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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA REPRESENTARLO EN JUICIO CUANDO LE SEA DELEGADA LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA POR ACUERDO DE LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL MISMO CONGRESO (ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (ARTÍCULOS 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 8, FRACCIÓN X, 9, FRACCIÓN I, Y 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, ASÍ COMO 15, FRACCIÓN XXXII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES PARA COMPARECER EN EL JUICIO A NOMBRE DE ESTE PODER COMO TERCERO INTERESADO (ARTÍCULOS 67, PRIMER PÁRRAFO Y 60, NUMERAL 9, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO 33 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 63, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 70, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY GANADERA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS QUINTO Y OCTAVO TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 850, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO). VII. SALUBRIDAD GENERAL. PRINCIPALES PRECEDENTES SOSTENIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DE LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN LA MATERIA. VIII. SALUBRIDAD GENERAL. MARCO LEGAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN LA MATERIA. IX. SALUBRIDAD GENERAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN COMPETENCIA EN FUNCIÓN DE LO QUE DETERMINEN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN SU LEGISLACIÓN, O EN LOS CONVENIOS QUE ÉSTAS CELEBREN CON LOS MUNICIPIOS. X. SALUBRIDAD GENERAL. LA FEDERACIÓN PUEDE ESTABLECER NORMAS TÉCNICAS VINCULANTES PARA TODAS LAS ENTIDADES, YA SEAN FEDERALES O LOCALES, PERO QUE INTEGREN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. XI. SALUBRIDAD GENERAL. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD NO HACE REFERENCIA A UNA FACULTAD PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA, LOS CONGRESOS LOCALES PUEDEN REGULAR LAS MATERIAS Y FACULTADES QUE LES CORRESPONDEN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE SALUD. XII. CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. ES COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD. XIII. CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ÚNICAMENTE TIENEN FACULTAD PARA EJERCER LA VERIFICACIÓN Y EL CONTROL SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN O SUMINISTREN ALIMENTOS AL PÚBLICO. XIV. SANIDAD ANIMAL. AL FORMAR PARTE DE LA MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL, EL LEGISLADOR FEDERAL SÍ TIENE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. XV. SALUBRIDAD GENERAL. LAS ENTIDADES TIENEN COMPETENCIA PARA ORGANIZAR, OPERAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE RELACIONEN CON LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. XVI. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EXPEDIR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DECIDIR CUÁNDO UNA ENFERMEDAD TRANSMISIBLE HA ADQUIRIDO CARACTERÍSTICAS EPIDÉMICAS GRAVES. XVII. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD DEL GOBIERNO ESTATAL, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, ADOPTAR MEDIDAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD ORGANIZAR, OPERAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DE AQUEL SERVICIO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO PROGRAMAS Y ACCIONES EN LA MATERIA Y, DE MANERA CONCRETA, LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. XVIII. REGULACIÓN DEL COMERCIO. LOS ESTADOS TIENEN PROHIBIDO DE MANERA ABSOLUTA GRAVAR EL TRÁNSITO DE PERSONAS O DE BIENES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA. XIX. SANIDAD ANIMAL. LE CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LA FEDERACIÓN, DETERMINAR LOS REQUISITOS ZOOSANITARIOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS INTERESADOS EN MOVILIZAR MERCANCÍAS REGULADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2021. · Registro digital (IUS): 32085
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-19
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo I, Pág.1005.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2021. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 14 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 67/2021, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, contra el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico y en representación del Poder Ejecutivo Federal, promovió una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave y del Congreso de esa entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:

• La expedición del Decreto Número 850, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. En particular, menciona que se reclaman los artículos 3o., fracción IX; 3 Ter, fracción XV; 35; 63; 70; 72; 76; 77; 114; 131 y quinto y octavo transitorios.

