EMPLAZAMIENTO AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA LA VALIDEZ DE LA DILIGENCIA ENCOMENDADA A UN JUEZ MUNICIPAL MEDIANTE DESPACHO O EXHORTO, ES REQUISITO QUE ACTÚE CON UN SECRETARIO O DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ABROGADA).
AMPARO EN REVISIÓN 250/2023. 7 DE MARZO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIA: KATYA GODÍNEZ LIMÓN.
CONSIDERANDO:
(1) CUARTO.—Son infundados en parte y fundados en otra los agravios, acorde a las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.
(2) Tales argumentos consisten, en síntesis, en lo siguiente:
a) Se viola el principio de exhaustividad y debida valoración de la prueba, al estimar que la diligencia de emplazamiento fue realizada conforme a la ley, porque de autos consta que de acuerdo a las testimoniales ofrecidas de su parte, se acreditó que la casa estuvo deshabitada en el momento en que se hizo la supuesta notificación, testigos que son idóneos por tratarse de ********** quien vive enfrente del domicilio donde supuestamente se hizo la notificación y ********** es hijo y hermano de los quejosos, y manifestó haber vivido en el domicilio y le consta cuando dejó de habitarse, por ende, no se valoró conforme a derecho dicha prueba.
b) La autoridad impone la carga de probar que la credencial con la que se identificó la quejosa no le corresponde o que no fue ella quien atendió la diligencia; sin embargo, el Instituto Federal Electoral ya no existe, por lo que no pudo darse tal extremo, además de que nunca tuvo empleada doméstica ni estuvo viviendo el inmueble, por tanto, no pudo hacerse la notificación como lo señala el Juez de Distrito.
c) Se destaca la fe pública del Juez municipal, dejando de observar que los jueces municipales no poseen esa facultad legal, para ello deben hacerse acompañar en sus diligencias del secretario de acuerdos o dos testigos, de otro modo los actos son nulos. Por tanto, de las constancias de autos se advierte que la Jueza municipal no actuó de acuerdo a lo previsto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz.
d) El Juez de Distrito señala que las testimoniales no se encuentran adminiculadas con otro medio de convicción, sin embargo del contrato de arrendamiento y de los videos de la diligencia de la policía municipal se obtiene que los quejosos no se encuentran en posesión física del inmueble, que la casa estaba deshabitada y que por causa de esa invasión indebida tienen conocimiento del juicio del que se duelen, pues judicialmente no habían sido desalojados, teniendo la posesión jurídica del inmueble. Ello causa una presunción legal, adminiculada con la testimonial, además son actos negativos en los cuales no se tienen pruebas de algo que no ocurrió.
(3) Por su parte, el Juez de Distrito una vez que se impuso de los autos y estableció las bases jurídicas generales y particulares del asunto, estimó legal la diligencia de emplazamiento efectuada a los quejosos por la Jueza municipal de Boca del Río, Veracruz, en esencia, porque a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba para acreditar que la diligencia se realizó en contravención con lo establecido en el Código de Comercio y Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que con las pruebas aportadas no demostró que el domicilio donde se llevó a cabo la diligencia no fuera el suyo ni que la persona con quien se entendió la diligencia no fuera ella, por ende, insuficiente para desvirtuar la fe pública con la que se encuentra investida la notificadora; de ahí que, dicha diligencia conserva su valor probatorio y se tiene como cierto lo ahí asentado.
(4) Ahora bien, se estiman infundados los agravios sintetizados en los inciso a) y d) toda vez que la recurrente señala que la prueba testimonial es idónea para acreditar que la casa estuvo deshabitada en el momento en que se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento; sin embargo, el Juez de Distrito al analizar dicho medio probatorio lo calificó de insuficiente al no estar fortalecido con otro medio probatorio que desvirtuara lo asentado en el acta realizada por la Jueza Municipal en cuanto a que el emplazamiento se llevó a cabo con la propia quejosa, al constituir un documento público con valor probatorio pleno al ser levantada por una funcionaria investida de fe pública.
(5) Consideraciones que se comparten, porque si bien los quejosos ofrecieron la prueba testimonial a cargo de ********** y **********, de su dicho no se desprende que los demandados tenían otro domicilio en la fecha de la diligencia; a lo mucho fueron coincidentes en señalar que ********** tiene su domicilio en Temoaya, Estado de México, desde el año dos mil nueve; lo que en todo caso, lo así precisado es un indicio del diverso domicilio de la quejosa, por ende, tal probanza debió adminicularse con una diversa que sustentara su dicho, para desvirtuar la fe pública con la que se encuentra investida la Juez municipal.
(6) Pues se insiste, ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia, ya que si se reclama la ilegalidad de un emplazamiento aduciendo no tener el domicilio en donde lo señaló el actor en su demanda, esa negativa al domicilio implica a su vez un hecho positivo de manera implícita de tener su domicilio en diferente lugar al controvertido, hecho que debieron haber probado los recurrentes de manera precisa con pruebas idóneas y suficientes, con las que acreditaran su verdadero domicilio.
(7) Cabe citar al respecto, el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes:
"Registro digital: 343365
"Instancia: Tercera Sala
"Quinta Época
"Materia(s): Civil
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVI, octubre a diciembre de 1950, página 1502
"Tipo: Aislada
"EMPLAZAMIENTO, IMPUGNACIÓN DEL (ACTUARIOS, FE PÚBLICA DE LOS). Si de las constancias de autos se advierte que el actuario responsable, al hacer el emplazamiento a juicio, satisfizo todos los requisitos que establece el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, debe decirse que la fe pública de dicho funcionario no puede desvirtuarse con una simple prueba testimonial, no adminiculada con otras pruebas, porque ello daría lugar a que ningún emplazamiento cobrara firmeza, en perjuicio de la validez y eficacia de los procedimientos y de la seriedad en la administración de justicia."
(8) Sin que las diversas pruebas ofrecidas alcancen la pretensión alegada, ya que como lo señaló el Juez de Distrito, concediéndoles valor probatorio en términos de ley, resultan insuficientes para evidenciar la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento, pues con el contrato de arrendamiento justifica que el bien inmueble se encuentra arrendado; y los videos acreditan las diligencias practicadas por los elementos de seguridad pública en el domicilio de la parte quejosa; por ende insuficientes para acreditar cuál era su verdadero domicilio en el momento en que se llevó a cabo la diligencia.
(9) Máxime, si al analizar las diligencias reclamadas, el Juez de Distrito concluyó:
"... se tiene por cumplido el cercioramiento de la funcionaria judicial que practicó la diligencia de emplazamiento a la parte demandada en juicio, en cuanto al domicilio de la misma, desde el momento mismo en que constituida en el lugar designado en la demanda, entendió la diligencia directamente quien ante su fe pública indicó ser la demandada, madre del diverso quejoso, pues con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterada la enjuiciada de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido; es decir, el principio de certidumbre quedó actualizado desde el momento en que logró comunicar directamente a la demandada la existencia del juicio seguido en su contra y de su hijo, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue a la notificadora a indagar por otros medios, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente a la demandada la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada; aunado a que, como ya se mencionó con anterioridad, se identificó con la credencial de elector con folio número **********; todo lo cual vienen a poner de manifiesto la legalidad de la diligencia de emplazamiento ..."
(10) Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:
"Registro digital: 195122
"Instancia: Primera Sala
"Novena Época
"Materia(s): Civil
"Tesis: 1a./J. 55/98
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33
"Tipo: Jurisprudencia
"EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada."
(11) Es también infundado lo alegado en el inciso b) en cuanto a que el Instituto Federal Electoral ya no existe, por lo que la persona buscada no se pudo identificar con la credencial asentada en la diligencia.
(12) Se sostiene lo anterior, toda vez que el once de octubre de mil novecientos noventa, se constituyó formalmente el Instituto Federal Electoral y el diez de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral; así en dicha reforma, se originó el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE), mismo que entró en operaciones hasta el tres de abril del citado año dos mil catorce.
(13) En ese orden, en el caso que nos ocupa, si el emplazamiento reclamado se llevó a cabo el veintiséis de enero de dos mil once; incuestionable resulta que ********** persona con quien se entendió la diligencia de emplazamiento, sí se identificó con la credencial expedida por el Instituto Federal Electoral IFE ********** como aparece asentado en los respectivos instructivos de notificación realizados por la Jueza municipal, por ser el Instituto que estaba vigente al celebrarse el emplazamiento.
(14) No obstante, cabe señalar que el Pleno del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 34/97-PL, estableció que el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa y que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, al afectar la oportunidad de alegar, de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto.
(15) De tal ejecutoria, derivó el criterio jurisprudencial siguiente:
"Registro digital: 190656
"Instancia: Pleno
"Novena Época
"Materia(s): Común
"Tesis: P./J. 149/2000
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, página 22
"Tipo: Jurisprudencia
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón."
(16) Lo anterior, al advertirse la violación manifiesta de la ley por parte de la Jueza municipal que practicó la diligencia de emplazamiento a la parte quejosa, que la dejó sin defensa.
(17) De la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito negó el amparo solicitado al estimar que la Jueza municipal dio cabal cumplimiento a las formalidades que se requieren para emplazar legalmente a la demandada, pues la diligencia se realizó de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y Código Federal de Procedimientos Civiles y, en consecuencia, no se transgredieron los derechos fundamentales establecidos en los numerales 14, 16 y 17 de la Carta Magna.
(18) En efecto, de las diligencias de notificación y emplazamiento que obran en el juicio relativo se obtiene, en lo que interesa, lo siguiente:
"DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las nueve horas del día veintiséis de enero de dos mil once, la suscrita licenciada ********** Juez del juzgado municipal de esta ciudad, me trasladé con las formalidades de ley al domicilio del demandado ********** ... Por lo que la suscrita procedí retirarme del lugar y reincorporada en el recinto judicial se levanta la presente diligencia para debida constancia y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada firmando al calce el personal judicial para constancia. DOY FE.
"DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las nueve horas veinte minutos del día veintiséis de enero de dos mil once, la suscrita licenciada ********** Juez del juzgado municipal de esta ciudad, me trasladé con las formalidades de ley al domicilio de la demandada ********** ... Por lo que la suscrita procedí retirarme del lugar y reincorporada en el recinto judicial se levanta la presente diligencia para debida constancia y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada firmando al calce el personal judicial para constancia. DOY FE."
(19) De dicha transcripción se advierte que quien llevó a cabo la diligencia de notificación y emplazamiento fue la Jueza municipal de Boca del Río, Veracruz, asentó que entendió la diligencia directamente con ********** quien dijo ser la demandada y madre del demandado y firmó al calce de las diligencias.
(20) Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, vigente en el año dos mil once, prevé:
"CAPÍTULO III
"De los juzgados municipales
"...
"Artículo 79. Los Jueces Municipales actuarán con un Secretario y, en su caso, podrán habilitar con ese carácter a alguno de los empleados; a falta de éstos, en los asuntos urgentes actuarán con dos testigos de asistencia.
(ADICIONADO, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2002)
"Los Secretarios de Juzgados Municipales deberán ser mexicanos y preferentemente licenciados o pasantes en Derecho. Tendrán las mismas atribuciones que los Secretarios de Acuerdos de Juzgados de Primera Instancia, con excepción de lo previsto en el artículo 72, fracción XII de la presente Ley."
(21) Del precepto transcrito se obtiene que los juzgadores municipales actuarán con un Secretario, o en su caso, podrán habilitar con ese carácter a alguno de los empleados; y a falta de éstos, en asuntos urgentes actuarán con dos testigos de asistencia.
(22) Pues el Secretario de los juzgados municipales es quien cuenta con las mismas atribuciones que los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados de Primera Instancia, para otorgar fe pública, según se desprende del diverso numeral 72, inciso A) fracción I, del citado ordenamiento, que a la letra dice:
"Artículo 72. Los Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia, tendrán las atribuciones siguientes:
"A) Los de Acuerdos:
"I. Realizar emplazamientos y notificaciones cuando así lo establezca la ley o lo ordene el Juez;"
(23) Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/2011, respecto a la fe pública señaló:
"... A través de la notificación se le hará saber una resolución judicial a la parte que, se considera, está interesada en el conocimiento de su contenido. Una notificación es un acto procesal por medio del cual el órgano jurisdiccional hace del conocimiento de las partes, de los demás participantes o de los terceros una resolución o alguna otra actuación judicial.
"Muchas de estas notificaciones, por su trascendencia, deben hacerse de manera personal y cumpliendo con diversas formalidades, entre las cuales se encuentra la obligación de que el notificador se cerciore del domicilio y de la identidad de la persona que debe ser notificada, por el dicho de la persona con quien se entiende la diligencia.
"Sin embargo, en la práctica, existe la posibilidad de que la persona que recibe la notificación no desee o no sepa firmar el acta correspondiente; por lo que a fin de evitar que el proceso se prolongue indefinidamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles faculta a la persona que practica la diligencia, a desarrollarla y validarla con su firma en el caso de que la persona con la que se entienda no quiera o no sepa hacerlo.
"El sustento jurídico de dicha atribución del funcionario judicial encargado de practicar la notificación se encuentra en el principio de la fe pública.
"Mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas, en acatamiento del ordenamiento jurídico que la sustenta.
"Las relaciones jurídicas de una sociedad son sumamente complejas, por lo que ha sido necesario establecer un sistema a través del cual sean aceptados como ciertos algunos hechos y actos, a pesar de no haberse presenciado su realización.
"Este sistema presupone la investidura de personas a quienes se va a conferir la función de autentificar a nombre del Estado, de tal manera que su dicho sea considerado como una verdad oficial cuya creencia es obligatoria, salvo prueba en contrario.
"La fe pública no puede concebirse sin la característica de la exactitud, entendida ésta como la adecuación entre los hechos y la narración de los mismos, con la cual se dota de eficacia probatoria erga omnes al instrumento en el cual consta el hecho ..."
(24) De la citada ejecutoria derivó el criterio jurisprudencial de rubro y texto siguientes:
"Registro digital: 161090
"Instancia: Primera Sala
"Novena Época
"Materia(s): Civil
"Tesis: 1a./J. 60/2011
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 329
"Tipo: Jurisprudencia
"EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO SI EN EL ACTA DE LA DILIGENCIA EL NOTIFICADOR HACE CONSTAR LA CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO OBRE LA FIRMA DE LA PERSONA A QUIEN SE LE PRACTICÓ Y SÓLO APAREZCA LA SUYA EN SU CARÁCTER DE PARTE DEL ÓRGANO JUDICIAL. El objeto del emplazamiento es dar a conocer al demandado en un proceso la existencia de una demanda promovida en su contra, a fin de que esté en condiciones de contestarla y aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. En ese sentido, para dar certeza y seguridad jurídica a las partes vinculadas en el proceso, el legislador ha establecido los requisitos que debe cumplir ese tipo de notificación para que sea legalmente válida, entre ellos los previstos en el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en términos del artículo 1054 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, del que se advierte que las notificaciones deben firmarlas la persona que las realiza y a quien se practican. Sin embargo, la falta de firma de esta última en el acta de la diligencia no implica un emplazamiento ilegal, pues dicho precepto establece que si ésta no supiere o no quisiere firmar, el notificador hará constar esta circunstancia. Lo anterior es así, porque el requisito formal relativo a la firma de la notificada se colma si obra debidamente dicha mención actuarial, dado que el funcionario judicial está investido de fe pública, por lo que si sólo obra su firma en el acta respectiva, el acto será válido, siempre y cuando del análisis de los demás elementos esenciales y accesorios se concluya que fueron satisfechos los requisitos legales previstos para esa notificación, pues aun ante la ausencia de la firma de la notificada se colma el fin de la actuación –que es hacer de su conocimiento la existencia del juicio instaurado en su contra– a fin de no colocarla en estado de indefensión, teniéndose por cierto lo asentado en el acta de la diligencia, salvo prueba en contrario."
(25) Con lo antes expuesto, se estima válido considerar que la fe pública es la potestad que el Estado otorga a ciertos funcionarios, los que una vez en posesión de sus cargos, tienen la facultad de dotar de autenticidad y fuerza legal a los instrumentos que autorizan; por tanto, al ser una atribución otorgada expresamente por la ley a determinados empleados, la misma es indelegable, y se entiende como verdad impuesta coactiva o imperativamente por el Estado que obliga a los habitantes a dar por ciertos o veraces determinados instrumentos o hechos que, además, deberán estar firmados por los aludidos funcionarios en cumplimiento a las formalidades legales que garanticen su autenticidad.
(26) Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada emitida por la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:
"Registro digital: 169497
"Instancia: Primera Sala
"Novena Época
"Materia(s): Civil
"Tesis: 1a. LI/2008
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, junio de 2008, página 392
"Tipo: Aislada
"FE PÚBLICA. SU NATURALEZA JURÍDICA. La fe pública es originalmente un atributo del Estado, en virtud de su imperio, que se ejerce a través de los órganos estatales, pues por disposición de la ley los fedatarios la reciben mediante la patente respectiva, y aunque conforme al sistema jurídico mexicano no forman parte de la organización del Poder Ejecutivo sí son vigilados por éste. Así, por medio de la fe pública el Estado garantiza que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; de ahí que deba considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el fedatario tanto al Estado como al particular, ya que al determinar que un acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y a dar certeza jurídica."
(27) En ese orden de ideas, no es posible validar la legalidad de la diligencia que se analiza, pues aun cuando la Jueza haya realizado dicha diligencia, por sí sola no cuenta con facultades o atribuciones legales para ejercer la fe pública que se requiere para llevar a cabo el emplazamiento de los demandados, pues como se señaló, en el caso, debió actuar con un secretario o habilitar con ese carácter a uno de los empleados del juzgado.
(28) En tales condiciones, si la Jueza municipal no es la funcionaria pública autorizada por ministerio de ley para practicar la diligencia dentro del juicio de origen, al no contar con fe pública que otorgue certeza y legalidad a la actuación reclamada, por tanto, no puede válidamente estimarse acreditada la legalidad del emplazamiento practicado a los recurrentes.
(29) En recapitulación, este tribunal sustenta el siguiente criterio jurídico.
"Hechos: Los quejosos reclamaron en el juicio de amparo indirecto, la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento practicada en un juicio ordinario mercantil. El Juez de Distrito negó el amparo solicitado al estimar que el Juez municipal se constituyó en el lugar designado en la demanda y entendió la diligencia directamente con la demandada.
"Criterio: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, para la validez de un emplazamiento encomendado a un Juez municipal mediante despacho o exhorto, si bien debe ser practicado directamente por el Juez municipal, también lo es que debe estar asistido de un secretario o de dos testigos, pues si lo lleva a cabo por sí solo, no encuentra sustento al carecer de fe pública tal actuación.
"Justificación: Lo anterior, porque de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz (vigente en el año dos mil once) los jueces municipales actuarán con un Secretario, o en su caso, podrán habilitar con ese carácter a alguno de los empleados; y a falta de éstos, en asuntos urgentes actuarán con dos testigos de asistencia. En consecuencia, cuando a un Juez municipal se le encomienda realizar una diligencia de emplazamiento mediante despacho o exhorto, es requisito imprescindible que actúe con un secretario o habilitar con ese carácter a uno de los empleados del juzgado y a falta de éstos, en asuntos urgentes, como lo es el emplazamiento a un juicio, actuará con dos testigos de asistencia, para validar la legalidad de la diligencia encomendada. Por consiguiente, si solamente el juzgador realiza dicha diligencia, ésta no puede estimarse legal pues no cuenta con facultades o atribuciones legales para ejercer la fe pública que se requiere para llevar a cabo el emplazamiento."
(30) En las relatadas circunstancias, de conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, para los efectos siguientes:
1. Que la Juez responsable deje insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada a los quejosos el veintiséis de enero de dos mil once, y todo lo actuado con posterioridad a ésta, dentro del juicio ordinario mercantil de origen.
2. Deberá ordenar que se lleve a cabo la diligencia de emplazamiento, en el domicilio de los quejosos, conforme a las formalidades previstas en el Código de Comercio, comisionando para tal efecto a un funcionario judicial que cuente con fe pública.
(31) QUINTO.—Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizado para ello, previa razón actuarial.
Por lo expuesto y fundado; este Tribunal Colegiado:
RESUELVE QUE:
PRIMERO.—Se revoca la resolución recurrida.
SEGUNDO.—La justicia de la Unión ampara y protege a ********** y **********, contra los actos reclamados y por las autoridades precisadas en el resultando Primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; anótese en el libro de gobierno; con una impresión de la sentencia que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) vía interconexión y su evidencia criptográfica; remítanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los ciudadanos Magistrado Isidro Pedro Alcántara Valdés y Magistrada María Guadalupe Cruz Arellano, en contra del voto particular emitido por el Magistrado José Manuel De Alba De Alba. Fue relator el primero de los antes mencionados.
En términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32406-df1d1c6a/emplazamiento-al-juicio-ordinario-mercantil-para-la-validez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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