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Modo: Corpus Pro

DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN III, DE LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y SU CORRELATIVO 151, FRACCIÓN III, DE LA VIGENTE, AL NO PREVER LA FIGURA DE LA REACTIVACIÓN DE DERECHOS DE UNA PERSONA TRABAJADORA QUE FALLECE SIN HABER COTIZADO CINCUENTA Y DOS SEMANAS DESPUÉS DE REINGRESAR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 337/2021. · Registro digital (IUS): 30757
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-07-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO, Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIR
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, Pág.2455.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 337/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO, Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 27 DE ABRIL DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ALMA RUBY VILLARREAL REYES.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de abril de dos mil veintidós emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre los Tribunales Colegiados Décimo Tercero del Primer Circuito y Primero del Tercer Circuito, ambos en Materia de Trabajo y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si la pensión por viudez, en términos del artículo 183, fracción III, de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, así como el numeral 151, fracción III, de la ley vigente, de idéntica redacción, al no prever la hipótesis de conservación de derechos de una persona trabajadora que al reingresar al régimen obligatorio fallece sin haber cotizado cincuenta y dos semanas para el reconocimiento del periodo o periodos anteriores, viola los principios de seguridad social y utilidad pública, previstos en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Denuncia de la contradicción. Por oficio de tres de septiembre de dos mil veintiuno, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 019398, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por dicho órgano y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, así como el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

2. Trámite de la denuncia. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis 337/2021 y dar trámite a la denuncia respectiva.

3. Asimismo, solicitó a la presidencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que remitiera la versión digitalizada de la ejecutoria o, en su caso, del escrito de agravios relativa al amparo directo 154/2017 de su índice e informara si dicho criterio se hallaba vigente o, en caso de que se encontrara superado, remitiera electrónicamente la ejecutoria que sustentara su nuevo criterio; asimismo, solicitó al Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la Paz, Baja California Sur, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el proveído en el que informara si el criterio sustentado en el amparo directo 1015/2012 (cuaderno auxiliar 717/2012), se encontraba vigente; solicitó a la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal remitiera el escrito de agravios y la sentencia en relación con el citado amparo. Finalmente solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito remitiera el original del escrito que dio origen al amparo directo 436/2020.

4. En el mismo acuerdo se turnó el expediente a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek, toda vez que tuvo conocimiento previo de la contradicción de tesis 72/2019 que se encuentra estrechamente relacionada con la presente contradicción; y, por consiguiente, quedó radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5. Mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós la Ministra presidenta de esta Sala se avocó al conocimiento del asunto.

6. Finalmente, en acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, una vez atendido lo solicitado y como se ordenó en proveído de presidencia, esta contradicción de tesis se remitió a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

7. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, y no se estima necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

II. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en tanto fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en uno de los casos que generó la denuncia de contradicción, a quienes fue reconocida su legitimación en auto de presidencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno.

III. CRITERIOS CONTENDIENTES

9. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. El once de noviembre de dos mil veintiuno resolvió el amparo directo 436/2020. Los antecedentes relevantes de esta ejecutoria son:

10. Demanda laboral. La accionante reclamó el pago de la pensión por viudez con fundamento en la Ley del Seguro Social de 1973, derivado del fallecimiento de su esposo, la cual le fue negada bajo el argumento de que éste no había cubierto el total de cincuenta y dos semanas de cotización a partir de su reingreso.

11. Contestación. El Instituto Mexicano del Seguro Social precisó que el extinto trabajador cotizó, inicialmente, ochocientas veintinueve semanas y se dio de baja, luego se reincorporó al régimen obligatorio y cotizó cuarenta y cinco semanas más hasta el día de su fallecimiento, no reuniendo cincuenta y dos semanas de cotización a partir de su reingreso, como lo exigía la Ley del Seguro Social.

12. Laudo. La Junta del conocimiento consideró improcedente la acción al haber demostrado el demandado ochocientas veintinueve semanas de cotización del trabajador hasta su baja y que tras su reingreso sólo generó cuarenta y cinco semanas hasta su fallecimiento, en lugar de las cincuenta y dos semanas de reactivación exigidas en los numerales 149, 150, 182 y 183 de la anterior Ley del Seguro Social.

