RESOLUCIONES IRRECURRIBLES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SON LAS DIRIGIDAS DE FORMA DIRECTA E INMEDIATA A LOGRAR EL CUMPLIMIENTO O LA EJECUCIÓN DE LO DECIDIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1004 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 33/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS EN CUANTO AL SENTIDO DEL CRITERIO JURÍDICO, DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO Y ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, QUIEN VOTÓ EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES Y FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia.
9. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
10. Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, los cuales se encuentran comprendidos dentro de la referida Región Centro-Norte.
11. Aunado a ello, los criterios de los referidos Tribunales Colegiados de Circuito se sustentaron en la interpretación del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, por lo que la competencia por razón de la materia se finca a este Pleno Regional en Materia Civil.
SEGUNDO.—Legitimación.
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue realizada por la Juez Sexta de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por lo que con esa calidad de juzgadora federal se encuentra legitimada en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Antecedentes de los criterios en probable contradicción.
13. Los asuntos se exponen por el orden cronológico en que fueron dictadas las ejecutorias de los Tribunales Colegiados.
A. Amparo en revisión civil 206/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (en adelante, Segundo Tribunal Colegiado).
14. Este órgano jurisdiccional sostuvo en esencia, que en términos del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, debe entenderse que todas las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia son irrecurribles, y que el punto de vista consistente en que son impugnables las que no están dirigidas a esa ejecución, implica realizar una interpretación adicional, lo que constituye un caso de excepción del principio de definitividad.
15. Lo anterior se explica así.
16. Antecedentes.
17. Una persona promovió controversia del orden familiar, en la que demandó el pago de una pensión alimentaria a favor de sí y de su hija menor de edad.
18. Al admitirse la demanda se fijó como pensión alimentaria provisional el treinta por ciento de las percepciones del deudor alimentario.
19. El treinta de diciembre de dos mil veinte se dictó sentencia de primera instancia, que decretó como pensión alimentaria definitiva el quince por ciento de las percepciones del deudor.
20. La actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia.
21. Acto reclamado: El Juez de lo familiar dictó un acuerdo el veinte de enero de dos mil veintiuno, en el que: i) requirió a la dependencia correspondiente que hiciera efectiva la pensión definitiva del quince por ciento de las percepciones del deudor y cancelara la pensión provisional del treinta por ciento; y, ii) tuvo a la parte actora interponiendo recurso de apelación en efecto devolutivo, en contra de la sentencia de primera instancia.
22. La actora interpuso recurso de revocación contra el auto que antecede; recurso que fue desechado por el Juez natural, al considerar que contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia no se admitirá recurso alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí.
23. La actora promovió juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno (que ordenó ejecutar la reducción del monto de la pensión alimentaria), amparo del que correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles (expediente **********).
24. El veinte de abril de dos mil veintiuno se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó resolución de sobreseimiento en el juicio, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al estimarse que la quejosa no interpuso el recurso de revocación que prevé el artículo 1149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí.
25. La quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa (expediente 206/2021).
26. El siete de octubre de dos mil veintiuno se resolvió el recurso en el sentido de revocar la sentencia recurrida para levantar el sobreseimiento, porque el acuerdo de ejecución reclamado no era recurrible; además, concedió la protección constitucional porque no era dable ejecutar la sentencia de primera instancia, en tanto estuviera pendiente de resolverse el correspondiente recurso de apelación.
Consideraciones de la sentencia del recurso de revisión.
27. Opuestamente a lo considerado en la sentencia de amparo, la parte quejosa sí interpuso el recurso de revocación, el cual fue desechado. No obstante, no era el caso dar vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba ampliar la demanda de amparo contra tal desechamiento, toda vez que en contra del proveído reclamado no procede el recurso de revocación, derivado de que para ello se requeriría una interpretación adicional de la normativa.
28. Lo atinente a la interpretación adicional, como excepción a la observancia del principio de definitividad, está previsto en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.(3)
29. El precepto que antecede prevé dos supuestos como excepciones al deber de agotar los recursos ordinarios: i) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, ii) Cuando su fundamento legal sea insuficiente para determinarla.
30. Lo anterior en atención a los principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, en el sentido de que el quejoso sólo está obligado a agotar el recurso ordinario, cuando el medio de defensa a través del cual tiene la posibilidad de recurrir el acto que le está causando agravio, no adolezca de "fundamento legal insuficiente" y tampoco haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo.
