Corpus
Modo: Corpus Pro

VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA PARA REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO, SI EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN OBRA ENTRE LA INTERLOCUTORIA RECURRIDA Y LAS EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS DE LA PERSONA JUZGADORA Y DEL SECRETARIO DE JUZGADO, EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 49/2023. · Registro digital (IUS): 32107
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-26
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo VI, Pág.5608.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 49/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIA: DIANA MARIELA GARCÍA GONZÁLEZ.

III. COMPETENCIA.

11. Se acepta la competencia declinada por la Magistrada Presidenta del Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, atento a las consideraciones siguientes.

12. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios respecto de los sustentados por el Primer y Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito (Región Centro-Sur), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII,(1) de la Constitución Federal; 226, fracción III,(2) de la Ley de Amparo; 41(3) y 42, fracción I,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el "Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales", toda vez que dichos tribunales pertenecen a la Región Centro-Sur señalada en el artículo 8,(5) a saber Vigésimo Séptimo Circuito.

13. Además, al suscitarse la contradicción de criterios entre órganos mixtos que ejercen jurisdicción sobre especializaciones distintas (penal y civil), y tomando en cuenta que el tema propuesto en la denuncia se relaciona con la materia común, conforme al artículo 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur,(6) en relación con el diverso numeral 15 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(7) corresponde conocer y resolver la contradicción de criterios al Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por ser el que ejerce jurisdicción por territorio y materia sobre el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que fue el que al resolver el incidente en revisión 239/2022 (derivado de la materia penal) emitió el primero de los criterios en contienda(8) (veintinueve de junio de dos mil veintitrés).

14. Cabe resaltar que dicha determinación (competencia sobre materia común de órganos colegiados que forman parte de la Región Centro-Sur), ha sido sostenida por este Pleno Regional al fallar diversas contradicciones, a saber: 37/2023, 38/2023, 40/2023, 41/2023 y 42/2023, resueltas en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés.

IV. LEGITIMACIÓN.

15. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(9) ya que fue formulada por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios contendientes que dieron origen a la presente contradicción.

V. POSTURAS CONTENDIENTES.

16. Se estima conveniente precisar las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.

A. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el incidente en revisión 239/2022.

17. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, una persona física, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos atribuidos al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo y otros, consistentes en todo lo actuado dentro de una causa penal.

18. Radicación y admisión. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien determinó que por razón de turno correspondía seguir conociendo de la citada demanda al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún; por lo que remitió los autos relativos a este último.

19. La Secretaria en Funciones de Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, aceptó el cambio de turno propuesto y ordenó la formación y registro del expediente respectivo; solicitó al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, la remisión de los cuadernos incidentales del juicio de amparo, los cuales tuvo por recibidos en auto posterior.

20. Resolución del incidente. Seguido el trámite, se celebró audiencia incidental y dictó la sentencia interlocutoria correspondiente.

21. Medio de impugnación. Inconforme con tal interlocutoria, el tercero interesado, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de revisión.

22. El conocimiento de dicho asunto correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, emitió sentencia en la que, por mayoría de votos, revocó la resolución recurrida y ordenó reponer el procedimiento.

23. Esa decisión se basó, en esencia, en las consideraciones siguientes:

a. Determinó que era innecesario el análisis de la sentencia impugnada, así como de los agravios hechos valer, debido a que durante la tramitación del juicio de amparo se incurrió en una violación a las reglas que norman el procedimiento, por lo que, con fundamento en la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, lo procedente era revocar la sentencia recurrida y ordenar su reposición.

b. Como cuestión previa destacó el contenido de los artículos 60, 61 y 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y enfatizó que dichos numerales disponen que las resoluciones judiciales deben estar firmadas por el Juez que las pronuncie y por el secretario que las autoriza o en su caso, por los testigos de asistencia.

c. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la firma constituye un elemento esencial de validez de las actuaciones judiciales, cuyo objetivo es identificar al funcionario que las practica, a fin de que se pueda corroborar que es el legalmente facultado para tal efecto.

d. Señaló que el uso de la firma electrónica se encuentra regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, que la reconoce como un medio que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, la cual sirve para ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales; así como para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

e. Expuso que su uso no se limita únicamente a esos supuestos, pues dicho precepto legal también reconoce libertad configurativa a favor del Consejo de la Judicatura Federal para que emita los acuerdos generales que contengan las reglas que determinen su correcto uso y funcionamiento.

f. Indicó que al resolver la contradicción de tesis 29/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó de manera conjunta el Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el diverso 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y arribó a la convicción que la firma electrónica puede ser utilizada tanto por particulares como por servidores públicos, quienes pueden emplearla para signar acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales.

