I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 21, PÁRRAFO PRIMERO Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES DE ÉSTA QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MARCO NORMATIVO QUE LO REGULA. XI. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. XII. AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉLLA, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN DEBERÁ SER PAGADA: "... POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; DEBIENDO REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS ARÁBIGO 14, 21, LA FRACCIÓN II, INCISO A) DEL ORDINAL 22 Y 23, INCISO B), DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN VIGOR ..."]. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN DEBERÁ SER PAGADA: "... POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; DEBIENDO REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS ARÁBIGO 14, 21, LA FRACCIÓN II, INCISO A) DEL ORDINAL 22 Y 23, INCISO B), DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN VIGOR ..."]. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VIN
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 230/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 12 DE JULIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: CLAYDE ALFDÁN SALDÍVAR ALONSO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto Número 1144 (mil ciento cuarenta y cuatro), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el que el Poder Legislativo de la citada entidad federativa otorgó una pensión por viudez a Irma Carlota Ángel Ocaña, cónyuge supérstite del finado pensionado por cesantía en edad avanzada Abel Aranda Fuentes, con cargo al presupuesto del órgano constitucional autónomo actor.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 230/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la citada entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fiscal general del Estado de Morelos promovió la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto Número 1144 (Mil Ciento Cuarenta y Cuatro), por el que el Poder Legislativo de la citada entidad federativa otorgó una pensión por viudez a Irma Carlota Ángel Ocaña, cónyuge supérstite del finado pensionado por cesantía en edad avanzada Abel Aranda Fuentes, con cargo al presupuesto del órgano constitucional autónomo que representa.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el fiscal general expuso los siguientes argumentos:
a. Sostiene que el Decreto 1144 (Mil Ciento Cuarenta y Cuatro) causa una grave afectación a la Fiscalía General de Morelos porque el Congreso del Estado ordenó el pago de una pensión por viudez sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, lo que vulnera la autonomía e independencia presupuestaria y constituye una forma de subordinación frente al Poder demandado.
El finado pensionado por cesantía en edad avanzada Abel Aranda Fuentes no sostuvo una relación laboral con la Fiscalía General de Morelos, ya que no fue transferido a la nómina de trabajadores al momento de celebrarse el acta entrega-recepción el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de Morelos. Incluso, el derecho de pensión del trabajador fue otorgado a través del Decreto 588 (Quinientos Ochenta y Ocho), publicado el trece de abril de dos mil cinco, es decir, trece años antes de que la Fiscalía General del Estado fuera un ente público independiente y distinto del Poder Ejecutivo. Por lo que, la pensión por viudez que se demanda, otorgada a favor de Irma Carlota Ángel Ocaña, cónyuge supérstite, deriva de un derecho adquirido a partir de la muerte de un trabajador que prestó sus servicios única y exclusivamente para el Poder Ejecutivo demandado.
En ese sentido, fue hasta la primera quincena de abril de dos mil diecinueve que la Fiscalía General de Morelos comenzó a realizar el pago de la nómina del personal transferido mediante el acta de entrega-recepción. Previo a la celebración de dicha acta el Poder Ejecutivo fue quien se encargó de realizar el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la antigua Fiscalía General de Morelos, incluyendo al finado pensionado Abel Aranda Fuentes, de conformidad con el Decreto 588 (Quinientos Ochenta y Ocho), publicado el trece de abril de dos mil cinco, en cuyo artículo segundo se estableció que la pensión otorgada debería ser cubierta de forma mensual por el Poder Ejecutivo del Estado.
Finalmente, el Congreso Estatal, al emitir el decreto impugnado, no dio participación alguna a la Fiscalía General de Morelos lo que significa que se trata de un acto que emitió de manera unilateral e inconstitucional.
b. Del decreto impugnado se advierte que el Poder Legislativo del Estado de Morelos omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso de la citada entidad, porque determinó que la pensión por viudez concedida en favor de Irma Carlota Ángel Ocaña, cónyuge supérstite del finado pensionado por cesantía en edad avanzada Abel Aranda Fuentes, debe ser pagada mensualmente por la Fiscalía actora, ya que el quince de febrero de dos mil dieciocho se publicó la reforma al artículo 79-A de la Constitución Morelense, mediante la que se estableció a dicha institución como órgano constitucional autónomo.
En esos términos, según la lógica del Congreso de Morelos, a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Fiscalía General adquirió tal obligación. No obstante, pasó inadvertido que el finado Abel Aranda Fuentes tenía la calidad de pensionado al momento de su fallecimiento, lo que puede corroborarse con la lectura del apartado de antecedentes del decreto impugnado, por lo que la obligación de pago le correspondió y asumió el Poder Ejecutivo Estatal, en tanto este último fungió como último patrón.
c. El Congreso de Morelos subordina a la Fiscalía actora, toda vez que sin otorgarle participación en la emisión del Decreto 1144 (Mil Ciento Cuarenta y Cuatro), le impone una obligación de pago por concepto de pensión por viudez que deriva de un derecho adquirido a partir de la muerte de un trabajador que prestó sus servicios al Poder Ejecutivo de Morelos.
