RENUNCIA. PUEDE VALORARSE LA EXHIBIDA EN LA ETAPA PROBATORIA DEL JUICIO LABORAL, AUN CUANDO SE HAYA OMITIDO REFERIRLA EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019).
AMPARO DIRECTO 575/2022. 13 DE ABRIL DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. SECRETARIO: DANTE LEV GONZÁLEZ HERRERA.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Estudio de los conceptos de violación. Dicho análisis se efectuará de manera conjunta, en atención a los tópicos jurídicos que abordan, de conformidad con el artículo 76 de la ley de la materia.
En los motivos de disenso se aduce, esencialmente, que en el laudo reclamado se efectuó una indebida admisión y valoración del escrito de renuncia ofertado por la empresa empleadora; asimismo, que se fijó incorrectamente la litis porque en la contestación de la demanda se omitió expresar lo relativo a la aludida renuncia y tampoco se introdujo al debate, pues únicamente se expuso que el quejoso dejó de presentarse a laborar.
Se abunda que debido a esas circunstancias, la renuncia no es materia de la litis y se insiste que ese acontecimiento no fue mencionado en la contestación de la demanda, porque la defensa opuesta al despido alegado fue el de abandono de trabajo; por tanto, fue ilegal que en el laudo se valorara aquella documental y ello trascendió al resultado de la decisión.
Esos planteamientos son infundados.
Para justificar lo anterior, es pertinente traer a la vista el contenido de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo –aplicable al juicio de origen–, que disponen:
"Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan."
"Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente."
En este sentido, de la integración sistémica de los referidos preceptos, se obtiene que los laudos deben ser dictados por las Juntas de manera clara, precisa y congruente; que los laudos versarán sobre la verdad sabida y buena fe guardada, apreciando el hecho en conciencia, y estudiando pormenorizadamente las pruebas para poder ser valoradas.
El citado artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo revela la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal.
Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí, y por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral.
Lo anterior queda ilustrado en la jurisprudencia IV.2o.T. J/44(21) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito –cuyo contenido se comparte–, de rubro y texto siguientes:
"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no solo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia –externa– significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal."
Asimismo, en la diversa jurisprudencia I.14o.T. J/5 L (10a.), del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito –que se comparte–, de epígrafe y contenido siguientes:
"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBIDO PROCESO Y MOTIVACIÓN ADECUADA. SON DERECHOS HUMANOS QUE LAS JUNTAS LABORALES TRANSGREDEN AL INCUMPLIR CON LA EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA DEL LAUDO. Dichos derechos humanos de carácter procesal se violan en forma simultánea en atención al principio de interdependencia, previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad jurisdiccional responsable en materia laboral es omisa en determinar o pronunciarse en forma integral sobre alguna prestación o reclamación de carácter laboral contenida y acreditada mediante pruebas o presunciones legales en la demanda por parte del trabajador, toda vez que: 1) se resuelve en forma incompleta la litis (tutela judicial efectiva); 2) se omite o se valoran en forma fragmentada las pruebas relacionadas con la respectiva pretensión omitida contenida en la demanda (debido proceso laboral); y, 3) ello genera que el laudo sea incongruente por contener un pronunciamiento incompleto que afecta, en consecuencia, en forma injustificada las prestaciones o derechos laborales reclamados en demérito del trabajador (motivación adecuada), lo cual contraviene los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."
