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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA RESOLVERLA SE LIMITA A AQUELLOS CASOS EN QUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES HUBIESEN SIDO EMITIDOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS QUE PERTENECEN A REGIONES DISTINTAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 69/2023. · Registro digital (IUS): 31965
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-12-01
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO E
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo II, Pág.1143.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 69/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 23 DE AGOSTO DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. AUSENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una de las partes de un juicio de amparo del que derivó un recurso de revisión denunció la posible contradicción entre el criterio emitido por el Tribunal Colegiado que resolvió ese recurso y el que sostuvieron otros cinco Tribunales Colegiados, algunos pertenecientes a la misma región y otros que forman parte de una región distinta, al resolver amparos directos y amparos en revisión. El denunciante señaló que los Tribunales Colegiados denunciados habían sostenido posturas contradictorias sobre las reglas para establecer la distinción de un precedente con el caso concreto para justificar su no aplicación y para el abandono de precedentes, tratándose de precedentes vinculantes y no vinculantes.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios denunciada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, los cuales pertenecen a la región Centro-Norte; y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que pertenecen a la región Centro-Sur.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar, en primer lugar, si existe la contradicción de criterios denunciada sobre las reglas para establecer la distinción de un precedente con el caso concreto para justificar su no aplicación y para el abandono de precedentes, tratándose de precedentes vinculantes y no vinculantes. En segundo lugar, en caso de que la contradicción exista, definir el criterio que debe prevalecer.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El doce de marzo de dos mil veintitrés, Erick Alberto Parada Díaz, en su carácter de autoridad responsable dentro del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, del que derivó la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en el recurso de revisión 217/2022, denunció la posible contradicción de criterios entre la postura sustentada por ese Tribunal Colegiado en dicho recurso de revisión y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito al resolver el amparo directo civil 941/2021, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al conocer del amparo en revisión 648/2021, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al resolver el amparo directo administrativo 208/2021, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al conocer del amparo en revisión civil 190/2019, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en el amparo directo civil 534/2021.

2. Admisión y turno. El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia, la registró con el número de expediente 69/2023, señaló la competencia del Tribunal Pleno para conocer de este asunto al tratarse de criterios de Tribunales Colegiados de distintas regiones y cuya materia trasciende a la competencia de las Salas, y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio, con fundamento en el artículo 86, segundo párrafo, del reglamento interior de este Alto Tribunal.(1)

3. En el mismo acuerdo, la Ministra presidenta ordenó solicitar a los tribunales contendientes la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las resoluciones respectivas, y que informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos se encontraba vigente.

4. Informes sobre la vigencia de los criterios. En cumplimiento del acuerdo referido en el párrafo anterior, todos los Tribunales Colegiados informaron que los criterios objeto de la presente contradicción se mantienen vigentes.

5. Acuerdo de integración y vigencia de criterio. El veintisiete de abril del año en curso, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a los Tribunales Colegiados informando sobre la vigencia de sus criterios y remitiendo la ejecutoria relativa. Por lo que, al encontrarse integrado el expediente, ordenó el envío de los autos a la ponencia de la Ministra ponente.

6. Envío a la Primera Sala. Mediante dictamen de fecha tres de julio de dos mil veintitrés, la Ministra ponente solicitó enviar el presente asunto a la Primera Sala, al considerar que resultaba innecesaria la intervención del Tribunal Pleno. Ese mismo día, la Ministra presidenta de este Alto Tribunal ordenó el envío del presente asunto a la Primera Sala para su radicación.

7. Avocamiento. El doce de julio de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de la Primera Sala acordó que dicha Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto y devolvió los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del correspondiente proyecto de sentencia.

