JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EL PROMOVIDO POR UNA PERSONA TERCERA EXTRAÑA A JUICIO EN SU CARÁCTER DE COPROPIETARIA CONTRA LA ADJUDICACIÓN DE UN INMUEBLE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE EN EL QUE NO SE LE RESPETÓ EL DERECHO DEL TANTO, SIN QUE PREVIAMENTE DEBA AGOTAR LA ACCIÓN DE RETRACTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 422/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 31 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 422/2022, suscitada entre el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la circunstancia de que en el procedimiento de remate se hubiere consumado la venta judicial sin respetarse el derecho del tanto y el copropietario tercero extraño tuviera a su alcance la acción de retracto para reclamarlo, tal situación impediría conceder la protección constitucional solicitada.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver la contradicción de tesis ********** y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión **********.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 422/2022, y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para el estudio correspondiente. En el mismo auto, el entonces Ministro Presidente solicitó a la Presidencia del Pleno de Circuito y al Tribunal Colegiado de Circuito que informaran si sus criterios seguían vigentes.
3. Avocamiento. Por acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala determinó el avocamiento del asunto, y ordenó el envío de los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
I. COMPETENCIA
4. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de criterios emitido entre un Tribunal Colegiado y un Pleno de diverso Circuito, así como no se advierte necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
II. LEGITIMACIÓN
5. La denuncia de la contradicción de criterios fue presentada por parte legítima conforme a los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 26, fracción II , y 227, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, órgano que emitió uno de los criterios contendientes al resolver el amparo el revisión 230/2022 de su índice.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
6. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo que los codueños gozan del derecho del tanto y tienen limitaciones para enajenar a un tercero su parte alícuota; de manera que en el procedimiento relativo a las ventas judiciales, subsiste la obligación de respetar el derecho del tanto, al quedar sustituida la voluntad del ejecutado, correspondiéndole al juez hacer saber al copropietario la situación sobre la parte alícuota del inmueble materia de la litis, pues de lo contrario, no se tendría como legalmente hecha.
7. Mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito sostuvo que mediante la tramitación y el término del procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o adjudicatario que haya cubierto el precio fijado para la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en dicho procedimiento, lo que implica que adquiera un auténtico derecho real en forma análoga como sucedería en el caso de una compraventa entre particulares. Sustentó tal determinación con el criterio de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL."(1)
8. A continuación, se desarrollan los argumentos esenciales que constituyen los criterios contendientes en este asunto.
Criterio del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito (contradicción de tesis **********).
Antecedentes
9. Mediante oficio **********, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis, sustentadas entre dicho órgano colegiado y el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito al fallar los amparos en revisión **********, ********** y **********, respectivamente.
10. En primer lugar, del análisis de los recursos de revisión ********** y **********, se advirtió que los asuntos derivaron de juicios de la misma naturaleza, es decir, ejecutivos mercantiles, que se tramitaron ante distintos órganos jurisdiccionales, y en los que se embargó el cincuenta por ciento de los inmuebles que en esos procedimientos se describieron, cuyo porcentaje se remató y adjudicó a la parte actora, siendo copropietarios de la otra parte del bien; es importante mencionar que los citados quejosos, eran terceros extraños a esos procesos.
11. De lo anterior, los amparos versaron sobre la aprobación del procedimiento de remate y adjudicación, del que se llevó a cabo la venta judicial a favor de la parte demandante, ya que señalaron que no se les respetó su derecho del tanto, pese a ser copropietarios del otro cincuenta por ciento del inmueble materia de la litis y que, por ello, se transgredieron los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales.
12. Ahora bien, en el recurso de revisión **********, se advirtió que los actos reclamados emanaron de un juicio ejecutivo mercantil, que se tramitó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, en el que, se aprobó el convenio de dación en pago celebrado por los contendientes, a través del cual se transmitió a la parte actora, el cincuenta por ciento de un inmueble, respecto del cual, la parte quejosa era copropietaria de la otra parte alícuota, siendo tercera extraña a ese procedimiento; determinación que fue impugnada.