En el caso concreto, contrario a lo expuesto en los motivos de inconformidad previamente sintetizados, fue correcto que en el laudo reclamado se otorgara valor probatorio a la documental privada consistente en el escrito de renuncia de ocho de agosto de dos mil dieciséis,(22) con independencia de que en la contestación del escrito inicial no se haya hecho mención a esa circunstancia,(23) de conformidad con lo discernido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2005(24) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"RENUNCIA POR ESCRITO. PUEDE SER EXHIBIDA COMO PRUEBA EN CONTRARIO EN EL JUICIO LABORAL, PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS HECHOS DERIVADA DE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, QUEDANDO SU VALORACIÓN AL PRUDENTE ARBITRIO DE LA JUNTA. El artículo 879, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo establece que si el demandado no concurre a la audiencia de ley, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. Los extremos aludidos podrán acreditarse a través del escrito de renuncia del trabajador, atendiendo a que si el precepto de referencia no hace restricción alguna sobre tal aspecto, el juzgador no tiene por qué hacerla, luego, para desvirtuar la presunción de certeza del despido derivada de la falta de contestación a la demanda laboral será admisible dicho escrito, porque al contener la voluntad del trabajador de dar por terminada la relación laboral es claro que está dirigido a demostrar que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, como lo exige el referido artículo 879, sino que el trabajador renunció y se separó del trabajo voluntariamente, lo que se traduce en la negación de los hechos en que se sustenta la acción ejercitada; además, corresponderá a la Junta de Conciliación y Arbitraje efectuar tal determinación al momento de dictar el laudo relativo, tomando en consideración las pruebas exhibidas y desahogadas en términos del artículo 880 de la propia Ley Federal del Trabajo."
Lo anterior es así, porque el punto de contradicción de tesis fijado por el Alto Tribunal del país fue el siguiente:
"En consecuencia el punto específico de contradicción consiste en determinar, si la renuncia del trabajador por escrito puede ser considerada como una prueba idónea en contrario, para desvirtuar el despido injustificado, ante la falta de contestación de la demanda laboral, por estar dirigida a demostrar la inexistencia del despido o si tal medio de prueba (renuncia del trabajador por escrito) está dirigido al acreditamiento de una excepción no hecha valer."
Algunas de las consideraciones que permitieron dirimir el conflicto fueron las siguientes:
"En efecto, el texto del actual artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, el cual no obstante que ya fue transcrito en párrafos precedentes se reproduce a continuación de nueva cuenta, a fin de demostrar lo antes afirmado.
"‘Artículo 879. La audiencia se llevará a cabo aun cuando no concurran las partes.
"‘Si el actor no comparece al periodo de demanda y excepciones, se tendrá por reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial.
"‘Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.’
"Del texto que antecede se desprende que el demandado en un juicio laboral, en caso de que no concurra a contestar la demanda de que haya sido objeto, tendrá como sanción que se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo; sin embargo, esa circunstancia no le impide aportar pruebas en contrario en la etapa correspondiente, con la única limitante que tales pruebas servirán para acreditar exclusivamente los extremos ya precisados en líneas anteriores; es decir, que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.
"Cabe hacer mención que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera reiterada, en sus diversas épocas, ha emito criterio en el sentido de que las pruebas que puede rendir el demandado, en el caso en que se haya tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo, no deben referirse a excepciones que no se hicieron valer, pero sí pueden rendirse las que tengan por objeto destruir la presunción derivada de la falta de contestación de la demanda.
"Para evidenciar lo antes considerado se transcriben a continuación, algunos de los criterios sustentados por la otrora Cuarta Sala en la Sexta y Séptima Épocas.
"...
"De lo anterior se evidencia que el criterio ha sido unánime en el sentido de que las pruebas en contrario que pueden rendirse en el juicio laboral, cuando se omite dar contestación a la demanda en la etapa de arbitraje por un lado, única y exclusivamente pueden estar dirigidas a desvirtuar los hechos que se tuvieron por presuntivamente ciertos, pudiéndose acreditar en términos de la parte última del artículo 879, que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, además, por otro lado, no deben referirse a excepciones que no se hicieron valer.
"Cabe recordar que el problema que se trata de solucionar en la presente contradicción, consiste en determinar si la carta renuncia del trabajador por escrito constituye prueba en contrario para desvirtuar el despido injustificado alegado por él en la demanda, o bien, si no tiene ese carácter por constituir propiamente el apoyo de una excepción que no se hizo valer, al no existir contestación a la demanda laboral.
"Una vez precisados los alcances de la prueba en contrario en el juicio laboral, a que se contrae el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, se estima necesario hacer referencia a los aspectos vinculados con las excepciones, a fin de dar solución al problema antes precisado.