2. Conceptos de invalidez. El Poder actor expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a) Primero. El decreto combatido, que reforma diversos preceptos de la Ley Ganadera del Estado de Veracruz, transgrede lo dispuesto en los artículos 27, párrafo tercero, 117, fracciones IV, V y VI, 124 y 131 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invadiendo las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Federal por el Congreso de la Unión. Esto es así, pues se grava el tránsito de mercancías reguladas que atraviesan su territorio o circulan por éste; es decir, se grava la entrada o salida de mercancía al Estado de Veracruz.

b) Al respecto, se tiene que el artículo 117 de la Constitución General, en sus diferentes fracciones, establece que los Estados no pueden en ningún caso gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio (fracción IV); ni prohibir ni gravar directa e indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera (fracción VI). Asimismo, el artículo 131 constitucional establece que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen, o que pasen de tránsito por el territorio nacional.

c) En ese sentido, en primer lugar, se sostiene que el nuevo contenido del artículo 72 de la Ley Ganadera desatiende tales prohibiciones constitucionales al prever una restricción a la inmovilización de ganado, obligando a que cualquier ganado que transite por el Estado deba cumplir con la documentación establecida en la ley local; siendo detenido el libre tránsito, otorgando cuarenta y ocho horas al conductor para obtener la documentación requerida en dicho artículo del decreto en mención.

d) Sobre esto, se aclara que si bien es cierto que en los artículos 63, 70 y quinto transitorio disponen que los cobros respectivos se imponen en razón de impuestos o derechos que brinda la administración pública estatal para la expedición de permisos, guías, registros y autorizaciones, también los es que la prohibición dispuesta en los numerales 117, fracciones V y VI, así como 131 de la Constitución General no se constriñe al cobro de impuestos, sino a una verdadera carga; tan es así que la mencionada fracción VI del artículo 117, alude claramente al impedimento de los Estados de "Gravar la circulación ... con impuestos o derechos".

e) Es decir, los artículos 63, 70 y quinto transitorio del decreto reclamado claramente establecen que, tratándose de la movilidad de productos pecuarios, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Veracruz cobrará los distintos servicios que presta, consistentes en la expedición de permisos, guías, registros y autorizaciones. Esta permisión es contraria a los citados preceptos de la Constitución General. Sin que sea obstáculo para ello que el pago de los servicios no se origine por el solo hecho de la introducción al Estado del producto o subproducto, sino por la obtención de la respectiva autorización que al efecto expide la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del Estado.

f) Esto, ya que al establecerse la obtención de esta en forma obligatoria para que el producto pueda entrar en la entidad, se está imponiendo una carga indebida o gravamen a la introducción de mercancías al Estado de Veracruz. La exigencia del pago de una "aportación" para la obtención de la autorización con la finalidad de que los productos o subproductos puedan entrar al territorio, implica que indirectamente se está imponiendo un gravamen a la introducción de la mercancía, al representar una carga económica que deberá cubrir el gobernado que desee introducir a la entidad los productos originarios de otra, estableciendo requisitos de movilización adicionales a los señalados por la Federación dentro de su ámbito de competencia.

g) El pago de aportación constituye un gravamen, al ser impuesto unilateral y obligatoriamente en la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a cargo de los gobernados que deseen obtener la autorización para poder introducir el producto y subproducto a la entidad, con el agravante de que "la aportación" por el servicio de expedición por la Secretaría Local dé la autorización correspondiente es fijado por ésta, autorización que será exigida en los puntos de inspección o verificación zoosanitarios para la introducción en la entidad del producto o subproducto. Por tanto, es claro que el decreto reclamado impone una carga económica o gravamen a la introducción al Estado de producto o subproducto en vulneración a la prohibición que al respecto se contiene en el artículo 117, fracción V, constitucional y, además, genera una transgresión a la fracción VI de ese mismo precepto que proscribe la recaudación de gravámenes a la circulación o consumo de productos.

h) En particular, porque al preverse en el multicitado decreto controvertido la existencia de casetas de inspección ganadera o estaciones cuarentenarias, en los que los inspectores, debidamente acreditados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz, exigirán la autorización correspondiente a quienes pretendan introducir productos o subproductos al territorio estatal, es claro que se vulnera lo dispuesto en la fracción VI en análisis, puesto que se está exigiendo documentación que acompañe el producto que pretende introducir al Estado de Veracruz; documentación que, como fue precisado, fue obtenida mediante el pago de un servicio.

i) Se cita en apoyo de sus argumentos la tesis de la Suprema Corte de rubro: "COMERCIO INTERIOR. EL DECRETO QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO LAS ACCIONES TENDENTES A PROTEGER Y GARANTIZAR LA SANA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1996, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 117, FRACCIONES V Y VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

j) Segundo. El decreto impugnado invade las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Federal, conforme a las facultades otorgadas a la Federación, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia de sanidad animal a través de la Ley Federal de Sanidad Animal y su reglamento.

