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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE LEGITIMADO. III. SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. IV. LEYES GENERALES. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO TIENEN FACULTADES PARA ESTABLECER CUÁNDO COBRAN APLICACIÓN SUPLETORIA, POR SER DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6o., EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "LA LEY GENERAL" Y "LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR SER CONTRARIAS A LOS DERECHOS HUMANOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD). V. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL LEGISLADOR ESTATAL NO TIENE COMPETENCIA PARA ESTABLECER QUE SON NORMAS SUPLETORIAS DE LA LEY LOCAL, LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, PORQUE ESTA REGLA DE SUPLETORIEDAD PRETENDE REGULAR CUESTIONES RESPECTO DE LAS CUALES TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA EL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6o., EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "LA LEY GENERAL" Y "LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VI. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LOS CONGRESOS LOCALES ÚNICAMENTE TIENEN FACULTAD PARA EMITIR LA NORMATIVIDAD COMPLEMENTARIA QUE PERMITA SU IMPLEMENTACIÓN, PERO NO PARA PREVER A DICHA CODIFICACIÓN COMO UNA NORMA DE APLICACIÓN SUPLETORIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6o., EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES;" DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL CONGRESO LOCAL TIENE LA FACULTAD DE EMITIR LA NORMATIVIDAD COMPLEMENTARIA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PERO NO TIENE ATRIBUCIONES PARA PREVER QUE DICHO CÓDIGO ES UNA NORMA DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY LOCAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6o., EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES;" DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. CÓDIGO PENAL FEDERAL. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA PREVER SU APLICACIÓN SUPLETORIA EN SU LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA, AL HABER SIDO DETERMINADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6o., EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL CÓDIGO PENAL FEDERAL", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IX. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL CONGRESO LOCAL CARECE DE COMPETENCIA PARA ESTABLECER QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL ES UNA NORMA SUPLETORIA DE LA LEY LOCAL DE LA MATERIA, PORQUE DICHO CÓDIGO YA FUE SEÑALADO COMO LEY SUPLETORIA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6o., EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL CÓDIGO PENAL FEDERAL", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). X. TRATADOS INTERNACIONALES. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE FACULTADES PARA CONSIDERARLOS COMO SUPLETORIOS DE LAS NORMAS LOCALES QUE EXPIDEN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6o., EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). XI. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL CONGRESO LOCAL NO

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2022. · Registro digital (IUS): 32110
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-26
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo I, Pág.808.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE MARZO DE 2023. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: LUIS ANTONIO BELTRÁN PINEDA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el artículo 6o., en sus porciones normativas "la Ley General; el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal;", "la Ley General de Víctimas", así como "y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante Decreto 0132 publicado el dos de enero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, por considerar que es violatorio del derecho a la seguridad jurídica y del principio de legalidad.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 27/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 6o., en sus porciones normativas "la Ley General; el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal;", "la Ley General de Víctimas", así como "y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte", de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante Decreto 0132 publicado el dos de enero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Por escrito presentado el primero de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del del artículo 6o., en sus porciones normativas "la Ley General; el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal;", "la Ley General de Víctimas", así como "y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte", de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante Decreto 0132 publicado el dos de enero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

2. La promovente señaló como órganos encargados de su emisión y promulgación al Congreso del Estado de San Luis Potosí y al Gobernador Constitucional de esa entidad.

3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman vulnerados son el 1o., 14 y 16. Asimismo, se alega la violación de los artículos 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. Concepto de invalidez. La parte accionante expuso en su único concepto de invalidez, en resumen, lo siguiente:

a. El artículo 6o. de la ley impugnada viola el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la legislación local no puede establecer la supletoriedad de normas que son de observancia directa en todo el territorio nacional.

b. Las entidades federativas no pueden prever la supletoriedad de leyes que son de observancia general en toda la República Mexicana, o de aquellas normas que tienen diverso ámbito de aplicación; máxime que el régimen de aplicación supletoria en materia de desaparición forzada de personas ya se encuentra previsto en la ley general correspondiente que expidió el Congreso Federal.

c. El precepto normativo impugnado establece un indebido régimen de supletoriedad, en virtud de que el legislador determinó que únicamente frente a algún vacío legal de la ley impugnada, se podrán aplicar supletoriamente y de manera secundaria –en lo relacionado con la desaparición forzada de personas y del sistema estatal de búsqueda– la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General de Víctimas, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

d. El Congreso Potosino privilegia la aplicación del ordenamiento local frente a las leyes generales de observancia directa, que determinan las bases y sirven como marco legal a las entidades federativas para determinar el contenido de su legislación.