Esto constituye un agravio a la autonomía en la gestión presupuestal del órgano constitucional autónomo en tanto interfiere con la facultad de administrar, manejar y ejercer su presupuesto. Lo anterior, en la inteligencia de que la autonomía en la gestión presupuestaria es una garantía financiera e institucional que se afecta con la emisión del decreto impugnado, toda vez que sin otorgar recursos necesarios le impone una obligación económica sin expresar con cargo a qué partida presupuestal ante la omisión del Poder Legislativo de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.
3. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la presente controversia constitucional; asimismo, turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruyera el procedimiento correspondiente.
4. Posteriormente, en acuerdo de dieciséis de noviembre siguiente, el Ministro instructor reconoció personalidad al promovente y ordenó admitir a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, a quienes ordenó emplazar para que presentaran su contestación; dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a efecto de que manifestaran lo que a su representación correspondiera y, finalmente, ordenó formar el expediente físico y electrónico del cuaderno incidental respectivo, para proveer la solicitud de suspensión formulada por el promovente.(1)
5. Contestación de la demanda por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito enviado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, mediante el sistema electrónico de este Alto Tribunal, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, consejera jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del citado Poder. Por su parte, mediante escrito depositado el veintitrés de enero siguiente en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos hizo lo propio, al presentar contestación de demanda en representación de la citada autoridad legislativa.
6. Pedimento de la Fiscalía General de la República y opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Las citadas instituciones no emitieron opinión en el presente asunto.
7. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por formulados los alegatos presentados. Posteriormente, mediante acuerdo de once de abril siguiente, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
8. Avocamiento. Mediante dictamen de treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor solicitó a la Ministra presidenta remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Por acuerdo de doce de junio siguiente, el presidente de la Segunda Sala avocó a ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto respectivo.
I. COMPETENCIA
9. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o.(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General (en adelante ley reglamentaria de la materia); 10, fracción I,(4) 11, fracción VIII,(5) y 21, fracción IX,(6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(7) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y el punto segundo, fracción I, párrafo primero,(8) del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado por instrumento normativo de diez de abril siguiente, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
10. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales (ponente). La Ministra Esquivel Mossa se apartó de las consideraciones que sustentan la oportunidad. La Ministra Ortiz Ahlf se apartó de algunas consideraciones. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS Y SU EXISTENCIA
11. En términos del artículo 41, fracción I,(9) de la ley reglamentaria de la materia, se fijan las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
12. De la lectura integral de la demanda se aprecia que, en esencia, la Fiscalía General del Estado de Morelos se duele de que el Poder Legislativo de la citada entidad federativa haya otorgado una pensión por viudez con cargo a su presupuesto, sin que el finado esposo de la beneficiaria haya sostenido una relación laboral o administrativa con la institución y sin que le transfiriera los recursos económicos necesarios para cumplir con esa obligación.
13. Por lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte fija como acto objeto de la presente controversia el artículo 2(10) del Decreto 1144 (Mil Ciento Cuarenta y Cuatro), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad" el nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Congreso de esa entidad federativa concedió una pensión por viudez a Irma Carlota Ángel Ocaña.
14. Al respecto, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues los Poderes Legislativo y Ejecutivo demandados remitieron a este Alto Tribunal copia certificada del Decreto 1144 (Mil Ciento Cuarenta y Cuatro) por el que se concede pensión por viudez a Irma Carlota Ángel Ocaña; consecuentemente, en términos del artículo 202(11) del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, en términos del artículo 1o. de la citada ley reglamentaria de la materia, se tiene por probada la existencia del acto impugnado.
15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales (ponente). La Ministra Esquivel Mossa se apartó de las consideraciones que sustentan la oportunidad. La Ministra Ortiz Ahlf se apartó de algunas consideraciones. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
III. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 21, fracción I,(12) de la ley reglamentaria de la materia, tratándose de actos, el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
17. En este caso, la demanda fue presentada de forma oportuna, para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", esto es, el nueve de septiembre de dos mil veintidós, en virtud de que el actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.
18. En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del doce de septiembre al veintisiete de octubre de dos mil veintidós.(13) De ahí que, si la demanda fue enviada a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte el último día mencionado, su presentación resulta oportuna.
19. No es obstáculo a lo anterior que el fiscal general de Morelos manifiesta que el día que debe servir como referente temporal para computar el plazo de presentación de la demanda es el diez de septiembre de dos mil veintidós porque es la fecha en que cobró vigencia y surtió efectos legales el decreto impugnado conforme al artículo transitorio segundo.
