RECURSOS DE REVOCACIÓN Y DE APELACIÓN. SU INTERPOSICIÓN SIMULTÁNEA CONTRA UNA MISMA DECISIÓN JUDICIAL NO AUTORIZA AL JUZGADOR A PREVENIR AL RECURRENTE PARA QUE OPTE POR UNO DE ELLOS A EFECTO DE QUE SEA SOBRE EL QUE SE PROVEA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, AHORA SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 3 DE MAYO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; ello, porque la denuncia de contradicción, se formula respecto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, pertenecientes a distintos Circuitos y de diversa especialidad, en un tema que, por su materia, corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.(2)
6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada para formularla; ello, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue planteada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano que emitió uno de los criterios participantes.
7. TERCERO.—Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de tesis. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de tesis, debe precisarse que este Máximo Tribunal, a ese respecto, ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
d) Que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
e) Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes, constituyan jurisprudencia debidamente integrada.
8. Tales directrices han sido determinadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de rubros siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(3)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)
9. CUARTO.—Posturas contendientes. Las ejecutorias a examinar, versaron sobre las cuestiones que se precisan a continuación.
10. Criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, emitido en la improcedencia **********.
11. De la ejecutoria relativa, se advierte lo siguiente:
12. En un juicio de arrendamiento, uno de los demandados promovió incidente de falta de personalidad, respecto de quien representaba a la parte actora; ese incidente se desechó en proveído de cinco de octubre de mil novecientos ochenta y nueve; contra ese desechamiento, el demandado presentó, en escritos por separado, tanto un recurso de revocación, como un recurso de apelación.
13. En auto de diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez del conocimiento proveyó en el sentido de requerir al demandado, por una parte, para que fundara en derecho la admisibilidad del recurso de revocación, respecto de la resolución aludida y, por otra, señaló que como el mismo demandado había presentado diverso escrito en el que interponía recurso de apelación contra el mismo proveído, le prevenía para que, dentro del plazo de cinco días, determinara cuál medio de impugnación era el que pretendía promover en contra del auto de cinco de octubre (en la ejecutoria no se advierte cuál pudo ser el apercibimiento en caso de no cumplir la prevención).
14. Contra ese auto de prevención, el demandado hizo valer otro recurso de revocación y en auto de dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez no admitió dicho recurso, sino que proveyó en el sentido de señalar al compareciente que debía estarse a lo ordenado en el propio auto de diez de octubre impugnado.
15. Inconforme con ese auto de dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, el demandado promovió juicio de amparo indirecto, el cual se radicó bajo el expediente **********, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Nuevo León, quien por auto de siete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, desechó de plano la demanda de amparo, por estimar que el proveído reclamado no se ubicaba en la hipótesis del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, por no ser un acto que tuviera una ejecución de imposible reparación, en esencia, consideró que la prevención hecha en el auto de diez de octubre de ese año, al que remitía el proveído reclamado, no causaba perjuicio al quejoso, pues cumplida la prevención que se le formuló, sólo se podría actualizar una afectación en caso de que el recurso que eligiera le fuera desechado; por ende, no admitió la demanda de amparo.
16. En contra del desechamiento de la solicitud de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito bajo el número **********. Dicho órgano jurisdiccional desestimó los agravios del quejoso y confirmó el auto recurrido.
17. En esencia, de la ejecutoria se advierte que el órgano colegiado de amparo, por una parte, consideró inoperantes diversos motivos de agravio, porque estimó que eran cuestiones que no fueron planteadas en la demanda de amparo y en otros aspectos, porque los argumentos encaminados a evidenciar que el acto reclamado sí tenía una ejecución de imposible reparación, se referían al auto de diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, dictado por la autoridad responsable (el que contenía la prevención para que precisara cuál de los dos recursos –revocación o apelación– era el que hacía valer contra el desechamiento del incidente de falta de personalidad) y no se referían al auto de dieciséis de octubre posterior, que era el acto reclamado en el juicio de amparo.
18. No obstante lo anterior, el Tribunal Colegiado señaló, al referirse al agravio segundo del recurso, que el auto de dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve reclamado, no participaba del requisito previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo (abrogada), porque éste sólo aludía a la prevención que le había hecho la autoridad responsable, para que expresara cuál de los dos recursos –apelación o revocación– que simultáneamente había interpuesto contra el proveído de cinco de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, era el que pretendía promover, determinación que no tenía el carácter de irreparable para efectos del amparo, porque dejaba expedito el derecho del quejoso de elegir cuál recurso quería interponer, sin desechar a priori ninguno de ellos, de manera que una vez que el quejoso decidiera qué recurso prevalecería, en caso de que éste le fuera desechado, entonces sí podría intentar la acción constitucional, pues de admitírsele el recurso elegido no habría sufrido ninguna lesión, de ahí que no procediera el amparo intentado.