I. COMPETENCIA

8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del País; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto tercero, en relación con el punto segundo, fracción V, del Acuerdo General Número 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

9. Lo anterior, ya que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a distintas regiones, respecto de la cual no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

10. En efecto, el presente asunto plantea la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de los Circuitos Décimo Séptimo, Vigésimo Octavo y Trigésimo, que pertenecen a la región Centro-Norte; y Tribunales Colegiados de los Circuitos Séptimo y Trigésimo Primero, que pertenecen a la región Centro-Sur; lo anterior, de conformidad con los artículos 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(2)

11. No pasa desapercibido que el escrito de denuncia plantea la contradicción del criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con los emitidos por el resto de los tribunales contendientes, incluyendo aquellos que pertenecen a la misma región (Centro-Norte). Sin embargo, con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias invocadas en el párrafo 8 de la presente resolución, es claro que la competencia de este Alto Tribunal se circunscribe exclusivamente a analizar la posible contradicción de criterios entre tribunales pertenecientes a distintas regiones. Por ello, la presente resolución se ocupará exclusivamente de analizar la posible contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados pertenecientes a la región Centro-Norte y los de los Tribunales Colegiados perteneciente a la región Centro-Sur.

II. LEGITIMACIÓN

12. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(4) la contradicción fue denunciada por parte legitimada.

13. Ello es así, pues la denuncia fue presentada por Erick Alberto Parada Díaz, en su carácter de autoridad responsable dentro del juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, del cual derivó la sentencia correspondiente al amparo en revisión 217/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que es uno de los criterios que aquí contienden.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

14. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación, se presenta una síntesis de los antecedentes procesales y argumentos en que se apoyaron las decisiones de los Tribunales Colegiados de Circuito que contienden en la presente contradicción de criterios.

III.1. Criterios de los Tribunales Colegiados de la región Centro-Norte

III.1.1. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo en revisión 190/2019

15. Juicio ejecutivo mercantil (**********). El señor ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, a la señora **********.

16. La Jueza Tercero de lo Mercantil en el Estado de Aguascalientes conoció del asunto, lo registró con el número de expediente **********, y ordenó realizar la diligencia de ejecución.

17. Acto de ejecución. La Ministra ejecutora llevó a cabo la diligencia de ejecución el primero de febrero de dos mil dieciocho, en la que embargó diversos bienes muebles, además del 30 % (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo respecto del sueldo que percibe la demanda como empleada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el Hospital Centenario Miguel Hidalgo.

18. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Jueza ordenó girar oficios a las dependencias señaladas para que procedieran a descontar del sueldo de la señora **********, el monto equivalente al 30 % (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo vigente, hasta tener la suma de cincuenta mil pesos.

19. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, la Jueza ordenó enviar nuevamente oficio al ISSSTE, a fin de que se procediera a realizar el descuento del 30 % (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo del sueldo que percibe la demandada, y lo pusiera a disposición del juzgado.

20. La señora ********** presentó escrito el dieciocho de diciembre siguiente, solicitándole a la Jueza del conocimiento que levantara el embargo sobre su salario, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio de que el sueldo de los trabajadores al servicio del Estado es inembargable.

21. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la Jueza negó levantar el embargo sobre el salario, bajo el argumento de que existe jurisprudencia de la Primera Sala específica para el caso del embargo sobre el salario en materia mercantil.

22. Recurso de revocación. Inconforme, la señora ********** interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el trece de marzo siguiente en el sentido de que era infundado el recurso.

23. Juicio de amparo indirecto (**********). La señora **********, promovió juicio de amparo en contra de dicha resolución, sin embargo, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, por sentencia de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, negó el amparo a la quejosa a partir de que la relación laboral que tiene la quejosa con el Hospital Centenario Miguel Hidalgo se ubica dentro del apartado A del artículo 123 constitucional y no dentro del apartado B, por lo que fue correcta la negativa de dejar insubsistente el embargo decretado.

24. Recurso de revisión (190/2019). Inconforme, la señora ********** interpuso recurso de revisión, en el que hizo valer agravios relacionados con que la sentencia de amparo no se ocupó de todas las cuestiones alegadas en la demanda de amparo, pues únicamente se encargó de señalar que el hospital para el que labora la quejosa es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, no obstante, tanto a ese empleo como el que realiza en el ISSSTE les es aplicable el apartado B de la multicitada norma constitucional.

