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AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO SE IMPUGNA POR VICIOS PROPIOS SU PARTICIPACIÓN EN LA APROBACIÓN DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL LOCAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 267/2023. · Registro digital (IUS): 32373
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-26
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo II, Pág.2305.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 267/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL NOVENO CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2024. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. Al pronunciarse sobre la legitimación pasiva de los Ayuntamientos en el juicio de amparo promovido contra un precepto de la constitución local, los tribunales colegiados de circuito contendientes arribaron a conclusiones disímiles, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que no se les debía reconocer el carácter de autoridades responsables en virtud de que no participan en la creación o modificación de la norma cuestionada sino únicamente en su aprobación, mientras que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito consideró que su llamamiento a juicio era necesario porque la aprobación de la norma adicionada o reformada por el congreso local forma parte del proceso legislativo correspondiente.

En razón de lo anterior, la quejosa en el juicio de amparo del que deriva el recurso de queja que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, denunció la contradicción de criterios.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.

El problema jurídico por resolver estriba en determinar si para efectos del juicio de amparo indirecto, los Ayuntamientos tienen el carácter de autoridades responsables, cuando se reclama un precepto de la constitución local.

ANTECEDENTES

1. Por resolución dictada el diez de agosto de dos mil veintitrés, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur se declaró legalmente incompetente para conocer de la contradicción de criterios 30/2023 de su índice, en virtud de que se suscita entre tribunales colegiados de diversa región. A tal efecto, precisó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito pertenece a la circunscripción territorial de la Región Centro-Sur, mientras que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito pertenece a la circunscripción territorial de la Región Centro-Norte. En consecuencia, determinó que lo procedente era remitir la denuncia de contradicción de criterios a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales conducentes.

2. Mediante acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número 267/2023. Asimismo, ordenó se turnara el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf y requirió a las presidencias de los órganos colegiados contendientes para que remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos de su respectivo índice e informaran si el criterio en ellas sustentado se encontraba vigente.

3. Previo dictamen de la Ministra ponente, por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avoca al conocimiento del asunto.

4. En virtud de la readscripción de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordenó el returno del asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán, mediante proveído presidencial de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.

I. COMPETENCIA

5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción V del punto Segundo y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023 toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales colegiados de diversa región sobre un tema de materia común respecto del cual existe criterio del Tribunal Pleno que orienta el sentido de la decisión y por tanto se estima innecesaria su intervención.

II. LEGITIMACIÓN

6. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la parte recurrente en el recurso de queja 86/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

III. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

7. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente, cuando al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que si el problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales a través de la unidad interpretativa del orden jurídico.(1)

8. En ese contexto, debe estimarse que sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que al resolver los asuntos de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si los Ayuntamientos tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando se reclama un precepto de la constitución local. Sin embargo, arribaron a conclusiones disímiles.

9. Es así, porque al resolver el recurso de queja 86/2023 de su índice, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues si bien participaron en la aprobación de la reforma al artículo 26, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, lo cierto es que ello no actualiza el supuesto previsto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo relativo a que, tratándose de normas generales, deben señalarse con tal carácter a las que "hubieren intervenido en la aprobación de la norma (Congreso), titular que la promulga (Gobernador) y su refrendo (sólo cuando se reclame por vicios propios)".

10. Destacó que "si bien conforme al artículo 140 de la Constitución Política del Estado de Puebla, dichos Ayuntamientos intervienen en el proceso legislativo de las adiciones o reformas a la mencionada constitución local, ello de ninguna forma implica que hayan participado de manera estricta en la aprobación de la norma, ya que los Ayuntamientos únicamente colaboran en el perfeccionamiento de esa aprobación, bajo un criterio de mayoría que se obtiene del cómputo de esas aprobaciones, correspondiendo la aprobación estricta de la norma al Congreso del Estado o a la Comisión Permanente".

11. Por tal motivo, determinó que el desechamiento de la demanda de amparo, por cuanto se refiere a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, se encontraba ajustado a derecho, toda vez que "no se ubican en la hipótesis que prevé el artículo 5, fracción II, de la legislación invocada, en razón de que no dictan, no ordenan, no ejecutan ni tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria". En consecuencia, declaró infundado el recurso de queja.

12. En cambio, al resolver el recurso de revisión 72/2020 de su índice, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito estableció que aun cuando los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de San Luis Potosí únicamente participan en la aprobación de los preceptos de la constitución local reformados o adicionados por el congreso estatal sin poder modificarlos, lo cierto es que deben ser llamados al juicio de amparo promovido contra tales preceptos, dado que su intervención forma parte del proceso legislativo correspondiente, máxime que "el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, según sea el caso, se encuentran vinculados a llevar a cabo el cómputo de los votos de aquéllos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas" respectivas.

