SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LOS ACTOS RECLAMADOS ESTÁN VINCULADOS POR LA MISMA CAUSA, COMO CUANDO SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA FISCALIZADORA SU EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 24/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 7 DE MARZO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. SECRETARIO: JUAN DANIEL TORRES ARREOLA.
III. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, conforme a los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo; 42, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso 38/2023 del propio Consejo por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia de trabajo suscitada entre dos tribunales colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, pertenecientes a la Región Centro-Norte.
IV. LEGITIMACIÓN
14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, órgano involucrado en los criterios en contienda, por lo que se actualiza el supuesto de los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III de la Ley de Amparo.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el conflicto de separación de juicios 1/2023.
15. Antecedentes procesales. Un síndico municipal de un ayuntamiento promovió juicio de amparo indirecto contra los actos y autoridades siguientes:
a) Del Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (autoridad ordenadora) el acuerdo dictado dentro de un procedimiento laboral que ordena hacer efectiva una multa –a manera de crédito fiscal–, derivada del incumplimiento de pago y señalamiento de bienes para embargo, por parte del ayuntamiento demandado, para cumplir laudo condenatorio emitido en un juicio laboral burocrático;
b) Del Actuario adscrito, la notificación del acuerdo reclamado y,
c) Del Secretario de Finanzas de la entidad (autoridad ejecutora), el cumplimiento que se ordenó dar en el auto dictado por la autoridad judicial ordenadora, esto es, el cobro de la multa impuesta.
16. De la demanda de amparo conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien registró el expediente y decretó la separación de juicios, en virtud de que la quejosa reclama actos de distintas autoridades, por tanto, resolvió que se encuentran desvinculados entre sí y estos actos tendrían que examinarse por separado, por lo que únicamente admitió la demanda respecto del cobro de la multa impuesta (acto de ejecución).
17. A fin de continuar con el trámite de separación de juicios, el Juez de Distrito remitió copia de lo actuado al órgano jurisdiccional en turno, para que conociera de los restantes actos reclamados atribuidos al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y notificador, consistentes en el acuerdo que ordenó hacer efectiva la multa y su notificación.
18. Al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, le correspondió el conocimiento de la demanda, la registró y se opuso a la separación de juicios, por considerar que los actos sí se encontraban estrechamente vinculados entre sí y era necesario resolverlos de manera conjunta.
19. Por esas razones, denunció el conflicto de separación de juicios suscitado entre ambos juzgados federales, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien declaró improcedente la separación del juicio decretada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.
20. Consideraciones que sustentan su criterio. Consideró que los actos reclamados se encuentran estrechamente vinculados, aun cuando se atribuyan a diversas autoridades; lo estimó así, porque el quejoso reclamó el acuerdo en que se le impuso la multa, su notificación y el cobro de la referida sanción, estos dos últimos, como actos de ejecución del señalado en primer término.
21. Apoyó su determinación en los criterios jurisprudenciales P./J. 76/97, P./J. 77/97 y P./J. 78/97, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes:
"SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación."(1)
"SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá."(2)
"SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia."(3)
22. Conforme a lo anterior, el órgano colegiado señaló que cuando en una demanda de amparo se reclamen actos emanados de juicios diversos desvinculados entre sí, se torna necesaria la separación de juicios; lo anterior, a fin de lograr una tramitación más sencilla, de manera que se evite pronunciar fallos complicados y de difícil comprensión, tanto como para el trámite en materia de cumplimientos, como en caso de que se interponga algún medio de impugnación en su contra.
23. Precisó que, la separación de juicios puede concebirse en sentido contrario a la acumulación, debido a que se encuentra sujeta a los siguientes supuestos: i) Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso y por el mismo acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables, o ii) Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en la controversia o que sean extraños.
24. Concluyó entonces que, en sentido contrario a esos supuestos, procede la separación de juicios cuando se esté en el caso de que en una misma demanda de amparo se reclamen actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí.
25. Lo anterior, partiendo de que la figura jurídica de la acumulación tiene como objetivo obtener la economía en la tramitación de los juicios, ya que varias demandas unidas en un solo procedimiento suponen una menor realización de actividades, ya que se dictará una sentencia en la que se considere lo actuado en los procedimientos acumulados y evitar el dictado de sentencias contradictorias; por su parte, la figura procesal denominada: "separación de juicios" persigue una mejor administración de justicia, mediante la formación de expedientes que originaron diversos procedimientos desvinculados entre sí.
26. Precisó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los conflictos competenciales 326/2018 y 492/2018, analizó una situación similar al caso concreto, en lo referente a la forma en que debe tramitarse una demanda de amparo indirecto en que se señalen como actos reclamados el acuerdo que impuso una multa, así como su ejecución, consistente en el cobro de la sanción decretada.
27. Con base en esas consideraciones, el Segundo Tribunal Colegiado concluyó que los actos reclamados se encuentran estrechamente vinculados, en tanto que la notificación y cobro de la multa no son autónomos en sí mismos, esto es, no fueron producto de la actividad espontánea de las autoridades responsables ejecutoras, sino que éstas actuaron en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal burocrático; de tal suerte que, los actos de ejecución se encuentran supeditados a la subsistencia del propio acuerdo jurisdiccional, por lo que al impugnarse en una sola demanda de amparo, es preferente el estudio de constitucionalidad del acuerdo reclamado, pues de no superar el escrutinio constitucional, caerían por su base los actos de ejecución, pues los efectos de la concesión se extenderían a los actos de ejecución, aun cuando se atribuyan a autoridades diversas de la judicial.
28. Resolvió que, en atención al principio de continencia de la causa, el juez tiene la obligación de resolver en su integridad la litis planteada, porque existe la necesidad procesal de resolver de manera concentrada las acciones y pretensiones, siempre que las mismas se encuentren vinculadas por la misma causa o que tengan el mismo origen, esto es, deriven del mismo hecho generador del derecho.
29. Ello, porque no podría analizarse de forma desvinculada la constitucionalidad de la multa impuesta por el tribunal laboral y su ejecución en cuanto al cobro de la multa atribuida a la autoridad administrativa, pues ese proceder generaría la emisión de sentencias contradictorias si, por ejemplo, respecto de la decisión jurisdiccional que impone la sanción económica se concediera el amparo –lo que repercutiría en los actos de ejecución– y, en diverso juicio de amparo, se negara la protección federal, respecto del cobro de la multa, lo que sin duda sería un contrasentido.
30. Además, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, tratándose de asuntos en los que se involucren diversas acciones mixtas vinculadas con la misma causa o que tienen el mismo origen, el juzgador debe resolver en su integridad la litis planteada, esto es, de manera concentrada las acciones y pretensiones por derivar del mismo hecho generador.
31. Consecuentemente, estableció que en el caso concreto, no es procedente tramitar por separado los actos reclamados pues derivan de un núcleo común, ya que se advierte que los actos impugnados se encuentran estrechamente vinculados, aun cuando se atribuyan a diversas autoridades, de ahí que es adecuado que los analice un mismo juzgador en aras de evitar sentencias contradictorias bajo diversas apreciaciones de las circunstancias del caso, que es lo que pretende prevenirse con la resolución acumulada de la litis constitucional.
32. Indicó que su proceder se orientaba con la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que definió los actos materialmente administrativos, como aquellos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, de efectos directos e inmediatos, sin que sea resultado de la gestión del gobernado, por tanto, discrecionales por corresponder a la naturaleza de la acción administrativa; jurisprudencia del rubro: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL."(4)
33. Con ello, reforzaba su conclusión atinente a que, el cobro de la multa (acto de ejecución) no fue un acto unilateral y espontáneo, sino en acatamiento al acuerdo de la autoridad laboral, de tal suerte que, la Secretaría de Finanzas no tenía margen de discrecionalidad para decidir si la ejecutaba o no, ya que la multa fue impuesta por incumplir una disposición de la Ley Federal del Trabajo, como lo es la ejecución del laudo condenatorio decretado en contra del ayuntamiento quejoso.
34. Finalmente, precisó que era irrelevante que el Juez Segundo de Distrito señalara como razón para rechazar la separación de juicios, que no podía desvincularse la ejecución de la multa, porque no fue combatida por vicios propios; ello, en virtud de que ese tópico sería examinado al abordar el estudio del fondo del asunto, por el contrario, reforzaba el criterio de que lo que se resolviera en uno de los juicios podía influir en el otro.
Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver los conflictos de separación de juicios 3/2023 y 5/2023.
Conflicto de separación de juicios 3/2023.
35. Antecedentes procesales. Un presidente municipal y otras autoridades de un ayuntamiento promovieron juicio de amparo indirecto en el que señalaron como actos reclamados los siguientes:
a) Del Magistrado de la segunda ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (como ordenador), la imposición de una multa –con el carácter de crédito fiscal– decretada dentro del recurso de revisión interpuesto por un servidor público adscrito al municipio, en contra de la orden verbal de separación del cargo atribuida al ayuntamiento quejoso; expediente en el que se decretó la nulidad absoluta de la orden verbal administrativa impugnada y se condenó al ayuntamiento al pago de diversas prestaciones; y, en virtud de que no cumplió con lo condenado en la sentencia de nulidad, el Magistrado de la segunda ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado le impuso la multa de referencia dentro de su expediente.
b) De la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala (como ejecutora), la inminente ejecución y el cobro de la multa.
36. La demanda de amparo la conoció el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la radicó y en el propio auto determinó la separación de juicios respecto del acto de ejecución reclamado y conocer del diverso acto atribuido al Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, consistente en la orden de imponer multa a los quejosos.
37. Con motivo de su determinación, ordenó remitir copia de las constancias de aquel juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para el turno del asunto relacionado con el acto impugnado relativo a la ejecución de la multa atribuida a la Secretaría de Finanzas del Estado.
38. La demanda de amparo se turnó al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien dictó un acuerdo en el que se opuso a la separación de juicios y envío los autos al Tribunal Colegiado de Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para que determinará lo conducente.
39. Correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien determinó declarar procedente la separación de juicios.
40. Consideraciones que sustentan el criterio. Apoyó su determinación en los criterios jurisprudenciales P./J. 76/97, P./J. 77/97 y P./J. 78/97, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reproducidas en párrafos precedentes.
41. El órgano colegiado estableció que, conforme a la regla establecida en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, la separación de juicios en el amparo indirecto se actualiza cuando se reclamen actos desvinculados entre sí, en virtud de que: a) deriven de materias diversas; b) provengan de autoridades diferentes que no guardan relación inescindible con el proceso de donde emanan; o, c) cuando la decisión de cada uno no exija la comprobación, constitución o modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho. Lo anterior, con el objetivo de lograr una tramitación más clara en los juicios de amparo que evite el pronunciamiento de fallos complicados y confusos en su comprensión.
42. Precisado lo anterior señaló que si bien, los actos reclamados refieren a la materia administrativa; sin embargo, provienen de autoridades que llevan a cabo procedimientos diferentes que no guardan relación inescindible, pues mientras el acto reclamado al Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, deriva de un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, el atribuido a la autoridad ejecutora (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala) emana de un trámite de ejecución en materia administrativa.
43. Abundó en el sentido de que, el procedimiento administrativo de ejecución tiene por objeto efectuar el cobro del crédito fiscal que se hará efectivo a los quejosos, independiente al jurisdiccional del que deriva la imposición de la multa, pues una vez que es recibida por la autoridad fiscalizadora, bajo sus facultades administrativas regidas por la ley, también de índole administrativa, se genera el crédito fiscal e inicia el procedimiento económico coactivo, por lo que la multa deja de tener el carácter judicial, mutando su naturaleza en un crédito exigible en materia administrativa a cargo de la autoridad fiscalizadora, en la que el órgano jurisdiccional emisor de la multa, no tiene potestad para exigir y dirigir el procedimiento administrativo, pues éste guarda total autonomía al regirse por sus propias reglas fiscales, de allí que la emisión de la multa no generaba una relación entre la autoridad judicial y la administrativa quien actúa, a través de facultades regladas, las cuales decide ejercer libremente.
44. Así, al margen de que la parte quejosa haya denominado como ejecutora a la autoridad administrativa o le haya atribuido o no vicios propios al acto que le reclamó, ello no vinculó al juez de Distrito a tenerla sólo con ese carácter, pues realmente se trataba de una autoridad que lleva a cabo el cobro coactivo, bajo el procedimiento administrativo de ejecución.
45. Bajo esas premisas, estableció que aun cuando la autoridad jurisdiccional anulara la multa, ésta no puede ordenar la cancelación del procedimiento de ejecución ni vincular coactivamente a la autoridad administrativa a cumplirlo, aunado a que si el procedimiento administrativo estuviera afectado de algún vicio, sería impugnable en la vía administrativa respectiva, al ser independiente del acto jurisdiccional del que derivó la multa.
46. Estableció que el procedimiento administrativo encaminado al cobro de la multa se integra con una serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, cuya existencia está demostrada en un documento auténtico o título ejecutivo. 47. En segundo término, el órgano colegiado consideró que los hechos reclamados son diversos porque la imposición de la multa emana de un hecho fáctico derivado de la actitud procesal de la parte quejosa dentro del procedimiento jurisdiccional, consistente en la renuencia a dar cumplimiento a una sentencia definitiva de nulidad del acto administrativo dictada en un recurso de revisión.
48. Puntualizó que el hecho que da origen al procedimiento administrativo de ejecución, no fue la actitud procesal de la quejosa en el procedimiento jurisdiccional, sino obedece a las facultades de la autoridad exactora, derivadas de la ley que establece como crédito fiscal cualquier determinación de multa impuesta al gobernado que se haga de su conocimiento.
49. Ergo, los actos reclamados en el juicio de amparo al Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, así como a la Secretaría de Finanzas de esa entidad, se encuentran desvinculados entre sí.
50. Finalmente, refirió que su determinación no viola el principio de continencia de la causa, ni se corre el riesgo de emitir sentencias contradictorias, pues es factible el análisis independiente de la multa y del procedimiento económico coactivo en cuadernos de amparo distintos, ya que ante una eventual concesión del amparo respecto de la multa, bastaría con hacer del conocimiento a la autoridad administrativa, para que ésta resuelva lo conducente dentro del procedimiento administrativo de ejecución respectivo.
Conflicto de separación de juicios 5/2023.
51. Antecedentes procesales. Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra los actos que reclamó a las autoridades ordenadoras: a) Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y, b) Diligenciario adscrito al juzgado; autoridades ejecutoras: I) Director de Ingresos y Fiscalización dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y, II) Notificador ejecutor adscrito a esta última.
52. En ese caso, el quejoso reclamó al Juez Laboral, el auto a través del cual le impuso una multa –sin que se precisara que era a título de crédito fiscal–, sólo puntualizó que el producto de la sanción económica se destinaría al Fondo Auxiliar para la administración de justicia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; asimismo, le reclamó la falta de emplazamiento al juicio laboral; al diligenciario adscrito al juzgado la ilegal notificación del auto aludido y del Director de Ingresos y Fiscalización reclamó la determinación de un crédito fiscal, gastos de ejecución del requerimiento derivado de la imposición por concepto de multa y, finalmente, al Notificador ejecutor la diligencia relativa al procedimiento administrativo de ejecución para requerir el cobro del crédito fiscal, gastos de ejecución y el requerimiento de pago, todos éstos derivados de la imposición de la multa.
53. La demanda se turnó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la que previa prevención, admitió a trámite únicamente respecto de los actos reclamados al Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y ordenó la separación de juicios respecto de las restantes autoridades ejecutoras señaladas como responsables.
54. Con relación a los restantes actos reclamados atribuidos al Director de Ingresos y Fiscalización dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y, b) Notificador ejecutor, correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito de esa misma entidad, quien se opuso a la separación de juicios, en mérito de lo anterior, ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado para que determinará lo conducente.
55. Del conflicto de separación de juicios, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien lo declaró procedente.
56. Consideraciones que sustentan su criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito, sostuvo consideraciones idénticas a las vertidas en el conflicto de separación de juicios 3/2023, reseñadas con antelación, en el sentido de que los actos reclamados derivan de materias diversas y provienen de autoridades que llevan a cabo procedimientos diferentes que no guardan relación inescindible, pues mientras los actos reclamados a las primeras autoridades (juez y diligenciario) derivan de un procedimiento jurisdiccional en materia laboral, los reclamados a las segundas autoridades (Director de ingresos y ejecutor) emanan de un trámite de ejecución en materia administrativa.
57. Que la falta de emplazamiento se hace depender de un hecho negativo, derivado de que el juez laboral no ordenó emplazar a la parte quejosa al juicio laboral de origen, mientras que la imposición de la multa emana de un hecho fáctico derivado de la actitud procesal de la quejosa frente al procedimiento laboral.
58. Señaló que el hecho que originó el procedimiento administrativo de ejecución, no fue la actitud procesal de la parte quejosa en el procedimiento laboral, sino las facultades de la autoridad exactora derivadas de la ley que establece como crédito fiscal cualquier determinación de multa impuesta al gobernado que se haga de su conocimiento, por esas razones, concluyó que lo actos que reclama se encuentran desvinculados.
59. En otra parte de sus consideraciones, el tribunal colegiado refirió que no asiste razón al Juzgado de distrito que se opuso a la separación, porque las autoridades señaladas como ejecutoras, en realidad son ordenadoras y sus actos no son de ejecución, sino emergen del ámbito de su competencia administrativa, con fundamento en las disposiciones que lo facultan para ello, al conocer de un acto que la ley estima como crédito fiscal y le impone la obligación de ejercer facultades económico coactivas establecidas para su cobro, lo que considera constituye una actuación bajo el mando y obligación generada por la ley y no por orden de la autoridad jurisdiccional, que sólo le hace saber la existencia de una multa, por lo que dichos actos son autónomos.
60. Finalmente, consideró que al llevar a cabo la separación de juicios lograría una tramitación más clara, evitaría pronunciamientos de fallos complicados y confusos en su comprensión facilitando, en su caso, el trámite de las impugnaciones que en su caso lleguen a formularse.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
61. En principio, debe establecerse que para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las condiciones siguientes:
A. Los Tribunales Contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún método, cualquiera que fuese.
B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto jurídico en el que su criterio resulte contradictorio, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo tema, los tribunales contendientes adopten criterios discrepantes, con independencia de que hayan o no emitido tesis al respecto.
C. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
62. Bajo tales directrices, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que sí existe contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al resolver los conflictos de acumulación (en su modalidad de separación de juicios) 3/2023 y 5/2023 y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al fallar el conflicto de separación de juicios 1/2023.
63. Ello es así, porque del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los Órganos Jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en los argumentos que sustentaron sus correspondientes decisiones y se detallarán a continuación.
64. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado V, se advierte con claridad que los tribunales colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, respecto a si deben o no separarse los juicios de amparo indirecto, cuando en la demanda se reclama de una autoridad jurisdiccional la imposición de una multa y de la autoridad administrativa exactora la ejecución de esa sanción.
65. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos colegiados contendientes, existió un punto que genera un auténtico tema de contradicción, ya que sus pronunciamientos derivaron del análisis de un mismo tema.
66. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el conflicto de separación de juicios 1/2023, consideró que no procede decretar la separación de juicios de amparo indirecto en los que se reclama la imposición de una multa por una autoridad jurisdiccional y su ejecución atribuida a una autoridad administrativa.
67. Lo anterior, porque en ese caso, los actos reclamados se encuentran estrechamente vinculados, en tanto que el cobro de la multa no es autónomo en sí mismo, ya que no fue producto de la actividad espontánea de la autoridad administrativa responsable ejecutora, sino que ésta actuó en cum
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32400-c5b30e34/separacion-de-juicios-de-amparo-indirecto-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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