g. Que el citado Pleno señaló que los documentos signados con firma electrónica deben contener en la parte final una evidencia criptográfica que muestre el nombre del titular de la firma, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente.

h. Refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la firma electrónica de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación es fiable y segura, por lo que equivale a la firma autógrafa, debido a que ambas asocian la identidad del funcionario firmante permitiendo identificar su autoría.

i. Agregó que en el citado precedente, el Alto Tribunal del País también precisó que la evidencia criptográfica que deriva del uso de la firma electrónica debe ser generada en función de cada acto jurídico, pues su uso, igual que el de la firma autógrafa, plasma la voluntad respecto de una actuación específica, por lo que no puede utilizarse de manera genérica.

j. Y, que por tanto, es importante que cada documento que se firme electrónicamente genere su representación gráfica de manera independiente, la cual no puede ser utilizada para validar un documento distinto, ya que de lo contrario se le daría un alcance a la voluntad del autor que no corresponde a su función identificadora.

k. Indicó que en el caso concreto, de las constancias que obran en el expediente electrónico del incidente de suspensión, se observa que la Jueza de Distrito celebró la audiencia incidental y emitió la interlocutoria relativa, la que –dijo– si bien en el margen tiene impreso el nombre del secretario del juzgado que intervino, un algoritmo numérico y una fecha, lo cierto es que no cuenta con la evidencia criptográfica correspondiente.

l. Precisó que en el expediente obra el documento que contiene la audiencia incidental y la sentencia interlocutoria, enseguida puede verse el oficio que tiene inserta la sentencia en comento y finalmente aparecen dos evidencias criptográficas, una correspondiente a la firma electrónica utilizada por el secretario de juzgado y otra a la de la Jueza de Distrito; lo que demuestra que la sentencia recurrida carece de firma electrónica tanto de la Jueza de Distrito como del secretario de juzgado que debió intervenir, pues a pesar de que se trata de un acto judicial autónomo, no cuenta con sus propias evidencias criptográficas que acrediten que sus autores plasmaron su voluntad mediante el uso de dicha firma.

m. Agregó que si lo que pretendió la juzgadora fue validar dos actos jurídicos distintos con una sola firma electrónica –la sentencia y los oficios–, ello no es apegado a derecho y menos aún válido, pues como lo sostuvo el Alto Tribunal del País, las firmas electrónicas no pueden utilizarse de forma genérica, siendo indispensable que cada actuación judicial se firme de manera independiente y genere su propia representación gráfica.

n. Destacó que si la Jueza y el secretario, hubieran utilizado la firma autógrafa es evidente que cada quien habría plasmado, una en la sentencia y otra en el oficio; por tanto, si el uso de la firma autógrafa equivale a la electrónica, no puede estimarse que una sola firma pueda otorgarle validez a dos actos judiciales diversos.

o. Puntualizó que no era obstáculo para arribar a dicha conclusión, la circunstancia de que tanto en el expediente físico como en el electrónico, se aprecie la existencia de evidencias criptográficas de dos firmas electrónicas correspondientes a la persona juzgadora y a su secretario, generadas en la misma fecha en que se emitió la sentencia, pues no podría considerarse que tales firmas corresponden al referido fallo, ya que entre la sentencia cuestionada y las evidencias criptográficas obran diversos(10) oficios (de la misma fecha), en los que se asienta que los suscribe el secretario del Juzgado de Distrito, mediante los cuales pretende comunicar a las autoridades responsables la sentencia de mérito.

p. Enfatizó en que, si inmediatamente después de la sentencia recurrida se encuentran oficios, y seguidamente obran las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de la persona juzgadora y secretario de juzgado, no puede concluirse que ambas firmas correspondan a la referida sentencia, pues entre ésta y aquéllas existen documentos [oficios] que separan ambos actos [la sentencia por un lado y las firmas por el otro] y que impiden su continuidad, evitando de esta forma su enlace inmediato que evidencie que emanaron de la misma actuación.

q. Sostuvo, que tal circunstancia imposibilita considerar que las evidencias criptográficas de mérito corresponden a la sentencia recurrida, pues en todo caso, la existencia de la evidencia criptográfica de la firma electrónica del secretario del juzgado, que obra después de los oficios en cuestión, revelaría que tal funcionario judicial suscribió dichos documentos [oficios], descartándose en consecuencia que la citada firma corresponda a la sentencia, con lo cual ésta carecería de validez al no contar con la firma del funcionario judicial que da fe de la emisión de la sentencia.

