ACUERDOS O RESOLUCIONES DICTADOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE LOS JUICIOS CIVILES. EN SU CONTRA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TIENDAN O NO A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, CON EXCEPCIÓN DE LAS INTERLOCUTORIAS, CONTRA LAS QUE CABE EL RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
QUEJA 373/2017. 28 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JAIME ARTURO GARZÓN OROZCO. PONENTE: ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ. SECRETARIO: RICARDO NAVA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Parte de los motivos de agravio que expone la quejosa, aquí recurrente, resultan esencialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido, atento a las razones que a continuación se precisan.
Pues bien, en el proveído recurrido, el Juez de amparo, para sustentar que, en la especie, se actualizaba la señalada causa de improcedencia (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), expuso las consideraciones que enseguida se sintetizan:
I. Que el precepto señalado consagraba la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que en contra del acto reclamado procediera un recurso o medio ordinario de defensa dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, a lo que se le conoce como principio de definitividad.
II. Que el quejoso reclamó en la instancia constitucional el acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, en el juicio ordinario civil por prescripción positiva ********** de su índice.
III. Que de las copias certificadas del señalado juicio ordinario civil, acompañadas por el quejoso, se advertía que con fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, se emitió la sentencia respectiva, en la que se determinó que la actora no había probado sus acciones y, por tanto, se le condenó al pago de costas (en favor de la aquí quejosa), previa regulación en ejecución de sentencia.
IV. Que posteriormente, en la etapa de ejecución de sentencia –por lo que se refiere al pago de costas–, mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la ahora quejosa, presentó una promoción en la que solicitó que los derechos litigiosos embargados a su parte contraria, se mandaran valuar; asimismo, solicitó la suspensión del diverso juicio extraordinario civil **********, del índice del mismo juzgado (cuyos derechos litigiosos fueron los embargados).
V. Que a dicha promoción recayó el acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual el Juez responsable proveyó que no había lugar a acordar de conformidad con lo peticionado por el promovente (este acuerdo es el que constituye el acto reclamado en el juicio que nos ocupa).
VI. Que en esa medida, debía precisarse que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado preverá la posibilidad de impugnar la determinación como la que en la especie se reclamaba, en términos del artículo 932, que dispone lo siguiente:
"Artículo 932. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio."
VII. Que de la lectura de dicho artículo se desprendía que el acuerdo reclamado podía ser impugnado a través del recurso de revocación, el cual la parte agraviada se encontraba obligada a agotar previo a la interposición del juicio de amparo.
VIII. Que no pasaba inadvertido lo dispuesto por el diverso artículo 1004 del código procesal en cita, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 1004. Contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, no se admitirá recurso alguno. Si fuere interlocutoria será procedente la queja ante el superior."
IX. Que de conformidad con este último precepto legal, en contra de las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia no se admitirá recurso alguno, salvo tratándose de interlocutorias contra las que cabe la queja; empero, que el acuerdo reclamado no tuvo por objeto la ejecución de la sentencia, pues no acordó de conformidad la petición de la parte quejosa, tendiente a ello, por lo que, en el caso sí procedía la revocación.
X. Esto es, que toda vez que la determinación del Juez no impulsaba la ejecución, sino que la negaba o paralizaba, entonces, resultaba procedente en su contra el recurso de revocación y, en consecuencia, improcedente el juicio de amparo al no haberse agotado dicho recurso de manera previa a su interposición.
Para sustentar esta interpretación, el juzgador invocó las jurisprudencias VI.1o.C. J/23 y 3a./J. 14/92, de rubros:
"SENTENCIAS. EL AUTO QUE NO TIENE POR OBJETO LOGRAR SU EJECUCIÓN, SINO IMPEDIRLA, ES RECURRIBLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA DEBE SER IMPUGNADA MEDIANTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY ANTES DE RECLAMARLA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."
Con base en las anteriores consideraciones, el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, invocando, además, otra serie de criterios referentes al principio de definitividad, en los cuales se sostiene que en los casos en que la ley aplicable establezca la procedencia de recursos, los mismos deberán ser agotados previo a la promoción del juicio de amparo.