13. A partir de lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, estimó que sí es procedente conceder el amparo al quejoso, cuando se trata de un tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil, donde se embargó un inmueble en un cincuenta por ciento, respecto del cual es copropietario de ese bien, y se lleva a cabo el remate y adjudicación de esa parte secuestrada, sin habérsele respetado su derecho del tanto por parte del juez responsable; aun cuando se haya tenido conocimiento de dicha copropiedad, cuando se reclaman esos actos, por violación a los derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, no obstante que el juez responsable actuó en el remate, a nombre del condueño, no cumplió con las obligaciones que la ley impone a su cargo, entre ellas, el respeto a dicho derecho, con la consecuente notificación personal a los copropietarios por medio de notario o judicialmente, por más que el referido derecho del tanto, se ejerciera antes de que la cosa fuera vendida, porque no podía obligarse al quejoso que ejercitara la acción de retracto, mediante un juicio contradictorio ante la potestad común, cuando se violentaron sus derechos humanos en un juicio en el que no es parte, y porque el hecho de que pudiera impugnar esa vulneración a través de la citada acción de retracto, no era impedimento para que la combatiera a través del amparo indirecto, debido a su calidad de tercero extraño al procedimiento de ejecución, en donde no se permitió ejercer ese derecho del tanto, que la ley le concede. Interpretando para ello, los artículos 950, 973 y 2323 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria del Código de Comercio.
14. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en cita, al resolver el recurso de revisión **********, determinó que si bien en el convenio de dación en pago, respecto del cincuenta por ciento del predio que transmitió el demandado al actor en el juicio mercantil ejecutivo, el juez del conocimiento, previo a aprobar ese convenio, debió notificar personalmente a la quejosa la situación legal en que se encontraba esa parte alícuota del inmueble mencionado, a fin de que estuviera en aptitud, como copropietaria, de hacer uso del derecho del tanto, por lo que no procedía conceder el amparo en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda de garantías, la transacción de la propiedad ya se había consumado, razón por la que, destacó, estaba en aptitud de ejercer el derecho de retracto, conforme el artículo 974 del Código Civil del Estado de Jalisco, máxime que la nulidad del convenio judicial sólo podía decretarse en un juicio contencioso tramitado ante la potestad común, a través del cual se dilucidara si la quejosa era o no titular del derecho del tanto y si éste le fue o no respetado.
15. Y en la diversa revisión **********, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en cita, sostuvo el mismo criterio, al revocar y negar el amparo, en cuanto a que como ya se había realizado la venta en el juicio mercantil ejecutivo, cuando se ejercitó la acción constitucional, no era procedente otorgar la concesión federal impetrada, para que se le llamara a ese procedimiento de ejecución, a efecto de que hiciera valer su derecho del tanto, al ser copropietaria del otro porcentaje del inmueble embargado, rematado y adjudicado al actor en ese juicio, en tanto señaló, que si bien no se había convocado a la reclamante a la celebración del remate a efecto de que estuviera en posibilidad de hacer valer el referido derecho del tanto, en términos de los artículos 973 y 2323, ambos del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente al Código de Comercio.
16. Consideró que ello no conducía a estimar que lo actuado a partir de entonces, era nulo, ni a decretar, como consecuencia, la reposición del procedimiento, a fin de que se le notificara la intención de llevar a cabo la venta para que manifestara si deseaba o no hacer efectiva la prerrogativa en comento, debido a que estaba en aptitud de ejercer el retracto, porque éste y el derecho al tanto, en el fondo, eran lo mismo; salvo que el segundo, se ejercitaba antes de que la cosa fuera vendida; mientras que el primero, se hacía valer cuanto aquélla ya había sido transmitida, concluyendo que, si en el juicio constitucional se acreditó que la quejosa era condueña del inmueble que fue rematado en el proceso natural, así como que no se le llamó al procedimiento de ejecución para que pudiera hacer valer la prerrogativa en comento, era claro que no procedía conceder el amparo, para que se le llamara, sino negarlo; porque a la fecha en que se presentó la demanda constitucional, la venta ya se había consumado, teniendo a su alcance el derecho de retracto, habida cuenta que la nulidad de la compraventa judicial fincada en favor de tercero, sólo podía decretarse en un juicio contencioso seguido ante la potestad común, en el que se dilucidara si la quejosa era o no titular de aquel derecho y si le fue o no respetado.
17. Ahora bien, del análisis de la contradicción aludida, se advierte que el Pleno de Circuito advirtió en primer lugar, que los codueños de una propiedad gozan del derecho del tanto para evitar la admisión de extraños a la citada comunidad, por lo que otorgan a los otros copropietarios un derecho preferente en la adquisición de la parte del otro propietario que desee venderla y que, con el fin de cumplir con esa prerrogativa, se establecen como limitantes, las siguientes:
A. Que un copropietario no puede enajenar a extraños su parte alícuota si los partícipes quieren hacer uso del derecho del tanto.