r. Insistió en que no podría considerarse que las firmas electrónicas en cuestión corresponden tanto a la sentencia como al oficio, pues se trata de dos actos jurídicos distintos, los cuales para su validez deben ser autorizados de manera independiente con las firmas correspondientes.

s. Coligió que si después de la sentencia recurrida no obran de manera inmediata las firmas de los funcionarios judiciales que deben suscribirla, dicho fallo carece del requisito de validez necesario para atribuir su emisión a la persona juzgadora y al secretario que autoriza y da fe, no obstante que obren evidencias criptográficas de firmas electrónicas con posterioridad al oficio que sucede inmediatamente al fallo de mérito, pues no podrían atribuirse dichas firmas a la sentencia en cuestión.

t. Por lo que concluyó, que se actualiza el motivo de invalidez a que se refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la sentencia recurrida no tiene al final la evidencia criptográfica que demuestre que fue firmada electrónicamente por sus autores, siendo que la persona juzgadora pretendió otorgarle validez utilizando la representación gráfica que se generó en otra actuación –oficio–, lo que corrobora que no se cumplió con el requisito formal previsto en los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

u. Citó en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 12/2010, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con número de registro digital: 164523 y rubro: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN UNA CAUSA PENAL. LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ EN ELLA, CONDUCE A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE SUBSANE TAL OMISIÓN, PUES ÉSTA IMPIDE CUALQUIER EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMITIDA EN APELACIÓN (LEGISLACIONES APLICABLES DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y MICHOACÁN).". Así como el criterio aislado 1a. XV/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 191065 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA FALTA DE FIRMA DEL AUTO ADMISORIO POR PARTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO QUE CONOCE DE ELLA O DEL SECRETARIO QUE LO AUTORIZA, DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."

v. Destacó que no inadvertía la contradicción de criterios 387/2022, resuelta por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 21/2023 (11a.), con número de registro digital: 2026455, de rubro: "FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON VICIOS DE TRASCENDENCIA SUPERIOR QUE AMERITEN REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO.", pues no resultaba aplicable al caso concreto, ya que la situación fáctica que aconteció en los asuntos de los que derivaron los criterios contendientes en dicha contradicción, consistió en que las sentencias emitidas por Jueces de Distrito se firmaron después de la fecha en que se emitieron y en día inhábil; esto es, las sentencias sí se firmaron.

w. Agregó que tampoco se ignora el mandato de optimización contenido en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que dispone que cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, la autoridad deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, puesto que en el caso la sentencia recurrida es nula de pleno derecho al carecer de un requisito esencial de validez.

B. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el incidente en revisión 94/2023.

24. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, una persona física, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una resolución emitida en un toca civil por la Magistrada titular de la Séptima Sala especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, que confirmó un auto dictado en un juicio familiar, a través del cual admitió el incidente de excepción de pago de alimentos planteado por el demandado (tercero interesado).

25. Radicación y admisión. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien la radicó, admitió y mandó formar por duplicado el cuaderno relativo al incidente de suspensión.

26. Trámite y resolución del incidente. En acuerdo dictado dentro del cuaderno relativo al incidente de suspensión, el Juez de Distrito solicitó a las autoridades responsables sus informes previos, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental respectiva y concedió la suspensión provisional; posteriormente, concedió la suspensión definitiva para determinados efectos.

27. Medio de impugnación. Inconforme con la interlocutoria, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Cancún, Quintana Roo, el tercero interesado interpuso recurso de revisión principal.

28. El conocimiento de dicho asunto correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que en sesión de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitió sentencia en la que, por mayoría de votos, confirmó la resolución recurrida.

29. Previó al análisis de fondo (estudio de los agravios), hizo notar que en el caso existió una violación formal consistente en que entre la resolución recurrida y las evidencias criptográficas obra un oficio que la comunica; sin embargo, determinó que ello constituye una mala práctica jurisdiccional, porque conforme a las reglas fijadas tanto jurisprudencial como administrativamente, sobre la correcta utilización de la firma electrónica, la evidencia criptográfica que deriva de su uso debe ser generada en función de cada acto jurídico, atento a que su empleo, igual que el de la firma autógrafa, plasma la voluntad respecto de una actuación específica, por lo que no debe usarse de manera genérica.

30. Consideró que no obstante lo anterior, la falta de firma electrónica inmediata en el documento que contiene la resolución recurrida, aunque, prima facie, infringe el principio de seguridad jurídica, en definitiva, no afecta en grado predominante al procedimiento al no provocar estado de indefensión a la parte recurrente, ya que no se afectaron los derechos de igualdad y debido proceso, tampoco se generó desequilibrio procesal o se impidió ejercer algún derecho procesal a las partes.