En contra de la anterior determinación, la parte quejosa, aquí recurrente, invoca el principio jurídico "in claris non fit intepretatio", el cual puede traducirse como: "no hace falta interpretar lo que está claro".
Asimismo, entre otras cosas, la inconforme refiere que el recurso de revocación, al cual hace referencia el a quo, es una figura jurídica que opera como recurso ordinario únicamente dentro de la primera etapa del procedimiento; empero, que en la etapa de ejecución no existe recurso alguno que hacer valer, excepto la queja en contra de resoluciones interlocutorias.
Añade, que considerar que la revocación es aplicable a las diferentes etapas del juicio, como lo hace el juzgador de amparo, resulta opuesto a la norma de excepción contenida en el artículo 1004 del Código Procedimientos Civiles para el Estado, que dispone que contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, no se admitirá recurso alguno.
La disidente señala que el citado artículo, no distingue entre las resoluciones "en" o "para" la ejecución de la sentencia, por lo cual, insiste, en que cuando la ley no distingue, no hay lugar para distinguir.
En esa medida, sostiene que los criterios invocados por el a quo resultan inaplicables al caso, pues resultan aplicables cuando en la ley que regula el acto existe un recurso ordinario; empero, asegura que, en la especie, no acontece esa circunstancia.
Asimismo, controvierte la tesis invocada por el juzgador, referente a la legislación del Estado de Puebla, pues refiere que ese criterio proviene de la interpretación de una norma que dispone que en contra de los proveídos dictados con objeto de lograr la ejecución de una resolución, no se admitirá recurso; sin embargo, que en el caso, en la legislación local, el legislador no previó dicha hipótesis, al no existir un dispositivo redactado en esos términos.
Como ya se adelantó, los anteriores argumentos resultan esencialmente fundados.
En efecto, de conformidad con el artículo 14 constitucional, en materia civil (de cuya naturaleza participa el presente asunto), la aplicación de la norma por parte del juzgador, debe hacerse conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley.
De lo anterior, se advierte que el primer método interpretativo lo constituye la literalidad del texto normativo, cuando éste es completamente claro y no dé lugar a confusiones, por lo que en tal supuesto no puede darse un alcance diverso a la norma.
Robustece lo anterior, la tesis aislada I.6o.C.357 C, que este tribunal comparte, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 1482, que a la letra dice:
"INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN MATERIA CIVIL, EN CUMPLIMIENTO A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. ALCANCES QUE AL EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.—Por imperativo constitucional las sentencias en materia civil, lato sensu, deben dictarse conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, razón por la que resulta claro que primero debe acudirse a la literalidad del texto normativo, cuando es completamente claro y no dé lugar a confusiones, sin que sea necesario realizar una labor hermenéutica compleja, dado que el sentido del texto es suficiente para considerar la actualización del supuesto jurídico en él contenido y de sus consecuencias de derecho; empero, cuando la ley no es clara, el juzgador debe acudir al método interpretativo que le parezca más adecuado para resolver los casos concretos, y sólo cuando existan lagunas en la ley habrá de ejercer una labor integradora. Éstos son los alcances de la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 de la Norma Fundamental, por tanto cuando existe ley aplicable al caso, ésta debe observarse de conformidad con su propio texto o bien acorde con la interpretación que le corresponda, en cumplimiento de esa garantía, pues no puede tenerse por colmada mediante la cita de criterios aislados de órganos jurisdiccionales que no se refieren al precepto aplicable."
Ahora bien, como se ha puesto de relieve, el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia, dentro de un juicio ordinario civil.
Así las cosas, la norma aplicable que regula la procedencia de los recursos en la etapa de ejecución es el ya mencionado artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el cual es del tenor literal siguiente:
"Artículo 1004. Contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, no se admitirá recurso alguno. Si fuere interlocutoria será procedente la queja ante el superior."
Al interpretar esta norma, el juzgador de amparo de primer grado, estimó que no procedía recurso contra aquellas resoluciones que tuviesen por objeto lograr la ejecución; empero, contra aquellas que negaran esa ejecución o la paralizaran, sí procedía medio ordinario de defensa.