13. A mayor abundamiento señaló que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los Ayuntamientos gozan de legitimación pasiva en las controversias constitucionales cuando se cuestiona el proceso de reformas o adiciones a las constituciones locales, "con mayor razón, en el proceso de control constitucional que por antonomasia se erige como la garantía de protección de los derechos humanos, como es el juicio de amparo, pues resulta incuestionable que es donde esa regla debe alcanzar su mayor amplitud".

14. De acuerdo con lo anterior determinó que, en virtud de que la parte quejosa deliberadamente optó por no señalar como autoridades responsables a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo procedente era confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio respecto del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

15. Como se puede advertir, al pronunciarse sobre la legitimación pasiva de los Ayuntamientos en el juicio de amparo promovido contra un precepto de la constitución local, los tribunales colegiados de circuito contendientes arribaron a conclusiones disímiles, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que no se les debía reconocer el carácter de autoridades responsables porque no participan en la creación o modificación de la norma cuestionada, sino únicamente en su aprobación, mientras que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito consideró que su llamamiento a juicio era necesario porque la aprobación de la norma adicionada o reformada por el congreso local forma parte del proceso legislativo correspondiente.

16. Luego, resulta claro que sí existe una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito que debe dilucidarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

17. No pasa inadvertido que, para arribar a sus respectivas conclusiones, los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron el procedimiento previsto en diversas constituciones locales para adicionar o reformar sus propias disposiciones.

18. Sin embargo, ello no es óbice a la conclusión alcanzada, dado que la intervención de los Ayuntamientos en el proceso legislativo correspondiente se regula en términos análogos en los citados ordenamientos, en tanto se establece que las reformas o adiciones a las disposiciones de la constitución formarán parte de la misma una vez que hayan sido aprobadas por la mayoría (relativa en un caso y absoluta en otro) de los diputados y la mayoría absoluta de los Ayuntamientos, caso en el cual, el congreso local hará la declaratoria correspondiente.

19. Así, se desprende de los artículos 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí que, respectivamente, a la letra se leen:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

"ARTÍCULO 140. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado. El Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas."

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.

"ARTÍCULO 138. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requerirá su aprobación por el voto de por lo menos las dos terceras partes del número total de los diputados, y el voto posterior de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado.

"Los Ayuntamientos tendrán un plazo no mayor de dos meses para pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas que les sean enviadas por el Congreso; este plazo comenzará a partir de la recepción de las mismas. De no pronunciarse en el plazo estipulado se les tendrá por conformes con los términos y, por tanto, aprobadas las adiciones o reformas enviadas por el Congreso.

"Una vez cumplida cualquiera de las hipótesis señaladas en los párrafos anteriores, el Congreso del Estado, o la Diputación Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas."

20. En tal orden de ideas, debe estimarse que el punto de contradicción a dilucidar estriba en establecer si para efectos del juicio de amparo indirecto, los Ayuntamientos tienen el carácter de autoridad responsable cuando se reclama un precepto constitucional local cuya validez está sujeta a su aprobación.

IV. ESTUDIO

21. Para definir el criterio que ha de prevalecer con carácter de jurisprudencia es menester establecer primero, quiénes tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose de normas generales; y segundo, cuál es el grado de intervención de los Ayuntamientos en el proceso legislativo de reformas o adiciones a la constitución local.

22. En ese orden, debe señalarse que la Ley de Amparo prevé en su artículo 5, fracción II, que tiene el carácter de autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.(2)

23. En tanto que en la fracción III del artículo 108 se establece que en la demanda del juicio de amparo indirecto se deben señalar a las autoridades responsables, en la inteligencia de que tratándose de normas generales, se debe mencionar con tal carácter a los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su promulgación; y que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley y en su publicación sólo deberán señalarse con ese carácter cuando tales actos se impugnen por vicios propios.(3)

24. De los referidos numerales se colige que para efectos del juicio de amparo indirecto tienen el carácter de autoridades responsables, en todos los casos, las que participaron en la discusión, aprobación y promulgación de la norma general impugnada, mientras que las autoridades que intervinieron en el refrendo del decreto promulgatorio y su publicación, sólo tendrán ese carácter cuando sus actos se impugnen por vicios propios.

25. Precisado lo anterior, debe ahora señalarse que en las constituciones políticas de las entidades federativas vigentes –excepto las de Baja California Sur, Nuevo León y Oaxaca–, se establece que las reformas o adiciones a la constitución se consideran parte de la misma, siempre que se hayan aprobado por la mayoría –calificada o absoluta– de los diputados integrantes de la legislatura y de los Ayuntamientos, caso en el cual se hará la declaratoria correspondiente por el congreso o por la diputación permanente.