25. El Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito conoció del recurso y, mediante resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, confirmó la ejecutoria impugnada. Esta decisión se apoyó en los siguientes argumentos:

a) Aun cuando el Juez de Distrito no analizó la naturaleza y régimen jurídico de la relación de trabajo de la quejosa con el ISSSTE, lo cierto es que esa omisión no le causa agravio a la quejosa porque ese sueldo es susceptible de embargo, al igual que el que obtiene por sus servicios en el Hospital Centenario Miguel Hidalgo.

b) Lo anterior, en términos de lo que establece la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), de la Segunda Sala de rubro: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30 % DE ESE EXCEDENTE.",(5) que establece que, a partir de una interpretación de los artículos 100, fracciones I y V, y 112 de la Ley Federal del Trabajo, los sueldos de los trabajadores son embargables, en principio, hasta por el 30 % (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo.

c) Dichas normas permiten concluir, prima facie, que este criterio aplica exclusivamente para los trabajadores sujetos al régimen del apartado A del artículo 123 constitucional, no obstante, del análisis del artículo 38, fracciones I y IV, y último párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concluye que el criterio jurisprudencial también aplica para los trabajadores al servicio del Estado porque su contenido es idéntico al que interpretó la Segunda Sala. De manera que, al existir disposiciones iguales debe de aplicarse el mismo criterio, tanto para los trabajadores que se rigen por el apartado A como por el B del artículo en referencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Sin que pasen desapercibidas las tesis aisladas 1a. CCLXVI/2018 (10a.) y 1a. CCLXVII/2018 (10a.), de la Primera Sala que cita el recurrente, de rubros: "SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES INEMBARGABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SALVO EN LOS SUPUESTOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO."(6) e "INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE LA PREVÉ NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."(7)

e) Sin embargo, estas tesis no tienen el alcance que pretende la recurrente pues son tesis aisladas, mientras que la tesis de la Segunda Sala es jurisprudencia y resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Máxime, en las tesis aisladas se analizó una disposición legal que no encuentra igual en el Código de Comercio, pues no se advierte alguna que contemple la inembargabilidad de los salarios de los trabajadores al servicio del Estado.

f) Incluso, la jurisprudencia de la Segunda Sala no ha sido modificada ni superada por criterio en contrario, por lo que mantiene su fuerza obligatoria y, como se señaló, es aplicable al caso de los trabajadores al servicio del Estado. Sin que las tesis aisladas de la Primera Sala hayan señalado que la porción normativa deba de ser aplicada tratándose de embargos en juicios mercantiles.

g) Consecuentemente, independientemente de que el trabajo que desempeña la recurrente al servicio del Hospital Centenario Miguel Hidalgo se rija por el apartado A o por el B del multicitado artículo constitucional, y de que sea empleada federal del ISSSTE, sus sueldos son susceptibles de embargo por deudas de carácter mercantil.

26. El Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito comunicó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que este criterio continúa vigente.

III.1.2. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al resolver el amparo directo 208/2021

27. Hechos. El veintisiete de enero de dos mil veinte, el señor **********, en su calidad de expresidente de la sociedad de padres de familia de la escuela primaria ********** con clave ********** de la comunidad de **********, ********** por el periodo escolar 2015-2016, realizó una petición al presidente del mismo comité por el periodo 2020-2021, para entregar el dinero y la documentación referente a su gestión, de la cual no obtuvo respuesta.

28. Recurso de revisión administrativa (**********). El doce de octubre de dos mil veinte, el señor ********** presentó demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en contra de presidente del comité del periodo escolar 2020- 2021, por su silencio al no haber dado contestación a la petición señalada en el punto inmediato anterior.

29. El recurso de revisión administrativo se admitió a trámite, se registró con el número ********** y se turnó a la Magistrada de la Primera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.

30. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Magistrada dictó resolución en el sentido de desechar por improcedente el escrito de denuncia de silencio administrativo porque la autoridad señalada no era una autoridad administrativa.

31. Juicio de amparo directo (208/2021). Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, el señor ********** presentó demanda de amparo directo en contra de la resolución anterior.

32. Los argumentos del quejoso giraron en torno a que, al desecharse la denuncia realizada por silencio administrativo atribuida al presidente de la sociedad de padres de familia de la escuela primaria, se estaba desatendiendo a lo que resolvió el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, al conocer del amparo indirecto **********, en el que se determinó que el presidente de la sociedad de padres de familia de dicha institución educativa sí puede ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Por lo que, si en el ámbito federal se le reconocía como autoridad administrativa, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado también debía hacerlo.