B. El que desea enajenar debe, para estos efectos, notificar a los demás copropietarios la venta que tuviere convenida.
C. Esa notificación debe realizarse por medio de un notario o judicialmente.
D. Los partícipes tienen un plazo de ocho días para hacer uso del derecho del tanto.
E. Transcurridos los ochos días por el solo transcurso del término se pierde el derecho.
F. Mientras no se haya hecho la notificación la venta no producirá efecto legal alguno.
18. De manera que, si tales disposiciones otorgan a los codueños el derecho del tanto, lo cierto es que también les impone ciertas limitaciones, para que puedan enajenar su parte alícuota, puesto que, por un lado, los copropietarios tienen prohibido transmitir esa parte a un extraño, cuando el codueño quiere hacer uso de ese derecho; y, por otro, tienen la obligación de hacer del conocimiento de los demás copropietarios la venta que tuvieren pactada para que puedan ejercer ese derecho.
19. Lo anterior, con la finalidad de que se respete ese derecho del tanto y limitar la propiedad que tiene cada uno de los copropietarios, impidiendo con ello, que los citados codueños, puedan enajenar por separado y a un extraño a la comunidad, la porción del bien que les corresponde, lo que es acorde con lo que puntualiza el artículo 2279 del Código Civil Federal.
20. Asimismo, sostuvo que el ordinal 2323 del Código Civil Federal, regula las ventas judiciales, respecto de las cuales, establece que se regirán en cuanto a la sustancia del contrato, así como las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, y que éstos no sufran modificación alguna por el hecho de que esa enajenación se realice judicialmente. Por tanto, en dichas ventas judiciales subsiste para los copropietarios la obligación mutua de respetar el derecho del tanto, ya que jurídicamente, debe considerárseles como cualquier otro copropietario; razón por la que es necesario, que el juez responsable, firme la sentencia y previamente a su ejecución, deberá hacer saber al copropietario, mediante notificación personal, la situación que prevalece sobre una parte alícuota del inmueble controvertido, con el objeto de que, si es su deseo, haga uso de su derecho del tanto, en virtud de que dicha autoridad, al realizar la venta judicial, obra a nombre del condueño, y por ello, debe respetar el derecho del tanto, a fin de que se considere legalmente hecha tal venta.
21. Consideró que el mismo tratamiento debía darse respecto a los artículos 961, 973 y 974 del Código Civil del Estado de Jalisco, que sirvió de fundamento para uno de los tribunales contendientes, en la diversa revisión **********, ya que su contenido es similar al 973 del Código Civil Federal, pues se desprende el derecho del tanto del que gozan los codueños y de las limitaciones que tienen cada uno de ellos, al pretender enajenar a un tercero extraño la parte alícuota que le corresponde, si el copartícipe quiere hacer uso de ese derecho.
22. De ahí que, en las ventas judiciales, el juzgador se substituye en la voluntad del particular ejecutado, ya que transmite a nombre de éste la propiedad del bien, por lo que, en esa medida, queda obligada la autoridad de cumplir con lo que establece el ordinal 974 del Código Civil del Estado de Jalisco, de hacer saber al copropietario del inmueble objeto de la venta y el estado en que se encuentra la parte alícuota afectada, pues de lo contrario esa venta no producirá efecto legal alguno.
23. Con base en lo anterior, indicó que un condueño podrá hacer valer el derecho del tanto, cuando se le notifique por parte de su copropietaria la venta que tiene transmitida con un tercero extraño, y que una vez que transcurra el término, para que haga uso de ese derecho, si no lo ejercita, lo perderá. Y en el supuesto de que el copropietario enajene la parte alícuota a un tercero, sin hacer del conocimiento al otro u otros codueños, la venta que realizó a ese tercero extraño, tendrá a su alcance el derecho de retracto, el que podrá ejercitar a través de un juicio contencioso.
24. Sin embargo, si bien el derecho del tanto y del retracto, en el fondo, son lo mismo, salvo que el primero se ejerce antes de que la cosa sea vendida, y el segundo, cuando aquélla ya ha sido transmitida, siendo presupuesto procesal de ambos, la existencia de la copropiedad; y que, con motivo de la enajenación que uno de los copropietarios hace en favor de un tercero extraño a la comunidad, se pueden presentar dos situaciones:
I. Cuando la venta está simplemente propalada: Puede ejercer el derecho del tanto, lo que implica una venta directa del enajenante a favor de quien ejercita el del tanto, en los mismos términos que del contrato transmitido con el tercero.