Como se dio noticia, para sustentar esa interpretación, el a quo invocó dos jurisprudencias, una referente a la legislación del Estado de Puebla, específicamente al artículo 549 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad, vigente hasta el treinta uno de diciembre de dos mil cuatro y otra referente al artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Sin embargo, la redacción de estos dispositivos no resulta acorde con la legislación del Estado de San Luis Potosí, pues aquéllos se encuentran redactados en los siguientes términos:
"Artículo 549. Contra los proveídos dictados con objeto de lograr la ejecución de una resolución, no se admitirá recurso alguno."
"Artículo 527. De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad y si fuere sentencia interlocutoria el de queja por (sic) ante el superior."
Como se ve, en el primer dispositivo, los recursos se encuentran suprimidos específicamente a aquellos acuerdos dictados con el objeto de lograr la ejecución; por su parte, el segundo proscribe los recursos contra las resoluciones dictadas para la ejecución; esto es, la redacción de dichas legislaciones no se refiere de manera genérica a la etapa de ejecución, sino específicamente a aquellas determinaciones emitidas con el fin o para ejecutar la sentencia.
Sin embargo, en el caso de la legislación aplicable (1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí), el legislador excluyó la posibilidad de recurrir los acuerdos "en ejecución de sentencia"; esto es, no distinguió entre el objetivo o la finalidad que tuviesen los acuerdos dictados, sino que simplemente proscribió los mismos en la etapa de que se trata, con independencia del resultado que pudiesen generar; ello, con la única salvedad establecida en el propio precepto; esto es, la procedencia del recurso de queja contra interlocutorias.
La señalada distinción entre los vocablos utilizados en las distintas legislaciones es toral para resolver el problema planteado, especialmente, entre las preposiciones en ejecución de sentencia y para ejecución de sentencia.
En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que al igual que la legislación del entonces Distrito Federal, dispone que "contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá recurso alguno", concluyó que dicha norma debía entenderse en el sentido de que sólo eran irrecurribles las determinaciones que tendieran a lograr la ejecución, no las que la paralizaran u obstaculizaran; sin embargo, destacó que dicha interpretación derivaba de una apreciación a contrario sensu de la norma.
En esa medida, es que resulta determinante la distinción de preposiciones pues, efectivamente, las legislaciones que incluyen el vocablo "para", interpretadas a contrario sensu, conducen a la conclusión de que si el acuerdo no fue emitido para la ejecución (esto es, con ese objetivo), entonces sí resulta recurrible.
Es decir, el criterio en el sentido de que si determinado acuerdo no se encamina a lograr la ejecución de una sentencia entonces es recurrible, deriva de una apreciación a contrario sensu de las normas de las legislaciones señaladas, como se advierte del texto de la jurisprudencia 1a./J. 14/2005, de la indicada Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza:
"NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO EL DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE PROMOVIDO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PERO QUE NO TIENDE A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).—Los autos que deciden o desechan los incidentes de nulidad de actuaciones dictados dentro del juicio, por regla general sólo son atacables vía agravio mediante la apelación hecha valer contra la sentencia definitiva, y como única excepción está el incidente que declara la nulidad del emplazamiento, el cual admite la apelación en ambos efectos; sin embargo, no hay regla expresa para la impugnación de los autos que desechen los incidentes después del dictado de la sentencia definitiva en los que se pretenda la nulidad de la notificación de una resolución que no tienda directamente a su ejecución. En ese tenor, y en virtud de que el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco al disponer que son apelables los autos que causan gravamen irreparable en la sentencia, se refiere a decisiones emitidas dentro del juicio, antes del dictado de la definitiva, es indudable que no alcanza a las resoluciones posteriores y, por tanto, la apelación resulta improcedente en contra de éstas; en cambio, sí cabe el recurso de revocación, ya que el artículo 431 del citado ordenamiento legal dispone su procedencia contra los autos de primera y segunda instancias, salvo que conforme al mencionado código sean apelables, irrecurribles o se trate de decretos de mero trámite, y como la referida resolución, al no tender a la ejecución, sí es recurrible (aplicando en sentido contrario el artículo 501 del mismo ordenamiento); no admite apelación y no es de mero trámite (como los decretos, pues se trata de un verdadero auto), el recurso procedente en contra de ella es el de revocación."