31. Citó en apoyo a su consideración, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 387/2022, de la que emanó la jurisprudencia de rubro: "FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON VICIOS DE TRASCENDENCIA SUPERIOR QUE AMERITEN REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO." 32. Refirió que en el citado asunto, la Superioridad examinó una temática alusiva al incorrecto uso de la firma electrónica por parte de las personas titulares y secretarias de Juzgados de Distrito, y desarrolló el concepto "vicios de trascendencia superior que ameriten revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento", cuya ratio decidendi, –en su opinión– da pauta para emprender un nuevo nivel de análisis en torno a la naturaleza excepcional y justificada de la reposición del procedimiento de amparo, a fin de evitar el reenvío innecesario de los asuntos a los órganos judiciales de origen para la depuración de cuestiones procesales irregulares, en ciertos supuestos en los que resultaría dilatoria la impartición de justicia.

33. Por lo que sostuvo que al ser obligación de los órganos revisores privilegiar la resolución de fondo de las controversias y evitar la reposición automática del procedimiento de amparo, las consecuencias de la anomalía formal consistente en que la firma de los funcionarios judiciales debieron plasmarse enseguida e inmediatamente después de la resolución recurrida, sin mediar actuación ajena, como son los oficios que la comunican; no trascendió al resultado del fallo, ni generó perjuicio o desequilibrio entre las partes.

34. Resaltó que el vicio detectado no es de tal magnitud que las partes queden en estado de indefensión por afectar alguno de sus derechos sustantivos o que el acto judicial recurrido resulte nulo de pleno derecho, pues tiene que ver con la carencia de una formalidad que no constituye un elemento esencial a discernir y que por su naturaleza práctica y casuística no genera incertidumbre, ya que basta que cualquier acto jurisdiccional se suscriba electrónicamente por el Juez y el secretario, previo a su publicación, para que surta plenos efectos y en su caso, las partes estén en condiciones de controvertirlo, tal como ahí aconteció.

35. Así concluyó que atendiendo al principio de privilegiar la solución de fondo sobre los aspectos formales, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debía proceder al estudio de la cuestión planteada a fin de garantizar a las partes un verdadero acceso a la justicia.

36. En consecuencia, emprendió el estudio de los agravios esgrimidos por el recurrente y confirmó la interlocutoria recurrida.

VI. CUESTIÓN PREVIA.

37. Antes de determinar la existencia de la contradicción de criterios y fijar el que debe prevalecer, se precisa que aun cuando las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes, no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.

38. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. VIII/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, diciembre de 1993, visible en la página 41, con número de registro digital: 206390, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así."

39. Tampoco lo es, el hecho de que los criterios contendientes hayan sido emitidos por mayoría de votos, ya que de conformidad con lo previsto en el artículo 186 de la Ley de Amparo, se tiene que las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por mayoría de votos, por tanto éstas son idóneas para conformar una contradicción de criterios.

40. Se sostiene lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 147/2008, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, visible en la página 444, con número de registro digital: 168699, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EXISTE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS QUE CONTIENEN LOS CRITERIOS RELATIVOS HAYAN SIDO EMITIDAS POR MAYORÍA DE VOTOS. Los artículos 184, fracción II, de la Ley de Amparo y 35, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por mayoría de votos, de manera que, desde el punto de vista formal, contienen el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por ende, son idóneas para la existencia de contradicción de tesis."

VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS.

41. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se actualice la contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.

42. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por ese Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, con número de registro digital: 164120, de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

43. En efecto, la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan solo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

44. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse.

45. En ese sentido, no podría arribarse a un criterio único ni sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, si las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando la postura que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

46. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los Tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

47. En el caso, este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con Residencia en San Andrés Cholula, Puebla, considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada, al cumplirse los requisitos para ello, tal y como enseguida se demostrará:

48. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para determinar si la circunstancia de que las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas del juzgador y del secretario obren al final de un documento donde se contiene la resolución interlocutoria y los oficios de notificación, produce la invalidez de aquélla y, por tanto, constituye una violación a las reglas de procedimiento que amerita su reposición, o no.

49. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno considera que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos colegiados contendientes, sí existió propiamente un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.

50. En efecto, los Tribunales contendientes resolvieron –respectivamente– recursos de revisión interpuestos contra la interlocutoria que decidió sobre la suspensión definitiva. Dichas resoluciones incidentales fueron emitidas bajo el uso de medios tecnológicos.

51. Así, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consideró que era innecesario el análisis de la sentencia recurrida, debido a que durante la tramitación del juicio de amparo se incurrió en una violación a las reglas que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32107-cf9b6ebf/violacion-a-las-reglas-fundamentales-del-procedimiento-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.