"Sobre el término ‘excepción’ debe hacerse mención que la doctrina procesal en sentido amplio, la ha definido como la oposición que el demandado formula frente a la demanda, ya sea como un obstáculo definitivo o provisional a la actividad provocada, mediante el ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional, bien para contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer, con el objeto de que la sentencia que ha de pronunciarse y que ponga fin a la relación procesal, lo absuelva totalmente o de manera parcial.
"La propia doctrina ha clasificado a las excepciones de diversas maneras; sin embargo, las más conocidas son las vinculadas con el fondo del negocio y con el procedimiento. Las primeras se dirigen a provocar la ineficacia definitiva de la acción y las segundas, única y exclusivamente a dilatar el procedimiento. Tales excepciones han sido denominadas como perentorias y dilatorias, respectivamente.
"Las excepciones perentorias, que son las enfocadas a destruir la acción, realmente no son enumeradas en los ordenamientos legales, lo que sí sucede con las excepciones dilatorias, entre las que se destacan, la litispendencia, la conexidad de la causa, falta de personalidad, falta de cumplimiento en el plazo, incompetencia del Juez, etcétera.
"En el caso en particular, para dirimir la contradicción que nos ocupa, es de relevante importancia destacar, en primer lugar, que la renuncia por escrito exhibida en el juicio laboral, como prueba en contrario, por parte del patrón, cuando se le imputa un despido injustificado, no constituye propiamente una excepción, sino exclusivamente la sine actione agis, que no es otra cosa que la negación de la demanda, es decir la negación de los hechos en que sustentan la acción ejercitada.
"Además cabe señalar, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado que la sine actione agis, no es propiamente una excepción, sino exclusivamente la negación de la demanda.
"Sobre tal aspecto, cobran vigencia los criterios sustentados tanto por el Tribunal Pleno, así como varias de las anteriores Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales se transcriben a continuación:
"En efecto, como se puede advertir, a la renuncia por escrito exhibida en el juicio laboral, realmente no se le puede atribuir el carácter de excepción, ya que a través de tal documento, realmente lo único que se está haciendo es negar la demanda.
"En segundo lugar, cabe destacar que el texto del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, en su último párrafo, es claro en el sentido de que si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, pueda demostrar los siguientes extremos:
"a) Que el actor no era trabajador o patrón;
"b) Que no existió el despido; y
"c) Que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.
"Como se puede advertir, a través de la prueba en contrario, entre otras situaciones, se le otorga al demandado, en el caso del patrón, la oportunidad de acreditar que no hubo despido y, consecuentemente, que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, que se apoyan precisamente en un supuesto despido injustificado por parte del patrón.
"En el caso debe decirse que la renuncia por escrito, exhibida en juicio, como prueba en contrario, de modo alguno trae consigo el acreditamiento de excepciones no opuestas, ya que como se ha mencionado, tal documental tiene como objetivo, única y exclusivamente acreditar que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, es decir no existió el despido imputado, sino que el trabajador fue el que renunció a seguir laborando, lo que resulta del libre ejercicio de un derecho que constitucional y legalmente puede ejercer ante su patrón, de manera que constituye una prueba tendente a desvirtuar la presunción de la existencia del despido, cuyo ofrecimiento está permitido por disposición del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo.
"Desde luego debe hacerse el señalamiento, que la exhibición de la renuncia como prueba en contrario, de modo alguno, en automático, acredita que no haya existido el despido, ya que en todo caso, para hacer tal determinación el juzgador deberá atender a las pruebas que sobre tal particular hayan exhibido y desahogado las partes contendientes, acorde con los lineamientos establecidos en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo que establece lo siguiente:
"‘Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes:
"‘I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado;
"‘II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos;
"‘III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y
"‘IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche.’
