VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. LA INCLUSIÓN DE LOS OFICIOS DE NOTIFICACIÓN ENTRE LA SENTENCIA Y LAS EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS DE LAS FIRMAS DEL JUZGADOR Y EL SECRETARIO NO AMERITA ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 180/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO REGIONAL EN MATERIA PENAL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JULIO CÉSAR CANELA MAYORAL.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si el hecho de que, entre una resolución y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas respectivas, obren oficios de notificación de aquélla, constituye una violación procesal que amerite la reposición del procedimiento. Uno estimó que la existencia de los oficios de notificación de una sentencia entre ésta y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas implica que sólo los oficios fueron validados por sus autores mediante el uso de la firma electrónica y, por ende, que la sentencia carezca de tal signo gráfico, por lo que debía revocarse y reponerse el procedimiento para subsanar tal violación procesal.
En cambio, el otro consideró que la incorporación de los oficios de notificación de la resolución entre ésta y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas del juzgador y del secretario de juzgado, no es una violación procesal de trascendencia superior que amerite revocar tal resolución y ordenar la reposición del procedimiento, porque no afecta de manera directa algún derecho en grado predominante que acarree alguna consecuencia jurídica grave o sustancial que deba enmendarse, puesto que el hecho de que el oficio se haya agregado de esa forma no significa la falta de firma de la resolución, tampoco altera o modifica la litis en el recurso de revisión, ni nulifica la sentencia.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
En la que se resuelve el expediente relativo a la contradicción de criterios identificada al rubro, suscitada entre los emitidos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 157/2022 y el extinto Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en la contradicción de criterios 49/2023.
El problema jurídico que debe resolver esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en definir si la inclusión de los oficios de notificación de una sentencia entre ésta y las evidencias criptográficas respectivas constituye una violación a las reglas del procedimiento que amerite su reposición.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia. La parte recurrente en el amparo en revisión 157/2022 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido en aquel asunto, y el sostenido por el extinto Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en la contradicción de criterios 49/2023.
2. Trámite. La ministra presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y turnó el expediente al ministro Javier Laynez Potisek para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
3. Posteriormente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto.
II. COMPETENCIA
4. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la contradicción de criterios en términos de los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por órganos colegiados de distintas regiones, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de esta ejecutoria.
III. LEGITIMACIÓN
5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 227, fracción II,(1) de la Ley de Amparo, el denunciante de esta contradicción de criterios tiene la legitimación necesaria para formularla, ya que fue parte recurrente en el amparo en revisión 157/2022 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asunto del cual surgió uno de los criterios contendientes.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
6. De acuerdo con lo sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la configuración de la contradicción de criterios surge si los órganos contendientes examinaron, en los asuntos implicados en la denuncia, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso si parten de aspectos fácticos distintos, y respecto de tales cuestiones arriban a posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas contenidas en las sentencias respectivas.
7. De igual forma, este Alto Tribunal ha estimado que para el surgimiento de la contradicción es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos tenga el carácter de generalidad y no de particularidad o individualidad, de manera que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el objetivo que persigue que es dar certidumbre jurídica.
8. En esa lógica, esta Segunda Sala estima que existe contradicción de criterios, y para corroborarlo es necesario precisar los antecedentes de los asuntos que la motivaron y las posturas de los órganos jurisdiccionales involucrados.
IV.1. Antecedentes y criterios contendientes
Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 157/2022
9. En un juicio de amparo indirecto se controvirtió una disposición del Código Fiscal de la Ciudad de México y su acto de aplicación, así como otros actos.
10. Por una parte, el juez de distrito sobreseyó en el juicio y, por otra, negó el amparo. El quejoso interpuso recurso de revisión ante lo cual el tribunal colegiado revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento.
11. Para sostener su decisión, el tribunal de amparo explicó que los artículos 60, 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles disponen que las resoluciones judiciales deben estar firmadas por el juez que las pronuncie y por el secretario que las autoriza.
12. Precisó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la firma constituye un elemento esencial de validez de las actuaciones judiciales cuyo objetivo es identificar al funcionario que las practica, a fin de que se pueda corroborar que es el legalmente facultado para ello, lo cual se desprende de la jurisprudencia:
13. ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS.(2)
14. Luego, el colegiado indicó que el uso de la firma electrónica se encuentra regulado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, que la reconoce como un medio que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, la cual sirve para ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales y para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.
15. Sin embargo, continuó, su uso no se limita únicamente a esos supuestos, puesto que aquel precepto legal también reconoce libertad configurativa a favor del Consejo de la Judicatura Federal para que emita los acuerdos generales que contengan las reglas que determinen su correcto uso y funcionamiento.