e. En términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General, el Congreso de la Unión es la única autoridad habilitada constitucionalmente para legislar en materia de desaparición forzada respecto de las bases y principios generales que, además, serán de observancia directa en todo el territorio nacional.

f. Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Federal prevé que el Congreso de la Unión es la autoridad habilitada para expedir las leyes generales que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los Municipios; por ende, serán estas leyes las que establezcan los principios y bases de las materias. En ese sentido, no es constitucionalmente admisible disponer que la aplicación de las leyes generales que expida el Congreso de la Unión será de manera secundaria y únicamente en aquellos casos en que las entidades federativas no prevean una adecuada regulación o exista un vacío legal en sus leyes locales.

g. En el mismo sentido, la ley local tampoco puede prever la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales ni del Código Penal Federal en lo no previsto por la legislación en materia de desaparición forzada de personas de San Luis Potosí, pues esta última no puede regular cuestiones relacionadas con la investigación y sanción de los delitos del orden federal ni respecto de los procedimientos penales –fuero federal o local– ya que ello es una competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

h. Por lo que hace a los tratados internacionales, estos deben aplicarse en primer lugar y no de forma supletoria, pues en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados por el presidente de la República, con la aprobación del Senado, conforman la Ley Suprema de toda la Unión.

i. Finalmente, que en el caso concreto es aplicable lo resuelto por este Alto Tribunal en las acciones de inconstitucionalidad 114/2020, 79/2019 y 104/2019 promovidas por la accionante en las que se declaró la invalidez del régimen de supletoriedad que establecían diversas leyes locales en materia de desaparición forzada de personas.

5. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 27/2022, y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

6. Admisión y trámite. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, la Ministra instructora: admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron la norma impugnada para que rindieran sus respectivos informes; requirió al Poder Legislativo Estatal para que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y al Poder Ejecutivo Estatal, para que enviara el original o copia certificada del Periódico Oficial en el que constara la publicación de la referida norma; y, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. El consejero jurídico del Estado de San Luis Potosí, en representación del Gobernador Constitucional de esa entidad federativa, rindió informe en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a. Que el Poder Ejecutivo del Estado promulgó y publicó el decreto impugnado, de conformidad con sus facultades establecidas en el artículo 80, fracción II, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. No obstante, precisa que no estima que la ley cuya invalidez se reclama vulnere derechos fundamentales de manera directa o indirecta.

8. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. El Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí rindió su informe, en el que, esencialmente, precisó lo siguiente:

a. La Legislatura Estatal no invade ninguna competencia federal.

b. Estima que la supletoriedad que se establece el artículo 6o. de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, es necesaria para poder dar cumplimiento a dicha ley y coordinar las acciones pertinentes que permitan su cabal cumplimiento.

9. Pedimento. En esta acción de inconstitucionalidad, la Fiscalía General de la República no formuló pedimento y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitió opinión alguna, a pesar de que estuvieron debidamente notificadas.

10. Alegatos. Por escritos recibidos el veinticuatro y veintisiete de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión accionante y el Poder Legislativo Local, respectivamente, formularon alegatos.(1)

11. Cierre de instrucción. Mediante proveído de seis de julio de dos mil veintidós, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) y el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(4) en virtud de que se plantea la posible contradicción del artículo 6o. de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

13. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestionó la validez del artículo 6o. de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante Decreto 0132 publicado el dos de enero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del gobierno de esa entidad federativa, en sus porciones normativas: "la Ley General; el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal;", "la Ley General de Víctimas", así como "y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte".

14. El artículo impugnado es del contenido siguiente:

"Artículo 6o. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley General; el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal; el Código Penal del Estado de San Luis Potosí; el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí; la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas; y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (Énfasis propio)

Ver artículo impugnado con énfasis

III. OPORTUNIDAD

15. Corresponde determinar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.

16. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(5) dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

17. En el caso, el Decreto 0132 por el que se expidió la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí fue publicado el dos de enero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí; por tanto, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad transcurrió del lunes tres de enero al martes primero de febrero de dos mil veintidós.

18. Consecuentemente, si el escrito mediante el cual la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad fue presentado en esta última fecha en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, se concluye que fue presentada de manera oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

19. A continuación, se procede analizar la legitimación de la promovente de la acción de inconstitucionalidad, al tratarse de un presupuesto indispensable para su ejercicio.

