PENSIÓN DE VIUDEZ. EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, QUE CONDICIONA EL DERECHO DE LA PERSONA CÓNYUGE SUPÉRSTITE A RECIBIRLA A QUE EL FALLECIMIENTO DE LA PERSONA TRABAJADORA O PENSIONADA HAYA SUCEDIDO DESPUÉS DE SEIS MESES DE QUE CONTRAJERON MATRIMONIO, EXCEPTO CUANDO SE COMPRUEBE QUE TUVIERON HIJOS EN COMÚN, ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD JURÍDICA, A LA NO DISCRIMINACIÓN Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.
AMPARO EN REVISIÓN 470/2023. ALMA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 4 DE OCTUBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIAS: LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ Y JIMENA SOFÍA VIVEROS ÁLVAREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una persona solicitó el otorgamiento de una pensión por viudez como consecuencia del fallecimiento de su cónyuge.
Dicha prestación fue negada al considerar que no se acreditó el requisito previsto en el artículo 132, fracción I, de la Ley del Seguro Social, esto es, que el matrimonio haya durado seis meses antes del fallecimiento de la persona trabajadora o pensionada.
Inconforme con esa determinación, la solicitante promovió juicio de amparo indirecto, el cual, seguido en sus trámites, se resolvió en el sentido de conceder el amparo solicitado debido a que el Juez de Distrito consideró que el precepto jurídico referido es contrario a los derechos fundamentales de igualdad jurídica, no discriminación y seguridad social.
Contra dicha resolución el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de revisión y la quejosa hizo valer revisión adhesiva.
El Tribunal Colegiado de Circuito al que por cuestión de turno correspondió conocer de esos recursos declaró infundada la revisión de naturaleza adhesiva y –al estimar que el planteamiento de constitucionalidad subsiste, aunado al hecho de que no existe un criterio o precedente sobre aquél– reservó competencia a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del medio de defensa interpuesto por el Ejecutivo Federal.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al cuatro de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 470/2023 interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (autoridad responsable) contra la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés en el juicio de amparo indirecto 2803/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
El problema jurídico que debe resolver esta Segunda Sala consiste en determinar si el artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social es contrario a los derechos fundamentales de igualdad jurídica, no discriminación y seguridad social.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Cuestión previa. En la demanda de amparo, Alma Sánchez Rodríguez manifestó bajo protesta de decir verdad que inició vida en común con ********** desde agosto de dos mil dieciocho.
2. El ocho de julio de dos mil veintiuno esas personas contrajeron matrimonio.(1)
3. ********** falleció el veinte de julio de dos mil veintiuno.(2)
4. Solicitud de pensión por viudez. Con motivo del fallecimiento de su esposo, la quejosa, en su calidad de cónyuge supérstite, solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por viudez, la cual fue negada mediante resolución 22/283008 de veinte de julio de dos mil veintidós y firmada por el jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional Santa María la Ribera, de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas de dicho organismo.
5. La negativa se sustentó sobre la base de que la solicitante no cumplió el requisito previsto en el artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social.(3)
6. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, Alma Sánchez Rodríguez promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables y los actos siguientes:
I. Autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; así como el jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Santa María La Ribera del Instituto Mexicano del Seguro Social.
II. Actos reclamados: la expedición y aplicación del artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social y la resolución 22/283008 de veinte de julio de dos mil veintidós por la que se negó el otorgamiento de la pensión por viudez solicitada, respectivamente.
7. La quejosa formuló, en esencia, los conceptos de violación siguientes:
a. Los actos reclamados son ilegales al sustentarse en el artículo 132, fracción I, y último párrafo, de la Ley del Seguro Social, ya que la muerte de una persona genera una pérdida de recursos e ingresos para los integrantes restantes de la familia, por esa razón en el numeral 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé la seguridad social como derecho humano y, particularmente, la pensión por viudez tiene como finalidad mantener un nivel de vida digno y cubrir necesidades.
