Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 21 Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES DE ÉSTA QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO LOCALES DEMANDADOS RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉLLA, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL CUANDO LA RELACIÓN LABORAL Y ADMINISTRATIVA DE LA BENEFICIARIA FUE CON EL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE QUE INDICA QUE LA PENSIÓN "... DEBE SER CUBIERTA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, COMO ORGANISMO AUTÓNOMO; SUFRAGANDO EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, EN BASE A LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17, INCISO B) DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA"]. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE QUE INDICA QUE LA PENSIÓN "... DEBE SER CUBIERTA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, COMO ORGANISMO AUTÓNOMO; SUFRAGANDO EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, EN BASE A LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17, INCISO B) DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA"]. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE LE SEA NOTIF

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 196/2022. · Registro digital (IUS): 31622
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-07-14
Promovente: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo II, Pág.1455.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 196/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE ABRIL DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El Decreto 398 (Trescientos Noventa y Ocho) por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a un trabajador, publicado el diez de agosto de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6103 (seis mil ciento tres).

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 196/2022, promovida por la Fiscalía General, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo todos del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fiscal general del Estado de Morelos promovió la presente controversia en la que demandó la invalidez del Decreto Número 398 (Trescientos Noventa y Ocho) por el que el Congreso de Morelos otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a Agustín Abraira Ruiz, con cargo al presupuesto del órgano constitucional autónomo que representa.

2. En este sentido, la parte demandante expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a. Sostiene que el Decreto 398 (Trescientos Noventa y Ocho) causa una grave afectación a la Fiscalía General de Morelos porque el Congreso del Estado ordenó el pago de una pensión por cesantía en edad avanzada sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, lo que vulnera la autonomía e independencia presupuestaria y constituye una forma de subordinación frente al Poder demandado.

Agustín Abraira Ruiz no sostuvo una relación laboral con la Fiscalía General de Morelos, ya que no fue transferido a la nómina de trabajadores al momento de celebrarse el acta entrega-recepción el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de Morelos. Incluso el decreto impugnado refiere que el trabajador causó baja el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, es decir, cuatro meses antes de la celebración del acta entrega recepción.

En ese sentido, fue hasta la primera quincena de abril de dos mil diecinueve que la Fiscalía General de Morelos comenzó a realizar el pago de la nómina del personal transferido mediante el acta de entrega recepción. Previo a la celebración de dicha acta el Poder Ejecutivo fue quien se encargó de realizar el pago de la nómina de los trabajadores adscritos a la antigua Fiscalía General de Morelos.

Finalmente, el Congreso Estatal, al emitir el decreto impugnado no dio participación alguna a esta Fiscalía General de Morelos lo que significa que se trata de un acto que emitió de manera unilateral e inconstitucional.

b. Del decreto impugnado se advierte que el Congreso de Morelos omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos porque determinó que la pensión por cesantía en edad avanzada debe ser pagada mensualmente por la Fiscalía actora, ya que el quince de febrero de dos mil dieciocho se publicó la reforma al artículo 79-A de la Constitución Morelense mediante la que se estableció a dicha institución como órgano constitucional autónomo.

En esos términos, según la lógica del Congreso de Morelos, si el trabajador desempeñó su último cargo hasta el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, entonces el pago debe correr a cargo de la Fiscalía General de Morelos. No obstante, pasó inadvertido que el trabajador concluyó su relación laboral con la anterior Fiscalía General dependiente del Poder Ejecutivo, lo que puede corroborarse con la lectura del apartado de antecedentes del decreto impugnado, donde se afirmó que el trabajador acompañó su solicitud con la hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo de Morelos.

c. El Congreso de Morelos subordina a la Fiscalía actora, toda vez que sin otorgarle participación en la emisión del Decreto 398 (Trescientos Noventa y Ocho), le impone una obligación de pago por concepto de pensión por cesantía en edad avanzada a un servidor público que prestó sus servicios al Poder Ejecutivo de Morelos. Esto constituye un agravio a la autonomía en la gestión presupuestal del órgano constitucional autónomo en tanto interfiere con la facultad de administrar, manejar y ejercer su presupuesto.