19. Además de los anteriores pronunciamientos dirigidos a evidenciar, que el auto de diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, no tenía una ejecución de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; el Tribunal Colegiado, también en respuesta a los argumentos del recurrente, expuso una consideración en relación con la prevención que le hizo la autoridad responsable en ese proveído, en los términos siguientes: "En la inteligencia de que, contrariamente a lo aducido por el recurrente, no se trata en el caso, de que la autoridad eluda su deber de proveer a lo solicitado, ni de que pretenda substituirse en la parte afectada exigiendo precisar el medio de impugnación adecuado, sino simplemente de cumplir lo que la ley procesal previene, respecto a la responsabilidad de impugnar las resoluciones a través de los recursos varios que se establecen contra determinadas resoluciones, pero no haciendo valer conjuntamente todos en un solo acto, sino el que corresponda dependiendo de la naturaleza de la resolución atacada y estar en aptitud de proveer conforme a derecho, pues de razonar en el sentido de que las partes pueden hacer uso simultáneo de todos los recursos previstos en un solo acto, se llegaría al absurdo de estimar innecesario la existencia de los requisitos y condiciones que para cada uno de dichos recursos consigna la legislación procesal, dejando al arbitrio de la autoridad decidir sobre cuál de todos los interpuestos por las partes es el idóneo, de ahí que tampoco le asiste razón al recurrente".
20. En vista de las consideraciones referidas, confirmó el auto materia del recurso de revisión.
21. De ese criterio, derivó la tesis aislada siguiente:
"RECURSOS. PROCEDE LA PREVENCIÓN PARA QUE SE PRECISE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CUANDO SIMULTÁNEAMENTE SE INTERPONEN LOS QUE LA LEY ESTABLECE. La prevención al recurrente por la autoridad responsable de que precise cuál de los dos recursos, de revocación y apelación, simultáneamente interpuestos contra el auto impugnado, no implica que eluda su deber de proveer lo solicitado, ni de que pretenda substituirse en la parte afectada exigiendo precisar el medio de impugnación adecuado, sino simplemente de cumplir lo que la ley procesal previene, respecto a la posibilidad de impugnar las resoluciones a través de los recursos varios que se establecen contra determinadas resoluciones, pero no haciendo valer conjuntamente todos en uno solo acto, sino el que corresponda dependiendo de la naturaleza de la resolución atacada y estar en aptitud de proveer conforme a derecho, pues de razonar en el sentido de que las partes pueden hacer uso simultáneo de todos los recursos previstos en un solo acto, se llegaría al absurdo de estimar innecesario la existencia de los requisitos y condiciones que para cada uno de dichos recursos consigna la legislación procesal, dejando al arbitrio de la autoridad decidir sobre cuál de todos los interpuestos por las partes sea el idóneo."(7)
22. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
23. De la ejecutoria relativa, se advierte lo siguiente:
24. Una persona moral promovió tercería excluyente de dominio en la vía sumaria civil contra tres personas físicas; dicho expediente se radicó en el Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco bajo el número **********. Esa demanda se desechó por la Juez del conocimiento en auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho, por considerar que los documentos exhibidos como base de la acción, no cumplían con los requisitos exigibles previstos en los artículos 1, 90 y 92-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
25. Contra ese proveído que desechó su demanda, la parte actora interpuso, en escritos por separado, tanto un recurso de revocación, como un recurso de apelación. La Juez natural dictó auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, en el que formuló una prevención a la actora, para que precisara cuál de los dos recursos habría de prevalecer, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo otorgado, tendría por no presentados ambos escritos para todos los efectos legales a que hubiera lugar, ello, dijo, con fundamento en los artículos 87, 127, 131, 135, 425, segundo párrafo, 426, 480, fracción IV y demás relativos aplicables del código procesal civil.
26. La parte actora desahogó la prevención, señalando que debían prevalecer los dos escritos y solicitó a la juzgadora que ella determinara cuál recurso era procedente y cuál no.