20. La Fiscalía actora sostiene que el artículo segundo transitorio del decreto es la ley que, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria, establece cuándo surte efectos la notificación; sin embargo, esta afirmación es completamente errónea. La Fiscalía parte de la falsa premisa de que un artículo transitorio de un decreto cuya naturaleza es administrativa puede ser el fundamento legal que determina cuándo surte efectos la notificación del decreto impugnado.
21. Al respecto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(14) ha considerado que una cosa es la ley que rige el acto y determina cuándo surte efectos la notificación para contabilizar el plazo para promover un juicio de control constitucional y, otra muy diferente es la regla jurídica que determina cuándo entrará en vigor un acto administrativo. La ley y el acto administrativo son instrumentos jurídicos que gozan de diferente nivel jerárquico; de modo que un acto administrativo no puede determinar a partir de qué momento un ente del Estado puede promover la controversia constitucional porque esa cuestión está reservada a las normas que gozan de generalidad, abstracción y obligatoriedad.
22. Así, como se ha señalado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma el nueve de septiembre de dos mil veintidós como fecha en que la Fiscalía General de Morelos tuvo conocimiento del decreto impugnado.
23. Estas consideraciones no son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de tres votos de los Ministros Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales (ponente). La Ministra Esquivel Mossa se apartó de las consideraciones que sustentan la oportunidad. La Ministra Ortiz Ahlf se apartó de algunas consideraciones. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
24. La demanda fue presentada por parte legítima.
25. Uriel Carmona Gándara, en su carácter de titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos,(15) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación de la citada institución estatal de procuración de justicia.
26. Esto es así, ya que la Fiscalía General del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución General; 10, fracción I,(16) y 11, párrafo primero,(17) de la ley reglamentaria de la materia; y corresponde al fiscal general su representación en los litigios en que dicho ente sea parte, en términos de los artículos 21, párrafo primero,(18) y 22, fracción XXI,(19) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
27. No pasa inadvertido que el Poder Legislativo hizo valer la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 19,(20) en relación con el artículo 20, fracción II,(21) de la ley reglamentaria, argumentando que la Fiscalía General de Morelos carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional.
28. Para sustentar la actualización de tal causal de improcedencia, cita como fundamento el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución General, así como los precedentes de los recursos de reclamación 28/2015-CA, 76/2016-CA y 24/2021-CA.
29. Ahora bien, de los argumentos y los fundamentos utilizados por el Poder demandado se advierte que, en realidad, la causa de improcedencia que hace valer es la falta de legitimación activa, pues señaló que en el recurso de reclamación 28/2021-CA, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que, si bien el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución General contemplaba la legitimación de los órganos constitucionales autónomos para promover las controversias constitucionales, dicha procedencia se limitaba a que se combatieran actos emitidos por otros órganos constitucionales autónomos o actos y disposiciones generales emitidas por el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal.
30. Asimismo, señaló que en el recurso de reclamación 76/2016-CA, el Pleno concluyó que no era posible hacer una interpretación amplia del artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución General, pues no establecía el supuesto de procedencia de la controversia constitucional entre un órgano constitucional autónomo local y un Poder de una entidad federativa.
31. A juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le asiste razón a los Poderes demandados, ya que el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución General, indudablemente reconoce la legitimación activa a los órganos constitucionales autónomos locales para acudir a este medio de control constitucional a demandar la constitucionalidad de las normas generales, actos y omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de su entidad federativa.
32. En este caso, si la Fiscalía General del Estado de Morelos acudió a la controversia constitucional a demandar la invalidez de un decreto expedido y publicado por el Congreso y el gobernador de la citada entidad federativa, entonces, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución General, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le reconoce legitimación activa para promover la presente controversia constitucional al citado organismo constitucional autónomo local y al funcionario que lo representa. 33. Consecuentemente, la causa de improcedencia planteada es infundada.
34. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales (ponente). La Ministra Esquivel Mossa se apartó de las consideraciones que sustentan la oportunidad. La Ministra Ortiz Ahlf se apartó de algunas consideraciones. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
35. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.
Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, los cuales cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 10, fracción II,(22) y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto del litigio, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
37. En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva,(23) quien conforme al artículo 36, fracción XVI,(24) de la Ley Orgánica para el Congreso de la citada entidad federativa, tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
38. Por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, en su carácter de consejera jurídica y representante legal,(25) quien conforme el artículo 36, fracción II,(26) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, tiene facultades de representación.
39. Por lo anterior, debe reconocerse legitimación a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, al ser los obligados por ley para satisfacer las pretensiones del actor, en caso de que éstas resulten fundadas, así como a quienes comparecen en su nombre, por contar con facultades legales para representar a dichos Poderes.
40. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales (ponente). La Ministra Esquivel Mossa se apartó de las consideraciones que sustentan la oportunidad. La Ministra Ortiz Ahlf se apartó de algunas consideraciones. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
VI. INTERÉS LEGÍTIMO
41. El criterio que prevalece en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversias constitucionales se sustenta en la naturaleza de este medio de control constitucional, cuyo objeto de tutela es la defensa de las atribuciones que la Constitución General confiere a los órganos legitimados para su promoción. Dicho en otras palabras, para que los órganos constitucionales autónomos cuenten con interés legítimo es necesario que la emisión del acto impugnado traiga como consecuencia una afectación a su esfera de atribuciones.
42. En tal sentido, la afectación a dicha esfera de atribuciones puede derivar de una invasión competencial o del menoscabo a cualquier ámbito que incida en aquélla, siempre y cuando se encuentre regulada directamente en la Constitución General.
43. Este criterio se encuentra reflejado en la tesis de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL."(27)
44. A juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe un principio de agravio a la esfera de atribuciones constitucionales que los artículos 21, párrafos primero y noveno,(28) en relación con el 116, párrafo segundo, fracción IX,(29) de la Constitución General otorgan a los órganos estatales encargados de la procuración de justicia, pues la última de dichas disposiciones ordena a las Constituciones de los Estados garantizar que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
45. El artículo 21 de la Constitución General establece que la investigación de delitos le corresponde al Ministerio Público, y que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, de conformidad con lo previsto en la propia Ley Fundamental y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos. Mientras que el artículo 79-A, párrafo primero,(30) de la Constitución de Morelos indica que el ejercicio de estas funciones en el ámbito local se debe realizar por medio de la Fiscalía General como órgano constitucional autónomo.
46. Luego, si el Decreto 1144 (Mil Ciento Cuarenta y Cuatro) obliga a la Fiscalía General de Morelos a pagar la pensión con cargo a su presupuesto y ésta sostiene que dicho decreto afecta su autonomía al imponerle la obligación de usar sus recursos para cubrir la pensión por viudez, sin que el finado esposo de la beneficiaria haya sostenido una relación laboral o administrativa con la institución y sin que le transfiriera los recursos económicos necesarios para cumplir con esa obligación, entonces, se actualiza el principio de agravio necesario para reconocer que cuenta con interés legítimo a efecto de promover el presente medio de control constitucional.
47. Lo anterior de ninguna manera constituye un pronunciamiento sobre la validez del decreto impugnado, sino únicamente indica que la Fiscalía General del Estado de Morelos acude a la controversia constitucional con interés legítimo de defender las atribuciones que el artículo 116, fracción IX, de la Constitución General prevé en su favor.
48. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales (ponente). La Ministra Esquivel Mossa se apartó de las consideraciones que sustentan la oportunidad. La Ministra Ortiz Ahlf se apartó de algunas consideraciones. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
49. Las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, distinto al estudiado en los apartados anteriores y esta Segunda Sala tampoco advierte que se actualice alguna en forma oficiosa, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.
50. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales (ponente). La Ministra Esquivel Mossa se apartó de las consideraciones que sustentan la oportunidad. La Ministra Ortiz Ahlf se apartó de algunas consideraciones. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
51. Violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal. La parte actora sostiene que el Poder Legislativo le impone una obligación de pago con cargo a su presupuesto y sin otorgarle los recursos necesarios, además respecto de una pensión por viudez a la beneficiaria de un trabajador que no sostuvo relación laboral o administrativa con la Fiscalía General de Morelos como órgano constitucional autónomo.
52. Criterio jurídico o ratio decidendi: El Decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos, que obliga al órgano constitucional autónomo Fiscalía General de la entidad federativa a pagar una pensión por viudez a la beneficiaria de una persona con la que no sostuvo relación laboral o administrativa alguna, es inconstitucional por vulnerar el principio de independencia financiera y autonomía (en el grado más grave de subordinación) previsto en el artículo 116, fracción IX, de la Constitución General.
53. En cuanto a la aplicación del principio de división de poderes, tratándose de órganos constitucionales autónomos, el Tribunal Pleno en la controversia constitucional 31/2006 estableció que:
"... la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la tradicional doctrina de división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su principal misión radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales."(31)
54. En ese sentido, las características esenciales de estos órganos son: a) deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) deben mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado; c) deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Este criterio se refleja en la jurisprudencia P./J. 20/2007, de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS."(32)
55. La independencia financiera es una parte inherente e imprescindible del principio de autonomía, ya que sin la capacidad de administrar sus recursos el órgano constitucional autónomo quedaría reducido o limitado. Autonomía que se manifiesta a través de la potestad de gasto que implica que no cabe injerencia alguna de otros poderes públicos en la aplicación de su presupuesto, es decir, los órganos constitucionales autóno
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31900-3cfff77d/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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