16. Por otro lado, señaló que al resolver la contradicción de tesis 29/2018 el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, y arribó a la convicción de que la firma electrónica puede ser utilizada tanto por particulares como por servidores públicos, quienes pueden emplearla para signar acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales.
17. Asimismo, que este Alto Tribunal indicó que, en términos de los acuerdos generales mencionados, los documentos signados con firma electrónica deben contener en la parte final una evidencia criptográfica que muestre el nombre del titular de la firma, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente.
18. Con base en ello, narró, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la firma electrónica de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación es fiable y segura, por lo que es válido sostener que equivale a la firma autógrafa, debido a que ambas asocian la identidad del funcionario firmante de manera que permite identificar su autoría.
19. El tribunal federal refirió que en ese precedente también se estableció que la evidencia criptográfica que deriva del uso de la firma electrónica debe ser generada en función de cada acto jurídico, puesto que su uso, al igual que el de la firma autógrafa, plasma la voluntad respecto de una actuación específica, por lo que no puede utilizarse de manera genérica.
20. Por tanto, continuó, es importante que cada documento que se firme electrónicamente genere su representación gráfica de manera independiente, la cual no puede ser utilizada para validar un documento distinto, ya que de lo contrario se le daría un alcance a la voluntad del autor que no corresponde derivado de su función identificadora.
21. En el caso, el órgano colegiado advirtió que de las constancias que obran en el expediente del juicio de amparo, se observaba que el acta de la audiencia constitucional se firmó de manera electrónica tanto por el juez de distrito como por el secretario que autorizó y dio fe, cuyas evidencias criptográficas aparecían al final del documento.
22. Enseguida, que el juez de distrito dictó la sentencia recurrida, la que si bien en el margen tiene impreso el nombre del secretario del juzgado que intervino, un algoritmo numérico y una fecha, lo cierto es que no contaba con la evidencia criptográfica correspondiente.
23. Explicó que en el expediente obra el documento que contiene la sentencia, enseguida aparece un archivo al que se le denominó constancia de notificación, luego podían verse los oficios que tienen inserta la sentencia en comento, y finalmente aparecían dos evidencias criptográficas, una que corresponde a la firma electrónica utilizada por el secretario de juzgado y otra a la del juez de distrito.
24. Con ello, consideró, se demostraba que la sentencia recurrida carecía de firma electrónica tanto del juez de distrito como del secretario de juzgado que debió intervenir, puesto que a pesar de que se trata de un acto judicial autónomo, no cuenta con sus propias evidencias criptográficas que acrediten que sus autores plasmaron su voluntad mediante el uso de la firma electrónica.
25. De igual forma, que si lo que pretendió el juez de distrito fue validar tres actos jurídicos distintos con una sola firma electrónica (sentencia, constancia de notificación y oficios), ello no es válido, porque, como lo sostuvo el Alto Tribunal, las firmas electrónicas no pueden utilizarse de forma genérica, sino que es indispensable que cada actuación judicial se firme de manera independiente y genere su propia representación gráfica.
26. Si en este caso, continuó, el juez de distrito y el secretario de juzgado hubieran utilizado la firma autógrafa, es evidente que cada uno habría plasmado una en la sentencia, otra en la constancia de notificación (de haberlo estimado necesario) y otra en los oficios.
27. Por tanto, estimó, si el uso de la firma autógrafa equivale al de la firma electrónica, no puede considerarse que una sola pueda otorgar validez a tres actos judiciales diversos; lo que se corrobora de la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). TODO DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE SE FIRME A TRAVÉS DE ELLA, DEBE GENERAR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PROPIA, A FIN DE VINCULAR SU AUTORÍA Y PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS.(3)
28. Consecuentemente, el tribunal colegiado señaló, las evidencias criptográficas que aparecen al final de los oficios demuestran que sólo esas actuaciones judiciales fueron validadas por sus autores mediante el uso de la firma electrónica, lo que arroja que la sentencia recurrida carezca de tal signo gráfico. En el entendido de que las evidencias criptográficas que pertenecen a los oficios no pueden ser utilizadas para también validar un documento distinto como la sentencia recurrida, puesto que eso implicaría darle un alcance que no corresponde a la voluntad de su autor.