Por lo tanto, los beneficiarios de la persona trabajadora fallecida tienen derecho a recibir diversas prestaciones, de entre las que se encuentra el otorgamiento de una pensión por viudez, pues mediante ésta se garantiza el bienestar de aquéllos, lo que es acorde al precepto constitucional referido;
b. El artículo combatido limita de forma inequitativa y excluyente el derecho de la quejosa a gozar de una pensión por viudez al establecer como requisito de procedencia haber cumplido seis meses de matrimonio previo a la muerte de la persona trabajadora, además de afectar su derecho de igualdad previsto en los artículos 1o. y 13 de la Constitución Federal, así como el principio de supremacía constitucional; y,
c. El artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social nulifica el derecho de la quejosa a recibir una pensión por viudez que previamente le fue reconocido, toda vez que esa norma establece condiciones y requisitos inconstitucionales que transgreden la garantía de seguridad jurídica, ya que dicha pensión se origina con la muerte de una persona trabajadora o pensionada y, por tanto, no puede sujetarse su procedencia a que el fallecimiento suceda después de seis meses de matrimonio o al hecho de haber procreado.
Además, al resolver los amparos en revisión 1401/2015,(4) 1237/2017(5) y 320/2021(6) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social es inconstitucional debido a que su contenido no se justifica y, en consecuencia, es violatorio de los derechos fundamentales de igualdad y seguridad social, criterio que, a decir de la quejosa, es de observancia obligatoria.
8. Admisión. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en donde se admitió a trámite en el expediente 2803/2022,(7) requirió a las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.
9. Sentencia. El Juez de Distrito dictó sentencia(8) en la que desestimó las causas de improcedencia que se hicieron valer y concedió el amparo debido a las consideraciones esenciales siguientes:
• Señaló que en el artículo 1o. de la Constitución Federal se establecen los principios de igualdad jurídica y no discriminación con la precisión de que la norma que prevea un trato desigual será inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivas, no distinga las que sean discrepantes o carezcan de razonabilidad;
• También indicó que en el diverso numeral 123, apartado A, fracción XXIX, de dicho ordenamiento se reconoce el derecho de seguridad social y, por ende, la protección de la familia de la persona trabajadora que fallezca, manifestado que esto último, en la mayoría de los casos, genera dificultades para los parientes desde el mismo momento de la defunción, lo que conlleva una baja en el nivel de vida;
• Luego, refirió que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social el seguro contra el riesgo de muerte tiene como finalidad proteger al cónyuge supérstite y/o a los huérfanos;
• Con base en lo anterior concluyó que la exigencia prevista en el artículo 132, fracción I, de la Ley del Seguro Social resulta desproporcional en relación con el derecho humano que salvaguarda la pensión de viudez, pues no puede condicionarse esa prerrogativa a circunstancias ajenas a la persona trabajadora o pensionada como que su muerte suceda después de cumplir seis meses de matrimonio, lo que se traduce en una carga para la quejosa imposible de cumplir, o al hecho de que se haya procreado, sin que para este supuesto se justifique el trato diferenciado respecto a quienes no lo hicieron.
En esa virtud, declaró que el precepto jurídico referido viola el derecho de igualdad y restringe el acceso al diverso de seguridad social; y,
• Por último, hizo suyas las consideraciones formuladas por esta Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 1401/2015 y determinó conceder el amparo.
10. Recurso de revisión. En desacuerdo con esa resolución, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de revisión, en el que hizo valer, en síntesis, los agravios siguientes:
A. La sentencia recurrida se aparta de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo porque el Juez de Distrito no observa las obligaciones que le impone ese numeral, pues aquél no analizó correctamente el fondo del asunto dejando de verificar la constitucionalidad del acto reclamado y sus consideraciones se apartan de la sana lógica y experiencia, lo que condujo a que declarara que el numeral 132, fracción I, de la Ley del Seguro Social, contraviene los principios y derechos de igualdad y seguridad social.
B. Como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir las jurisprudencias 2a./J. 91/99(9) y 2a./J. 5/2017 (10a.),(10) si una persona trabajadora asegurada que no goza de pensión alguna fallece fuera del periodo de conservación de derechos, quien tenga el carácter de beneficiario, no tendrá derecho a disfrutar de la pensión por viudez prevista en el artículo 149, fracción I, de la abrogada Ley del Seguro Social, aunque se cumplan con los demás requisitos previstos para tal efecto, pues esa prerrogativa deriva y es accesoria del hecho de que al morir el de cujus goce del derecho a ser compensado.