k) En el artículo 3o. Ter, en sus diferentes fracciones VI, IX, XIII, XIV y XV, se establece lo siguiente: la protección a la población de aquellas especies animales que se consideren más benéficas; la clasificación de la calidad y de certificación de origen de los productos pecuarios para el desarrollo de la ganadería; la aplicación de las medidas y acciones necesarias para mejorar el estatus sanitario, incrementando de modo constante los niveles de sanidad animal; la determinación del destino del ganado, los productos y subproductos que hayan sido asegurados en términos de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el establecimiento de zonas de inspección ganadera, considerando la creación de puntos de verificación estatales, que tendrán como objetivo vigilar el cumplimiento del pago de impuestos, comprobación de propiedad y la sanidad animal.

l) Esta última delimitación normativa resulta inconstitucional al invadir las facultades del Poder Ejecutivo Federal. Según los artículos 5, 6, fracción XII, 72, primer párrafo, y 127, primer párrafo, de la Ley Federal de Sanidad Animal (legislación emitida por el Congreso de la Unión en uso de sus facultades de salubridad general), son atribuciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal: la de ser la autoridad facultada para autorizar o cancelar la operación de los puntos de verificación e inspección zoosanitaria en territorio nacional (puntos que no constituirán barreras interestatales al comercio) y la de regular, controlar y, en su caso, autorizar el establecimiento y operación de los puntos de verificación e inspección zoosanitaria. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo veracruzano no puede incursionar en el ejercicio de este tipo de competencias.

m) En ese mismo orden de ideas resulta inválido el artículo 131 del decreto reclamado, el cual establece que las infracciones, su cobro y su recaudación se harán a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y que dicha recaudación será etiquetada para el mantenimiento de los puntos de verificación y el pago de personal, así como programas y proyectos que favorezcan la productividad de la ganadería, infraestructura y tecnología que coadyuve al mejoramiento de la sanidad ganadera en el Estado de Veracruz. Ello es así, pues la facultad respecto a las sanciones relacionadas con las facultades descritas anteriormente es atribución de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, conforme a lo establecido en el artículo 167, primer párrafo, de la Ley Federal de Sanidad Animal.

n) Asimismo, se argumenta que son inconstitucionales los artículos 70, cuarto párrafo, y octavo transitorios del decreto reclamado, en los que se detalla que se cancela y sustituya al uso de arete del Sistema Nacional de identificación individual del Ganado (SINIGA), por el instrumento de identificación para trazabilidad, rastreabilidad de movilidad animal autorizado por el Estado.

o) Sobre este punto, se explica que el SINIIGA surge gracias al interés de los productores organizados en México a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) para establecer un sistema nacional de identificación, donde la Secretaría y Desarrollo Rural destinó recursos para iniciar los trabajos técnicos para el diseño del sistema de identificación. Este programa responde a una política de Estado cuya misión es la de identificar a los animales de interés pecuario a nivel nacional, recabando, integrando y administrando desde su origen (nacimiento o importación) un Banco Central de Información (BCI) para apoyo de las actividades del sector pecuario en aspectos relacionados al manejo y la salud animal, trazabilidad, rastreabilidad, comercio nacional e internacional, la generación de información estratégica y apoyo a la administración de programas gubernamentales.

p) Así, la identificación oficial SINIGA-SINIDA es una herramienta utilizada para la trazabilidad, que apoye los programas pecuarios, para preservar el estatus sanitario del hato nacional ganadero, que son patrimonio nacional. Además, la información generada permite conocer la estructura y ubicación del hato nacional, coadyuvar al control de abigeato en México y apoyar el comercio nacional e internacional y se realiza a través de un paquete de dispositivos de identificación oficial SINIGA-SINIDA, compuesto por dos pares de aretes: un par de dispositivos de tipo bandera y uno para dispositivos de tipo botón (en bovinos) o un par de discos grande y pequeño (en colmenas), los cuales presentan características de diseño y anclaje que otorgan identidad, seguridad y funcionalidad al identificador SINIGA-SINIDA.

q) Cada identificador tiene un diseño específico para cada especie, mismo que se adapta a la naturaleza propia del animal y que minimiza incomodidades, permitiendo que el animal se desarrolle de manera normal. En concreto, el número de la identificación SINIGA-SINIIDA se encuentra regulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, publicada el veintinueve de mayo de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación.

