AUTO DE PRESIDENCIA QUE POR ERROR ADMITE UN RECURSO. ES NULO Y NO VINCULA AL PLENO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE RESUELVA EL FONDO.
AMPARO EN REVISIÓN 310/2019 (CUADERNO AUXILIAR 985/2019) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 11 DE DICIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. SECRETARIA: ANA LIVIA SÁNCHEZ CAMPOS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Desechamiento del recurso de revisión adhesiva.
El auto que admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso fue notificado a las autoridades responsables, tesorero y Ayuntamiento, ambos del Municipio de Campeche, por oficios 10336/2019 y 10337/2019 el doce de agosto de dos mil diecinueve (folios 23 y 25), notificación que surtió sus efectos ese mismo día, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, el plazo legal de cinco días para interponer el recurso de revisión adhesiva transcurrió del trece al diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, sin que deban contarse los días diecisiete y dieciocho de agosto de ese año por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.
En tales circunstancias, si el escrito con que se interpuso el recurso de revisión adhesiva se presentó ante el tribunal auxiliado el veinte de agosto de dos mil diecinueve, entonces, es inconcuso que se presentó fuera del plazo legal de cinco días que establece el artículo 82 de la Ley de Amparo; por tanto, su presentación resulta extemporánea.
En consecuencia, el recurso de revisión adhesiva debe desecharse por extemporáneo.
Aunque el presidente del tribunal auxiliado admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva, queda demostrado que el auto respectivo se emitió por error y no vincula al órgano colegiado para que resuelva el fondo.
Conforme a la teoría del acto jurídico y sus nulidades relativas y absolutas que se regulan en los artículos 2224 a 2227 del Código Civil Federal, el error vicia el consentimiento, lo que implica que un acto jurídico judicial basado en un error, o sea, viciado por una falsa creencia de la realidad en cuanto a la oportunidad con que se presentó el recurso, resulta nulo y sus consecuencias pueden y deben ser anuladas por el órgano colegiado.
El error vicia el acto judicial de que se trata, y aunque produce efectos jurídicos y materiales provisionalmente, como lo es que se tramite el recurso con vista a las partes y el turno a ponencia, tales efectos pueden anularse por el órgano colegiado actuando en pleno al dictar sentencia, porque un acto viciado por error no puede vincular a resolver un recurso que es improcedente, ya que es facultad del pleno realizar el análisis oficioso de la procedencia del recurso y demás presupuestos procesales, en debida aplicación de las normas que regulan el trámite de que se trate, así como porque se trata de actos de voluntad distintos en etapas diferentes donde la preclusión opera respecto de las partes, pero no para el órgano que emite la sentencia y que es la máxima voluntad del tribunal que excepcionalmente es recurrible.
De ahí que el auto de presidencia que admite a trámite el recurso no vincula al órgano colegiado al dictar sentencia.
CUARTO.—Estudio de los agravios.
Los agravios se analizarán en su conjunto por su estrecha vinculación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo.
En el primer agravio la recurrente aduce, en esencia, que el a quo sobreseyó en el juicio de manera indebida, con lo que le causó perjuicio en sus derechos humanos, porque no advirtió que los actos reclamados continúan perjudicándole, pues el gobernador del Estado de Campeche, por conducto del director de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, ha realizado de forma consecutiva actos que vulneran su esfera jurídica sin fundarlos ni motivarlos, al realizar manifestaciones carentes de veracidad y fundamento legal, con lo que se provoca un menoscabo en su patrimonio.
Además, refiere que durante la sustanciación del juicio de amparo indirecto hubo cambio de administración municipal, por lo que acudió a realizar las gestiones necesarias para que se le otorgara la concesión; por tanto, el acto reclamado al Ayuntamiento ya cesó al haberse reconocido su derecho; sin embargo, el gobernador del Estado de Campeche, por conducto de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, continuó realizando actos en su contra al despojarlo del bien inmueble que se le otorgó en concesión al romper los candados y poner nuevos; además de realizar nuevos contratos con otras personas y por manifestar que no existe registro del quejoso en sus archivos sin que ofreciera documentos que acreditaran tal circunstancia.
