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Modo: Corpus Pro

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. SON PROPIEDAD DEL TRABAJADOR, EMPLEADO O SERVIDOR PÚBLICO, POR CONSIDERARLO ASÍ EL DERECHO JURISPRUDENCIAL INTERNO Y EL INTERAMERICANO. FONDO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT. EL DERECHO PARA RECLAMAR LAS APORTACIONES RELATIVAS ES IMPRESCRIPTIBLE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 376/2022. · Registro digital (IUS): 31566
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-06-30
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, Pág.6331.

AMPARO DIRECTO 376/2022. 27 DE OCTUBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. SECRETARIO: RAFAEL ROBERTO TORRES VALDEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Estudio. Los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, suplidos en su deficiencia –como lo mandata el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo(7) y el derecho jurisprudencial interno(8)– son esencialmente fundados, pues como se explicará durante el desarrollo de este apartado, la sentencia reclamada es violatoria del principio de congruencia externa, así como del diverso non reformatio in peius; además, la autoridad responsable dejó de examinar los agravios realmente planteados, con lo cual inadvirtió que de acuerdo con su naturaleza, las pensiones o aportaciones tendentes a lograr una pensión o ministración jubilatoria, son imprescriptibles.

(i) Principio de congruencia.

En relación con dicho principio, importa destacar que si bien es generalmente respetado en materia civil, resulta igualmente utilizado y aplicado en todos los procesos judiciales y jurisdiccionales y, en su esencia, está referido a que las sentencias deben ser congruentes, no sólo consigo mismas, sino también con la litis, como quedó formulada por medio de los escritos de demanda y contestación. Sostienen los jurisconsultos que hay dos clases de congruencia: la interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos; en tanto que la congruencia externa exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis.

Así se colige del derecho jurisprudencial que a continuación se inserta:

"Registro digital: 160315

"Instancia: Primera Sala

"Décima Época

"Materia(s): común

"Tesis: 1a./J. 4/2012 (9a.)

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, página 383

"Tipo: jurisprudencia

"EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado. Ahora bien, si en una sentencia que concede el amparo se precisan efectos que no son consecuencia directa de la ineficacia de la ley declarada inconstitucional, se está ante una incongruencia externa, toda vez que los efectos del amparo tienen estrecha vinculación con el acto reclamado, y según su naturaleza, ya sea de carácter positivo o negativo, se precisarán los alcances de la sentencia protectora, con el fin de restituir al agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas, por lo que los efectos del amparo son una consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad, y su determinación depende de la naturaleza del acto reclamado, o de la interpretación y alcance de la norma declarada inconstitucional, según se trate. En esas condiciones, como el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la incongruencia de los efectos precisados por el juzgador de primer grado, en relación con la pretensión del quejoso, según la naturaleza del acto reclamado y en atención, en su caso, a la interpretación de la norma declarada inconstitucional, debe prevalecer el sentido general de la parte considerativa, a fin de que los derechos, obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se limiten al verdadero alcance de la ejecutoria, sin incluir beneficios o prerrogativas que no sean consecuencia directa de la ineficiencia del acto declarado inconstitucional; de ahí que el tribunal revisor debe corregir de oficio la incongruencia de que se trate aunque no exista agravio al respecto."

Ello es así, porque el principio de congruencia externa que rige a toda sentencia deriva del diverso de justicia completa, garantizado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso a estudio se tiene que el artículo 230 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit dispone, en lo que al caso importa:

"Artículo 230. La sentencia que se dicte deberá contener:

"I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso;

"II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;

"III. El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición general impugnados;

"IV. El examen y valoración de las pruebas;

"V. La mención de las disposiciones legales que las sustenten, y

"VI. Los puntos resolutivos, en los que se expresarán, según sea el caso: la declaratoria de sobreseimiento del juicio; los actos cuya validez se reconozca o cuya invalidez se declare; la reposición del procedimiento que se ordene; los términos de la modificación del acto impugnado; la validez o invalidez de la disposición legal, cuando sea procedente, y la condena que, en su caso, se decrete.