C. El artículo 132, fracción I, de la Ley del Seguro Social establece como presupuesto que el fallecimiento de la persona asegurada ocurra con posterioridad a seis meses desde que celebró matrimonio, lo que atiende a una cuestión de temporalidad y no a una segregación por razones de origen étnico o nacional, género, edad o cualquier otra que atente contra la dignidad, anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
De ahí que no puede sostenerse que el Juez de Distrito afirme que el precepto jurídico indicado vulnera las garantías que refiere.
11. Revisión adhesiva. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés Alma Sánchez Rodríguez, por conducto de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Gabriela Ruiz García, interpuso recurso de revisión adhesivo, en el que señaló a título de agravio, en esencia, que la autoridad inconforme carece de legitimación para interponer el medio de impugnación materia de este asunto.
12. Trámite ante el Tribunal Colegiado. Correspondió conocer de esos recursos al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en donde se tramitaron en el expediente 24/2023 y, mediante sentencia emitida el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, resolvió en los términos siguientes:
• Se declaró infundado el recurso de revisión adhesivo; y,
• Determinó dejar a salvo la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos debido a que el Órgano Colegiado consideró, en síntesis, que subsiste el planteamiento de constitucionalidad y no existe jurisprudencia o criterio que resuelva esa cuestión.
13. Trámite ante este Alto Tribunal. Por acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión relativo, ordenó turnar el expediente respectivo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf y remitir los autos a la Sala a la que se encuentra adscrita.
14. Avocamiento. El trece de julio de dos mil veintitrés el presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó enviar el expediente respectivo a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución.
15. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, párrafo segundo, y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
II. COMPETENCIA
16. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo;(12) 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) en su texto vigente a partir del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en los puntos segundo, fracción III, inciso A), y tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023(14) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés y modificado el diez de abril siguiente; toda vez que el medio de impugnación relativo fue interpuesto contra una sentencia dictada en audiencia constitucional por un Juez de Distrito en la que subsiste el problema de constitucionalidad de una norma federal, sin que al respecto se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
17. No es óbice a lo anterior que esta Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 1401/2015,(15) se pronunció sobre la regularidad constitucional del artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
18. Empero, se estima que en la especie se surte la competencia de este Alto Tribunal porque si bien el precedente referido, aunque fue aprobado por unanimidad de votos, lo cierto es que se trata de un criterio aislado que por sí mismo no es de observancia general obligatoria en el orden jurídico nacional, ya que se emitió antes de que iniciara vigencia el nuevo sistema de precedentes; en esa virtud, la sentencia que se emita en este asunto podría originar un precedente que sí lo sea.
19. En similares términos se ha conducido esta Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 369/2022.(16)
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
III. OPORTUNIDAD, LEGITIMACIÓN Y PROCEDENCIA
21. Oportunidad. Es innecesario el estudio de dicho aspecto procesal, porque fue analizado por el Tribunal Colegiado del conocimiento.(17)
22. Legitimación. Esta Segunda Sala considera que la recurrente cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión en términos del artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo,(18) pues fue interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en su carácter de autoridad responsable, por conducto del director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a quien le fue reconocida personalidad al rendir su informe justificado en el juicio de amparo indirecto.(19)
23. Procedencia. El recurso es procedente dado que en esta instancia subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social, por lo que esta Segunda Sala debe asumir su jurisdicción para conocer de este problema jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Amparo.(20)
24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
25. Las causas de improcedencia fueron analizadas tanto por el Juez de Distrito como por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del recurso de revisión, sin que esta Segunda Sala advierta la actualización de alguna diversa a las que se hicieron valer o que alguna de las desestimadas deba examinarse desde una óptica distinta; por tanto, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Estuvo ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
V. ESTUDIO DE FONDO
27. La materia del recurso relativo a este expediente consiste en resolver si el artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, contraviene los derechos fundamentales de igualdad jurídica, no discriminación y seguridad social previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el análisis realizado a los agravios formulados por la autoridad recurrente revela que a través de esos argumentos aquélla pretende poner de manifiesto que, contrario a lo alegado por la quejosa y resuelto por el Juez de Distrito, el precepto jurídico referido no viola dichas prerrogativas y, por ende, sí es constitucional.