En el segundo agravio el quejoso argumenta que el a quo no tomó en cuenta las pruebas que son de vital importancia para concederle el amparo, al no sólo afectarse sus derechos humanos, sino también los de su familia, pues el juzgador debió tomar en cuenta la norma aplicable a la acción y el hecho de que toda autoridad, en el ámbito de sus respectivas competencias (federal, estatal o local), tiene la obligación de proteger, promover y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Federal.
Tales agravios son ineficaces.
Lo anterior es así, ya que están dirigidos a demostrar la ilegalidad de la presunta desposesión del inmueble identificado como **********, ubicado en el parque ********** y parque del ********** del circuito **********, polígonos cuatro y cinco del **********, en San Francisco de Campeche, Campeche, así como del oficio ********** de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que el quejoso reclamó en el sumario constitucional del que deriva este toca, y la violación de derechos fundamentales que imputó a las autoridades responsables; sin embargo, no se ocupó de combatir frontalmente los razonamientos con base en los cuales el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al estimar actualizadas las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XII y XIV, de la Ley de Amparo, con base en que:
a) Por lo que hace al acto consistente en la omisión de devolverle la posesión del inmueble identificado como **********, ubicado en el parque ********** y parque del **********, del circuito **********, polígonos cuatro y cinco del ********** en San Francisco de Campeche, Campeche, el Juez de Distrito estimó que el quejoso no acreditó la afectación a su interés jurídico, porque de las pruebas agregadas al sumario constitucional no se demostraba la posesión que aducía tener, al no haberse exhibido el contrato de arrendamiento que dijo había celebrado con el Ayuntamiento responsable.
b) Respecto del oficio ********** del tesorero del Municipio de San Francisco de Campeche, Campeche, estimó que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, porque el quejoso manifestó que tuvo conocimiento de tal acto el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y la demanda la presentó hasta el dos de febrero de dos mil dieciocho, por lo que resultaba evidente que el plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo, había transcurrido en exceso.
Por tanto, los argumentos expresados en los agravios que se atienden en este apartado son inoperantes, porque la consecuencia directa del sobreseimiento decretado conlleva, precisamente, la imposibilidad jurídica de abordar el estudio de las cuestiones que constituyen el problema de fondo respecto de la violación de derechos fundamentales que se alega.
Por consiguiente, el efecto del sobreseimiento es dejar las cosas como se encontraban antes de la promoción de la demanda, sin realizar pronunciamiento en relación con el fondo de la controversia planteada, ya que tales aspectos no pueden ser analizados cuando se actualiza una o varias causas de improcedencia, por ser éstas de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, como aconteció en el caso, al estimarse en el considerando cuarto de la sentencia recurrida que el quejoso, por una parte, promovió extemporáneamente la demanda de amparo y, por otra, no acreditó el interés jurídico; consideraciones que deben declararse firmes porque no fueron combatidas de ninguna forma por el quejoso-recurrente, por lo que, correctas o no, deben continuar rigiendo el sentido de la sentencia recurrida.
Es aplicable en este aspecto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 509, publicada a foja 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.—No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."
También resulta aplicable el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 3a./J. 12/94, publicada en la página 24, Número 77, mayo de 1994, materia común, registro digital: 206615, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE DEBIENDO COMBATIR EL SOBRESEIMIENTO, VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.—Si en su sentencia el Juez de Distrito estimó que se surtían dos causales de sobreseimiento y basado en ello resolvió sobreseer en el juicio, son inoperantes los agravios que expresa el recurrente si en lugar de combatir los argumentos y razonamientos que el a quo formuló para arribar a esa conclusión, versan sobre la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados lo cual es un problema de fondo que el juzgador no abordó precisamente por el sentido del fallo."