33. Sentencia de amparo directo. Conoció de la demanda el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Tlaxcala, el que por sentencia de diez de junio de dos mil veintiuno negó el amparo al quejoso, a partir de las siguientes consideraciones:

a) La autonomía de decisión de los órganos jurisdiccionales se encuentra limitada a los precedentes, pues el derecho a la igualdad de los justiciables y a la seguridad jurídica de las personas, implica que los juzgadores deben resolver los casos nuevos de la misma en que se han resuelto los juicios anteriores que guardan propiedades análogas.

b) Bajo la doctrina del stare decisis los Jueces están obligados a aplicar el criterio empleado a un caso previo cuando se esté ante hechos similares y normas idénticas. De esta manera, la obligatoriedad se determinará a partir de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento anterior, pues de existir características específicas, se puede inaplicar el precedente.(8) c) La aplicación del precedente contribuye a la estabilidad y aplicación del derecho porque proporciona seguridad jurídica, toda vez que las decisiones judiciales se hacen previsibles; también se privilegia el principio de igualdad porque cuando las circunstancias y hechos son semejantes, la persona tiene derecho a ser juzgada bajo los parámetros que otra lo fue previamente.

d) En el caso no se actualiza alguna hipótesis de vinculatoriedad entre el precedente de la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y la autoridad responsable, en tanto que ninguna norma así lo contempla, ni existe identidad de hechos o de derecho. Los preceptos que establecen las reglas para tener por reconocido el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto son distintos de aquellos aplicables para determinar el carácter de autoridad administrativa.

e) Además, la omisión que se combatió en el recurso del que deriva el recurso es diferente de la que se reclamó en el juicio de amparo indirecto en cita.

f) Para este asunto, es un hecho notorio que el criterio del juicio de amparo indirecto que derivó del expediente ********** tuvo pretensiones distintas a aquellas de las que deriva el presente asunto, pues en el amparo indirecto se reclamó la negativa a inscribir a un menor como alumno de la escuela primaria, ante la falta de pago de una cuota escolar, y el reglamento de dicha institución que contemplaba el pago de esa cuota.

g) De tal manera que, atendiendo a la teoría del precedente, no puede aplicarse la resolución del juicio de amparo indirecto en cita, pues no existe similitud entre éste y el recurso de revisión administrativo en tanto la naturaleza de la autoridad responsable del procedimiento de origen y los actos combatidos son distintos.

El Primer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Octavo Circuito, al remitir su informe relacionado con el trámite de esta contradicción de criterios, comunicó que no se ha apartado de este criterio.

III.1.3. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 648/2021

34. Hechos. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil veinte, la señora **********, en su carácter de asegurada del Organismo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, solicitó al director general y al departamento de afiliación y vigencia de dicha institución, que afiliaran como beneficiarios a su madre y a su padre.

35. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Coordinador Jurídico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, declaró improcedente dicha solicitud.

36. Juicio de amparo indirecto (**********). El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la señora ********** promovió juicio de amparo en contra de diversas autoridades, en el que hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción VII y último párrafo, del Reglamento de los Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, y del artículo 27, fracción V, del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, y del Manual de Procedimientos de Estudio Socioeconómico para la afiliación de beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

37. La inconstitucionalidad de las normas la hizo valer a partir de que contemplan requisitos que no están previstos en la Ley de Pensiones Civiles del Estado Chihuahua, relacionados con la dependencia económica absoluta de los ascendentes de la derechohabiente para que puedan afiliarse al seguro médico y el estudio socioeconómico que se les exige, lo cual consideró que violaba los derechos de acceso a la seguridad social y a la salud.

38. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua registró el juicio de amparo indirecto con el número de expediente **********, admitió a trámite la demanda y solicitó a las autoridades responsables su informe justificado.