28. Con ese propósito, en principio, resulta necesario tener presente el contenido del precepto jurídico señalado, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes casos:
"I. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;
"...
"Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él."
29. De la interpretación al texto transcrito se advierte que el derecho del cónyuge supérstite a recibir una pensión por viudez se encuentra condicionado a que el fallecimiento de la persona trabajadora o pensionada haya sucedido después de seis meses de que aquéllos contrajeron matrimonio, con la precisión de que ese requisito no será exigible cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.
30. Ahora bien, fijado el contenido y alcance del artículo combatido, esta Segunda Sala emprende el estudio de los agravios formulados por el recurrente.
31. En esa virtud, el primer motivo de disenso que se analiza es el relativo a que la sentencia recurrida es contraria a lo dispuesto por el numeral 74 de la Ley de Amparo(21) ya que, a decir del inconforme, el operador jurídico no analizó correctamente el fondo del asunto y dejó de verificar la constitucionalidad del acto reclamado, aunado al hecho de que las consideraciones que aquél formuló se apartan de la sana lógica y la experiencia.
32. Al respecto, debe precisarse que del examen a la resolución impugnada se desprende que, contrario a lo alegado por el Ejecutivo Federal, el Juez de Distrito sí se pronunció en relación con la constitucionalidad del artículo combatido, pues, en esencia, indicó lo relativo a los derechos de igualdad jurídica, no discriminación y seguridad social. 33. Asimismo, precisó la finalidad del seguro contra riesgo de muerte previsto en la Ley del Seguro Social –de acuerdo con la exposición de motivos correspondiente–; también destacó el contenido del precepto combatido y el hecho de que el legislador no expresó justificación "... del porqué el trato es diferente en casos en los que no se cumple con la exigencia de tener seis meses de matrimonio ...".
34. Lo anterior condujo al Juez de amparo a resolver que el artículo en cuestión es inconstitucional porque transgrede el principio de igualdad jurídica y derechos referidos, por lo que concedió el amparo.
35. Por consiguiente, contrario a lo alegado por el recurrente, el Juez de Distrito sí verificó la constitucionalidad del acto reclamado dado que estableció el contexto normativo de aquél, su contenido, así como las razones que consideró para resolver en el sentido en que lo hizo.
36. En diverso aspecto, en relación con el agravio tocante a que el artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social es constitucional, se destaca que al resolver el amparo en revisión 1401/2015 esta Segunda Sala emprendió el análisis del precepto citado, es decir, de la misma disposición jurídica que la parte quejosa combatió a través del juicio de amparo del que deriva el presente asunto, por esa razón las consideraciones que sustentan ese asunto resultan relevantes para la resolución del medio de impugnación de que se trata.
37. Así, se reitera que los derechos de igualdad y no discriminación están estrechamente vinculados, sin que lo anterior implique que sean idénticos, pues son complementarios.
38. La prohibición de discriminar constituye una de las diversas manifestaciones que pueden adoptar el derecho de igualdad en tanto que la norma constitucional limita la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados entre personas a partir de determinadas características que presenten con base en las cuales se impone la proscripción de discriminar.
39. De esa manera el derecho de igualdad referido implica que las autoridades no traten diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicha garantía se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, circunstancia que por ser ley suprema debe acatarse por todas las autoridades del país.
40. Cabe señalar que la igualdad y no discriminación se encuentran en relación directa con la situación jurídica de los destinatarios de la norma y no así de sus otras situaciones particulares, tales como económicas, de negocios, mercado, materiales, entre otras.
41. El derecho de igualdad tiene un carácter complejo, pues no postula la paridad absoluta entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato como criterio básico para la producción normativa.
42. Así, de dicho derecho derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario, siendo las siguientes:
I. El mandato de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual; y,
II. El deber de trato desigual que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución Federal las imponga.
43. Por lo que hace al derecho de no discriminación, al ser una manifestación del diverso de igualdad, se encuentra más enfocado en eliminar del sistema jurídico toda distinción de trato que se encuentre motivada concretamente por las cualidades de la persona y que atenten contra su dignidad humana.