II. Cuando ya está consumada, como acontece en la especie: los copropietarios que no fueron llamados a juicio pueden ejercitar el derecho de retracto, por medio del cual el copartícipe actor se subroga en todos los derechos y obligaciones del comprador; y que en los diversos asuntos que se analizan, en la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, la subasta judicial ya se había consumado.
25. De ahí que, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio natural de donde derivan los actos reclamados, e impugna en la vía constitucional y no mediante un juicio contencioso del fuero común, que no se respetó en el procedimiento de remate, su derecho del tanto por parte del juez responsable, violándose sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica; es posible la concesión del amparo, aun cuando tenga a su alcance la acción de retracto para reclamar ese derecho del tanto, debido a su calidad de tercero extraño, sin que la autoridad haya respetado el derecho del tanto, con la consecuente notificación judicial a los copropietarios.
26. De forma que la circunstancia de que el quejoso tenga a salvo su derecho para hacer valer la acción de retracto, no es suficiente para negar el amparo, porque sería tanto como equiparar dicha acción a un recurso ordinario, que deberá agotarse antes de impugnar el remate, en la vía constitucional.
27. Por tanto, estimó que si bien era cierto que el titular del derecho del tanto, pudo ejercer la acción de retracto cuando aquél no le fue respetado, ello no representaba obstáculo para que, si en el caso se trató de un tercero extraño al procedimiento de remate y adjudicación, y en el mismo la autoridad responsable incurrió en la omisión de notificarle la venta judicial del inmueble controvertido, dicho tercero acudió al juicio de amparo para impugnar ese procedimiento, porque de imponerle la obligación de ejercitar la referida acción, previo a instar la acción constitucional, sería condicionarlo a que agotara un medio ordinario, puesto que, en todo caso, el afectado tuvo el derecho optativo de acudir ante el órgano de justicia común o promover en la vía de amparo a cargo de los tribunales constitucionales. 28. Señaló que no puede estimarse válidamente que el quejoso sólo tuviera a su alcance la acción de retracto, para reclamar su derecho del tanto, cuando ya fue aprobado en definitiva la venta judicial, pues estimar lo contrario, sería soslayar que la finalidad de la concesión del amparo es, precisamente, retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de que se cometiera la violación al derecho humano, sin importar que esa transgresión reclamada estuviere consumada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.
29. De ahí que, si en la venta judicial del bien no se respetó tal prerrogativa al copropietario que comparece al juicio de amparo como persona extraña al procedimiento de remate, y ya se encontraba consumada, ello no impedía otorgar la concesión del amparo, porque mientras no se hubiere hecho la notificación al copropietario en los términos señalados en el artículo 973 del Código Civil Federal, la venta judicial no produjo efecto legal alguno en contra del quejoso, es decir, puede ser anulada; y, porque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; facultad que incluso permite al juzgador de amparo, ordenar que se dejen sin efectos todas las actuaciones que estén inmiscuidas en la violación al derecho humano del quejoso, que hubiere estimado probadas.
30. Aunado a ello, indicó que otro supuesto sería el relativo al amparo indirecto que se promueve por un tercero extraño al juicio, con el objeto de reclamar el embargo recaído sobre algún bien de su propiedad, en cuyo caso, el Código de Comercio, en sus artículos 1,362, 1,367 y 1,368, prevén la tercería excluyente de dominio a través de la cual el tercero opositor, titular de los bienes o derechos que defiende y que han sido afectados en el juicio en el que se promueve, puede obtener que se declare el levantamiento del embargo recaído sobre los mismos, y que se condene a los que lo tengan, a devolvérselos, con todos sus frutos y accesiones, cuando se le ha privado de la posesión.
31. Lo anterior es así, pues se considera que la tercería excluyente de dominio decide un aspecto sustantivo ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia; además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; de ahí que, la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio prexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo.
32. Luego, aun cuando las aludidas tercerías tienen el mismo objeto, al promoverse el amparo, éste no se torna improcedente, por el hecho de que el quejoso también tenga a su alcance la tercería excluyente de dominio, a menos de que se hagan valer paralelamente, contra el mismo acto, tanto el amparo como la tercería.