29. El órgano colegiado consideró aplicable la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA PLASMADA EN LAS RESOLUCIONES AGREGADAS EN LOS EXPEDIENTES FÍSICOS, VALIDA EL USO DE AQUÉLLA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS DE DICHO PODER ÚNICAMENTE EN EL DOCUMENTO EN QUE SE GENERÓ PARA UN EXPEDIENTE DETERMINADO.(4)
30. Así, el colegiado estimó que se actualizaba el motivo de invalidez a que se refirió esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que la sentencia recurrida no tiene al final la evidencia criptográfica que demuestre que fue firmada electrónicamente por sus autores, sino que el juez de distrito pretendió otorgarle validez utilizando la representación gráfica que se generó en otra actuación (oficios), lo que corrobora que no se cumplió con el requisito formal previsto en los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que procede revocar tal sentencia y ordenar reponer el procedimiento del juicio de amparo para el efecto de que el juez de distrito dicte una nueva que cumpla con el requisito de validez, es decir, se firme de manera independiente, ya sea mediante el uso de la firma autógrafa o electrónica, tanto por él como por el secretario que la autorice.
Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en la contradicción de criterios 49/2023
31. La contradicción de criterios resuelta por el extinto pleno regional tuvo como origen dos juicios de amparo indirecto promovidos a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en los que se reclamaron diversos actos y se solicitó su suspensión.
32. En ambos casos, las partes terceras interesadas interpusieron recursos de revisión en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión. Los recursos se resolvieron de forma diferente.
33. Un órgano colegiado revocó la resolución recurrida y ordenó reponer el procedimiento, debido a que durante la tramitación del juicio se incurrió en una violación a las reglas que lo norman, en tanto que en el expediente electrónico del incidente de suspensión se observaba que la interlocutoria en cuestión no contaba con evidencia criptográfica, dado que después de la citada interlocutoria se veía el oficio de notificación correspondiente y enseguida dos evidencias criptográficas, una que es de la firma electrónica del secretario de juzgado y la otra de la juez de distrito, lo que demuestra que la sentencia recurrida carece de firma electrónica, ya que a pesar de que se trata de un acto judicial autónomo, no cuenta con sus propias evidencias criptográficas que acrediten que sus autores plasmaron su voluntad mediante el uso de dicha firma.
34. El otro tribunal colegiado hizo notar que en el caso existió una violación formal consistente en que entre la resolución recurrida y las evidencias criptográficas obraba un oficio que la comunica; sin embargo, estimó que la falta de firma electrónica inmediata en la interlocutoria, aunque, prima facie, infringe el principio de seguridad, en definitiva, no afecta en grado predominante al procedimiento al no provocar estado de indefensión a la parte recurrente, ya que no se afectaron los derechos de igualdad y debido proceso, tampoco se generó desequilibrio procesal o se impidió ejercer algún derecho procesal a las partes; de manera que resolvió el fondo de la controversia y confirmó la interlocutoria recurrida.
35. Ante tal escenario, el extinto pleno regional indicó que la materia de la contradicción consistía en definir si la circunstancia de que en el expediente electrónico obren entre la interlocutoria recurrida y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas del juzgador y del secretario de juzgado, los oficios de notificación de aquélla, implica una violación procesal en el incidente de suspensión que trasciende al resultado del fallo.
36. Al respecto, consideró que la incorporación del oficio de notificación de la interlocutoria no es una violación procesal de trascendencia superior que amerite revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, ya que no afecta de manera directa algún derecho en grado predominante que acarree consecuencia jurídica grave o sustancial que necesariamente deba enmendarse.
37. Explicó que el hecho de que el oficio de notificación se agregara en la sentencia no implica alterar o modificar la litis en el recurso de revisión incidental; tampoco nulifica la sentencia interlocutoria sobre la suspensión definitiva, puesto que no se puede considerar que las evidencias criptográficas que obran en la parte final sean del oficio y no de la sentencia, ya que de acuerdo a las formalidades de las resoluciones judiciales, previstas en el código adjetivo civil supletorio a la materia, la obligación legal de las firmas a cargo del juez que la emite y en todo caso del secretario que da fe, se refiere a decretos, autos o sentencias, no así, al oficio.
38. La fracción IV, del artículo 93 de la Ley de Amparo, continuó, prevé que si se violan las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio, se debe revocar la resolución recurrida y reponer el procedimiento, pero siempre y cuando las violaciones advertidas trasciendan al resultado del fallo.
39. Así, concluyó que si el documento que contiene la resolución fue firmado por el juez y el secretario de forma electrónica, aunque las evidencias criptográficas de dichas firmas obren en la parte final, esto es, con un oficio intermedio que la comunica, se tiene por válida, ya que la exigencia de la firma del juzgador es para las resoluciones judiciales y no para los oficios, por lo que si en el documento electrónico que contiene la sentencia obran las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas del juez y del secretario de juzgado, lleva a considerar que corresponden al fallo.