44. De esa manera, la finalidad de la garantía de igualdad en la ley radica en colocar a los habitantes del país en condiciones que les permitan acceder a otros bienes y derechos superiores protegidos constitucionalmente, lo que significa que el beneficio que un gobernado obtenga, también lo debe obtener otro que se encuentre en igualdad de circunstancias.
45. En ese sentido, el derecho de igualdad implica que se debe tratar igual a quienes se encuentren en la misma situación y de manera desigual a los sujetos que se ubiquen en una situación diversa, lo que conlleva que el legislador está en aptitud de crear categorías o clasificaciones que se sustenten sobre bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra que pueden responder a finalidades económicas o sociales, pero siempre evitando cualquier distinción no razonada, desproporcional y/o discriminatoria.
46. De esa manera, el derecho de igualdad contiene los rasgos esenciales siguientes:
• No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción al derecho de igualdad, sino que la transgresión se actualiza cuando se introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carecen de una justificación objetiva, así como razonable.
• El derecho no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo las que resulten injustificadas al no estar fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados, los cuales podrán ser apreciados en la exposición de motivos o advertirse de la misma norma.
47. Con base en lo anterior, para que una diferenciación sea constitucionalmente válida no basta con que lo sea el fin que persigue, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas que resultan de tal disposición sean adecuadas a aquél de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.
48. De acuerdo con dichas consideraciones, la norma que prevé un trato desigual será inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales, no distinga de la misma forma situaciones discrepantes o carezca de razonabilidad.
49. Por tanto, para el control de la constitucionalidad de las normas que se estiman violatorias del derecho de igualdad conviene observar los criterios orientadores siguientes:
A. Debe advertirse si existe una situación comparable y, con base en ésta, establecer si los sujetos se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, en contraste con el propio término de comparación, es diferente.
B. Anotada la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida, para lo cual conviene señalar:
• Si la diferencia normativa persigue una finalidad constitucionalmente aceptable;
• Si la diferenciación cuestionada es adecuada para el logro del fin legítimo buscado; y,
• Si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar.
50. Así lo ha establecido esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA."(22)
51. Por otro lado, el derecho de seguridad social previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal,(23) se traduce en un derecho en favor de los trabajadores cuyo objeto es protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento.
52. De ahí que en la Ley del Seguro Social se determinan los presupuestos de acceso al derecho de la seguridad social en relación con la obtención de una pensión derivada de la muerte de un asegurado, como es la pensión por viudez.
53. Al respecto, en la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social, el legislador sobre el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, estableció, en lo que interesa, lo siguiente:
"La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo a través de la prestación de servicios médicos y de guarderías para los hijos de las madres aseguradas, la prevención y atención de riesgos de trabajo, de prestaciones sociales, de otorgamiento de subsidios y de pensiones. De ahí que la seguridad social sea considerada como un derecho social y como un instrumento de justicia y equidad, constituida bajo los principios de solidaridad y de redistribución de la riqueza e ingreso nacionales.
"...
"Por otra parte, es de elemental justicia recoger la demanda de las viudas de los pensionados que, en reiterados momentos y por distintos medios, han solicitado al honorable Congreso de la Unión elevar al 100% la pensión que reciben del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien lo anterior impactará en pequeña escala las finanzas de la institución, ello representará un gesto de sensibilidad y responsabilidad de todos los legisladores, que no tendrá un efecto negativo en el equilibrio de aquéllas.
"Uno de los propósitos de la nueva ley es que el IMSS trascienda más allá de la protección a los trabajadores actuales y dé apoyo a las empresas ya establecidas, para promover activamente la generación de empleos y el crecimiento económico. Reconociendo la magnitud de los recursos que maneja y los efectos de su regulación en el mercado de trabajo, el instituto debe contribuir a incrementar el ahorro interno y promover con decisión la creación de nuevas fuentes de trabajo. Sin empleo no tiene sustento la seguridad social. Seguridad social y empleo son co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31971-3ca0ad54/pension-de-viudez-el-articulo-132-fraccion-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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