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Modo: Corpus Pro

SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. SU TRÁMITE INJUSTIFICADO VIOLA LOS DERECHOS A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL (ACUMULACIÓN) 2/2023. · Registro digital (IUS): 32336
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-04-12
Promovente: SUSCITADO ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DECIMOSEGUNDO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo V, Pág.4398.

CONFLICTO COMPETENCIAL (ACUMULACIÓN) 2/2023. SUSCITADO ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DECIMOSEGUNDO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO. 3 DE OCTUBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GLORIA AVECIA SOLANO. SECRETARIA: ALMA ROSA ENRÍQUEZ TORRES.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Solución.

Este tribunal estima que es improcedente la separación de juicios, por lo que corresponde regresar la totalidad de las actuaciones al juzgador federal que originalmente previno en el conocimiento de la demanda de amparo, esto es, al titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco.

La figura jurídica de la separación de juicios no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Amparo, no obstante, ha sido desarrollada a través de diversos criterios jurisprudenciales, tal como el sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 76/97,(3) ha establecido lo siguiente:

"SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación."

De la transcrita jurisprudencia se observa que si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el juez de Distrito o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional) con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios.

Cabe mencionar, que la separación de juicios tiene la finalidad de lograr una tramitación más diáfana y evitar el pronunciamiento de fallos complicados y confusos en su comprensión, esto es, una mayor administración de justicia, a través de la división de las litis inmiscuidas en una misma demanda de amparo, mediante a formación de expedientes que originen diversos procedimientos.

Dicha figura jurídica se encuentra relacionada con la acumulación de juicios de amparo que, a diferencia de la separación, procede cuando se trate de aquellos promovidos por el propio quejoso en contra de idéntico acto reclamado, aunque las autoridades responsables y las violaciones constitucionales sean distintas o, cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades y por el mismo acto, pero sean diversos los quejosos.

La finalidad de la figura jurídica de la acumulación es obtener la economía en la tramitación de los juicios, ya que varias demandas unidas en un solo procedimiento suponen una menor realización de actividades, en tanto que se dictará una sentencia en la que se tome en cuenta lo actuado en los diversos procedimientos acumulados y se evite el dictado de sentencias contradictorias.

De esa forma, se puede decir que la determinación de no acumular los juicios de amparo produce efectos similares respecto de la determinación de separación de juicios, ya que en ambos casos se decide si los actos reclamados emanan de controversias diversas desvinculadas entre sí y, por ende, deben ser llevados en expedientes separados en aras de una mejor administración de justicia.

Así, es dable tener presente que la separación de juicios opera cuando en una misma demanda de amparo se reclamen actos emanados de juicios diversos o procedimientos, desvinculados entre sí, los cuales deben ser llevados por juicios independientes y en expedientes separados, en aras de una mejor administración de justicia.

Por otro lado, toda vez que el legislador no previó los requisitos para que surja un conflicto competencial por una cuestión de acumulación de juicios (conflicto de acumulación), es que la jurisprudencia dispuso que se siguieran las reglas de los diversos competenciales.

En ese tenor, importa destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 6/96, que dio origen, entre otras, la jurisprudencia P./J. 78/97, estableció que:

"Cómo, cuándo y en qué casos procede la separación de juicios. Esto, sin duda, será posible en todos aquellos casos que no estén contenidos en las dos fracciones que, para la procedencia de la acumulación de juicios, establece el artículo 57 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito se percate, ya durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para esa separación, lo que implicaría que en tal situación deberá iniciar su trámite, deduciéndolo a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado.

"Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; el trámite deberá ser incidental aplicando, en lo pertinente, los artículos referentes a la acumulación a contrario sensu, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación.

"El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes y a las responsables, aplicándose, por analogía, lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, para conocimiento pleno de lo que resolverá el Juez.

"Al decretarse la separación, el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que a cada uno corresponda jurídicamente: Si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, del Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente.

"Esta Suprema Corte de Justicia estima que con lo anterior, en gran medida, se logrará una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse."

Dicha jurisprudencia es de rubro y texto dice:

"SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia."(4)

En ese contexto, se tiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, de ser procedente la separación de juicios, el juez del conocimiento ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, y si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada.