"De lo antes considerado, puede determinarse que la renuncia por escrito, sí puede ser exhibida en el juicio laboral como prueba en contrario, por estar dirigida exclusivamente a demostrar que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, bajo la salvedad que el valor probatorio que se le otorgue debe quedar al prudente arbitrio del juzgador, el cual para tal efecto deberá ajustarse a las reglas que sobre tal aspecto establece la Ley Federal del Trabajo, tomando en consideración las pruebas y contrapruebas conducentes, tal como lo señala de manera específica el artículo 880 del citado ordenamiento legal. "Independientemente de lo antes precisado debe hacerse el señalamiento que el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, no hace distingo alguno en relación con las pruebas que el demandado puede ofrecer para desvirtuar la presunción de certeza del escrito de demanda, motivo por el cual donde la ley no distingue el juzgador no debe hacer distinción alguna, por lo que en conclusión, para desvirtuar la presunción de certeza del despido derivada de la falta de contestación a la demanda laboral, será admisible el escrito de renuncia, porque al contener la voluntad del trabajador de dar por terminada la relación laboral, es claro que está dirigido a demostrar la inexistencia del despido y los hechos de la demanda en que éste se sustenta, con lo que se actualizan los supuestos de los que deriva el derecho del patrón a ofrecer la prueba de mérito en términos del precepto legal citado; es decir, que no existió el despido y que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda."
De lo transcrito puede extraerse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que:
- La renuncia por escrito puede ser exhibida como prueba en contrario en el juicio laboral, para desvirtuar la presunción de certeza de los hechos derivada de la falta de contestación de la demanda, quedando su valoración al prudente arbitrio de la Junta y que esto es así porque al contener la voluntad del trabajador de dar por terminada la relación laboral es claro que está dirigido a demostrar que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, como lo exige el referido artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, sino que el trabajador renunció y se separó del trabajo voluntariamente, lo que se traduce en la negación de los hechos en que se sustenta la acción ejercida.
- Cuando se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, no hay posibilidad de establecer una litis, pues todos los hechos se presumen ciertos; sin embargo, esa presunción es iuris tantum, por lo que acepta prueba en contrario, lo que abre la posibilidad de demostrar que los hechos no ocurrieron.
- La documental ofrecida por la parte demandada, como prueba en contrario, no constituye una excepción propiamente, sino la sine actione agis, que no es otra cosa que la simple negación del derecho ejercido, cuyo efecto jurídico en el juicio solamente produce la negación de la demanda, arrojando la carga de la prueba al actor y obligando al impartidor de justicia a examinar los elementos constitutivos de la acción.
Luego, si bien la aplicación del criterio destacado parte de la falta de contestación de la demanda en el juicio laboral, ello no es obstáculo para que el órgano jurisdiccional otorgue valor al escrito de renuncia que se soslayó oponer como excepción o defensa en aquel ocurso –como aconteció en la controversia de origen–, pues si se permite aquel ejercicio de incorporación a la litis y posibilidad de justipreciación ante la omisión de contestar la demanda, por actualizarse uno de los supuestos previstos en el artículo 879, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo, no se advierte motivo que imposibilite ese aspecto en el caso concreto, donde sí existe contestación.
Máxime que el escrito de renuncia fue estimado no como una excepción por el Alto Tribunal, sino como la sine actione agis, que no es otra cosa que la negación de la demanda, es decir, la negación de los hechos que sustentan la acción ejercitada y, por ende, apto para ser valorado en la controversia laboral.
Aunado a lo expuesto, debe decirse que los tribunales en materia de trabajo deben observar el principio de primacía de la realidad consagrado en el artículo 17 constitucional, tercer párrafo(25) –desarrollado por la Segunda Sala del Alto Tribunal–;(26) de ahí que en atención a dicho postulado, también es que la autoridad responsable estaba en aptitud de valorar el escrito de renuncia, sin que este órgano colegiado advierta vicios en ese ejercicio de apreciación, pues si bien fue objetado en cuanto a su contenido y firma, el actor no se presentó al desahogo del medio de perfeccionamiento y, por ende, se le hicieron efectivos los apercibimientos en el sentido de reconocer, en forma tácita, el contenido y firma de esa documental.
Luego, se insiste en que la incorporación a la litis del escrito de renuncia condigno y su posterior valoración se apega a lo discernido por el Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 106/2005 y al principio de primacía de la realidad, sin que ello vulnere derechos fundamentales del quejoso.
• En diverso aspecto, en ejercicio de la suplencia de la queja deficiente, se advierte que en el laudo reclamado se fijó incorrectamente la carga de probar el monto de las propinas percibidas por el operario, al establecerse el salario para el pago de las prestaciones.
