los documentos y pruebas que exhiba el particular durante la práctica de la visita domiciliaria, pues es una atribución propia de sus facultades de comprobación.
"Además, ambos Tribunales de Circuito partieron del estudio del artículo 46 del Código Fiscal vigente a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, pero arribaron a conclusiones opuestas, sin que represente obstáculo que por decretos publicados el veintisiete de diciembre de dos mil seis y el nueve de diciembre de dos mil trece, se hayan reformado dos porciones normativas de ese precepto legal, pues en realidad las fracciones analizadas por los órganos colegiados de que se trata no sufrieron cambio alguno, aunado a que para la problemática que ahora se analiza, las referidas reformas no afectan el sentido del fallo, como puede corroborarse de los textos correspondientes, que establecen:
Ver textos
"Como puede apreciarse, ambas disposiciones prevén que de toda visita en el domicilio fiscal se levantarán actas parciales o complementarias en las que se hagan constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores; que una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita; que cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales; que también se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros; que en la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal, y que se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad; aspectos que fueron los únicos analizados por los Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios participan de la presente contradicción.
"En esas condiciones, es indudable la existencia de la contradicción de tesis que se denuncia.
"QUINTO.—El tópico a resolver es determinar si en la práctica de una visita domiciliaria, los visitadores están facultados para valorar los documentos y pruebas que exhiba la contribuyente para desvirtuar hechos u omisiones detectadas.
"Previo al estudio respectivo, importa enfatizar que las visitas domiciliarias tienen como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y derivan de una orden escrita que en lo general debe contener el señalamiento de la autoridad que la emite; lugar y fecha de emisión; estar fundada, motivada y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate; ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigida o los datos suficientes que permitan su identificación; el lugar o lugares donde va a efectuarse la visita, y el nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita.
"Por su parte, los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados en términos generales, a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31898-753a57f8/visita-domiciliaria-la-valoracion-de-los-visitadores-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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