Lo anterior, en la inteligencia de que la autonomía en la gestión presupuestaria es una garantía financiera e institucional que se afecta con la emisión del decreto impugnado, toda vez que sin otorgar recursos necesarios le impone una obligación económica sin expresar con cargo a qué partida presupuestal ante la omisión del Poder Legislativo de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 196/2022; asimismo, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

4. Posteriormente, en proveído del día seis de octubre siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al secretario de Gobierno de la citada entidad; finalmente ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

5. Contestación de demanda por los Poderes demandados. Por escrito recibido mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de noviembre de dos mil veintidós, la consejera jurídica del Poder Ejecutivo de Morelos dio contestación a la demanda. Asimismo, el dos de diciembre de dos mil veintidós, el presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado presentó su escrito de contestación mediante buzón judicial automatizado de la Suprema Corte. Por su parte, el secretario de Gobierno del Estado el treinta de noviembre de la misma anualidad depositó su escrito de contestación en la oficina de correos de la localidad.

6. De la Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No emitieron opinión en el presente asunto.

7. Alegatos. No se formularon.

8. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el dos de febrero de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria, en ella se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas. Posteriormente se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

9. Avocamiento. Mediante dictamen de tres de febrero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor solicitó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Por acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, el presidente de la Segunda Sala avocó a ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto respectivo.

I. COMPETENCIA

10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I,(3) 11, fracción VIII(4) y 21, fracción IX,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(6) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y el punto segundo, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General Número 1/2023,(7) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

11. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS

12. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(8) se aprecia que en esencia la Fiscalía General del Estado de Morelos se duele de que el Congreso de Morelos haya otorgado una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo a su presupuesto sin que el beneficiario haya sostenido una relación laboral o administrativa con la institución y sin que le transfiriera los recursos económicos necesarios para cumplir con esa obligación.

13. Por lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte fija como acto objeto de la presente controversia el artículo 2(9) del Decreto 398 (Trescientos Noventa y Ocho), publicado el diez de agosto de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6103 del Estado de Morelos, mediante el cual el Congreso de esa entidad federativa concedió una pensión y ordena a la Fiscalía General del Estado de Morelos a pagar con cargo a su presupuesto a favor de Agustín Abraira Ruiz.

14. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

15. El Decreto Número Trescientos Noventa y Ocho, del que se ha tenido por impugnado su artículo 2, se encuentra plenamente acreditado, toda vez que obra en autos copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Morelos de diez de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se publicó un extracto del mismo, de ahí que está acreditada la existencia del acto impugnado.

16. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

IV. OPORTUNIDAD

17. Conforme al artículo 21, fracción I,(10) de la ley reglamentaria de la materia, tratándose de actos, el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.

18. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna, para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el diez de agosto de dos mil veintidós, en virtud de que el actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.

19. En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves once de agosto al lunes veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.(11) De ahí que si la demanda se presentó el último día mencionado, su presentación resulta oportuna.

20. No es obstáculo a lo anterior que el fiscal general de Morelos manifiesta que el día que debe servir como referente temporal para computar el plazo de interposición de la demanda es el once de agosto de dos mil veintidós porque es la fecha en que cobró vigencia y surtió efectos legales el decreto impugnado conforme al artículo transitorio segundo.

21. La Fiscalía actora sostiene que el artículo segundo transitorio del decreto es la ley que conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria establece cuándo surte efectos la notificación; sin embargo, esta afirmación es completamente errónea. La Fiscalía parte de la falsa premisa de que un artículo transitorio de un decreto cuya naturaleza es administrativa puede ser el fundamento legal que determina cuándo surte efectos la notificación del decreto impugnado.

22. Al respecto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(12) ha considerado que una cosa es la ley que rige el acto y determina cuándo surte efectos la notificación para contabilizar el plazo para promover un juicio de control constitucional y, otra muy diferente, es la regla jurídica que determina cuándo entrará en vigor un acto administrativo. La ley y el acto administrativo son instrumentos jurídicos que gozan de diferente nivel jerárquico; de modo que un acto administrativo no puede determinar a partir de qué momento un ente del Estado puede promover la controversia constitucional porque esa cuestión está reservada a las normas que gozan de generalidad, abstracción y obligatoriedad.

23. Con todo y la incorrección de lo argumentado por la Fiscalía actora, como se ha señalado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma el diez de agosto de dos mil veintidós como fecha en que la Fiscalía General de Morelos tuvo conocimiento del decreto impugnado.

24. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

25. La demanda fue presentada por parte legítima.

26. Uriel Carmona Gándara, en su carácter de titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos,(13) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

27. Esto es así, ya que la Fiscalía General del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional;(14) y corresponde al fiscal general su representación en los litigios en que dicho ente sea parte, en términos de los artículos 21 y 22, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.(15)

28. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

29. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.

30. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas al Congreso y al gobernador del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación del decreto impugnado.

31. Consecuentemente, se tienen como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.

32. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

33. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su consejera Jurídica,(16) quien conforme el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(17) tiene facultades de representación.

34. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva, quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(18) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.

35. De ahí que los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos Poderes.

36. El criterio que prevalece en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversias constitucionales se sustenta en la naturaleza de este medio de control constitucional, cuyo objeto de tutela es la defensa de las atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos legitimados para su promoción. Dicho en otras palabras, para que los órganos constitucionales autónomos cuenten con interés legítimo es necesario que la emisión del acto impugnado traiga como consecuencia una afectación a su esfera de atribuciones.

37. En ese sentido, la afectación a su esfera de atribuciones puede derivar de una invasión competencial o de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera, siempre y cuando se encuentre regulada directamente en la Constitución Federal.

38. Este criterio se encuentra reflejado en la tesis aislada de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL."(19)

39. A juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe un principio de agravio a la esfera de atribuciones constitucionales que el artículo 21, párrafos primero y noveno, en relación con el 116, fracción IX, de la Constitución Federal otorgan a los órganos constitucionales autónomos locales encargados de la procuración de justicia, pues la última de dichas disposiciones ordena a las Constituciones de los Estados garantizar que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

40. El artículo 21 de la Constitución Federal,(20) establece que la investigación de delitos le corresponde al Ministerio Público, y que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia.

41. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos.

42. Mientras que el artículo 79-A de la Constitución de Morelos(21) indica que el ejercicio de estas funciones en el ámbito local se deben realizar por medio de la Fiscalía General como órgano autónomo.

43. Por otro lado, no es factible reconocer tal carácter a la Secretaría de Gobierno del Estado, ya que sólo puede aceptarse que tiene legitimación pasiva un órgano si es autónomo de los que siendo demandados se enumeran en la fracción I del artículo 105 constitucional, empero, cuando el órgano derivado está subordinado jerárquicamente a otro ente o poder de los que señala el precepto constitucional mencionado resulta improcedente tenerlo como demandado, máxime que no se le reclaman actos propios.

44. Este criterio se encuentra reflejado en la tesis de jurisprudencia P./J. 84/2000, de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."(22) 45. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

46. Los Poderes demandados hicieron valer la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 19, en relación con el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria, argumentando que la Fiscalía General de Morelos carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional.

47. De las manifestaciones relativas se advierte que en realidad la causa de improcedencia que hacen valer es la falta de legitimación activa, pues señalaron que el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Federal no la faculta al efecto.

48. No les asiste razón a los Poderes demandados ya que, como ya se indicó previamente, el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal en vigor, reconoce la legitimación activa a los órganos constitucionales autónomos locales para acudir a este medio de control constitucional a demandar la constitucionalidad de las normas generales, actos y omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de su entidad federativa.

49. En este caso, si la Fiscalía General de Morelos acudió a la controversia constitucional a demandar la invalidez de un decreto expedido y publicado por el Congreso y el gobernador de Morelos, respectivamente; entonces, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le reconoce legitimación activa para promover la presente controversia constitucional.

50. Consecuentemente, la causa de improcedencia planteada es infundada.

51. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

VIII. ESTUDIO DE FONDO

Violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal. La actora sostiene que el Poder Legislativo le impone una obligación de pago con cargo a su presupuesto y sin otorgarle los recursos necesarios, además respecto de una persona que no sostuvo relación laboral o administrativa con la Fiscalía General de Morelos como órgano constitucional autónomo, ya que no fue transferida en la nómina de trabajadores al momento de celebrarse el acta de entrega recepción, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de Morelos.

52. Criterio jurídico o ratio decidendi: El decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos que obliga al órgano constitucional autónomo Fiscalía General de esa entidad federativa a pagar una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia financiera y autonomía (en el grado más grave de subordinación) previstos en el artículo 116, fracción IX, de la Constitución Federal.