"..."

Como puede verse, el legislador local fue claro al establecer que el tribunal administrativo, al ejercer su facultad jurisdiccional de decisión, debe observar los principios de congruencia externa e interna que rigen a toda sentencia, conforme al primero de los cuales, como lo ha puntualizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los fallos deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado.

Luego, el Tribunal de Justica Administrativa debe observar en toda sentencia el principio de congruencia, lo cual estriba en que al resolver la controversia lo haga con sujeción estricta a lo planteado por las partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten; además, sus sentencias no deben contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

En la especie, el indicado principio de congruencia externa, como bien lo aduce la quejosa, no fue acatado por la autoridad responsable pues como lo destaca, al ejercer la acción de origen expuso como pretensión:

a) La nulidad del oficio **********, de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual la autoridad demandada, director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado, le comunicó que era improcedente su solicitud de que se le hiciera entrega de las cantidades aportadas por su extinto esposo **********, porque el derecho a su obtención había prescrito, de conformidad con lo estatuido en el artículo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado.(9)

b) La devolución de las cantidades aportadas por su extinto esposo a dicho fondo de pensiones.

c) Se realizara control difuso de constitucionalidad y convencionalidad del artículo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Estado, porque el derecho que defiende es imprescriptible, al equipararse al salario, pues con ello se procura la alimentación, asistencia médica, la protección de medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar de la familia; de ahí que, a la luz de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución General y 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, procede un control de constitucionalidad.

Por su parte, al comparecer al juicio incoado en su contra, la autoridad demandada expuso, en esencia:

(i) Que **********, no acreditó la calidad de beneficiaria del extinto trabajador **********, como lo establece el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de poder acceder a los derechos que pudieran asistirle a dicho trabajador, el cual tampoco hizo designación de beneficiarios ni agotó el procedimiento previsto en el diverso numeral 501 del aludido ordenamiento.

(ii) La accionante presentó su demanda en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 120 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, pues tuvo conocimiento de la contestación al oficio **********, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.

Conforme a lo hasta aquí puntualizado, la litis del asunto se fijó en determinar: a) si le asiste o no la razón a la accionante en cuanto a que el oficio **********, de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno es ilegal, porque –opuesto a lo sostenido por la autoridad demandada– el derecho a obtener la devolución de las cantidades aportadas por su extinto esposo **********, es imprescriptible, por más que así lo establezca el artículo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; b) derivado de lo que se resolviera en relación con el anterior planteamiento, definir si era o no procedente la devolución de las cantidades aportadas por su extinto esposo a dicho fondo de pensiones; y, c) si procedía o no realizar control difuso de constitucionalidad y convencionalidad del artículo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Estado, sobre la base de que el derecho que defiende la accionante es imprescriptible al equipararse al salario, con el cual se procura sufragar las necesidades alimentarias de ella y sus menores hijos y, atendiendo a ello, determinar si a la luz de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución General y 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, procede un control de constitucionalidad.

O bien, si como lo adujo la mencionada autoridad demandada: a) **********, no acreditó la calidad de beneficiaria del extinto trabajador **********, en términos del artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, de modo que estuviera en aptitud de acceder a los derechos que pudieran asistirle al mencionado trabajador, al no haber hecho designación de beneficiarios ni agotado el procedimiento previsto en el diverso numeral 501 del mencionado ordenamiento; y, b) si la accionante presentó su demanda en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 120 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, pues tuvo conocimiento de la contestación al oficio **********, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.