r) Dicha norma oficial es de observancia obligatoria para todos los propietarios o poseedores, exportadores e importadores de bovinos y colmenas; incluyendo a criadores, desarrolladores, introductores, engordadores, comercializadores, establecimientos de sacrificio, estaciones cuarentenarias y puntos de verificación zoosanitaria, (numeral 1.3), así como que todo bovino y colmena que sea movilizado y comercializado dentro del territorio nacional, deberá contar en forma obligatoria con el dispositivo de identificación oficial (número 4.3), los bovinos deberán ser identificados antes de los seis meses de edad antes de su primera movilización.

s) En ese tenor, las referidas normas que regulan la trazabilidad no son acordes a la delimitación competencial constitucional y a las reglas previstas en una ley federal. Además, es evidente que el artículo 72 reclamado al establecer el cumplimiento de cierta documentación estatal y permitir la detención en zonas de inspección estatales, contradice el aludido parámetro constitucional y legal federal. En particular, porque los artículos 6, fracción I, y 84, primer párrafo, de la Ley Federal de Sanidad Animal, que derivan del ejercicio de la facultad del Congreso de la Unión, señalan que son atribuciones de la secretaría federal la de establecer las bases para la implementación de sistemas de trazabilidad y la de ejercer el control zoosanitario en el territorio nacional sobre la movilización, importación, exportación, reexportación y tránsito de animales, bienes de origen animal y demás mercancías reguladas.

t) Bajo la misma lógica, se considera que es inconstitucional el artículo 131 reclamado, en el que se faculta a inspectores locales, supervisores de zona, médicos veterinarios zootecnistas regionales autorizados por la secretaría local, para sancionar las infracciones a lo dispuesto por la ley ganadera veracruzana. Inclusive, se puede advertir que esa atribución le corresponde a la secretaría federal conforme al artículo 167, párrafo primero, de la Ley Federal de Sanidad Animal.

u) Por lo demás, se destaca que de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Sanidad Animal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y bienestar animal; y que, en términos de los artículos 1o. y 5o. de la referida ley, se establece que ésta es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales y procurar el bienestar animal, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

v) Regulación que se replica en el artículo 1, del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, en el que se estableció que sus disposiciones son de observancia general en todo el territorio nacional y su aplicación e interpretación –para efectos administrativos– son atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. En consecuencia, es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria quien tiene la facultad de emitir los acuerdos en los que se contengan las solicitudes de los gobiernos interesados y mediante satisfacción de las formas, requisitos y procedimientos establecidos.

w) Por ello, contrario a lo que se dispone en la legislación local cuestionada, el Ejecutivo Estatal no puede contar con las atribuciones ahí reguladas; en particular, mientras no le sean descentralizadas dichas atribuciones a través de convenio. Y en el caso específico no existe ningún convenio celebrado por la Federación con el Estado de Veracruz para tales efectos.

x) Más bien, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con 293 puntos autorizados en 29 entidades del país en materia zoosanitaria, a fin de evitar la dispersión de plagas y enfermedades que afecten la producción pecuaria, con el propósito de controlar la entrada y salida de mercancía reguladas por las campañas zoosanitarias que lleva a cabo su órgano desconcentrado. Los puntos de verificación e inspección son objeto de revisión periódica y por parte de los técnicos autorizados a fin de justificar de manera técnica y científica la existencia de cada uno de ellos para las labores de inspección, tener un mejor control de la movilización pecuaria del país, proteger y mejorar el estatus zoosanitario de las regiones y consecuentemente propiciar la competitividad de los productores mexicanos, regulados por la secretaría y operados por los gobiernos estatales con apoyo de los organismos auxiliares de cada entidad, con la autorización expresa del SENASICA.

y) Consecuentemente, es evidente que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz carece de atribuciones para: establecer zonas de inspección ganadera y puntos de verificación estatales, que tendrán como objetivo vigilar el cumplimiento del pago de impuestos, comprobación de propiedad y la sanidad animal; cancelar y determinar un nuevo instrumento de identificación para trazabilidad y rastreabilidad de los animales; establecer restricciones a la movilización del ganado, al libre tránsito y gravámenes al tránsito de cosas, así como para facultar y autorizar a inspectores locales, supervisores de zona y médicos veterinarios y zootecnistas regionales, para sancionar las infracciones a lo dispuesto por la Ley Ganadera del Estado, pues con ello está invadiendo la esfera de atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de sanidad animal.

z) En suma, se solicita la invalidez de los artículos 3, fracción IX, 3 Ter, fracción XV, 35, 63, 70, 72, 76, 77, 114, 131, quinto y octavo transitorios de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

3. Admisión y trámite. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente con el número 76/2021 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

4. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de veinticuatro de mayo siguiente, admitió la demanda y se tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; asimismo, se reconoció con el carácter de tercero interesado al Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, y se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República a fin de manifestar lo que a su interés legal conviniera.