39. Sentencia. Por sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por la otra, negó el amparo solicitado atendiendo a las siguientes razones:

a) El requisito consistente en acreditar que los beneficiarios dependan de la asegurada y que no tengan derecho por sí mismos a las prestaciones del Reglamento de los Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, no parte de una distinción motivada en género, edad y/o capacidad económica, por lo que no resulta violatorio al principio de igualdad jurídica.

b) Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases sobre las cuales los trabajadores del Estado pueden hacer valer su derecho de seguridad social y prevé que la seguridad social también está dirigida a los familiares, lo cierto es que el propio legislador establece que este derecho no es absoluto. Lo anterior, en virtud de que se señala que podrán acceder a tal servicio acorde a los casos y proporción que la norma secundaria determine, que en la especie es cuando los familiares dependan económicamente del trabajador.

c) No todo trato diferente es discriminatorio e inconstitucional, sino que una discriminación normativa será solamente cuando supuestos equivalentes o similares sean regulados de manera desigual sin una justificación legal razonable para ese trato diferenciado. De manera que, si el cónyuge y la madre no se encuentran en la misma clase ni línea de parentesco, los derechos y obligaciones no tienen que ser iguales, sin que ese trato genere discriminación.

d) Si el legislador tuvo la intención de proteger al trabajador, su esposa, hijos y familiares que dependan económicamente de él, es razonable que se pida a los familiares acreditar ese requisito.

e) Por otra parte, el acto de aplicación no se combatió por vicios propios.

40. Recurso de revisión (648/2021). Inconforme con tal resolución, la señora ********** interpuso recurso de revisión alegando, entre otras cosas, que el juzgador fue omiso en estudiar la totalidad de los argumentos planteados en la demanda de amparo.

41. Sentencia del recurso de revisión. Por sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consideró que debía resolverse el asunto bajo la figura de la suplencia de la queja deficiente y concedió el amparo a la quejosa, para el efecto de que se revocara la resolución recurrida.

42. El Tribunal Colegiado expuso las siguientes razones para apoyar su decisión:

a) El Juez de Distrito dejó de analizar diversos argumentos de la quejosa, por lo que incumplió con el artículo 74, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, que exigen que el estudio de la totalidad de los conceptos de violación de la quejosa. Únicamente se pronunció en torno a la regularidad constitucional del artículo 1o. del manual reclamado.

b) En el caso, efectivamente existe un trato diferenciado entre los ascendientes que dependen económicamente y los que no dependen económicamente del derechohabiente trabajador.

c) De la normatividad aplicable para afiliar a beneficiarios en el servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, se advierte que cuando se pide la afiliación de un ascendiente se tiene que acreditar la dependencia económica con el trabajador y adjuntar diversos documentos que establece el manual impugnado. Si bien esos requisitos se exigen para la realización del estudio socioeconómico, lo cierto es que sin ellos no resulta factible la realización del estudio para acreditar la dependencia económica y, por ende, no se logra la afiliación del ascendiente beneficiario.

d) A partir de esos requisitos se desprende que, si estás casado con posterioridad al, en su caso, divorcio entre los ascendientes del asegurado, reportas ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria, tienes inmuebles a tu nombre en el Registro Público de la Propiedad y/o cuentas con una afiliación vigente a una diversa institución de seguridad social, entonces, no dependes económicamente del trabajador derechohabiente.

e) Esos requisitos tienen como fundamento categorías sospechosas a partir de la condición socioeconómica y el estado civil del ascendiente del beneficiario que se pretende afiliar, mismos que no superan el test de igualdad bajo un escrutinio estricto que se requiere para determinar su regularidad constitucional y, por ende, vulneran el principio de igualdad y no discriminación.

f) Dichos requisitos no cumplen con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional porque restringen injustificadamente el acceso a la seguridad social, en su carácter de familiar del trabajador, en contravención a lo que establece el artículo 123, apartado B, fracción XI, incisos a) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

g) Por un lado, el que los ascendientes se hayan divorciado y, posteriormente, se hayan vuelto a casar con una diversa persona, no constituye una razón válida para restringir el acceso al servicio médico asistencial, pues dicha prerrogativa obedece a su relación consanguínea con la trabajadora para lo que es irrelevante el estado civil.

h) Por el otro lado, el hecho de exigir que los ascendientes del beneficiario dependan económicamente de este último no tiene como finalidad imperiosa fortalecer las finanzas públicas del Estado porque la seguridad social en su vertiente de servicio médico a los familiares no constituye una prerrogativa cuya erogación corresponda totalmente al Estado, toda vez que se integra también por las aportaciones del patrón y las cuotas del trabajador.

i) Si bien con lo anterior se demuestra la irregularidad constitucional de dichos r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31965-6744322e/contradiccion-de-criterios-entre-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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