En ese sentido, los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit infringieron el mencionado principio, porque si bien en una primera parte de su sentencia reconocieron que la accionante aduce que la autoridad demandada viola en su perjuicio el derecho humano a una pensión plena porque su extinto esposo ya había cotizado, al denegarle tal derecho se merma su calidad y proyecto de vida como viuda; así como que derivado de lo anterior considera que el artículo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, es contrario a los tratados internacionales, concretamente al numeral 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; inciso b) del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En líneas posteriores se olvidaron de dicho planteamiento y, sin que mediara argumento alguno de parte de la autoridad demandada, precisaron que carece del derecho a reclamar la devolución de las aportaciones efectuadas por su extinto esposo **********, porque ningún precepto de la ley de pensiones aludida le otorgaba ese derecho a su causahabiente, ya que del análisis del artículo 43 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, se advierte que para poder acceder a la devolución de las aportaciones que refiere dicha ley como "indemnización global", se requiere ser trabajador en activo o haberlo sido hasta antes de que ocurra el deceso o la incapacidad total o parcial de éste, y no tener derecho el trabajador a una pensión por jubilación, vejez, retiro por edad y por tiempo de servicio o invalidez.

Así, a partir de dicho planteamiento, la autoridad responsable puntualizó que si la accionante confiesa en el primer punto de hechos que su extinto esposo concluyó su relación de trabajo en enero de dos mil diecisiete, ello denota que su cónyuge y causahabiente perdió la calidad de trabajador en activo en esa data, lo cual tuvo por corroborado con lo expresado por la autoridad demandada, en el sentido de que el tres de enero de dos mil diecisiete concluyó la relación de trabajo del mencionado **********; aspecto que –agregó– no sólo no fue desvirtuado por la accionante, sino que provino de su aseveración en el primero de los hechos de su demanda; de modo que ello constituye una confesión expresa, con pleno valor demostrativo conforme a lo estatuido en los artículos 158 y 215 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, con lo cual tuvo por demostrado que su extinto esposo perdió la calidad de trabajador en activo el tres de enero de dos mil diecisiete.

A ello, la Sala responsable agregó que al haber perdido su extinto esposo tal calidad en fecha previa a la de su fallecimiento, no se cumple el primero de los requisitos mencionados y, en esa medida –acotó– no accedió al derecho a la "indemnización global" que prevé el artículo 43 de la aludida ley de pensiones, consistente en que sean entregadas a los beneficiarios del trabajador en activo las aportaciones a que tenía derecho.

Tal apartamiento de la litis por parte de la Sala responsable se pone de manifiesto con mayor nitidez al expresar que, aunque la autoridad demandada haya pretextado en su oficio **********, la prescripción del derecho a obtener la devolución de las aportaciones del extinto trabajador, lo cual lleva un reconocimiento implícito de ese derecho, lo cierto es que por las razones expresadas por la Sala responsable en renglones anteriores, el cónyuge de la accionante no acreditó los requisitos legales para que pudiera acceder a dicha "indemnización global"; de ahí que ese derecho no se incorporó a su esfera jurídica y, por tanto, a la de sus beneficiarios, como lo es la peticionaria; de ahí que no pudiera prescribir ese derecho.(10)

Esto es, con total desapego de la litis planteada por la accionante del juicio de origen (quejosa en el presente juicio de amparo) abordó el estudio de un tema que no fue expresado por la autoridad demandada en el oficio **********, a saber: la falta de derecho para acceder a la devolución de las cantidades acumuladas por su extinto esposo **********, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 43 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, pasando por alto que la autoridad demandada, como la propia Sala responsable lo reconoció, sólo adujo la prescripción del derecho a obtener la prescripción, de conformidad con lo previsto en el diverso numeral 18 del mencionado ordenamiento jurídico.

Empero, insistió la Sala responsable en que con independencia de ello, lo cierto es que por las razones que expuso (la propia autoridad responsable) el cónyuge de la ahora quejosa no acreditó los requisitos legales para poder acceder a dicha "indemnización global", de modo que ese derecho no se incorporó a su esfera jurídica y, en esa medida, no pudo prescribir.