Lo anterior, permite concluir que la separación de juicios no tiene como ánimo la escisión de una demanda en atención a los actos reclamados, y la remisión a otro juzgador por lo que ve a cada uno de ellos, pues –como lo sostuvo el Pleno del Máximo Tribunal– si se resuelven por un mismo juez de Distrito se logrará una tramitación más diáfana que en lo futuro, en ese supuesto, sí evitará el pronunciamiento de fallos complicados.

Luego, para determinar si es procedente la separación de juicios es indispensable desarrollar el procedimiento, el cual encuentra su sustento en la ley de la materia, la jurisprudencia y la norma supletoria, pues, como se señaló, la Ley de Amparo no prevé expresamente la figura de la acumulación o separación de juicios, por lo que debe reiterarse que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la separación de juicios, no estaba prevista en la norma como un procedimiento, sin embargo, debía darse el trámite incidental aplicando, en lo pertinente, los artículos referentes a la acumulación en sentido contrario y dado que en la ley actual tampoco se prevé el procedimiento para la separación ni la acumulación y que por disposición expresa de la Ley de Amparo vigente, el Código Federal de Procedimientos Civiles debe aplicarse supletoriamente, mismo que en su numeral 72 establece:

"Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo.

"La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero."

Como se aprecia, dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia.

En ese sentido, la acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias y bajo una medida de economía procesal, por lo que si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera perturbar sus derechos, ésta no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos.

Sin embargo, en el caso de la separación de autos no acontece lo mismo al tratarse de una medida que resulta antagónica a la acumulación, pues en aquél lo que se busca es escindir una acción de amparo promovida, al advertir el juzgador que en una misma demanda de amparo se intentan acciones que no son compatibles, al no actualizarse en ellos el principio de indivisibilidad de la demanda de amparo; o por ser actos autónomos que no guardan una relación entre sí.

Así, en sentido contrario, debe considerarse que la separación de juicios procederá cuando en una misma demanda de amparo se reclaman actos en los que no se den los supuestos referidos, es decir, cuando la decisión de cada uno no exija la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, de un mismo hecho, ni tiendan al mismo efecto, ni debe resolverse una misma controversia.

Bajo esa línea de pensamiento, este Tribunal Colegiado considera que la separación de juicios, en el caso, no privilegia per se una tramitación sencilla en los juicios de amparo, y tampoco evita el pronunciamiento de fallos complicados o contradictorios.

Ahora bien, tiene razón el Juez Octavo de Distrito que no aceptó la separación de demandas, toda vez que basta la simple lectura de la demanda de amparo para advertir que los actos reclamados sí se encuentran estrechamente vinculados entre sí, ya que derivan de la construcción que se realiza en los predios marcados con los números **********, Jalisco y que según lo afirma la parte quejosa, afecta las fincas de su propiedad, en tanto del capítulo de hechos se advierte lo siguiente:

"1. Luego de que mis representados hoy me hicieron del conocimiento de que tuvieron quejas por parte de los inquilinos y arrendatarios de los inmuebles de su propiedad quienes han sufrido en carne propia los infortunios de una obra que se realiza en los predios marcados con el número ********** Jalisco a espaldas de las fincas que habitan causando daños considerables al punto que los arrendatarios ya no quisieron habitan, en una de las fincas por poner en riesgo su integridad física.

"Es entonces que con fecha 11 de mayo del año 2023, por medio de las suscrita, se dio inicio a un procedimiento administrativo previsto en el artículo 357 del Código Urbano del Estado de Jalisco, para efecto de que se impusieron las medidas de seguridad previstas en el artículo 370 fracción VIII, a fin de salvaguardar la seguridad y la vida de las personas así como la conservación y protección al patrimonio de la zona donde se ubican los predios propiedad de mis representadas como propietarios de las fincas ubicadas en los números ********** Jalisco, tal y como se acredita de los documentos que se anexan a la presente.

"Los predios mencionados, propiedad de mis representadas cuenta con una protección patrimonial al ser parte del listado de bienes y zonas inscritos en el inventario estatal del patrimonio cultural publicado el 13 de junio del año 2015 en el periódico oficial del estado de Jalisco que puede ser consultado en el siguiente enlace

"...

"En dicha publicación se enlistan los domicilios mencionados con un valor artístico ambiental de la siguiente forma.

"...