27. En proveído de treinta de marzo de dos mil dieciocho, la Juez acordó que no había lugar a lo solicitado porque la pretensión de la actora "no era un trámite previsto en la ley", señaló que la prevención que le hizo a la accionante no pretendía eludir su deber de proveer a lo solicitado, ni substituirse en la parte afectada exigiendo que se precisara el medio de impugnación adecuado, sino simplemente cumplir lo que la legislación procesal establecía respecto a la posibilidad de impugnar las resoluciones a través de los recursos varios que se establecían contra determinadas resoluciones, pero no haciendo valer conjuntamente todos en un solo acto, como lo hizo la actora, sino el que correspondiera dependiendo de la naturaleza de la resolución atacada, para así estar en aptitud de proveer conforme a derecho, pues de razonar como lo hacía la ocursante en el sentido de que puede hacer uso simultáneo del recurso de revocación y del de apelación en un solo acto, se llegaría al absurdo de estimar innecesario la existencia de los requisitos y condiciones que para cada uno de dichos recursos consigna el enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco, dejando al arbitrio de la autoridad decidir sobre cuál de todos los interpuestos por las partes sea el idóneo, lo que no estaba previsto en la ley, por lo que no era procedente su petición; citó como apoyo la tesis aislada (de la que extrajo las anteriores consideraciones) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito (aquí contendiente) de rubro: "RECURSOS. PROCEDE LA PREVENCIÓN PARA QUE SE PRECISE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CUANDO SIMULTÁNEAMENTE SE INTERPONEN LOS QUE LA LEY ESTABLECE.". En consecuencia, la juzgadora estimó que la actora no cumplió con la prevención y desechó ambos recursos.
28. La parte actora promovió el juicio de amparo directo, en el que impugnó: 1) el acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, que desechó de plano su demanda; 2) el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, en que se le formuló la prevención para que señalara cuál de los dos recursos ordinarios planteados debía prevalecer, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se tendrían por no presentados ambos; y, 3) el auto de treinta de marzo de dos mil dieciocho, donde se le hizo efectivo el apercibimiento y se le desecharon sus dos recursos.
29. El Tribunal Colegiado, luego de desestimar posibles causas de improcedencia respecto de los actos reclamados, abordó el estudio de fondo de los proveídos de doce y treinta de marzo de dos mil dieciocho, el primero, relativo a la prevención hecha a la quejosa para que precisara cuál recurso ordinario de los propuestos –revocación o apelación– debía prevalecer, y el segundo, donde se le hizo efectivo el apercibimiento y se desecharon los dos recursos; autos que declaró inconstitucionales.
30. El órgano de amparo, estimó inconstitucional el auto de prevención de doce de marzo de dos mil dieciocho, considerando que la Juez responsable debió proveer a ambos recursos como en derecho correspondiera y no prevenir a la actora para que se decidiera por uno de ellos; primero, advirtió que la fundamentación invocada por la juzgadora en modo alguno servía de apoyo a su decisión, pues los diversos artículos citados se referían a cuestiones diversas (las mencionó) que no eran aptas para sostener la referida prevención; luego, adujo que si el promovente externó su voluntad de plantear ambos recursos, lo que procedía era que el órgano judicial resolviera sobre la procedencia de los medios de impugnación intentados, es decir, que admitiera el que estimara procedente y que desechara el que no lo fuera, atento a los principios "da mihi factum dabo tibi ius" (dame los hechos y te daré el derecho) y "iura novit curia" (el Juez conoce el derecho), según lo permitía el artículo 14, último párrafo, constitucional.
31. Señaló que la consideración de dicho proveído reclamado, en el sentido de que, "por congruencia de las resoluciones" el promovente debía optar por uno de los recursos intentados, no podía servir de soporte argumentativo a la prevención, pues la juzgadora, precisamente para atender al principio de congruencia, debía proveer a los escritos acorde con la norma procesal y sus facultades legales, determinando cuál era el medio de defensa procedente, pues la razón de ser de los recursos ordinarios era una previsión del legislador para que las partes estuvieran en aptitud de obtener una nueva posición respecto de la resolución que les afectaba y así obtener la tutela judicial efectiva a que se refería el artículo 17 constitucional.
32. Invocó dicho precepto 17 constitucional en su párrafo tercero, así como una parte de la exposición de motivos del decreto de reforma a esa norma fundamental, de quince de septiembre de dos mil diecisiete y de ella concluyó que ese dispositivo de la Ley Fundamental ponía de manifiesto la intención del Constituyente acerca de: 1) Dar posibilidad a los justiciables de interponer recursos de manera efectiva, sencilla y rápida; 2) No basta que la legislación establezca recursos si se da preferencia a cuestiones formales sobre las sustantivas; 3) La ley no debe limitar la interposición de los recursos salvo formalidades esenciales para su trámite y resolución y los órganos jurisdiccionales deben asumir una actitud facilitadora (pro actione) para ese fin; 4) la interpretación y aplicación de las normas debe favorecer el derecho sustantivo para resolver la controversia, aunque sin inaplicar el derecho adjetivo arbitrariamente, por tanto, no debe sacrificarse la justicia en pro del formalismo; 5) el proceso es un medio para facilitar el reconocimiento de derechos sustantivos, evitando postergar la solución final de los asuntos; de manera que si el justiciable interpone dos recursos coetáneamente, debe preferirse la solución del caso sustantivamente admitiendo el que resulte idóneo y desechando el que no lo sea, en el ámbito competencial que corresponda; por ende, la determinación de requerir al particular para la elección de uno de los recursos intentados, con el apercibimiento de tener por no presentados ambos medios de impugnación, se aleja de lo establecido en el artículo 17 constitucional.