En virtud de tal aserto fue que precisó que si el reclamo de la parte actora -en torno a la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del artículo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit- se sustenta en una premisa falsa, consistente en equiparar el derecho a la devolución de las aportaciones obreras, al diverso de cobrar las diferencias de las cuotas pensionarias, cuando –de hecho– carece del derecho que aduce, era de concluirse que su argumento respecto del precepto legal, es inoperante. Empero, sin decidir en qué consiste la devolución de aportaciones ni en qué consiste el cobro de diferencias de cuotas pensionarias, a efecto de justificar por qué no hay equiparación y, en su caso, porque se carece de derecho para hacer aquel reclamo.

(ii) Principio non reformatio in peius.

En otro orden de ideas, como también con certeza lo afirma la parte quejosa en diversa parte de sus motivos de disenso, la Sala administrativa responsable infringió el principio non reformatio in peius; porque la autoridad demandada, en el oficio ********** ciertamente –en forma implícita– le reconoció el derecho a la devolución de las cantidades que aportara el extinto trabajador **********, sólo que –adujo– no se las podía entregar porque su derecho había prescrito, de conformidad con lo estatuido en el artículo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Estado (abrogada); en cambio, con el razonamiento de la Sala administrativa responsable queda patentizado que ni siquiera tenía ese derecho por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el diverso numeral 43 del mencionado ordenamiento jurídico.

Razonamiento que, como bien lo aduce la peticionaria de amparo, va más allá de la simple negativa de la autoridad demandada, pues de acuerdo con el planteamiento de la Sala responsable, si ese derecho no existe, tampoco podría prescribir, con lo cual, ciertamente, le genera un daño mayor al que, en su caso, ya había resentido en su esfera jurídica por parte de la demandada.

Siendo así, resulta inconcuso que con tal decisión no sólo hubo alteración a la litis, sino transgresión al principio non reformatio in peius.

(iii) Imprescriptibilidad del derecho a reclamar las aportaciones efectuadas al fondo de pensiones con el objetivo de obtener una pensión jubilatoria.

El salario constituye uno de los derechos de toda persona que trabaja para un tercero, a través del cual puede disfrutar de una vida digna. Los ingresos de una persona le deben permitir cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, no sólo para sí misma, sino también para su familia, por lo que tal derecho está relacionado directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos humanos.

Al respecto, el artículo 55 de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit establece:

"Artículo 55. Integración del Salario. Salario es la retribución que debe pagarse al trabajador, cualquiera que sea su tipo, a cambio de los servicios prestados.

"El salario se integra con los pagos por cuotas diarias, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que, con las salvedades previstas en la presente ley, se entreguen al trabajador por su trabajo."

De acuerdo con lo anterior, el salario se integra con diversos factores, a saber: los pagos por cuotas diarias, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que, con las salvedades previstas en la dicha ley, se entreguen al trabajador por su trabajo.

Por su parte, los artículos 11, 19 y 43 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado señalan:

"Artículo 11. El patrimonio del Fondo se constituye de la siguiente manera:

"I. Con aportaciones de Gobierno del Estado, sobre la base del 6.56 por ciento del importe del salario de los trabajadores, porcentaje que se incrementará a razón de 0.4 por ciento anual, en los términos de los estudios actuariales que sancione el Comité de Vigilancia, durante 30 años por cada trabajador; "II. Con las aportaciones de los trabajadores y pensionados con cargo a sus salarios y pensiones mensuales, equivalentes al 3.28 por ciento adicionado anualmente conforme a los términos de la fracción anterior, hasta por 30 años;

"III. Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que conforme a esta ley haga el Fondo;

"IV. Con el importe de las obligaciones a cargo del Fondo que prescriban en los términos de la presente ley;

"V. Con las donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se otorguen o constituyan en favor del Fondo;

"VI. Con los muebles e inmuebles que el Estado aporte al Fondo o que éste llegase a adquirir; y

"VII. Cualquiera otro ingreso del cual el Fondo resulte beneficiario.

"La aportación al patrimonio sólo establece el disfrute de los derechos de la presente Ley."