31. Del artículo 1004(4) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí se puede desprender una interpretación adicional, en el sentido de que no procede recurso contra aquellas resoluciones que tuviesen por objeto lograr la ejecución y, por el contrario, contra aquellas dictadas en dicha etapa ajenas a lograr la ejecución, sí procede medio ordinario de defensa.
32. En el caso de la legislación aplicable (artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí) el legislador excluyó la posibilidad de recurrir los acuerdos "en ejecución de sentencia"; esto es, no distinguió entre el objetivo o la finalidad que tuviesen los acuerdos dictados; sino que simplemente proscribió los mismos en la etapa de que se trata, con independencia del resultado que pudiesen generar; ello, con la única salvedad establecida en el propio precepto; esto es, la procedencia del recurso de queja contra interlocutorias.
33. La distinción entre los vocablos utilizados en las legislaciones es toral, especialmente entre las preposiciones "en" ejecución de sentencia y "para" la ejecución de sentencia.
34. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 14/2005, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO EL DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE PROMOVIDO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PERO QUE NO TIENDE A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).",(5) al analizar el artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (que dispone que "contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá recurso alguno") concluyó que dicha norma debía entenderse en el sentido de que sólo eran irrecurribles las determinaciones que tendieran a lograr la ejecución, no las que la paralizaran u obstaculizaran; sin embargo, destacó que dicha interpretación derivaba de una apreciación a contrario sensu de la norma.
35. En esa medida, es determinante la distinción de preposiciones, esto es, las legislaciones que incluyen el vocablo "para", interpretadas a contrario sensu, conducen a la conclusión de que si el acuerdo no fue emitido para la ejecución (esto es, con ese objetivo) entonces sí es recurrible.
36. Atento a lo anterior, si en la legislación local se utilizó el vocablo "en", que se refiere en general a la etapa de ejecución, la interpretación a contrario sensu, como la que se realizó de otras legislaciones, no conlleva la misma conclusión, sino por el contrario, reafirma más la idea de que en la ley procesal civil de San Luis Potosí la proscripción de los recursos es general en la etapa de ejecución, salvo el de queja en contra de interlocutorias.
37. Consecuentemente, bajo esa exégesis de la legislación aplicable se llega al convencimiento de que, en contra del proveído reclamado por la quejosa, no procede el recurso de revocación como lo consideró el a quo. Ni mucho menos el de queja, por no tratarse dicho acto de una interlocutoria.
38. No se desatiende el hecho de que el legislador local, al crear la norma analizada, aun cuando haya utilizado términos distintos a las diversas legislaciones existentes en la Nación, pudo haber tenido la misma intención que aquéllas; esto es, suprimir obstáculos o dilaciones en esa etapa del procedimiento, a favor de quien obtuvo sentencia favorable. Sin embargo, el considerar que el recurso de revocación es procedente, atendiendo a la literalidad y a la ratio legis de la norma, implicaría arrojar una carga excesiva al justiciable, lo que atentaría contra el principio fundamental de certeza jurídica, pues el gobernado estaría obligado a agotar un recurso que se encuentra sujeto a una interpretación adicional, lo que de suyo representa una excepción al principio de definitividad en términos del último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
39. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no existe interpretación adicional cuando la procedencia del recurso se encuentra prevista en jurisprudencia obligatoria de la superioridad, pero lo cierto es que en el caso no existe criterio firme del Alto Tribunal que haga la interpretación del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
40. Hasta aquí los antecedentes de este asunto.
B. Amparo en revisión civil 384/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (en adelante, Primer Tribunal Colegiado).
41. Este Tribunal Colegiado consideró sustancialmente, que la interpretación del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí es en el sentido de que las resoluciones irrecurribles en ejecución de sentencia son aquellas que están dirigidas a lograr esa ejecución, y que el precepto citado no requiere de interpretación adicional alguna.
42. Lo anterior se explica enseguida.
43. Antecedentes destacados.
44. El asunto proviene de un juicio de divorcio por mutuo consentimiento.
45. El dos de febrero de dos mil dieciocho se dictó sentencia que declaró la disolución del vínculo matrimonial y aprobó el convenio que celebraron los promoventes.