"Por lo mismo se tiene un interés con relación a cualquier obra constructiva colindante que se lleve a cabo en la zona donde se encuentren sus bienes inmuebles se cuenta con el derecho de exigir que las obras se apaguen o acaten las normas urbanísticas de prevención y seguridad de riesgos y de conservación del valor patrimonial de sus propiedades en tanto sólo se tiene el deber jurídico de soportar que se lleve a cabo una construcción en predio o bien inmueble propiedad de un vecino si ésta se apega a las normas y desde luego no cuando estas lo desacaten o violenten normas y no exista un peligro en su patrimonio su seguridad y la vida de las personas que ahí habitan.

"En efecto dicha obra se encuentra ejecutándose con sustento en los actos que se tiran ilegales en esa solicitud y que serán materia de prueba en el presente juicio de amparo indirecto en específico una obra apartamental vertical en el predio marcado con el número ********** Jalisco.

"Debe señalarse que si bien la construcción de esa obra es un hecho puesto que hay un pozo enorme que aparentemente serán estacionamientos subterráneos que han causado deslaves en el suelo en los terrenos vecinos no obstante ello a los vecinos propietarios nunca se les informó de manera directa puntual y exacta ni le han mostrado los permisos que la amparan es decir las autorizaciones venias o anuencias que hayan expedir las autoridades que establezcan las condiciones o circunstancias en que el desarrollador debería llevarla a cabo por ello se tiene indicios de que existen esas autorizaciones pero no se conocen sus fundamentos y motivos mucho menos si se reunían los requisitos previo a su admisión.

"Desde luego no son los únicos desequilibrios que se generan cuando se desacatan las normas de seguridad y lo que aquí pretendemos hacer patente es que en esta parte no tenía la obligación de soportarlos.

"2. Debe informarse que con fecha 7 de julio del año 2023 personal a cargo del municipio de Guadalajara, compareció a los domicilios a realizar visitas de inspección, determinando que existe riesgo en los inmuebles, por lo que se recomiendan no habitarse, por el daño causado por la obra colindante, lo cual evidencia la urgencia de que se resuelva favorable al procedimiento de medidas de seguridad, pero además de que se revoquen los actos reclamados que avalan una obra que se encuentra ejecutando con irregularidad y sin tomar en cuenta medidas de seguridad a los vecinos de la misma."

Además, en los conceptos de violación las quejosas señalaron:

"En el caso concreto, dichos permisos no debieron de haber sido emitidos, puesto que contravienen toda disposición antes invocada en el presente juicio, puesto que es claro que dicha torre por su magnitud, altura entre otros elementos, tiene que tener estudios suficientes y ejecutarse salvaguardando el patrimonio de todos los vecinos de la misma, su seguridad, el patrimonio cultural, al ser parte de un polígono con esas características lo cual se transgrede claramente y a todas luces, siendo materia de prueba en el presente en la presente instancia.

"No obstante lo anterior, esta parte quejosa siendo respetuosa del estado de derecho, ante los daños sufridos compareció a instancia administrativa, específicamente solicitando que se lleven a cabo las medidas para salvaguardar el patrimonio y la seguridad de las personas mediante el procedimiento previsto en el artículo 357 el código urbano del Estado de Jalisco que señala lo siguiente:

"(se transcribe artículo)

"En efecto, esta parte se duele de daños serios en su patrimonio, causados a raíz de la ejecución irregular de autorizaciones que hasta el día de hoy se desconocen, lo cual se ha hecho del conocimiento también de las autoridades competentes, reservándonos desde este momento nuestro derecho a ampliar la demanda de amparo, una vez que las autoridades rindan su informe correspondiente, y conozcamos los fundamentos y motivos de las mismas, siendo en ese momento que evidenciará su ilegalidad. Lo anterior toda vez que esta parte manifiesta que parte de los actos que se reclaman a la fecha se desconocen en su integridad, en tanto los mismos no son públicos ni se han hecho del conocimiento de la parte quejosa, por ello no conocemos sus fundamentos ni motivos, pues a esta parte no se le ha hecho del conocimiento en forma puntual directa objetiva y completa de los mismos."

De ahí que las omisiones reclamadas en el expediente formado con motivo de la solicitud de medidas cautelares promovido por las quejosas, de conformidad con el artículo 357 del Código Urbano del Estado de Jalisco, tiene relación con el resto de los actos reclamados, en la medida en que el origen de todos ellos, es la obra de construcción que según el dicho de las quejosas, está afectando a los inmuebles de su propiedad; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados derivan de una misma causa por lo que se encuentran estrechamente vinculados entre sí, para efectos de su impugnación en un mismo juicio de amparo.