33. En consecuencia, determinó que también el auto que hizo efectivo el apercibimiento a la quejosa resultaba inconstitucional por ser fruto de un acto viciado.
34. El Tribunal Colegiado, otorgó la protección constitucional para que se dejaran insubsistentes los dos proveídos referidos y la autoridad responsable, proveyera sobre el recurso de revocación y el de apelación planteados contra el acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho que desechó la demanda del juicio sumario civil y, previo cumplimiento de los requisitos procesales inherentes, la Juez responsable desechara el que no fuere procedente en el ámbito de su competencia, o de no tener facultades para ello le diera el trámite condigno.
35. Advirtiendo que la Juez responsable apoyó el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, en la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito de rubro: "RECURSOS. PROCEDE LA PREVENCIÓN PARA QUE SE PRECISE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CUANDO SIMULTÁNEAMENTE SE INTERPONEN LOS QUE LA LEY ESTABLECE.", señaló no compartirla y ordenó denunciar la contradicción de tesis.
36. QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
37. El examen de las ejecutorias contendientes permite establecer que sí existe la contradicción de tesis.
38. Se llega a esa conclusión, porque como puede observarse de la síntesis de consideraciones de las resoluciones respectivas, en los respectivos contextos de su estudio, ambos Tribunales Colegiados hicieron un pronunciamiento jurídico en relación con un tema específico: si es válido o no formular prevención al justiciable, cuando éste ha planteado dos diversos recursos ordinarios (revocación y apelación) contra una determinación judicial emitida en el juicio, para que elija cuál de esos recursos es su voluntad que prevalezca, a efecto de que sea proveído por el juzgador.
39. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en la ejecutoria de la improcedencia **********, en un pronunciamiento sustancial que tuvo por objeto justificar una prevención hecha por la autoridad responsable en ese sentido y desestimar los agravios del recurrente en los que controvertía esa prevención, sostuvo: que adversamente a lo que alegaba el recurrente, no se trataba de que la autoridad estuviere eludiendo su deber de proveer a lo solicitado, ni de que pretendiera sustituirse a la parte afectada exigiendo precisar el medio de impugnación adecuado, sino que se trataba de cumplir lo que la ley procesal prevenía en torno a la responsabilidad de impugnar las resoluciones a través de los recursos que se establecían contra ellas, pero no haciendo valer todos los recursos en un solo acto, sino sólo el que correspondiera dependiendo de la naturaleza de la resolución controvertida, para estar en aptitud de proveer conforme a derecho, pues de razonar en el sentido de que las partes pudieran hacer uso simultáneo de los recursos contra un acto, se llegaría al absurdo de considerar innecesarios los requisitos y condiciones que para cada recurso preveía la ley procesal, dejando al arbitrio de la autoridad la decisión sobre cuál recurso de los interpuestos era el idóneo, por lo que no tenía razón el recurrente.
40. Mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en una situación jurídica igual, consideró que el proveído en que se formuló prevención al justiciable para que precisará cuál de los dos recursos ordinarios que planteó contra el mismo auto debía prevalecer a efecto de que fuera acordado por la autoridad, resultaba inconstitucional, pues estimó que si el interesado ya había manifestado su voluntad planteando ambos recursos, correspondía al deber y facultades del Juez responsable proveer a dichos recursos como en derecho correspondiera, admitiendo el que resultara procedente y desechando el que no lo fuera, porque ello era lo conducente conforme a los principios de derecho que invocó y era lo congruente con el derecho de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, entre otras consideraciones y no prevenir al promovente para que se decidiera por uno de ellos.
41. De modo que en ese punto concreto, es claro que ambos órganos colegiados se refirieron a un mismo tema jurídico y sostuvieron decisiones contradictorias.