5. Contestación de demanda del Poder Legislativo. Seguido el trámite de la controversia, Leticia Aguilar Jiménez, en su carácter de directora de Servicios Jurídicos y en representación del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contestó la demanda por escrito depositado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno en la Oficina de Correos de esa entidad y recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de agosto siguiente. En síntesis, se expusieron los razonamientos que siguen: a) Aspectos de procedencia. Se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General. El decreto que se reclama han cesado sus efectos, toda vez que fue sustituido por el Decreto Número 856, que reforma diversos artículos de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del Estado el quince de julio de dos mil veintiuno.

b) Respecto a los conceptos de invalidez. Primero. En su primer concepto de invalidez, el actor señala que el decreto impugnado transgrede lo dispuesto en los artículos 27, párrafo tercero, 117, fracciones IV, V, VI, 124 y 131 del párrafo primero de la Constitución Federal, e invade las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Federal conforme a las facultades otorgadas a la Federación, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en materia de sanidad animal (artículo 35, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública), toda vez que, a través de dicho Decreto, el Poder Ejecutivo Estatal grava directa o indirectamente el tránsito de mercancías (entrada o salida) reguladas que circulan por el territorio del Estado de Veracruz.

c) Al respecto, en primer lugar, se manifiesta que, con fecha quince de julio de dos mil veintiuno, fue aprobado el diverso Decreto Número 856 que contiene reformas a la Ley Ganadera del Estado de Veracruz; en los artículos 63, primer y segundo párrafos, 70, párrafo cuarto y 71; asimismo, deroga el quinto transitorio, eliminando con ello, los cobros respecto a la expedición de permisos, guías y autorizaciones para el tránsito de ganado que circule en el territorio veracruzano; atribución de la cual se duele el Poder actor; por lo que es evidente que han cesado los efectos de la norma mencionada. Aunado a lo anterior, por cuanto hace al artículo 131, que señala que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que transiten por el territorio nacional se destaca que, el decreto impugnado en ningún momento gravaba con nuevos impuestos el tránsito de mercancías o animales, sus productos o subproductos, es decir, no existía un nuevo gravamen. Entonces, no puede existir confusión alguna sobre la imposición de éste, puesto que, en dicho decreto se establece de forma expresa la gratuidad de la Guía Electrónica Veracruzana, la cual se utiliza sólo para la movilidad de ganado para los productores en ese Estado.

d) Por lo que hace a las violaciones que se alegan respecto a los artículos 117 y 131 constitucionales, se argumenta que, conforme a dichas normas el Estado de Veracruz no puede en ningún caso gravar el tránsito de cosas o mercancías que circulen por su territorio ni establecer impuestos o derechos cuyo cobro se efectúe por aduanas locales, ni requiera inspección o registro de bultos o que exija documentación que acompañe las mercancías. En ese sentido, debe decirse que, contrario a esa manifestación, de ninguna manera se violan dichos numerales.

e) Cabe destacar que el Estado de Veracruz, como en todos los demás Estados de la República Mexicana, se tiene implementada una guía de tránsito para la movilización del ganado, con la finalidad de avalar su legítima procedencia lo cual se encuentra regulado en diversas leyes locales de la materia. Al respecto, también debe señalarse que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (en adelante "CNOG") es propietaria del Registro Electrónico de Movilización denominado "Guía REEMO" registrado bajo la marca "CNG REEMO" CNOG Servicios y Diseño en el expediente 1771422, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La referida guía es un sistema electrónico diseñado para el registro de movilización de ganado bovino, se creó con la finalidad de dar seguimiento al ganado durante toda su vida, hasta su destino final, ya sea rastro o exportación, guía de tránsito que sí tiene un costo o gravamen, dicho costo de la "Guía REEMO" lo establece la "CNOG" sin que exista un control del mismo, ya que varía dependiendo de los convenios que firmen las entidades federativas para el uso del sistema; siendo un particular el que se beneficia con la erogación que hacen los ganadores por la obtención de dicha guía.