QUINTO.—Corresponde al quejoso la carga de acreditar con prueba idónea su interés jurídico.
El recurrente también aduce que debió requerirse a la administración municipal anterior copia certificada del contrato de arrendamiento firmado con el fin de que pueda interpretarse de manera más eficiente y obtener mejor administración de justicia.
En términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.
Conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la existencia del interés jurídico corresponde a la parte quejosa, porque la acción de amparo es un proceso constitucional que tiene por objeto demostrar que el acto de autoridad le causa perjuicio y es violatorio de un derecho sustantivo y de las garantías constitucionales instituidas para su protección, así como porque solamente se deberán recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que se estimen necesarias para la resolución del asunto, pero no en relación con el interés jurídico.
Por tanto, no procedía que de oficio el Juez de Distrito requiriera a las autoridades responsables el contrato de arrendamiento que el quejoso refiere celebró con el Ayuntamiento, ya que en el caso de que no estuviera en posibilidad de obtenerlo, debió solicitar al a quo lo requiriera en términos del procedimiento previsto por el artículo 121 de la Ley de Amparo, siempre y cuando hubiera demostrado que realizó la petición correspondiente del referido documento a la autoridad que lo tuviera en su poder y que ésta fue omisa en expedirlo.
En consecuencia, si la parte quejosa no prueba durante el procedimiento del juicio de amparo su interés jurídico para acudir a la instancia constitucional, no es posible que el Juez de Distrito recabe las pruebas de oficio para tenerlo por acreditado pues, se reitera, tal carga corresponde al propio quejoso.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 305, publicada en la página 324, Tomo II, Procesal Constitucional 1–Común, Primera Parte–SCJN, Segunda Sección–Improcedencia y sobreseimiento, registro digital: 1002371, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.—La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto."
En otra parte del primer agravio, el quejoso aduce que el a quo no analizó correctamente las constancias que integran el juicio de amparo indirecto del que deriva este toca, ni los informes justificados, pues no tomó en cuenta el escrito con que hizo del conocimiento que el Ayuntamiento ya le había otorgado la concesión del ********** y adjuntó el documento que lo acredita, ya que se limitó a analizar el oficio ********** con que se informó que debía celebrarse contrato de arrendamiento respecto del inmueble del que refiere fue desposeído.
En el segundo agravio, estima que su derecho de posesión del inmueble reclamado está reconocido porque la nueva administración municipal le otorgó su concesión, como se demostró con la documentación correspondiente.
El anterior agravio es inoperante porque parte de una premisa falsa, en tanto que es inexacto que durante la sustanciación del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente toca, el quejoso presentara escrito con que hizo del conocimiento del juzgador federal que el Ayuntamiento ya le había otorgado la concesión del ********** y que adjuntara el documento para acreditar tal hecho, pues de la revisión del expediente se advierte que no presentó los documentos a los que hace referencia en el recurso de revisión; por tanto, fue correcto que al dictarse la sentencia recurrida únicamente se analizaran y valoraran los documentos relacionados en los incisos a) al o) del considerando cuarto, entre otros, el oficio ********** de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por ser los únicos exhibidos por las partes en el juicio de amparo.
De modo que el agravio en análisis es inoperante, porque parte de una premisa falsa pues, se reitera, el a quo estaba imposibilitado para tomar en cuenta documentos que no se ofrecieron en el juicio de amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), publicada en la página 1326, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, registro digital: 2001825, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.—Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida."
Por otra parte, no benefician al quejoso-recurrente las diversas jurisprudencias y tesis aisladas que cita en el escrito de agravios del recurso de revisión, por los motivos siguientes:
1) La tesis aislada IV.3o.A.31 K (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA OMISIÓN TANTO DE IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE SUPUESTAMENTE NO CUENTA CON LAS LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES NECESARIAS, COMO DE REGULAR Y CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE REGISTRO, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, DEBE CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE DICHOS DOCUMENTOS Y TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE EVITAR DAÑOS A TERCEROS.", no es aplicable, porque en el presente toca la litis consiste en determinar la legalidad de la sentencia dictada en audiencia constitucional y no de las cuestiones relacionadas con el incidente de suspensión que se tramita por cuerda separada.