42. Sin que resulte un obstáculo para la existencia de la contradicción de tesis, el hecho de que el primero de los Tribunales Colegiados referidos, emitió su pronunciamiento en un recurso de revisión interpuesto contra el proveído que desechó la demanda de un juicio de amparo indirecto intentado contra un proveído dictado dentro del juicio de origen, en el marco de análisis de la procedencia del juicio de amparo y el segundo de los Tribunales Colegiados se pronunció sobre el tema al resolver el fondo de un juicio de amparo directo intentado contra una determinación definitiva que puso fin a un juicio (un auto de desechamiento de la demanda del proceso natural).
43. Ello, porque lo relevante para esta contradicción es que, el primero de dichos órganos colegiados, luego de haber sentado sus consideraciones sobre la improcedencia del juicio de amparo por no ser el reclamado un acto de imposible reparación en su estudio, también se ocupó de hacer un pronunciamiento sustancial, ajeno propiamente al tema de la procedencia del amparo, en el que respondió de fondo a la argumentación del recurrente y postuló su consideración jurídica sobre la legalidad de la prevención que formuló la Juez responsable para que el justiciable (quejoso) optara por uno de los dos recursos ordinarios planteados, a efecto de que se proveyera sobre el mismo. Mientras que el diverso órgano colegiado, en su estudio de fondo de la litis constitucional, precisamente se ocupó del mismo tópico, considerando que esa prevención no es constitucional y que el Juez debe proveer a ambos recursos como corresponda en derecho; siendo estas consideraciones de ambos colegiados, las que generan el tema de contradicción aquí advertido.
44. Por otra parte, debe decirse también que no es obstáculo para admitir la existencia de la contradicción de tesis, que el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, haya emitido su resolución el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa (hace veintinueve años), bajo la vigencia de las normas del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León en materia de recursos (concretamente, la revocación y la apelación), y que en la actualidad, algunas de esas normas hayan sido reformadas; puesto que, de un examen de la legislación adjetiva vigente en aquella época, y la vigente en esta fecha en el mismo código, en relación con los recursos de revocación y de apelación, se observa que el problema materia de la contradicción de tesis subsiste aun bajo la regulación procesal actual, pues ni en las reglas procesales vigentes en mil novecientos noventa, ni en las vigentes al día de hoy, se prevé alguna norma que expresamente prohíba o permita la interposición simultánea de dos recursos ordinarios contra la misma resolución judicial, o alguna que establezca cómo debe proceder el juzgador en caso de que se le planteen dos recursos ordinarios contra una misma determinación judicial, sino que, el problema jurídico en cuestión requiere ser resuelto a través de la integración del sistema de recursos; de modo que pese a la antigüedad de una de las ejecutorias contendientes, el estudio del punto de contradicción no es ocioso, sino de utilidad para el orden jurídico nacional y apto para cumplir los fines de la figura.(8)
45. Para advertir las reformas que ha tenido el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León en la regulación de los recursos ordinarios de revocación y de apelación y que al margen de ellas, la cuestión que se impone resolver no está regulada, se plasma el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo 1
46. Del análisis de las normas del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León relativas a los recursos de revocación y de apelación en vigor en el año de mil novecientos noventa y las ahora vigentes del mismo ordenamiento, se puede advertir que por lo que hace al recurso de revocación los dispositivos que lo regulan no han cambiado; y por lo que ve a la apelación, las reformas y derogaciones que han tenido algunos preceptos, de ningún modo hacen inviable el estudio de fondo de la contradicción de tesis, pues pese a los cambios legislativos relacionados con la tramitación y resolución de la apelación, lo cierto es que, el ordenamiento, antes y ahora, como se indicó, no contempla una norma en la que se establezca expresamente una prohibición o una permisión para la presentación simultánea de dos recursos contra una misma resolución, o alguna que establezca cómo debe proceder el juzgador en caso de que se le planteen dos recursos contra una misma determinación, por lo que, subsiste la necesidad de que se realice una integración del sistema para poder llegar a una respuesta al respecto, que guíe a los órganos jurisdiccionales de dicha entidad federativa, de presentarse ese supuesto fáctico en la actualidad.
47. Por otro lado, ha de advertirse también que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León vigente, contempla la regulación de los recursos de revocación y de apelación, con algunas diferencias respecto de la regulación de esos mismos recursos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco vigente, aplicado en la otra ejecutoria contendiente.
48. Sin embargo, tampoco esas diferencias devienen relevantes para excluir la existencia de la contradicción de tesis, pues como se verá en el siguiente cuadro, se refieren a aspectos de la sustanciación y resolución de esos recursos que, por una parte, no resuelven el problema jurídico que aquí se impone dilucidar, pues el códi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28938-63b24153/recursos-de-revocacion-y-de-apelacion-su-interposicion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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