13. Demanda de amparo. En la materia de la presente denuncia, la accionante esencialmente sostuvo:

14. El artículo 183, fracción III, de la anterior Ley del Seguro Social, en que se sustentó el laudo combatido, contravenía la característica de utilidad pública contenida en la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, porque no prevé la figura de la conservación de derechos de un trabajador cuando ha reingresado al régimen obligatorio del seguro social y fallece sin haber cotizado cincuenta y dos semanas más después de su reincorporación, pues privaba a las y los beneficiarios de los derechos que generó el extinto trabajador.

15. Los derechos del extinto trabajador estaban vigentes al momento de su fallecimiento, cuyo objetivo era seguir laborando y cotizar en el régimen de seguridad social, lo cual no pudo hacer por causas ajenas a su voluntad al acontecer su deceso, máxime que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos es obligación del Estado el respetar los derechos humanos y garantizar su libre y pleno ejercicio, por lo que en el caso de los familiares de un trabajador fallecido debe otorgarse a los beneficiarios la pensión correspondiente en caso de que el asegurado muera después de reingresar al régimen obligatorio, pero antes de cotizar cincuenta y dos semanas, para evitar vulnerar el derecho humano a la seguridad social de los sobrevivientes del asegurado, considerando que el incumplimiento de la cotización de ese número de semanas resulta de causas ajenas a la voluntad del trabajador (muerte) y por eso, no puede aplicarse en perjuicio de los beneficiarios.

16. Sentencia. El Tribunal Colegiado del conocimiento negó la protección federal solicitada por la quejosa.

17. Esencialmente apoyó su decisión en lo establecido en la jurisprudencia de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, QUE PREVÉ UN PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PENSIONES, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.",(1) donde se señaló que la aludida disposición legal formaba parte de un plan de seguridad social que constituía un sistema contributivo organizado sobre la base de aportaciones con el fin de constituir un fondo para atender las pensiones; en ella se contenía la conservación de derechos como una prerrogativa de los asegurados que dejaran de pertenecer al régimen del seguro obligatorio, extendiendo el beneficio para ejercer los derechos adquiridos en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cotizado, el cual no podía ser menor de doce meses. En virtud de esa norma legal, la baja del asegurado no implicaba que, desde ese momento, dejara de gozar del derecho a obtener una pensión en los ramos mencionados, sino que el derecho que hubiese adquirido en el tiempo de aseguramiento y que no haya ejercido a la fecha de la baja, se extiende por el periodo señalado en la ley.

18. Asimismo, se asentó que el periodo de conservación de derechos, lejos de constituir una restricción, representaba una prerrogativa para el asegurado o para sus beneficiarios al ampliar su derecho a recibir una pensión con posterioridad a que causó baja. Por otra parte, el derecho humano a la seguridad social no exigía que la expectativa a obtener una pensión se adquiriera y conservara de manera indefinida.

19. En dicho criterio también se afirmó que el precepto en comento se emitió dentro del margen de configuración de la que gozaba el legislador con la finalidad de garantizar la suficiencia de recursos para el pleno goce del derecho a la seguridad social de todos los beneficiarios del instituto.

20. En vista de lo anterior, el tribunal concluyó que, si la contingencia ocurrió con posterioridad al fenecimiento del periodo de conservación de derechos, no era violatorio de los derechos humanos de la quejosa, pues no existía razón para otorgarle un beneficio al que ya no tenía derecho en perjuicio de la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

21. Subrayó que si bien el Estado Mexicano conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de los órganos correspondientes, debía garantizar y proteger el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, entre ellos, el de seguridad social de las personas en caso de muerte del asegurado, lo cierto era que la regulación de este derecho quedaba reservada a las leyes secundarias en las que se señalaran sus alcances y límites, a través de los requisitos necesarios para su ejercicio y de acuerdo con el esquema financiero que cada Estado estimara conveniente, razón por la que el no otorgamiento de una pensión a los beneficiarios de quien dejó de pertenecer al régimen de seguridad social no resultaba en sí mismo inconstitucional ni inconvencional, ni podía considerarse una restricción o afectación a un derecho adquirido, porque las normas sobre seguridad social y el principio de previsión social reconocidos en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional, no exigían que la expectativa a obtener una pensión se adquiera y conservara de manera indefinida.