2) La jurisprudencia 2a./J. 30/96 y la tesis aislada I.3o.A.4 K (10a.), de rubro y de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." y "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ORDENARSE CUANDO DEL ANÁLISIS ÍNTEGRO DE LA DEMANDA SE ADVIERTAN ACTOS ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS, QUE INCIDAN EN LA FIJACIÓN DEFINITIVA DE LA LITIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, SIN QUE EL JUEZ DE DISTRITO HAYA REQUERIDO AL QUEJOSO PARA QUE MANIFIESTE SI ES SU VOLUNTAD SEÑALARLOS CON ESE CARÁCTER.", no resultan aplicables al presente caso, porque del análisis del expediente se constata que no existen nuevos actos reclamados, ni otras autoridades que tengan el carácter de responsables, que amerite reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto del que deriva este toca para requerir al quejoso para que manifieste si es su voluntad señalarlos con ese carácter; máxime que en un recurso de revisión anterior ya se ordenó la reposición del procedimiento por dicha circunstancia.
3) La tesis aislada II.3o.A.22 K (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO INDEBIDO DEL JUEZ DE DISTRITO SOBRE SU EXISTENCIA, ES UN ASPECTO QUE DEBE SER SUBSANADO, DE OFICIO, POR EL TRIBUNAL REVISOR.", tampoco resulta aplicable, porque del análisis de la sentencia recurrida se advierte que se fijaron correctamente los actos reclamados por el quejoso en los escritos de demanda de amparo y su ampliación.
En ese contexto, se da cumplimiento al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.), publicada el viernes seis de abril de dos mil dieciocho «a las 10:00 horas» en el Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable."
Todos los criterios jurisprudenciales invocados en esta ejecutoria, que fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, son aplicables al caso en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la citada ley vigente, al no oponerse a lo dispuesto en ésta.
SEXTO. Conclusión. Al no desvirtuarse la legalidad de la sentencia recurrida procede confirmarla.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 93 de la Ley de Amparo y 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo indirecto ********** promovido por **********, en los términos precisados por el Juez de Distrito en el resolutivo primero de la sentencia recurrida.
TERCERO.—Se desecha el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Ayuntamiento y el tesorero del Municipio de Campeche, en términos del considerando tercero de esta ejecutoria.
Engrósese la presente resolución a los autos y remítase en versión pública para su notificación a las partes y al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, a través de cualquier medio de almacenamiento electrónico; háganse las anotaciones pertinentes en el libro electrónico de registro y, en su oportunidad, agréguense al cuaderno de antecedentes: testimonio de esta resolución; copia certificada de la sentencia recurrida; de los escritos de agravios principal y adhesivo, así como del acuse de recibo de la constancia de captura de sentencia definitiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Héctor Riveros Caraza; ponente Neófito López Ramos y Luis Vega Ramírez, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 509, 305 y 2a./J. 32/2018 (10a.) citadas en esta ejecutoria, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, página 49; en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 15, con la clave 1a./J. 1/2002, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, página 847, con números de registro digital: 239006, 187777 y 2016525, respectivamente.
Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 y aisladas IV.3o.A.31 K (10a.), II.3o.A.22 K (10a.) y I.3o.A.4 K (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 250; en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 15 de agosto de 2014 a las 9:42 horas y 7 de octubre de 2016 a las 10:17 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 9, Tomo III, agosto de 2014, páginas 1974 y 1553; y, 35, Tomo IV, octubre de 2016, página 3081, con números de registro digital: 200588, 2007226, 2007129 y 2012782, respectivamente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29493-9f4907a1/auto-de-presidencia-que-por-error-admite-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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