20. Del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede ejercer acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

21. Asimismo, conforme a los artículos 59, en relación con el diverso 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(6) las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

22. Ahora, en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(7) corresponde a la presidenta de la referida Comisión su representación legal; por tanto, si quien suscribe la acción de inconstitucionalidad es María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya personalidad acreditó con copia certificada del nombramiento otorgado por el Pleno del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve para el periodo 2019-2024; siendo dicha Comisión uno de los entes que pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad contra leyes locales en las que se aduzca la vulneración de derechos humanos, es claro que la accionante cuenta con la legitimación necesaria para promover el presente asunto.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

23. Las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento ni este Alto Tribunal advierte de oficio que se actualice alguno, por lo que se procederá a examinar el concepto de invalidez planteado.

24. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

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VI. ESTUDIO DE FONDO

25. Corresponde a este Tribunal Pleno determinar si las porciones normativas "la Ley General; el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal;", "la Ley General de Víctimas", así como "y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte", del artículo 6o. de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí son constitucionales o, de lo contrario, declarar su invalidez.

26. Para efectos metodológicos, y con el propósito de brindar la mayor claridad posible, el análisis se realizará por apartados y en el siguiente orden: VI.1. Estudio de las porciones normativas "la Ley General" y "la Ley General de Víctimas"; VI.2. Estudio de las porciones normativas "el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal" y VI.3. Estudio de la porción normativa "y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte".

27. De manera preliminar, por ser una cuestión que atañe a todos los apartados que se estudiarán a continuación, debe precisarse que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra es la relación que surge para integrar una omisión en la propia ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en distintas leyes. Para que sea procedente la referida supletoriedad debe satisfacerse lo siguiente:

• El ordenamiento legal por suplir debe señalar expresamente esa posibilidad, precisando la ley o normas que pueden aplicarse, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, a otros;

• La ley por suplir no debe contemplar la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, debe desarrollarlas o regularlas deficientemente;

• Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de un diverso ordenamiento para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y,

• Las normas aplicables supletoriamente no deben contrariar el ordenamiento legal, sino que deben ser congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.(9)

VI.1. Estudio de las porciones normativas "la Ley General" y "la Ley General de Víctimas"

28. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita que se declare la invalidez del artículo 6o., en las porciones normativas "la Ley General" y "la Ley General de Víctimas", de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, por lo siguiente:

a. El artículo 6o. de la ley impugnada viola el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la legislación local no puede establecer la supletoriedad de normas que son de observancia directa en todo el territorio nacional.

b. En términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General, el Congreso de la Unión es la única autoridad habilitada constitucionalmente para legislar en materia de desaparición forzada respecto de las bases y principios generales que, además, serán de observancia directa en todo el territorio nacional.

c. Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Federal prevé que el Congreso de la Unión es la autoridad habilitada para expedir las leyes generales que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios; por ende, serán estas leyes las que establezcan los principios y bases de las materias. d. En ese sentido, no es constitucionalmente admisible disponer que la aplicación de las leyes generales que expida el Congreso de la Unión será de manera secundaria y únicamente en aquellos casos en que las entidades federativas no prevean una adecuada regulación o exista un vacío legal en sus leyes locales.

29. Ahora bien, el artículo impugnado es del tenor literal siguiente:

"Artículo 6o. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley General; el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal; el Código Penal del Estado de San Luis Potosí; el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí; la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas; y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." (Énfasis añadido)

Ver artículo impugnado con énfasis añadido

30. Como se advierte, la disposición transcrita establece el régimen supletorio que consideró aplicable el legislador del Estado de San Luis Potosí para la ley impugnada, y para efectos del presente apartado, específicamente la supletoriedad de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,(10) y de la Ley General de Víctimas.

31. Al respecto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera fundado el concepto de invalidez planteado en relación con estas dos leyes generales supletorias.

32. Lo anterior, ya que el legislador del Estado de San Luis Potosí no es competente para establecer las normas de aplicación supletoria porque éstas fueron determinadas por el Congreso de la Unión bajo su competencia constitucional, resultando aspectos que las entidades federativas no pueden regular conforme a su competencia específica.

33. En este sentido, este Alto Tribunal ha sostenido que las entidades federativas no tienen facultades para establecer cuándo cobran aplicación supletoria las leyes generales, puesto que esa regla de supletoriedad pretende regular cuestiones respecto de los cuales tiene competencia exclusiva el Congreso de la Unión.

34. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015,(11) verificó, entre otras cuestiones, la regularidad constitucional del artículo 2 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas, que establecía como norma de aplicación supletoria a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

35. En dicho asunto, se estudió la competencia del Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de trata de personas (contenida en la misma fracción que la de desaparición forzada) y se determinó que:

• La facultad constitucional del Congreso de la Unión para emitir la ley general en los términos señalados priva a las entidades federativas de la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, para legislar sobre esta materia, quedando limitadas a aquellas facultades que, de acuerdo con el régimen de concurrencia y coordinación, les otorgara el Congreso de la Unión.

• El artículo combatido era inconstitucional en su segundo párrafo, derivado de que la ley general en materia de trata de personas no puede ser supletoria de la ley local en dicha materia, al ser la primera la que define el contenido de la segunda; siendo ambas obligatorias para las autoridades de las entidades federativas respecto de aquellas cuestiones propias y diferencias que cada una regula, siendo aplicable, a nivel local, en primer lugar, la ley general y, posteriormente, las normas emitidas por los Congresos Locales, en ejercicio de la competencia que aquélla les haya conferido.

36. De igual forma, en la acción de inconstitucionalidad 79/2019,(12) este Alto Tribunal analizó el artículo 6 de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco, y declaró la invalidez, entre otras, de la porción normativa "la Ley General (Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos)" y, por extensión, al contener el mismo vicio de invalidez, la porción normativa que indica "la Ley General de Víctimas".

37. Asimismo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 128/2019(13) se declaró la invalidez de ciertas porciones normativas del artículo 6 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas. En concreto, en la parte que aquí interesa, se estableció que la ley general de la materia no puede ser prevista como norma supletoria, al considerarse que el congreso local no era competente para legislar esta materia, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal.

38. En el mismo sentido, en la acción de inconstitucionalidad 104/2019,(14) se declaró la invalidez de algunas porciones normativas del artículo 6o. de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur, y se reiteró el criterio respecto a que las leyes locales no pueden establecer como supletorias a las leyes generales que forman parte del parámetro de validez de las leyes locales.

39. Por último, al resolver la acción de inconstitucionalidad 184/2020,(15) este Alto Tribunal analizó la regularidad constitucional del artículo 5 de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, el cual preveía como norma de aplicación supletoria, entre otras, a la Ley General de Víctimas.

40. En dicho asunto, se estableció que, si en términos del artículo 73, fracción XXI-X, de la Constitución Federal,(16) el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para expedir la Ley General de Víctimas que establezca la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno,(17) dicha ley general es la que distribuye la competencia entre aquéllos, por lo que resulta fundamento de validez de la ley local impugnada, de modo que no puede ser al mismo tiempo supletoria porque es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y de aplicación directa para las entidades federativas.

41. Las razones sostenidas en los precedentes citados son aplicables a este asunto para declarar la inconstitucionalidad del artículo 6o. de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, en las porciones normativas analizadas en este apartado.

42. En efecto, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue expedida por el Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, y en dicha normatividad se prevén los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

43. Además, en su artículo 6o. se precisa el régimen de supletoriedad para los casos no previstos en la ley, y a diferencia de otras leyes generales que solamente prevén bases de coordinación y principios, la ley general en comento, actúa como parámetro de regularidad de la ley local aquí analizada, en virtud de que aquélla establece reglas sustantivas y adjetivas relativas a los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución competencial y las reglas bases de coordinación.

44. Por su parte, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI-X, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión expedir la Ley General de Víctimas que es la que establece la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los Municipios, y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

45. En consecuencia, si la expedición de las referidas leyes generales es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, de ello se sigue que se privó a las entidades federativas de las atribuciones con las que contaban, de conformidad con el numeral 124 de la Constitución Federal para legislar sobre esas materias, quedando limitadas únicamente a las facultades que de acuerdo con el régimen de concurrencia y coordinación les otorgara el Congreso de la Unión.

46. Así, si bien la intención del legislador de San Luis Potosí parece ser la de transmitir una idea de sistema, lo cierto es que la confusión en que incurre, al equiparar una relación competencial y de validez, con otra de supletoriedad, distorsiona el mismo.

47. En esas condiciones, la previsión de supletoriedad de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de la Ley General de Víctimas en la disposición local impugnada no puede ser convalidada por este Tribunal Pleno.

48. En ese tenor, en los términos expuestos, lo procedente es declarar la invalidez del artículo 6o., en las porciones normativas "la Ley General" y "la Ley General de Víctimas", de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, por ser contrarias a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y legalidad.

VI.2. Estudio de las porciones normativas: "el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal"

49. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicita que se declare la invalidez del artículo 6o., en las porciones normativas "el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal", de la Ley en Materia de Desaparició

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32110-729775e7/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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