22. Destacó que, por tales razones, no compartía los criterios de los otros Tribunales Colegiados contendientes.

23. Criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Al resolver el amparo directo 154/2017 el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, derivó la tesis que señala:

"SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, AL NO PREVER LA HIPÓTESIS DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS DE UN TRABAJADOR QUE AL REINGRESAR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO FALLECE SIN HABER COTIZADO 52 SEMANAS DEPUÉS DE SU REINCORPORACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PERIODOS ANTERIORES, VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Atento al principio de mayoría de razón, así como en ejercicio de la facultad ex officio que establece el artículo 1o., párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la interpretación más favorable de los derechos humanos (principio pro persona o pro homine) y control de convencionalidad, se concluye que el artículo 183, fracción III, de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, viola el principio de utilidad pública contenido en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la propia Constitución, al no prever la hipótesis de la conservación de derechos de un trabajador que, cuando reingrese al régimen de seguridad social y se encuentre vigente, fallezca sin haber cotizado 52 semanas adicionales para que se le reconocieran todos los periodos anteriores a su última reincorporación, ya que priva a sus beneficiarios de aquellas prerrogativas que generó primigeniamente para solicitar las prestaciones correspondientes. En consecuencia, si un beneficiario solicita la pensión de viudez, deberá inaplicarse dicho numeral, por no ser congruente con el espíritu proteccionista de la Carta Magna, pues el trabajador reincorporado al régimen obligatorio continuaba cotizando y, por ende, sus derechos estaban vigentes al acaecer su deceso."(2)

24. Los antecedentes del caso que ocupa son:

25. Demanda laboral. La accionante reclamó el pago de la pensión por viudez, con fundamento en la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, derivado del fallecimiento de su esposo.

26. Contestación. El instituto demandado adujo que el extinto trabajador tenía reconocidas setecientas semanas, pero dejó de cotizar por más de siete años y tuvo dos reingresos, donde en el primero acumuló treinta semanas y en el segundo sólo siete, por lo que no cumplió con los requisitos para obtener la pensión por viudez.

27. Laudo. La Junta consideró improcedente la acción al haber demostrado el demandado seiscientas setenta semanas de cotización hasta la baja del trabajador, y que reingresó después de siete años obteniendo sólo treinta, en lugar de cincuenta y dos semanas de cotización; posteriormente reingresó después de cuatro años y sólo cotizó siete semanas a la fecha de su fallecimiento, en lugar de veintiséis, por lo que estimó improcedente la acción ejercida, con fundamento en los numerales 182 y 183 de la anterior Ley del Seguro Social.

28. Demanda de amparo. La accionante promovió juicio de amparo, donde esencialmente adujo que el numeral 183 de la ley en mención, al no prever la hipótesis de la conservación de derechos de un trabajador que cuando reingresaba al régimen de seguridad social y se encontraba vigente fallecía sin haber cotizado cincuenta y dos semanas adicionales para que se le reconocieran todos los periodos anteriores, contravenía la característica de utilidad pública contenida en el artículo 123 de la Constitución Federal.

29. El Tribunal Colegiado otorgó el amparo al razonar:

30. El artículo 123, apartado A, constitucional, obligaba expresamente al Congreso de la Unión a emitir leyes que no contravengan las bases y principios que enmarcan las fracciones contenidas en el apartado A, entre ellas, el de utilidad pública a que se debe ceñir la Ley del Seguro Social, pues en ésta se comprenden los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria, enfermedades y accidentes, servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares.

31. Retomó las consideraciones sostenidas por la Primera Sala en la tesis aislada de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, AL NO PREVER LA FIGURA DE LA CONSERVACIÓN DE DERECHOS DE UN TRABAJADOR CUANDO HA REINGRESADO A DICHO RÉGIMEN Y FALLECE SIN HABER COTIZADO CINCUENTA Y DOS SEMANAS DESPUÉS DE SU REINCORPORACIÓN, CONTRAVIENE LA CARACTERÍSTICA DE UTILIDAD PÚBLICA CONTENIDA EN LA FRACCIÓN XXIX DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(3)

32. Con base en dicho criterio, atendiendo a los principios de mayoría de razón y jerarquía normativa, y a una interpretación pro persona, determinó que el artículo 183, fracción III, de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, era inconstitucional.