53. En cuanto a la aplicación del principio de división de poderes, tratándose de órganos constitucionales autónomos, el Tribunal Pleno en la controversia constitucional 31/2006(23) estableció que:

"... la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la tradicional doctrina de división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado Mexicano, pues su principal misión radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales."(24)

54. En ese sentido, las características esenciales de estos órganos son: a) deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución, b) deben mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, c) deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

55. Este criterio se refleja en la jurisprudencia P./J. 20/2007, de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS."(25)

56. La independencia financiera es una parte inherente e imprescindible del principio de autonomía, ya que sin la capacidad de administrar sus recursos el órgano constitucional autónomo quedaría reducido o limitado. Autonomía que se manifiesta a través de la potestad de gasto que implica que no cabe injerencia alguna de otros poderes públicos en la aplicación de su presupuesto, es decir, los órganos constitucionales autónomos locales deben estar en posibilidad de atender las necesidades para las que fueron creados sin depender de otro Poder del Estado con los límites establecidos en las disposiciones constitucionales.

57. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 116 de la Constitución Federal prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber: (I) la no intromisión, (II) la no dependencia; y, (III) la no subordinación de cualquiera de los Poderes respecto de otros.

58. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los Poderes se inmiscuye o interfiere en el otro, sin que ello resulte en una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación y representa un grado mayor de vulneración, ya que implica que un Poder impida a otro, de forma antijurídica, la toma de decisiones o que actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un Poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del Poder subordinante; la diferencia con la dependencia es que en ésta el Poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro Poder, mientras que en la subordinación el Poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe.

59. Este criterio se sostiene en la jurisprudencia P./J. 80/2004, de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."(26)

60. De manera preliminar es pertinente señalar el contexto normativo y fáctico en que se actualizó la problemática que ahora se plantea en esta controversia constitucional.

61. Mediante Decreto 2589 (Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve), publicado el quince de febrero de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5578, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución del Estado de Morelos, entre ellas, el artículo 79-A,(27) que reconoce a la Fiscalía General de la entidad como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

62. Asimismo, por Decreto 3248 (Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho) publicado el once de julio de dos mil dieciocho en el referido medio de divulgación, se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con el objeto de establecer, organizar y regular las atribuciones de esa Fiscalía y unidades administrativas que la integran para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público le confiere la Constitución Federal.(28)

63. Destaca que en las disposiciones transitorias sexta, novena y décima de la citada ley orgánica se dispuso lo siguiente:

"SEXTA. Dentro del mismo término, la Fiscalía General deberá emitir su Reglamento Interior, y una vez publicado éste, dentro de los noventa días siguientes, emitirá los restantes Reglamentos a que se refiere la presente Ley, sin perjuicio de continuar aplicando los reglamentos vigentes, en lo que no se opongan a la presente.

"NOVENA. En todo caso no se afectará la situación administrativa o laboral del personal que presta sus servicios en las Fiscalías General y Especializada en Combate a la Corrupción.

"DÉCIMA. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, que ha venido ocupando y administrando la Fiscalía General del Estado de Morelos hasta ahora, pasan a formar parte del patrimonio de esta última por virtud de esta Ley desde el momento de su entrada en vigor, dada su naturaleza de órgano constitucional autónomo, otorgada en términos del artículo 79-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; para lo cual el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías, Dependencias y Entidades competentes, deberá realizar, gestionar, emitir o celebrar todos los actos jurídicos y administrativos idóneos que resulten necesarios al efecto, conforme a la normativa aplicable.

"...

"Así mismo, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Administración, debe informar al Congreso del Estado respecto del cumplimiento de la presente Disposición Transitoria y, por ende, del Decreto Legislativo número dos mil doscientos uno."

64. La citada Ley Orgánica de la Fiscalía General de Morelos otorga al fiscal general del Estado diversas atribuciones, de las que para efectos de este asunto, se destacan: a) instrumentar y organizar políticas sobre la administración de los recursos humanos;(29) b) Autorizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del Estado; y, c) Fijar las condiciones generales para el personal que integra la Fiscalía General del Estado.(30) Asimism

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31622-4ace3170/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.