f) En ese tenor, tenemos que la Guía de Tránsito fue establecida en el artículo 70 de la Ley Ganadera para el Estado número 372, publicada en la Gaceta Oficial, órgano de gobierno del Estado de Veracruz, el veintidós de mayo de mil novecientos setenta y nueve, desde su entrada en vigor, dicha ley ha sido modificada en diversas ocasiones, mediante los diversos Decretos números 367, 552, 567, 640, 532, 850 y 856 publicados en la Gaceta Oficial del Estado con fecha cuatro de abril de dos mil veinte, treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno y quince de julio de ese año; no obstante, es importante señalar que la referida guía de tránsito ha prevalecido en el ordenamiento legal en cada una de ellas.

g) Actualmente, la guía electrónica veracruzana denominada "GEVER", es el documento mediante el cual los productores veracruzanos amparan la legítima procedencia del ganado, éste documento lo expide la Asociación Ganadera Local, misma que se pretende su regulación sea operada por el Estado, con la finalidad de favorecer y fortalecer las actividades del sector ganadero de la entidad, resaltándose que esa guía tiene carácter regulatorio en materia de trazabilidad, misma que con la última reforma realizada al artículo 70 de la Ley en comento, mediante Decreto Número 856, se estableció su gratuidad. En la especie, la reforma reclamada no atiende nada que tenga que ver con lo señalado por el Poder actor, sino que tiende a buscar un beneficio que otorga la normatividad adecuada en favor de la colectividad, al implementar mecanismos para que el transporte de animales, que son de consumo humano, se encuentre verificado y rastreado, pues con ello se tiene como propósito primordial prevenir la comisión del delito de abigeato para evitar un mercado "negro" de venta de animales; lo cual se encuentra dentro de las facultades que plenamente puede ejercer el Estado en el combate a la delincuencia.

h) Por lo que, se considera que los argumentos del poder actor en cuanto a que el Estado invade competencias y atribuciones propias del Ejecutivo Federal resultan infundados.

i) Segundo. La parte actora afirma que el decreto impugnado invade atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Federal, conforme a las facultades otorgadas, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural materia de sanidad animal, violando con ello lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Federal y los artículos 5 y 6, fracción XII, 72, primer párrafo y 127 primer párrafo, de la Ley Federal de Sanidad Animal, argumento que no se comparte.

j) I. Se considera que, contrario a lo planteado por el promovente, el artículo 124 de la Constitución General de la República señala que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución Federal a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados; luego entonces, el Congreso del Estado de Veracruz, está facultado para expedir las leyes que rigen el territorio de la entidad veracruzana, conforme a lo previsto por el artículo 33, fracción I, de la Constitución Política local, que permite al Congreso aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos. Asimismo, la fracción IV de ese precepto, establece la atribución del Congreso Local para legislar en materia de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, en el ámbito de su territorio. De modo que, se ha respetado la distribución de competencias entre la Federación y ese Estado.

k) Por otra parte, debe decirse que la Ley de Organizaciones Ganaderas establece en su artículo 1o., las bases, los procesos para la constitución, forma, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en territorio nacional; no obstante, debe destacarse que no se regula de manera específica la forma de transportación, cuidado y verificación del ganado dentro de los territorios estatales. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en diversos criterios, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fije un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", en el caso que nos ocupa, la reforma reclamada es acorde, tanto a los preceptos constitucionales como a las leyes generales, sin invadir competencias. El federalismo mexicano, es la forma especial que se adopta para distribuir el poder en nuestro país.

l) Este poder se asigna, bien sea mediante el otorgamiento de facultades concurrentes. De manera excepcional, la Constitución Federal establece en determinadas materias una concurrencia entre las autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; y estas facultades concurrentes pueden tomar tres distintas formas. Cuando se habla de concurrencia, no es que se trate de un ejercicio simultáneo de competencias, sino de la ocupación temporal de una materia federal por conducto de los Estados y Municipios. Lo que cabe destacar es que la Constitución Federal ha querido que sean las autoridades de los tres niveles de gobierno las que participen en su puesta en práctica, lo anterior, evita que su regulación quede en manos de un solo nivel de gobierno, propiciando la participación de autoridades en competencias territoriales de distintos alcances.

m) En el caso de las facultades concurrentes, será el Congreso de la Unión que determina la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. Cuando se habla de una concurrencia, no es que se trate de un ejercicio simultáneo de competencias; sino de la ocupación temporal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32085-61232e0e/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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