40. Asimismo, si fue firmado electrónicamente por el secretario y el juez un solo documento, donde se contenía la sentencia interlocutoria, a pesar de que entre ésta y las evidencias criptográficas exista un oficio intermedio, no puede considerarse inválida la resolución por carecer de firma, puesto que el documento que la contiene -constituido como un todo- sí está firmado. 41. Luego, continuó, si pudiera considerarse incorrecto incorporar el oficio de notificación en el archivo de la sentencia y firmarlo de forma conjunta, tal violación no es de trascendencia superior que amerite la reposición del procedimiento, ya que no altera ni modifica la litis del recurso de revisión, tampoco afecta de manera directa algún derecho en grado predominante que acarree consecuencia jurídica grave o sustancial que necesariamente deba enmendarse.
42. Las consideraciones relatadas dieron origen a la jurisprudencia siguiente:
VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA PARA REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO, SI EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN OBRA ENTRE LA INTERLOCUTORIA RECURRIDA Y LAS EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS DE LA PERSONA JUZGADORA Y DEL SECRETARIO DE JUZGADO, EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLA.(5)
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios discrepantes al resolver recursos de revisión interpuestos contra las interlocutorias que decidieron sobre la suspensión definitiva firmadas con el uso de medios tecnológicos, pues entre las resoluciones recurridas y las evidencias criptográficas generadas por el Juez y el secretario obraban los oficios que las comunicaban. Mientras que uno estimó transgredidas las reglas del procedimiento y ordenó su reposición al considerar inválida la resolución recurrida, el otro determinó que la incorporación de los oficios es una mala práctica jurisdiccional, pero no amerita la reposición del procedimiento del juicio de amparo.
Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, determina que la incorporación de los oficios de notificación de la interlocutoria entre la sentencia relativa y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de la persona juzgadora y del secretario de juzgado, no es una violación procesal de trascendencia superior que amerite revocar la interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el incidente de suspensión, porque no afecta de manera directa algún derecho en grado predominante que acarree alguna consecuencia jurídica grave o sustancial que deba enmendarse, pues el hecho de que el oficio se haya agregado de esa forma no implica la falta de firma de la interlocutoria, no altera o modifica la litis en el recurso de revisión incidental, ni nulifica la interlocutoria.
Justificación: La fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo dispone que si se violan las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo debe revocarse la resolución recurrida y reponerse el procedimiento, siempre y cuando las violaciones trasciendan al resultado del fallo. Luego, la incorporación de los oficios de notificación de la interlocutoria entre la sentencia relativa y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de la persona juzgadora y del secretario de juzgado en el incidente de suspensión del juicio de amparo, no implica alterar o modificar la litis en el recurso de revisión ni provoca estado de indefensión, pues no se generó desequilibrio procesal o se le impidió ejercer algún derecho adjetivo, como ofrecer pruebas, señalar nuevos actos reclamados o autoridades responsables, ampliar la demanda de amparo o interponer medios de defensa. Tampoco nulifica la sentencia interlocutoria, pues no puede considerarse que las evidencias criptográficas que obran en la parte final sean de los oficios y no de la sentencia, ya que de acuerdo con las formalidades de las resoluciones judiciales previstas en el código adjetivo civil supletorio a la ley de la materia, consistentes en la obligación legal de la firma a cargo del Juez que la emite y del secretario que da fe, se refieren a decretos, autos o sentencias, no a oficios. Además, si un solo documento fue firmado electrónicamente por el secretario y el Juez, y en él se contenía la sentencia interlocutoria, a pesar de que entre ésta y dichas evidencias criptográficas existan oficios intermedios, ello no invalida la resolución por carecer de firma, pues el documento que la contiene, constituido como un todo, sí está firmado. Por el contrario, reponer el procedimiento para el efecto de que se dicte una nueva resolución que resuelva la suspensión definitiva desincorporando el oficio que la notifica retardaría innecesariamente el trámite y la solución del fondo del asunto, trastocándose el principio de celeridad que rige a la suspensión en el juicio de amparo.
IV.2. Establecimiento y materia
43. De las consideraciones descritas anteriormente se observa que los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica consistente en definir si el hecho de que entre una resolución y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas respectivas, obren oficios de notificación de aquélla, constituye una violación procesal que amerite la reposición del procedimiento.