"Artículo 19. Los trabajadores en activo y los que ingresen a partir de la publicación de esta ley adquieren el derecho a pensión en los siguientes términos:

"I. El personal en activo, al momento en que entre en vigor la presente ley:

"A). Pensión por jubilación al cumplir 30 o más años de servicios tratándose de los hombres o 28 o más en el caso de las mujeres, siempre y cuando hayan cumplido 55 o 53 años de edad según el caso y estén al corriente de sus aportaciones al Fondo;

"B). Pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, al cumplir 50 y 48 o más años de edad según se trate de hombre o mujer y 15 o más años de servicios, siempre que estén al corriente en sus aportaciones al Fondo.

"II. El personal que ingrese a partir de la vigencia de esta ley tendrá derecho a pensión por vejez al cumplir 65 años de edad y 10 de cotizar al Fondo;

"III. El derecho a pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente en los casos siguientes:

"a). A causa o consecuencia del servicio cualesquiera que sea el tiempo del mismo, con el 100 por ciento de sus percepciones; y

"b). Por causas ajenas al servicio cuando tengan 5 años o más de antigüedad, previo dictamen colegiado emitido por el área de medicina del trabajo de los Servicios de Salud de Nayarit.

"El derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día siguiente al de la fecha en que el trabajador causa baja motivada por la inhabilitación."

"Artículo 43. Al trabajador que sin tener derecho a pensión por jubilación, vejez, retiro por edad y tiempo de servicios, o invalidez, falleciere o se incapacitare total y permanentemente por causas ajenas al servicio, sin tener derecho a las pensiones mencionadas, el Comité entregará al trabajador o a sus beneficiarios, el importe de la indemnización global, conforme al monto total de las cuotas con que hubiese contribuido al Fondo de Pensiones de acuerdo con la fracción II del artículo 11 de la presente ley, si tuviese de uno a cuatro años de servicio."

De la literalidad de dichas normas jurídicas se infiere que:

a) El patrimonio del Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado de Nayarit, se constituye en beneficio de los trabajadores de dicha entidad federativa, con las aportaciones que éstos hagan durante el tiempo que dure su relación laboral y se integra, entre otros factores, con las aportaciones que realice el gobierno del Estado en su calidad de patrón, así como las que efectúen los trabajadores "y pensionados", en los porcentajes que se indican en el mencionado precepto normativo.

b) Los trabajadores en activo y los que ingresen a partir de la publicación de dicha ley adquieren el derecho a la pensión.

c) El ingreso al fondo se da por el solo hecho de formar parte de la planta laboral del gobierno del Estado.

d) Cuando el trabajador que sin tener derecho a pensión por jubilación, vejez, retiro por edad y tiempo de servicios, o invalidez, falleciere o se incapacitare total y permanentemente por causas ajenas al servicio, sin tener derecho a las pensiones mencionadas, el comité le entregará a él o a sus beneficiarios el importe de la indemnización global, conforme al monto total de las cuotas con que hubiese contribuido al Fondo de Pensiones de acuerdo con la fracción II del artículo 11 de la mencionada ley, si tuviese de uno a cuatro años de servicio.

En otro orden de ideas, el artículo 164, párrafo primero, de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit estatuye:

"Artículo 164. Prescripciones, regla general y excepciones. Las acciones que nazcan de esta ley, del nombramiento otorgado a favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijen las condiciones generales del trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos siguientes.

"..."(11)

Como se constató, el derecho al pago o a la devolución del fondo de retiro o de pensión de los trabajadores que laboran para el gobierno del Estado de Nayarit, cuando aquéllos no puedan acceder a una pensión por jubilación, vejez, retiro por edad y tiempo de servicios o invalidez, se configura al terminar la relación laboral, ya sea por incapacidad permanente de éste o debido a su fallecimiento. Aun cuando el servidor público fallecido mantuvo una relación jurídica no laboral/burocrática, sino de naturaleza administrativa, la autoridad responsable debió resolver si la normativa jurídica en trato aplica o no al caso, por analogía, por extensión y, desde luego, en una interpretación conforme al derecho patrimonial de corte interamericano.