26. Importa destacar que la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza señala que la comisión respectiva deberá emitir un nuevo dictamen pronunciándose en sentido afirmativo o negativo respecto del sentir de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos, el cual se someterá a discusión y aprobación del congreso. Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro establece que los Ayuntamientos deberán ser convocados por la legislatura para participar en sus trabajos de estudio y dictamen.

27. También es importante mencionar que en las Constituciones Políticas de los Estados de Chihuahua, Morelos y San Luis Potosí se precisa que las reformas o adiciones que tengan como propósito adecuar sus disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente se aprobarán por el congreso local. En la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se prevé que no será necesaria la aprobación de los Ayuntamientos cuando las reformas atiendan a un mandato de la Constitución Federal, de las normas nacionales, únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión o a la declaratoria de invalidez emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

28. Lo hasta aquí expuesto permite establecer que, con las excepciones antes destacadas, la validez de las reformas y adiciones a las constituciones locales vigentes está sujeta a su aprobación por la mayoría –calificada o absoluta– de los integrantes de la legislatura y de los Ayuntamientos.

29. Por tanto, si en el juicio de amparo indirecto tienen el carácter de autoridades responsables las que participaron en la discusión, aprobación y promulgación de la norma general que se impugna, es dable sostener que los Ayuntamientos tienen tal carácter cuando se reclama una norma constitucional local cuya validez está sujeta a su aprobación.

30. Sirve de apoyo a la consideración que antecede, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 106/2009 del Tribunal Pleno que a la letra se lee:

"LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUENTAN CON ELLA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CUANDO SE IMPUGNA UNA REFORMA O ADICIÓN A LA CONSTITUCIÓN LOCAL.

"Del artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su exposición de motivos del 6 de abril de 1995, se advierte que tendrá la calidad de demandado en la controversia constitucional contra disposiciones generales la entidad, poder u órgano que hubiese intervenido en su emisión y promulgación, siempre que tal participación en el proceso legislativo sea necesaria para la validez de la norma impugnada, en el entendido de que sólo podrán concurrir al juicio los órganos estatales originarios, mas no los derivados o subordinados. En ese orden de ideas, si para que las reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California formen parte de ella deben satisfacerse, entre otros requisitos, el de la votación mayoritaria de los Ayuntamientos de la entidad federativa, en términos de los artículos 34 y 112 de la Constitución Local, es inconcuso que debe tenérseles como demandados y con legitimación pasiva en la controversia constitucional en la que se cuestione una norma local constitucional, ya que para la validez de tales reformas o adiciones es necesaria la participación de los Municipios y, por ende, forman parte de la emisión de la norma general impugnada, actuando como órganos originarios diferenciados del Congreso Local en el procedimiento legislativo especial de referencia."(4)

31. No obstante, esta Segunda Sala estima pertinente acotar la intervención de los Ayuntamientos en el juicio de amparo a los casos en que los actos que se les atribuyen se reclamen por vicios propios, a fin de evitar el retardo injustificado del procedimiento y el alto costo que en ciertos casos implicaría su llamamiento a juicio.

32. Para establecer las razones de ello debe tenerse en cuenta que en la exposición de motivos de la Ley de Amparo en vigor, se precisó:

"Finalmente, como un mecanismo complementario que permitirá la agilización del procedimiento y la forma en la que intervienen las autoridades señaladas como responsables en tratándose de amparo contra normas generales se establece que en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios, con lo cual se pretende evitar la ociosa y costosa intervención de estas autoridades en el juicio que se ha venido desarrollando, aun cuando en la generalidad de los casos sus actos no son impugnados por vicios propios, sino por la simple circunstancia de intervenir en el proceso de formación de la ley y ser señaladas como autoridades responsables, a pesar de que, conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos, carecen de legitimación para defender el contenido de la norma general que se impugne y aun concediéndose el amparo resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de estas autoridades."

33. Como se puede advertir, para el caso del juicio de amparo contra normas generales, el legislador ordinario estimó necesario limitar la participación de las autoridades que intervienen en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma impugnada y su publicación, a fin de agilizar el procedimiento y evitar el alto costo que genera su llamamiento a juicio, habida cuenta de que, por regla general, ello resulta innecesario porque tales actos no se impugnan por vicios propios, sino por formar parte del proceso legislativo correspondiente.

34. En esa tesitura, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos que derivan del análisis de las constituciones locales vigentes:

• La intervención de los Ayuntamientos en el proceso de reformas y adiciones a la constitución local, por regla general, se limita a autorizar las que previamente fueron discutidas y aprobadas por la legislatura sin poder modificarlas. Sólo las constituciones de los Estados de Coahuila de Zaragoza y Querétaro les otorgan una mayor participación.

• En algunos supuestos, las reformas y adiciones a la constitución local no precisan la aprobación de los Ayuntamientos para su validez.

• No todas las disposiciones de las constituciones locales trascienden al ámbito de competencia de los Municipios, dado que también prevén las bases conforme a las cuales se han de organizar los órganos estatales y su marco de atribuciones, así como los derechos y obligaciones de las personas.

• En algunas entidades federativas existen más de cien Municipios, tal es el caso del Estado de México (125), Jalisco (125), Yucatán (106) y Chiapas (124); en algunos otros existen más de doscientos Municipios como sucede en el Estado de Puebla (217) y Veracruz de Ignacio de la Llave (212) y de especial relevancia resulta mencionar que el Estado de Oaxaca tiene más de quinientos Municipios (570).(5)

35. Lo expuesto con antelación permite arribar a la conclusión de que, tratándose del juicio de amparo contra normas constitucionales locales, la intervención de los Ayuntamientos puede resultar innecesaria ya que, por regla general, su participación en el proceso legislativo correspondiente se constriñe a sancionar las reformas y adiciones previamente aprobadas por el congreso local sin poder modificarlas o emitir alguna opinión que deba ser considerada por la legislatura previo a la emisión de la declaratoria correspondiente; por tanto, su llamamiento a juicio debe limitarse a aquellos supuestos en los que se impugne por vicios propios el acto que se les atribuye, habida cuenta del tiempo necesario para hacerlos comparecer a juicio y, secundariamente, lo oneroso en virtud del elevado número de Municipios que existen en algunas entidades federativas.

36. En suma, si bien es cierto que en términos de lo previsto en los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, los Ayuntamientos tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando se impugna un precepto de la constitución local cuya validez precisa de su aprobación; también es verdad que su intervención puede resultar innecesaria en tanto que, por regla general, su participación en el proceso legislativo correspondiente se constriñe en aprobar las reformas y adiciones previamente discutidas y autorizadas por el congreso local sin posibilidad de modificarlas o emitir opinión alguna. Por tanto, para evitar el retardo injustificado del procedimiento, debe estimarse que en ese supuesto, los Ayuntamientos tienen el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando el acto que se les atribuye se reclama por vicios propios. Lo que cobra relevancia al tener en cuenta que debido al elevado número de Municipios que existen en algunas entidades federativas, el llamamiento a juicio de las citadas autoridades puede resultar tan oneroso como infructuoso.

V. DECISIÓN

37. Por las razones antes expresadas, con fundamento en lo previsto en los artículos 215, 217 y 225 de la Ley de Amparo, se concluye que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis:

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si los Ayuntamientos tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo indirecto cuando se impugna un precepto constitucional local. Mientras que uno determinó que no se les debe reconocer ese carácter porque no participan en la creación o modificación de la norma cuestionada, sino únicamente en su aprobación, el otro consideró que su llamamiento a juicio es necesario porque la aprobación que llevan a cabo de la norma adicionada o reformada por el Congreso Local forma parte del proceso legislativo.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos del amparo indirecto, los Ayuntamientos tienen el carácter de autoridad responsable cuando se impugna una disposición de la Constitución Local cuya validez requiere de su aprobación, únicamente cuando el acto que se les atribuye se impugna por vicios propios.

Justificación: Conforme a los artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de normas generales, tienen el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto las que participaron en su discusión, aprobación y promulgación. Sin embargo, dado que la intervención de los Ayuntamientos, por regla general, se constriñe a aprobar las reformas y adiciones previamente discutidas y autorizadas por el Congreso Local, sin posibilidad de modificarlas o emitir opinión que deba ser considerada previo a la emisión de la declaratoria correspondiente, tienen el carácter de autoridad responsable únicamente cuando se reclama por vicios propios el acto que se les atribuye, debiéndose entender que sólo se deben emplazar a juicio aquellos respecto de los que se reprochan tales vicios. Esto es relevante por el elevado número de Municipios en que se dividen algunas entidades federativas, pues el llamamiento a juicio de las citadas autoridades puede resultar tan oneroso como infructuoso.

Por lo antes expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.—Existe la contradicción de criterios denunciada.

SEGUNDO.—Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala que ha quedado redactado en el último considerando de esta ejecutoria.

TERCERO.—Publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, envíese la jurisprudencia y la parte considerativa de este fallo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, para efectos de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta conforme a los referidos artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). Las Ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama emiten su voto en contra.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Apoya tal consideración, la jurisprudencia P./J. 72/2010 que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010. Página 7. Novena Época.

2. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32373-4099b815/autoridad-responsable-para-efectos-del-amparo-indirecto-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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