46. El seis de febrero de dos mil dieciocho la referida sentencia causó ejecutoria y se emitieron las determinaciones para su cumplimiento, entre ellas las relacionadas con la pensión alimentaria para la excónyuge y sus tres hijos menores de edad, fijada en el ochenta por ciento de las percepciones del padre.
47. Tiempo después de esa ejecución, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve se tuvo al deudor alimentario promoviendo incidente de modificación de convenio.
48. El treinta de octubre de dos mil veinte se dictó resolución que: i) redujo la pensión alimentaria del ochenta por ciento al cincuenta por ciento; y, ii) no acogió la modificación de la cláusula quinta, en la que se pactó que los excónyuges debían cubrir los créditos bancarios en partes iguales.
49. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el deudor alimentario presentó dos escritos en los que solicitó: en el primero, que se requiriera a la madre que diera cumplimiento a la cláusula quinta del convenio; en el segundo, que se fijara la manera en que se llevaría a cabo la convivencia con sus hijos.
50. Lo anterior fue acordado mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, en el que, entre otras determinaciones, se destacan las siguientes:
a) se requirió a la excónyuge para que diera cumplimiento de la cláusula quinta del convenio; y,
b) se ordenó que se realizaran pruebas psicológicas a los progenitores y a sus hijos, a fin de determinar si estos últimos se encontraban alienados o manipulados.
51. Acto reclamado: La madre interpuso recurso de revocación en contra de las dos determinaciones emitidas en el proveído que antecede. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, tal medio de impugnación se desechó al considerarse que en ejecución de sentencia no procedía recurso alguno, en términos de lo dispuesto por el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí.
52. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la madre, por sí y en representación de sus tres hijos menores de edad, promovió juicio de amparo indirecto contra el acuerdo que antecede.
53. Correspondió conocer del juicio de amparo indirecto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí (expediente **********). El veintiséis de julio de dos mil veintiuno se dictó sentencia que negó el amparo, al considerar que, en efecto, son irrecurribles todas las resoluciones que son emitidas en la fase de ejecución.
54. La quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa (expediente 384/2021).
55. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado resolvió el recurso en el sentido de revocar la sentencia recurrida, para considerar:
56. a) Por lo que se refiere al requerimiento a la quejosa, para que cumpliera con la cláusula quinta del convenio, que tal determinación sí tiende a lograr la ejecución de ese acuerdo de voluntades, el cual se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada y, por tal motivo, no admite recurso, en términos del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles local.
57. b) Por lo que hace a los estudios psicológicos que deben realizarse a los progenitores y a sus hijos, esa determinación no tiende a la ejecución, sino que es autónoma a ésta; por lo que en esa parte, el acuerdo reclamado sí es recurrible, conforme a lo dispuesto en el artículo 1004 citado.
58. Por ende, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo para considerar que la segunda determinación sí es recurrible.
59. Consideraciones esenciales de la sentencia del recurso de revisión.
60. En la sentencia de amparo se perdió de vista que el acto reclamado contenía dos determinaciones; la primera consistente en el requerimiento para que cumpliera la cláusula quinta del convenio que se elevó a categoría de cosa juzgada; la segunda es la determinación de ordenar que se valorara psicológicamente a la quejosa y a sus menores hijos para determinar si se encontraban alienados o manipulados por alguno de sus progenitores.
61. También se consideró erróneamente, que cualquier determinación emitida en el periodo de ejecución de sentencia es irrecurrible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles local.
62. Aun cuando es cierto que dicho precepto prevé que contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia no se admitirá recurso alguno; también lo es que, interpretado en sentido contrario, se desprende que las resoluciones emitidas con posterioridad a la sentencia, pero que no se relacionan con la ejecución (es decir, que sean ajenas a ésta) sí son recurribles.
63. Por ende, la regla especial o de excepción contenida en el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles local se refiere, exclusivamente, a las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia que tiendan a lograr ese propósito de ejecutarla o que se vinculen directa e inmediatamente con ese propósito y, por ende, no comprende a aquellas resoluciones que, si bien son emitidas con posterioridad al dictado de la sentencia, no tienen ese objetivo directo, sino que son autónomas a la ejecución, preparatorias o preliminares a ésta.