En ese contexto, es irrefutable que los actos reclamados se encuentran estrechamente vinculados entre sí para efectos de su impugnación en un mismo juicio, pues de resolver lo contrario, provocaría un pronunciamiento de sentencias contradictorias, ya que ante la estrecha vinculación de los actos reclamados, al resolverlos de manera conjunta, se impediría la emisión de sentencias bajo diversas apreciaciones de las circunstancias del caso, que es lo que justamente pretende prevenirse con la acumulación de juicios.

Por ello, el hecho de que existan actos diversos reclamados por las quejosas, no implica per se, que se trate de actos desvinculados entre sí, ya que se traducen, en esencia, en actos que derivan de la construcción de una torre de departamentos, que según el dicho de las quejosas, está causando daños a bienes de su propiedad. Lo anterior es acorde con el artículo 5, fracción l, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que se promueva el juicio constitucional, de manera conjunta, por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aún en el supuesto de que ésta derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

En esas condiciones, este Tribunal Colegiado estima que no procede la separación de juicios que decretó el Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por ende, se declara existente el conflicto de acumulación por separación de juicios; empero, dicha separación resulta improcedente.

En el entendido que este tipo de separaciones de autos, vulnera el derecho de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y faculta al legislador para establecer los plazos en los que deben resolverse los litigios y, por tanto, también a adoptar las medidas que considere necesarias para cumplir ese fin.

Así lo demuestra la jurisprudencia 1a./J. 90/2017(10a.),(5) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:

"DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’, deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios."

En ese escenario, valga destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011, en el sentido de que las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once significaron la introducción de un nuevo paradigma constitucional en México, cuyo objetivo principal es la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas.

En dicho precedente se afirmó que este cambio trascendental exige a todos los operadores jurídicos un minucioso análisis del nuevo texto constitucional para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de éste.

Al respecto, se destaca que el Máximo Tribunal estableció que el nuevo texto del artículo 1o. constitucional se obtiene que:

i) Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

ii) Las personas también gozan de las garantías previstas tanto en la propia Constitución como en tratados, para exigir la tutela de sus derechos humanos;

iii) Que como herramientas interpretativas se impone que las normas de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos, y que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, esto es, acorde con el principio pro persona.

Asimismo, al resolver la contradicción de tesis arriba referida, se determinó que el principio pro persona constituye un criterio hermenéutico propio de la interpretación de los derechos humanos que busca, principalmente, resolver los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos frente a la eventual multiplicidad de normas –e interpretaciones disponibles de las mismas– que resulten aplicables respecto de un mismo derecho.

En este sentido, adoptando como premisa la inviabilidad de resolver este tipo de situaciones con apoyo en los criterios tradicionales de interpretación y resolución de antinomias, el Poder Reformador otorgó rango constitucional al principio pro persona como elemento armonizador y dinámico para la interpretación y aplicación de normas de derechos humanos.

De acuerdo con la tesis aislada de rubro "PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL." [Novena Época; Registro: 165713; Instancia: Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX; Diciembre de 2009; Tesis: P. LXXV/2009, pág. 14].

Es así como, entre otros, este nuevo paradigma constitucional obliga a reevaluar criterios jurisdiccionales, interpretaciones constitucionales y legales, para emitir nuevos pronunciamientos que sean vigentes y acordes con el nuevo marco normativo, imponiéndose como obligatorio que dichos criterios favorezcan a las personas la protección más amplia.

Las directrices referidas, implican el deber de aplicar e interpretar, acudiendo a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se trata de establecer limitaciones legítimas para su ejercicio o para su suspensión extraordinaria.

De lo anterior se sigue que dicho principio permite que, ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, se opte por la que protege en términos más amplios

Así, este nuevo paradigma constitucional, impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica tratar a todas las personas por igual y considerar que el ejercicio de un derecho necesariamente implica que se respeten y protejan los derechos vinculados al mismo, así como evitar cualquier retroceso de los medios establecidos para su ejercicio, tutela, reparación y efectividad.

De la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 293/2011 a que se ha hecho referencia, surgió el siguiente criterio jurisprudencial:

"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32336-959456ff/separacion-de-juicios-de-amparo-indirecto-su-tramite · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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