Atento a lo anterior, si en la legislación de este Estado, se utilizó el vocablo "en", que se refiere en general a la etapa de ejecución, la interpretación a contrario sensu, como la que se realizó en otros Estados, no conlleva la misma conclusión que en las distintas legislaciones sino, por el contrario, reafirma más la idea de que en nuestra legislación la proscripción de los recursos es general en la etapa de ejecución, salvo el de queja en contra de interlocutorias.
Consecuentemente, bajo esta exégesis de la legislación aplicable, se llega al convencimiento de que en contra del proveído reclamado por el quejoso no procede el recurso de revocación como lo consideró el a quo, ni mucho menos el de queja, por no tratarse dicho acto de una interlocutoria.
No se desatiende el hecho de que el legislador local, al plasmar la norma aquí analizada, aun cuando haya utilizado términos distintos a las diversas legislaciones existentes en la Nación, pudo haber tenido la misma intención que aquéllas; esto es, suprimir obstáculos o dilaciones en esa etapa del procedimiento, en favor de quien obtuvo sentencia favorable.
Sin embargo, establecer que el recurso de revocación resulta procedente atendiendo a la ratio legis de la norma, implicaría arrojar una carga excesiva al justiciable, lo que atentaría contra el principio fundamental de certeza jurídica, pues el gobernado estaría obligado a agotar un recurso que se encuentra sujeto a una interpretación adicional, lo que de suyo representa una excepción al principio de definitividad, en términos del último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:
"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."
Se sostiene lo anterior, pues aun de aceptar que el texto de la norma puede dar lugar a diversas interpretaciones, como las que se han señalado (literal y ratio legis); esa situación, por sí misma, genera la causa de excepción para agotar el medio ordinario de defensa, pues evidencia que el texto de la norma no resulta lo suficientemente clara, por lo que requiere de una interpretación adicional para fijar su alcance.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no existe interpretación adicional cuando la procedencia del recurso se encuentra prevista en jurisprudencia obligatoria de la superioridad, lo cierto es que en el caso no existe criterio firme del Alto Tribunal que interprete en específico la redacción del artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada XVI.2o.C.T.1 K (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3142 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales."
De ahí que, en la especie, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, referente al principio de definitividad.
Atento a lo anterior, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja y, como consecuencia de ello, se revoca el proveído impugnado y, en su lugar, se ordena al Juez Sexto de Distrito en el Estado emita nuevo acuerdo en el que provea sobre la admisión de la demanda de amparo, con la única salvedad de abstenerse de considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
Al respecto, adquiere observancia el criterio jurisprudencial 2a./J. 73/2014 (10a.), expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 901 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas», del tenor literal siguiente:
"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo vigente y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.—Es fundado el recurso de queja promovido por la parte quejosa **********, por conducto de su delegado especial y liquidador **********, contra el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de amparo indirecto número **********, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado.
SEGUNDO.—Se revoca el auto recurrido de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de amparo indirecto número **********, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado y, en su lugar, se ordena a dicho juzgador emita nuevo acuerdo en el que provea sobre la admisión de la demanda de amparo, con la única salvedad de abstenerse de considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
Notifíquese; por oficio y con testimonio de esta resolución devuélvase el juicio de amparo indirecto al juzgado del conocimiento y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los ciudadanos Magistrados Enrique Alberto Durán Martínez y Pedro Elías Soto Lara, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en contra del voto particular emitido por el Magistrado Jaime Arturo Garzón Orozco, siendo presidente el último de los nombrados y ponente el primero.
En términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia VI.1o.C. J/23, 3a./J. 14/92 y 1a./J. 14/2005 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, página 941; en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 25; y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 443, respectivamente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27857-540a2b9a/acuerdos-o-resoluciones-dictados-en-la-etapa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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