33. Al respecto, sostuvo que el citado numeral no era congruente con el espíritu proteccionista consagrado en el referido artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional, toda vez que desconocía el derecho de los beneficiarios derivado de la circunstancia de que el trabajador fallecido ya había cotizado más de las ciento cincuenta semanas exigidas para que aquéllos pudieren solicitar una pensión por viudez, pues al reincorporarse continuaba cotizando y, por ende, sus prerrogativas estaban vigentes al acaecer su deceso.

34. Añadió que el artículo 1o. constitucional, disponía que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarían de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano fuera Parte, así como de las garantías para su tutela, cuyo ejercicio no podría restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Norma Máxima estableciera; ello en relación con lo que estipula expresamente su diverso numeral 123, apartado A, fracción XXIX, en el sentido de que la Ley del Seguro Social no debería contravenir el principio de utilidad pública sino que, por el contrario, los seguros que comprendía debían abarcar todas aquellas hipótesis que velaren por el beneficio y bienestar de las personas trabajadoras, así como el de sus familiares.

35. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la Paz, Baja California Sur, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Conoció del amparo directo 1015/2012 (cuaderno auxiliar 717/2012), cuya resolución dio lugar a la tesis aislada:

"SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, AL NO OTORGAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR ACCEDAN A UNA PENSIÓN EN CASO DE QUE ÉSTE FALLEZCA DESPUÉS DE REINGRESAR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO PERO ANTES DE COTIZAR CINCUENTA Y DOS SEMANAS, VULNERA EL DERECHO HUMANO DE SEGURIDAD SOCIAL. Los artículos 1, numeral 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen la obligación a cargo de los Estados de respetar los derechos humanos y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, además disponen que en caso de que el ejercicio de los derechos y libertades no esté garantizado en las disposiciones legislativas o de otro carácter, aquéllos se comprometen a adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. En el caso del Poder Judicial, esta obligación reside, entre otros aspectos, en la interpretación y aplicación de los preceptos legales. Por ello, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos en dicha convención, en su interpretación y aplicación, debe atenderse a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a efecto de que los derechos humanos y las normas que los contienen sean interpretados de manera que permitan la ampliación de los titulares del derecho y de las circunstancias protegidas por estos derechos (universalidad); además, debe atenderse a que todos los derechos humanos establecen relaciones recíprocas entre sí (interdependencia) y, por ello, no pueden ser analizados de manera aislada ni estableciendo jerarquizaciones (indivisibilidad); por ende, en su examen debe tenerse presente que la interpretación que se dé a un derecho, necesariamente tendrá un impacto en otro, por lo que el juzgador debe buscar su coexistencia armónica; asimismo, es necesario que su protección tienda a ser mejor y mayor cada día (progresividad), por lo que en la interpretación y aplicación de la norma, el juzgador deberá buscar cumplir con este objetivo, pues sólo de esta manera logrará su protección integral. En ese sentido, si el artículo 151, fracción III, de la Ley del Seguro Social, no permite la ampliación de circunstancias protegidas por el derecho a la seguridad social de los familiares del trabajador fallecido e impide una mejor y mayor protección de aquél, al no prever la posibilidad de que se otorgue a los beneficiarios la pensión correspondiente, en caso de que el asegurado muera después de reingresar al régimen obligatorio pero antes de cotizar cincuenta y dos semanas, es evidente que vulnera el derecho humano a la seguridad social de los sobrevivientes del asegurado, al no garantizar su pleno goce y ejercicio, pues desconoce el derecho de éstos derivado de la circunstancia de que el trabajador ya había cotizado más de ciento cincuenta semanas exigidas por la propia ley. Además, el incumplimiento de la cotización de cincuenta y dos semanas requeridas, es por causas ajenas a la voluntad del trabajador (fallecimiento por causa diversa a un riesgo de trabajo) y, por tanto, no puede ser aplicada en perjuicio de los beneficiarios, pues debe recordarse que lo que se busca es la protección integral de los derechos humanos, y considerar la aplicación del mencionado artículo 151, fracción III, implicaría negar a la viuda la pensión que le corresponde porque el asegurado sí cotizó las semanas suficientes para su procedencia, sólo que éstas se encontraban inactivas; de ahí que no pueda estimarse que el numeral examinado sea compatible con el espíritu proteccionista consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país."(4) 36. Los antecedentes del caso son:

37. Demanda laboral. La accionante reclamó el pago de la pensión por viudez, con fundamento en la Ley del Seguro Social vigente, derivado del fallecimiento de su esposo, la cual le fue negada bajo el argumento de que éste no había cubierto el total de cincuenta y dos semanas de cotización a partir de su reingreso.

38. Contestación. El instituto demandado adujo que el extinto trabajador cotizó inicialmente doscientas setenta y dos semanas y se dio de baja, luego se reincorporó y se volvió a dar de baja, por lo que hasta el día de su fallecimiento cotizó únicamente treinta y un semanas, no contando al momento de su deceso con las semanas de cotización necesarias.

39. Laudo. La Junta del conocimiento consideró improcedente la acción al haber demostrado el demandado doscientas setenta y dos semanas de cotización del trabajador hasta su baja, así como que entre la fecha de reingreso y hasta su fallecimiento sólo generó treinta y una en lugar de las cincuenta y dos semanas de cotización.

40. Demanda de amparo. La accionante sostuvo, esencialmente, que el artículo 151, fracción III, de la Ley del Seguro Social vigente, contravenía la característica de utilidad pública contenida en la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, porque no preveía la figura de la conservación de derechos de un trabajador cuando ha reingresado al régimen obligatorio del seguro social y fallece antes de cotizar cincuenta y dos semanas después de su reincorporación, pues se priva a las y los beneficiarios de los derechos que generó el extinto trabajador.

41. Señaló que los derechos del extinto trabajador estaban vigentes al momento de su fallecimiento, cuyo objetivo era seguir laborando y cotizar en el régimen de seguridad social, lo cual no pudo hacer por causas ajenas a su voluntad, máxime que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, era obligación a cargo del Estado respetar los derechos humanos y garantizar su libre y pleno ejercicio, por lo que en el caso de los familiares de un trabajador fallecido debía otorgarse a los beneficiarios la pensión correspondiente en caso de que el asegurado muriera después de reingresar al régimen obligatorio pero antes de cotizar cincuenta y dos semanas; esto para evitar vulnerar el derecho humano a la seguridad social de los sobrevivientes del asegurado, considerando que el incumplimiento de la cotización de ese número de semanas se dio por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

42. Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento le concedió a la quejosa la protección solicitada.

43. Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto del carácter de orden y utilidad pública de la Ley del Seguro Social, al emitir diversos criterios con motivo de la interpretación de la fracción XXIX, apartado A del artículo 123 constitucional, destacándose su espíritu proteccionista hacia las personas trabajadoras, por lo que si una pensión por viudez constituía el pago periódico de una cantidad en efectivo en favor de los familiares o beneficiarios de los trabajadores o empleados cuando éstos fallecen y aquéllos reúnen las condiciones fijadas para tener derecho a tales percepciones, resultaba evidente que si el trabajador fallecido tenía un número muy superior a las ciento cincuenta semanas exigidas en la fracción I del artículo 128 de la ley impugnada, resultaba violatorio del mencionado precepto constitucional que la fracción III del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, diera lugar a que se negara la pensión, aduciendo que no se cubrieron un total de cincuenta y dos semanas de cotización después del reingreso del trabajador.

44. Así, realizando una interpretación conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, determinó que la fracción III del artículo 151 de la Ley del Seguro Social (y su correlativo 183 de la anterior ley) contravenía el derecho a la seguridad social de las y los familiares de la persona trabajadora.

IV. EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

45. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(5)

46. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

47. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.(6)

48. Refuerza lo anterior el criterio jurisprudencial del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)

49. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios, a saber:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a idéntico tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada instit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30757-518659fc/derechos-de-seguridad-social-el-articulo-183-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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