33. En esa tesitura, concluyó que, tanto en la tercería excluyente de dominio como en la acción de retracto ante la presentación de la demanda de amparo, no permiten desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, puesto que, aun cuando en el juicio de retracto puedan reclamar su derecho del tanto, ello no impide que lo hagan a través del juicio de garantías, si consideran que les acarrea mayor beneficio.
34. Por ende, al no existir duda sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, en el caso que se analizó, el Pleno concluyó que el hecho de que la venta judicial se hubiere consumado, no generó en forma directa y automática que se tuviera que negar la protección constitucional solicitada por un tercero extraño al procedimiento de remate, donde no se le dio la oportunidad de hacer valer su derecho del tanto, y obligarlo a que ejerza la acción de retracto a través de un juicio contradictorio ante la potestad común, donde reclamara tal derecho, por no notificar al copropietario la venta judicial, a fin de que pudiera ejercer el derecho del tanto.
35. De lo anterior, consideró que debía prevalecer el criterio de rubro: "DERECHO DEL TANTO. EL HECHO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE SE HUBIESE CONSUMADO LA VENTA JUDICIAL SIN RESPETARSE AQUÉL Y EL COPROPIETARIO TERCERO EXTRAÑO TENGA A SU ALCANCE LA ACCIÓN DE RETRACTO PARA RECLAMARLO, NO IMPIDE QUE PUEDA CONCEDERSE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA."(2)
Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (amparo en revisión **********).
Antecedentes
36. Dicho asunto tiene como origen un juicio ejecutivo mercantil en el que se demandó a dos personas físicas, una como deudora principal y la otra como aval, el pago de una cantidad de dinero por concepto de suerte principal, el pago de intereses moratorios, así como el de gastos y costas.
37. Del asunto correspondió conocer al Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, quien, en la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago, trabó embargo respecto del cincuenta por ciento de un inmueble a bienes del aval.
38. Posteriormente, seguidas las etapas procesales, el juez de conocimiento dictó sentencia en la que condenó al aval al pago de la suerte principal e intereses moratorios (que fueron reducidos oficiosamente por considerarse usurarios- a razón del uno punto cuarenta y tres por ciento), sin hacer especial condena al pago de gastos y costas.
39. En la etapa de ejecución, se ordenó el remate del inmueble embargado en el que se determinó que la cantidad condenada correspondía al cincuenta por ciento de su valor y que serviría como postura legal; así, celebrada la audiencia en pública almoneda, se adjudicó al actor el cincuenta por ciento del bien embargado.
40. En contra de lo anterior, una persona física promovió demanda de amparo indirecto, reclamando no haber sido llamada al procedimiento de remate y adjudicación del inmueble para hacer valer su derecho del tanto, al ser cónyuge del aval demandado.
41. El Juez de Distrito que conoció del asunto consideró actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo debido a que fue insuficiente que la quejosa tuviera el carácter de tercero extraño al juicio natural como consecuencia del vínculo matrimonial bajo el régimen de sociedad conyugal, y que se adquirió el inmueble durante la vigencia del matrimonio, pues era necesario que demostrara que el bien estuviera inscrito a su nombre o que la sociedad lo estuviera ante el Registro Público de la Propiedad a fin de que fuese oponible a terceros.
42. Además, determinó que el derecho de la parte quejosa no fue afectado, pues se respetó su cincuenta por ciento del inmueble embargado, habiéndosele emplazado al diverso juicio relativo a la disolución de la copropiedad, turnado al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, al considerarla litisconsorte pasivo.
Criterio jurídico
43. El Tribunal Colegiado de Circuito al conocer del recurso de revisión calificó como fundados los conceptos de violación al considerar que de acuerdo con lo resuelto por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 313/2015, señaló que en diversos criterios se ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la promoción de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional.
44. Así, indicó que el Alto Tribunal determinó que, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la parte quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio.
45. Que lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implicó pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedó sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa derivaran razones jurídicas de las que pudiera concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debía haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclamó.
46. Conforme a la litis constitucional planteada, se formuló la siguiente interrogante: ¿en términos de la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito citada por la quejosa, mediante el juicio de amparo se puede tutelar el derecho del tanto con motivo de la sociedad conyugal en la venta judicial
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32357-b70efc9f/juicio-de-amparo-indirecto-es-procedente-el-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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