64. No se soslaya que el artículo 1004 del código procesal civil local fue interpretado por una anterior integración de ese mismo Tribunal Colegiado y que dio lugar a la tesis aislada de rubro: "ACUERDOS O RESOLUCIONES DICTADOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE LOS JUICIOS CIVILES. EN SU CONTRA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TIENDAN O NO A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, CON EXCEPCIÓN DE LAS INTERLOCUTORIAS, CONTRA LAS QUE CABE EL RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)."
65. Si bien esa tesis fue citada en la sentencia de amparo impugnada, lo cierto es que a partir del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, la nueva integración del Tribunal Colegiado se apartó de tal criterio y actualmente interpreta el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el sentido de que sólo son irrecurribles los autos o resoluciones que tiendan a la ejecución de sentencia, es decir, los que directa e inmediatamente se relacionen con ese propósito, no así los que guarden autonomía o sean previos.
66. En tal virtud, para la fecha de emisión del acto reclamado (diecisiete de mayo de dos mil veintiuno) el actual criterio del Tribunal Colegiado se encontraba claramente definido, en el sentido de que, en términos del 1004 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, la irrecurribilidad de los autos o resoluciones dictados en la etapa de ejecución de sentencia se refiere únicamente a aquellos tendentes directa e inmediatamente a dicho propósito, es decir, a su cumplimentación y se estableció de manera categórica y firme que, para llegar a esa conclusión, no se requería una interpretación adicional, sino acudir únicamente a la literalidad y propósito de la disposición, la cual consiste en no retardar innecesariamente el acato de la cosa juzgada.
67. En consecuencia, por lo que se refiere a la primera determinación (requerimiento que se hizo a la quejosa para que cumpliera la cláusula quinta del convenio, en la que se pactó que si existían créditos bancarios serían cubiertos por partes iguales) se estima que sí tiende a lograr la ejecución de ese acuerdo de voluntades, el cual se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada y, por tal motivo, no admite algún recurso, en términos del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles local. En cambio, la segunda determinación no tiende a lograr la ejecución de la sentencia, sino que es autónoma a ésta, puesto que lo único que persigue es que se realicen valoraciones psicológicas a los hijos menores de edad y a sus padres, a fin de determinar si los primeros se encuentran alienados o manipulados por alguno de sus progenitores, por lo que al no tener como finalidad la ejecución de la sentencia, no se ubica en el caso de excepción (carácter irrecurrible) contenido en el artículo 1004 citado. CUARTO.—Existencia de la contradicción.
68. El análisis sobre la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los juzgadores y a los justiciables; dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
69. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar, en principio, una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales; con independencia de que exista o no identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
70. Lo anterior tiene sustento en las tesis siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(7)
71. Si la finalidad de la contradicción de criterios es, precisamente, la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación (que no en los resultados) adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte, es posible afirmar la existencia de una contradicción cuando se cumplan los siguientes requisitos:
72. Primero. Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa ejerzan su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado.
73. Segundo. Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico y con posturas contrarias o contradictorias; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
74. Tercero. Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de un cuestionamiento genuino, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
75. En atención a lo anterior, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
A. Primer requisito: Realización de un ejercicio interpretativo.
76. Este requisito se colma en el caso, toda vez que los dos Tribunales Colegiados de Circuito ejercieron su arbitrio judicial al resolver cuestiones de derecho procesal, relacionadas con el principio de definitividad que es observable en el juicio de amparo.
77. Tal como se advierte en el relato de los antecedentes y consideraciones de las respectivas sentencias, ambos Tribunales Colegiados afirmaron haber realizado el ejercicio de interpretación del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, en cuanto a la procedencia o improcedencia del recurso de revocación, contra resoluciones emitidas en ejecución de sentencia.
78. De ese modo, uno de los tribunales interpretó tal precepto en el sentido de que todas las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia son irrecurribles, y el otro tribunal interpretó que solamente son irrecurribles las que tienden directamente a la ejecución de la sentencia.
79. Por ende, el ejercicio interpretativo sí fue realizado en las respectivas resoluciones.
B. Segundo requisito: El ejercicio interpretativo realizado por los tribunales contendientes gira en torno a un mismo problema jurídico y se arriba a soluciones contradictorias o contrarias.