En ese orden de ideas, toda vez que el fondo de pensión se forma con un porcentaje del salario del trabajador y con otro realizado por el patrón (Estado) es inconcuso que constituye parte del salario anticipado del trabajador y, en esa medida, el derecho a obtenerlo es imprescriptible, pues las cantidades ahorradas por ese concepto forman parte del patrimonio del trabajador al servicio del Estado; razón por la cual, se insiste, la acción para demandar el pago de dicho fondo no puede ni debe prescribir, esto es, es inaplicable supletoriamente el artículo 164 de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, como también lo viene a ser el diverso numeral 516 de la Ley Federal del Trabajo (el cual, por las razones ya expresadas, tampoco resulta aplicable en forma supletoria), pues no puede imponerse un término al trabajador (o a su beneficiario) para retirar un dinero que es de su propiedad –aunque sea administrado por el patrón a través de la institución denominada Fondo de Pensiones, creada exprofeso– porque si excediera de ese plazo para requerirlo, eso equivaldría a perderlo, o a que el beneficiado fuera el administrador.

Esto es, dicho dinero, al formar parte del patrimonio del trabajador, no puede extinguirse su derecho como tampoco el de su beneficiario y causahabiente para solicitar su devolución al Fondo de Pensiones en cualquier momento que se pida, pues –se reitera– constituye una prestación que ya ingresó a su patrimonio, como beneficio para él, el cual se encuentra administrado por el órgano creado al respecto.

De lo que se sigue que la autoridad responsable, al abordar el análisis de la procedencia de la acción para reclamar la devolución de las aportaciones efectuadas tanto por el patrón como por el extinto esposo de la quejosa, en la nueva sentencia que habrá de dictar, deberá tomar en cuenta los anteriores argumentos a efecto de evitar la posible afectación de los derechos sustantivos de la accionante con la aplicación del artículo 18 de la ley de pensiones aludida, que la priva indebidamente del derecho a recibir las aportaciones económicas en cita que, de acuerdo con lo expresado, ya formaban parte del patrimonio del trabajador fallecido y que, por tal razón, le asiste en su carácter de causahabiente o beneficiaria de los derechos laborales de éste.

Las aportaciones –cotizaciones,(12) o cuotas obrero/patronales– al régimen de seguridad social tienen como fin cumplir con los postulados contenidos en la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional(13) pero son propiedad del trabajador o empleado, o del servidor público,(14) no sólo porque así lo considera el derecho jurisprudencial interno(15) que confirma el motivo de creación de la norma jurídica de derecho legislado(16) sino, además, porque el derecho jurisprudencial interamericano así lo determina, al señalar los elementos fundamentales del derecho a la seguridad social, como: (i) disponibilidad; (ii) riesgos e imprevistos sociales –por cuanto que los Estados Parte tienen la obligación de garantizar que se establezcan sistemas de salud que prevean un acceso adecuado de todas las personas a los servicios de salud(17), que deben ser asequibles;(18) y, en cuanto a la vejez, los Estados Parte deben tomar medidas apropiadas para establecer planes de seguridad social que concedan prestaciones a las personas a partir de una edad determinada, prescrita por la legislación nacional(19)–, (iii) nivel suficiente:(20) –porque las prestaciones, ya sea en efectivo o en especie, deben ser suficientes en importe y duración; de ahí que cuando una persona cotiza a un plan de seguridad social que ofrece prestaciones para suplir la falta de ingresos, debe haber una relación razonable entre los ingresos, las cotizaciones abonadas y la cuantía de la prestación pertinente–,(21) (iv) accesibilidad –por cuanto que si un plan de seguridad social exige el pago de cotizaciones, entonces éstas deben definirse por adelantado por seguridad jurídica– y (v) relación con otros derechos.

Este Tribunal Colegiado de Circuito ha invocado el derecho jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,(22) en cuanto que –en su jurisprudencia–(23) (obligatoria para las autoridades del Estado Mexicano)(24) desarrolla un concepto amplio de la propiedad –previsto en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31566-6d3a312b/aportaciones-de-seguridad-social-son-propiedad-del-trabajador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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