Lo anterior es así, porque se consideró como una prestación extralegal y, por ende, se atribuyó dicho débito probatorio al accionante.
Ahora bien, ese discernimiento es inexacto porque existe criterio obligatorio de la Segunda Sala del Alto Tribunal en el sentido de que, por regla general, la carga probatoria relacionada con el monto al que asciende la percepción por concepto de propinas corresponde al patrón, considerando que éstas forman parte del salario y cualquier controversia vinculada con tal elemento de la relación laboral define que dicha carga corresponde a esa parte procesal, como se refleja en la jurisprudencia 2a./J. 34/2022 (11a.),(27) de rubro y texto siguientes:
"CARGA DE LA PRUEBA EN RELACIÓN CON EL MONTO DE LAS PROPINAS QUE PERCIBÍA EL TRABAJADOR. CORRESPONDE, POR REGLA GENERAL, A LA PARTE PATRONAL EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 346 Y 784 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron el mismo supuesto jurídico, específicamente, a quién corresponde la carga de la prueba sobre el monto al que ascienden las propinas que percibía el trabajador involucrado en un procedimiento laboral de orden jurisdiccional. Así, mientras un órgano colegiado manifestó que dicha carga probatoria corresponde al patrón, el otro manifestó expresamente que tal carga no le corresponde a la parte patronal, y que debe ser la autoridad jurisdiccional laboral la que deba proceder al estudio de la propina reclamada en función de las características del caso.
"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, la carga probatoria relacionada con el monto al que asciende la percepción por concepto de propinas corresponde al patrón, considerando que éstas forman parte del salario y cualquier controversia vinculada con tal elemento de la relación laboral define que dicha carga corresponde a esa parte procesal.
"Justificación: Con el objetivo de garantizar la igualdad procesal, la búsqueda de la verdad, la protección de la actividad laboral y la vida digna de los trabajadores de hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos, se determina que corresponde a la parte patronal, por regla general, la carga probatoria cuando exista controversia sobre el monto que perciben tales empleados por concepto de propinas, cuya percepción tiene un carácter fundamental en el establecimiento de este tipo de relaciones laborales. Esto es así, porque tal ingreso forma parte del salario en términos de lo previsto en el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo, de modo que constituye un elemento esencial de la relación laboral respecto del cual corresponde tal carga al patrón en términos de la fracción XII del artículo 784 del mismo ordenamiento. A tal conclusión formal se suma un análisis de orden práctico que permite advertir que en una proporción importante de las negociaciones asociadas al pago voluntario de propina, el patrón dispone de prueba directa a través del registro contable derivado de los pagos que se realizan mediante el sistema bancario, y que para el resto de casos en los cuales no se tenga pleno registro, el patrón dispone de toda la información asociada a las características de la negociación, datos a partir de los cuales puede inferirse el monto promedio por el mencionado concepto. Asimismo, reconociendo la problemática de orden práctico asociada al hecho de que las propinas no son manejadas por la parte patronal, además de las pruebas directas e indirectas que puede aportar, esta parte procesal también dispone de todos los medios de prueba previstos en la legislación laboral a través de los cuales aporta elementos para la toma de decisión. Finalmente, se reconoce que pueden existir casos en la vida cotidiana que escapen a la posibilidad de tener conocimiento directo o indirecto de los montos promedio que el trabajador percibía por concepto de propina, supuestos respecto de los cuales (y una vez que se ha descartado la imposibilidad de aportar medios de convicción conforme a las pautas anteriores), la autoridad jurisdiccional laboral, en términos del artículo 841 de la citada ley, se encuentra obligada a apreciar los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos respecto de estimación de pruebas, para determinar la credibilidad del monto promedio demandado por la parte trabajadora."
Y si bien dicho criterio fue emitido con posterioridad al inicio de la controversia laboral de origen –siete de octubre de dos mil dieciséis–,(28) ello no implica que deba dejar de aplicarse en el presente asunto.
En efecto, el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo señala lo siguiente:
"Artículo 217.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32208-18fa72b6/renuncia-puede-valorarse-la-exhibida-en-la-etapa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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