80. Este requisito también se encuentra satisfecho.
81. Al examinar las resoluciones respectivas se advierte que entre los criterios sostenidos por los dos Tribunales Colegiados existe discrepancia interpretativa.
82. Esto es así, porque el Segundo Tribunal Colegiado interpretó el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí de la siguiente forma:
83. a) Que todas las determinaciones emitidas en la etapa de ejecución de sentencia son irrecurribles sin distinción alguna (salvo las interlocutorias a través del recurso de queja).
84. b) Que para sostener que solamente son irrecurribles las determinaciones tendentes a lograr la ejecución de la sentencia, y no así las que no persigan esa finalidad, tendría que realizarse una interpretación adicional, lo cual constituye una excepción al deber de agotar el recurso ordinario, tal como está previsto en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo.(8)
85. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado sostuvo que a través de la interpretación literal y el propósito de la disposición, se arriba a la conclusión de que la irrecurribilidad de los autos o resoluciones dictados en la etapa de ejecución de sentencia se refiere únicamente a aquellos tendentes directa e inmediatamente a ese propósito de ejecución, no así los que guarden autonomía o sean previos.
86. Dicho tribunal expresó que con anterioridad a la emisión de la sentencia de amparo impugnada, ya había abandonado el diverso criterio(9) que fue citado en ésta (en el que había sostenido que no procede recurso alguno contra los acuerdos o resoluciones emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, independientemente de que tiendan o no a lograr la ejecución de la sentencia –con excepción de las interlocutorias–) y el criterio vigente es el apuntado en el párrafo que precede, el cual no requiere una interpretación adicional, sino acudir únicamente a la literalidad y el propósito de la disposición, la cual consiste en no retardar innecesariamente el acatamiento de la cosa juzgada.
87. Las posturas de los Tribunales Colegiados son incompatibles, respecto de la interpretación del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, al sostener puntos de vista opuestos, ya que el Segundo Tribunal Colegiado sostiene fundamentalmente, que todas las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia son irrecurribles (con excepción de las interlocutorias) y para sostener que sí son recurribles las que no persigan la finalidad de lograr la ejecución de la sentencia, tendría que realizarse la interpretación adicional a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, que prevé tal hipótesis como un caso de excepción del principio de definitividad.
88. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado considera que solamente son irrecurribles los actos judiciales tendentes directa e inmediatamente a la ejecución de una sentencia, y que los distintos a éstos sí son impugnables; para lo cual no se requiere de una interpretación adicional, sino la interpretación literal y la ratio legis.
89. Así, queda de manifiesto que se actualiza lo que se ha sostenido anteriormente, en el sentido de que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar una discrepancia interpretativa, respecto de la cual es necesario unificar criterios jurídicos con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los juzgadores y a los justiciables.
90. Por tal motivo, se estima que este segundo requisito se encuentra colmado.
C. Tercer requisito: Elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento del cuestionamiento que produce la procedencia de la contradicción.
91. De acuerdo con los criterios en contradicción de los Tribunales Colegiados, la cuestión del presente asunto admite ser formulada de la siguiente manera:
"Determinar cuáles son las resoluciones irrecurribles a que se refiere el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, y si tal ejercicio constituye una interpretación adicional."
QUINTO.—Estudio de la contradicción de criterios.
92. Al realizarse el examen de las posturas discrepantes, se estima que la tesis a justificar en este estudio es:
93. Las resoluciones irrecurribles dictadas en ejecución de sentencia, a que se refiere el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, son aquellas que están dirigidas de forma directa e inmediata a lograr el cumplimiento o la ejecución de lo decidido en la sentencia definitiva o resolución que constituye cosa juzgada; no así las determinaciones que, aunque se dicten en la fase de ejecución de sentencia, no guardan relación alguna con el objetivo de lograr esa ejecución, ni los casos de procedimientos que tienen normas específicas sobre la impugnabilidad de las resoluciones emitidas en ejecución de sentencia; lo cual no constituye una interpretación adicional.
Temática del estudio.
94. La justificación se divide en temas, de los cuales los señalados como I, II, y III son la explicación teórica y jurídica sobre la cual, a partir del apartado IV se realizará la interpretación del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí.
95. En esos apartados se expondrán los temas q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31978-1da4b2e9/resoluciones-irrecurribles-en-ejecucion-de-sentencia-son-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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