44. Asimismo, se aprecia que los órganos colegiados resolvieron de modo diferente la cuestión jurídica descrita, ya que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que la existencia de los oficios de notificación de una sentencia entre ésta y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas, implica que sólo los oficios fueron validados por sus autores mediante el uso de la firma electrónica y, por ende, que la sentencia carezca de tal signo gráfico, por lo que debía revocarse y reponerse el procedimiento para subsanar tal violación procesal.
45. En cambio, el extinto Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, consideró que la incorporación de los oficios de notificación de la resolución entre ésta y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas del juzgador y del secretario de juzgado, no es una violación procesal de trascendencia superior que amerite revocar tal resolución y ordenar la reposición del procedimiento, porque no afecta de manera directa algún derecho en grado predominante que acarree alguna consecuencia jurídica grave o sustancial que deba enmendarse, puesto que el hecho de que el oficio se haya agregado de esa forma no significa la falta de firma de la resolución, tampoco altera o modifica la litis en el recurso de revisión, ni nulifica la sentencia.
46. De ahí que, si los órganos colegiados analizaron el mismo problema jurídico y lo solucionaron de forma distinta, es evidente que existe contradicción de criterios cuyo tema radica en resolver si la inclusión de los oficios de notificación de una sentencia entre ésta y las evidencias criptográficas respectivas constituye una violación a las reglas del procedimiento que amerite su reposición.
47. Es importante aclarar que en los asuntos que dieron origen a esta contradicción de criterios, se advierte que las resoluciones y sus respectivos oficios de notificación fueron firmados electrónicamente de manera conjunta, es decir, los jueces de distrito y los secretarios de juzgado, al firmar la resolución, incorporaron los oficios para su notificación y los procesaron como un solo documento; circunstancia a partir de la cual se resuelve la contradicción que nos ocupa.
V. ESTUDIO
48. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio consistente en que si entre una sentencia y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas del juzgador y del secretario de juzgado, existen oficios de su notificación debido a que fueron procesados de manera conjunta como un solo documento, ello no constituye una violación procesal que conlleve a reponer el procedimiento.
49. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la firma constituye un elemento esencial de validez de las actuaciones judiciales, cuyo objetivo es identificar al funcionario que las practica, a fin de que se pueda corroborar que está facultado legalmente para llevarlas a cabo. Ello así se desprende de la jurisprudencia, de rubro: ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS.(6)
50. Por una parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles,(7) de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece en el artículo 61 que en todo acto del que se deba dejar constancia en autos, intervendrá el secretario y lo autorizará con su firma, con excepción de los encomendados a otros servidores públicos, mientras que el artículo 219 dispone que las resoluciones judiciales se firmarán por el juez, magistrados o ministros que las emitan, y siempre serán autorizadas por el secretario.
51. Por otra, el artículo 3º de la Ley de Amparo(8) prevé el uso de la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y sirve para acceder al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones, así como para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales; además, dispone que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos generales, establecerá las bases y su correcto funcionamiento.
52. Con base en aquella prerrogativa fue que se emitieron los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015, cuyo contenido fue analizado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 29/2018 y se advirtió que el uso de la firma electrónica es válido tanto para los particulares como para los servidores públicos, ya que estos últimos al ingresar al sistema electrónico acuerdos, determinaciones, proveídos, resolucio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32952-cab1dc6a/violacion-a-las-reglas-fundamentales-del-procedimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE ORDENAR RATIFICARLA CUANDO ADVIERTA, COMO HECHO NOTORIO, QUE NO COINCIDE CON LA QUE OBRA EN DIVERSO ASUNTO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE CONTESTAR UN ESCRITO DE PETICIÓN ELEVADO AL SECRETARIO GENERAL O AL TITULAR DE LA UNIDAD DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- FIRMA ELECTRÓNICA. EL ORDEN CRONOLÓGICO EN QUE FUE REALIZADA POR LA PERSONA JUZGADORA Y LA SECRETARIA O EL SECRETARIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO CONSTITUYE UN MOTIVO QUE INVALID (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. LA INCLUSIÓN DE LOS OFICIOS DE NOTIFICACIÓN ENTRE LA SENTENCIA Y LAS EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS DE LAS FIRMAS DEL J (2a./J. 1/2025 (11a.))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL Y DEL AUTO DICTADO EN CUMPLIMIENTO A LA MISMA, QUE SÓLO DECLARÓ LA ILEGALID (III.1o.A.109 A)
- SENTENCIA DE AMPARO INEXISTENTE, SI FALTA LA FIRMA DEL JUEZ FEDERAL. (s/clave)
- VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA PARA REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO, SI EN EL EXPEDIENTE EL (PR.P.CS. J/17 P (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis