TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. ES IMPROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, AUN CUANDO HUBIERAN SIDO SEPARADOS DE SU CARGO DE MANERA INJUSTIFICADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 170/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
I. Competencia
14. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción I, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
15. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
16. No se inadvierte que al formular la denuncia respectiva, la parte quejosa citó la jurisprudencia PC.K.L. J/6 L (10a), del ahora extinto Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito,(11) sin embargo, ese criterio no fue denunciado como contradictorio, sino que únicamente se alegó que no fue aplicado por los órganos colegiados, es decir, una cuestión de mera legalidad; al margen de que no procede una contradicción de criterios entre un Pleno de Circuito y un tribunal colegiado que tiene su residencia dentro de la misma jurisdicción, de acuerdo a la posición orgánica y jerárquica de los órganos jurisdiccionales, conforme a lo previsto en el artículo 225 de la Ley de Amparo.
17. Se cita como apoyo a la conclusión alcanzada, la tesis PR.L.CN.2 K (11a.) sustentada por el ahora extinto Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro Norte, con sede en Monterrey, Nuevo León, que dice:
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LOS EXTINTOS PLENOS DE CIRCUITO. CONSERVA SU VIGENCIA Y ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN LOS CIRCUITOS RESPECTIVOS, EN TANTO NO SEA SUPERADA CONFORME AL SISTEMA ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 215 Y 216 DE LA LEY DE AMPARO.
"Hechos: En un conflicto competencial suscitado entre dos Tribunales Colegiados del mismo Circuito, con especialidad diversa, en un momento intermedio del conflicto, el extinto Pleno de Circuito, con competencia mixta, emitió una jurisprudencia que resolvió el fondo de la cuestión competencial.
"Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, determina que la jurisprudencia emitida por los extintos Plenos de Circuito sigue vigente y es de observancia obligatoria en los Circuitos correspondientes, en tanto esos criterios no sean superados conforme al nuevo sistema establecido en los artículos 215 y 216 de la Ley de Amparo vigente.
"Justificación: Si bien a la fecha están extintos los Plenos de Circuito, las jurisprudencias que emitieron durante su existencia están vigentes, porque ni en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamentan la creación y funcionamiento de los Plenos Regionales se dispone lo contrario, así como porque estos últimos, en términos del artículo 228 de la ley citada, no pueden apartarse de dichos criterios, ya que no fueron quienes los emitieron; por lo tanto, para que los aludidos criterios obligatorios dejen de tener vigencia, deben ser superados conforme al nuevo sistema que rige para ese efecto, a partir del 16 de enero de 2023, que es cuando materialmente iniciaron funciones los Plenos Regionales."(12)
II. Legitimación
18. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero(13) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III,(14) de la Ley de Amparo, ya que la formuló la parte quejosa en el amparo directo 423/2023, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
III. Procedencia
19. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, estima que la denuncia de contradicción de criterios que nos ocupa, es procedente, pues si bien a la fecha en que se formuló (veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés), no había adquirido firmeza la sentencia dictada en el amparo directo 423/2022 del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aquí contiende, lo cierto es que dicho medio de defensa fue desechado por el Alto Tribunal el pasado veintiocho de septiembre del mismo año, como se relató previamente y, por tanto, es evidente que durante la tramitación de este asunto, causó ejecutoria ese criterio denunciado como divergente.
20. Consecuentemente, ya no subsiste la razón para sustentar su improcedencia pues al haber adquirido firmeza la resolución del Tribunal Colegiado no hay posibilidad de que su criterio quede insubsistente.
21. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2a. XXXII/2007,(15) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE SI DURANTE EL TRÁMITE DE LA DENUNCIA ADQUIERE FIRMEZA LA RESOLUCIÓN DE UNO DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XCVIII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 226, sostuvo que la denuncia de contradicción de tesis es improcedente cuando alguna de las resoluciones relativas no ha causado ejecutoria, en virtud de que el criterio que contiene está sujeto a revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiendo no subsistir, supuesto en el cual no existiría la contradicción de criterios. En relación con lo anterior, debe precisarse que si durante la tramitación de la denuncia de contradicción de tesis adquiere firmeza la resolución de uno de los Tribunales contendientes que carecía de esa característica cuando se hizo la denuncia respectiva, como consecuencia de que el Alto Tribunal desechó el recurso de revisión hecho valer en su contra, confirmó el auto de Presidencia que lo desechó o éste no fue recurrido, la contradicción de tesis no debe declararse improcedente, en virtud de que ya no subsiste la razón para sustentar su improcedencia pues al haber causado ejecutoria la resolución del Tribunal Colegiado no hay posibilidad de que su criterio quede insubsistente y, por tanto, de no resolverse la contradicción se incumpliría el objetivo que inspiró al Constituyente y al legislador ordinario al establecer el sistema de contradicción de tesis, a saber, que la Suprema Corte establezca criterio jurisprudencial para superar la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho."
IV. Criterios denunciados
22. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
23. Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 423/2023.
24. Aspectos procesales. Una persona que ostentaba un puesto de confianza promovió demanda laboral contra el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a quien le reclamó el reconocimiento de que fue separado de su empleo sin justa causa, conforme al artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del veintiséis de octubre de dos mil veinte; el pago de la indemnización constitucional, en términos del citado ordenamiento jurídico y de la cláusula Décima del nombramiento de funcionario; el pago de salarios caídos desde la fecha del despido y hasta que se diera cumplimiento al laudo, entre otras.
24.1 El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en su calidad de autoridad responsable, dictó el laudo y decidió absolver a la parte demandada.
24.2 Inconforme, la persona trabajadora promovió demanda de amparo directo y la institución bancaria amparo adhesivo.
24.3 El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en un primer término, concedió el amparo solicitado, ordenó dejar sin efectos el laudo reclamado y que en su lugar, se dictara uno nuevo, en éste la Sala responsable condenó a la demandada, entre otros, al pago por concepto de indemnización constitucional.
24.4 En desacuerdo con lo anterior, la parte trabajadora promovió demanda de amparo directo.
25. Postura adoptada por el órgano jurisdiccional. Negó el amparo y protección de la Justicia Federal, al efecto, consideró que la determinación de la Sala responsable al absolver a la parte demandada –entre otras– al pago de los salarios caídos, debido a que el tema ya había sido analizado por el ahora extinto Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al emitir la jurisprudencia PC.I.L. J/6 L (10a.),(16) aun cuando no era exacta, resultaba ajustada a derecho (sic).
25.1 Ello, porque en ese criterio se estableció que los trabajadores de confianza de las instituciones bancarias, con excepción de los Directores Generales, tienen derecho únicamente al pago de una indemnización consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio prestado, siempre y cuando la separación del trabajador no haya sido con motivo de alguna de las causas previstas en el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B del numeral 123 de la Constitución Federal, pero no se abordó el tema relativo a los salarios caídos.
25.2 El citado órgano jurisdiccional precisó que lo resuelto por el ahora extinto Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, no tuvo como finalidad determinar si los trabajadores de confianza del sistema bancario mexicano, tienen o no derecho al pago de los salarios caídos en caso de ser cesados injustificadamente, sino determinar si es procedente el pago de la indemnización constitucional consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año laborado.
25.3 Destacó que no era procedente aplicar el principio pro persona en ese asunto, como lo solicitó el quejoso, a fin de que se estableciera que sí era viable el pago de salarios caídos, debido a que dicho tema ya había sido resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar sentencia en el amparo en revisión 5219/2016.
25.4 Relató que en dicho asunto, el Alto Tribunal concluyó que si bien los trabajadores de confianza tienen derecho al pago de salarios caídos cuando sean despedidos injustificadamente, ello no implica que los trabajadores bancarios de confianza tengan a su favor la misma prerrogativa, aunado a que la inaplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, no trasgrede los principios de progresividad, universalidad, equidad, justicia social y al mínimo vital, pues no se desconoce un derecho anteriormente adquirido ni suprime la obligación del patrón a indemnizar a los trabajadores separados de su cargo injustificadamente, sino que regula en forma distinta cómo habrá de determinarse dicha indemnización.
26. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 527/2022
26.1 Antecedentes procesales. Una persona trabajadora de confianza promovió demanda laboral contra el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de quien reclamó, entre otras, el reconocimiento inmediato e incondicional de la patronal y/o la declaración en el sentido de que fue separado de su empleo sin justa causa, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el pago de la indemnización constitucional, consistente en el importe de tres meses de salario y de veinte días por cada año de servicios prestados y el pago de salarios caídos desde la fecha de su despido.
26.2 El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en su calidad de autoridad responsable, dictó el laudo correspondiente, en el que absolvió a la demandada del pago de las prestaciones reclamadas.
26.3 Inconforme con dicha resolución, la parte actora promovió demanda de amparo directo y, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien conoció del asunto, otorgó la protección constitucional solicitada, ordenó dejar sin efectos el laudo reclamado y se dictara uno nuevo, contra el cual, la persona trabajadora volvió a promover amparo directo.
27. Postura adoptada por el órgano jurisdiccional. Otorgó el amparo solicitado, al efecto, precisó que la categoría de Director de Recursos Humanos de la entidad demandada, es un puesto de confianza, al encontrarse consignada en el artículo 3 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado B, del numeral 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
27.1 Indicó que es inexacto que un trabajador de confianza careciera del derecho al pago de la indemnización, salarios caídos y veinte días por año laborado, así como las demás prestaciones devengadas y autónomas, pues en la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Federal, no se establece distinción alguna para su aplicación entre trabajadores de base y de confianza, motivo por el cual, debe regir para ambos, lo dispuesto por el artículo 20, respecto a las causas de cesación de efectos de los nombramientos.
27.2 Señaló que la parte demandada no acreditó que la actora hubiera incurrido en algunas de las causas de cese previstas en el citado numeral, de ahí que fue incorrecto que la Sala responsable la absolviera por considerar que la actora se desempeñó en un puesto de confianza y estimar que carece del derecho a la estabilidad en el empleo; ello, en virtud de que para tener justificada la separación de dicho cargo, resulta necesario que se acredite la existencia de una causa de cese prevista en el multicitado numeral 20.
27.3 Indicó que contrario a lo determinado por la Sala responsable, con independencia de que la actora tuviera la calidad de confianza y no gozara de estabilidad en el empleo, sí posee el derecho al pago de indemnización constitucional con motivo del despido injustificado, por lo que concluyó que de igual manera procede el pago derivado de dicha prerrogativa; es decir, el pago de salarios caídos, pues el máximo Tribunal ha señalado que el pago de dichos salarios procede cuando se eximió al patrón de la reinstalación respecto de un trabajador de confianza, desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 50, fracción III, en relación con el 947, ambos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado B del artículo 123 Constitucional, de acuerdo a lo previsto en su artículo 5.
V. Requisitos para la existencia de la contradicción
28. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, en el caso, la Región Centro-Sur, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
29. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de "tesis", basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
30. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(17) 31. Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
32. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
33. Por otra parte, no es necesario que los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten posturas distintas sobre un mismo punto de derecho.
34. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(18) así como la tesis aislada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(19)
35. En atención a lo expuesto, a continuación, se procederá a analizar si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
VI. Existencia de la contradicción
36. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Noveno y Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver las ejecutorias denunciadas.
37. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo.
38. Se acredita el primer requisito, ya que los respectivos órganos colegiados ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas.
39. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 423/2023, sostuvo que no procede el pago de los salarios caídos a los trabajadores de confianza de las instituciones bancarias en caso de cese injustificado, ya que únicamente tienen derecho al pago de una indemnización consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio prestado, siempre y cuando la separación del trabajador no haya sido con motivo de alguna de las causas previstas en el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B del numeral 123 de la Constitución Federal.
40. Destacó que dicho tema ya había sido resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar la sentencia en el amparo en revisión 5219/2016, y fundamentó su decisión en las consideraciones vertidas en aquel juicio.
41. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 527/2022, determinó lo contrario, esto es, que sí procede el pago de salarios caídos a dichos trabajadores de confianza desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones correspondientes, conforme a lo dispuesto por el artículo 50, fracción III, en relación con el diverso numeral 947, ambos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Artículo 123 constitucional.
42. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos.
43. Se considera que los órganos jurisdiccionales contendientes se ocuparon del mismo tema jurídico; esto es, determinar si los trabajadores de confianza de las instituciones bancarias, en caso de ser cesados injustificadamente, tienen derecho o no al pago de los salarios caídos.
44. De lo expuesto, se advierte que los órganos jurisdiccionales no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos, sino que sus ejercicios interpretativos y resultados fueron opuestos; por tanto, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de criterios.
45. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción de criterios.
46. De lo hasta aquí expuesto, es válido concluir que los criterios de los órganos contendientes reflejan la siguiente discrepancia a dilucidar:
47. ¿Tienen derecho o no los trabajadores de confianza de las sociedades nacionales de crédito al pago de salarios caídos, cuando la parte patronal decide poner fin al vínculo laboral, sin que exista alguna causa de justificación, de las previstas en el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
48. Lo hasta aquí expuesto, se sintetiza en la siguiente tabla comparativa.
Ver tabla
VII. Estudio de fondo
49. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que enseguida se desarrolla.
50. Trabajadores al servicio de las instituciones bancarias.
51. El artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"...
"IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.
"En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;
"...
"XIII Bis. El banco central y las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado;
"XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."
52. La lectura del precepto invocado, evidencia que el banco central y las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano, regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 constitucional.
53. Por otro lado, los numerales 3, 4 y 5 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Carta Magna, establecen:
"Artículo 3o. Los trabajadores serán de confianza o de base.
"Son trabajadores de confianza los Directores Generales y los Subdirectores Generales; los Directores y Subdirectores adjuntos; los Directores y Subdirectores de División o de Area; los Gerentes, Subgerentes y Jefes de División o de Area; los Subgerentes Generales; los Gerentes; las Secretarias de los Gerentes y de sus superiores; los Contadores Generales; los Contralores Generales; los Cajeros y Subcajeros Generales; los Representantes Legales y Apoderados Generales; así como aquellos que conforme al catálogo general de puestos de las instituciones administren, controlen, registren o custodien información confidencial básica de carácter general de las operaciones, o bien desempeñen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, investigación científica, asesoría o consultoría, cuando éstas tengan carácter general. En el Banco de México, además de los anteriores, son trabajadores de confianza los que señale su Ley Orgánica.
"En la formulación, aplicación y actualización del catálogo general de puestos de la institución, participarán conjuntamente ésta y el Sindicato. En los puestos de confianza, el sindicato participará para los efectos previstos en el párrafo anterior."
"Artículo 4o. Son trabajadores de base aquellos que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior no sean de confianza.
"Los trabajadores de base tendrán permanencia en el trabajo, después de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32431-b5af9fe9/trabajadores-de-confianza-de-las-sociedades-nacionales-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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