IMPEDIMENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. ES NECESARIO QUE LA PERSONA JUZGADORA EXPONGA RAZONES QUE EVIDENCIEN EL NEXO CAUSAL ENTRE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS INVOCADOS Y EL RIESGO DE PÉRDIDA DE SU IMPARCIALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 40/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 3 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.
II. COMPETENCIA
10. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; así como 1 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del propio Pleno, por el que se modifica la denominación de los plenos regionales de las regiones centro-norte y centro-sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, en tanto se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados del séptimo circuito especializados en materia penal, los cuales se hallan comprendidos por la jurisdicción de este pleno regional.
III. LEGITIMACIÓN
11. La denuncia proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los magistrados Rafael Remes Ojeda, Salvador Castillo Garrido y Martín Soto Ortiz, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con fundamento en lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito
12. De los impedimentos 11/2023, 12/2023 y 13/2023 destacan los antecedentes siguientes:
13. Juicio de amparo indirecto **********. ********** ********** **********, promovió demanda de amparo en la que reclamó, del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, la negativa de hacer pública una audiencia, así como el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal ********** y del director del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "El Altiplano", con sede en el Estado de México, la ejecución de dichos actos.
14. Previa declaración de incompetencia, por razón de territorio, de un órgano jurisdiccional con residencia en el Estado de México, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz.
15. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, el juez de distrito del conocimiento negó el amparo en relación con el proveído que rechazó hacer pública determinada audiencia; mientras que, respecto al auto de vinculación a proceso, concedió la protección solicitada.
16. Recursos de revisión **********, ********** y **********. Inconformes, el quejoso, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado de amparo y el tercero interesado, respectivamente, interpusieron sendos medios de impugnación, de los cuales correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
17. Impedimentos 11/2023, 12/2023 y 13/2023. Uno de los magistrados de circuito planteó excusa para intervenir en la resolución de los recursos de revisión, al considerar que se actualizaba la hipótesis establecida en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo.(1)
18. Al respecto, invocó como hecho notorio el artículo publicado el tres de octubre de dos mil veintitrés en el periódico en línea "Versiones, los distintos ángulos de la noticia",(2) donde se afirmó, con apoyo en un material fotográfico, que tenía vínculos cercanos con la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 820/2022, ********** ********** **********.
19. El magistrado afirmó que "... a partir de la publicación de la tendenciosa nota periodística se generó en mi fuero interno una afectación a mi cualidad, relacionada con la objetividad con la que debo conducirme, y ello podría influir en la toma de mis subsecuentes decisiones judiciales, lo que pone en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia".
20. Resolución de impedimentos. En los tres asuntos de su conocimiento, el tribunal colegiado calificó legal la causa de impedimento por idénticas razones.
21. Refirió que los impedimentos eran aquellas circunstancias previstas en la Ley de Amparo como motivos suficientes, para que las personas juzgadoras se abstuvieran de conocer de un asunto determinado, por considerar que su imparcialidad para resolverlo podría verse afectada.
22. En ese sentido, citó la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL."(3)
23. Señaló, además, que debían examinarse las bases objetivas que sirvieran como sustento para la abstención de la persona juzgadora de intervenir en la resolución del asunto, así como sus manifestaciones en torno al porqué esas circunstancias la colocaban en una situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad.
24. Adicionalmente, subrayó que la pérdida de imparcialidad era una valoración subjetiva que únicamente se presentaba en el fuero interno de la persona juzgadora; y, por tanto, era personalísima y diferente en cada caso.
25. Resaltó que la hipótesis contemplada en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Amparo se adicionó con el propósito de brindar mayor transparencia en la administración de justicia, dando cabida a supuestos adicionales a los contemplados expresamente en el citado numeral.
26. De esta manera, indicó que las personas juzgadoras podían invocar como causa de impedimento otras situaciones y no tan solo a las expresamente señaladas en la ley de la materia, bajo la condicionante de que contuvieran elementos objetivos, de los cuales se pudiera inferir la existencia de un riesgo de pérdida de la imparcialidad.
27. Precisado lo anterior, determinó que en el caso, existían elementos objetivos y subjetivos suficientes para considerar actualizada la causa de impedimento; a saber, la nota periodística de tres de octubre de dos mil veintitrés, en la que se mencionaba que el magistrado que planteó el impedimento mantenía vínculos cercanos con la parte quejosa; y su manifestación, en el sentido que dicha publicación ponía en riesgo su imparcialidad, afirmación a la cual le concedió "eficacia probatoria", al razonar que se trataba de una valoración personal vinculada con el referido elemento objetivo.
28. El tribunal colegiado apoyó su determinación en la tesis jurisprudencial I.11o.C. J/4 K (11a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. ASPECTOS QUE DEBEN PRESENTARSE PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA."(4)
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito
29. Al resolver el impedimento 9/2023, mantuvo una postura contraria a la anteriormente narrada, cuyos principales antecedentes son los siguientes:
30. Juicios de amparo indirecto **********, **********, **********, **********, ********** ********** **********. Diversas personas, entre ellas, ********** ********** ********** y ********** ********** ********** **********, instaron diversos juicios de amparo indirecto en los que reclamaron, principalmente, del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa y otras autoridades, una orden de aprehensión dictada en el proceso penal **********.
31. El conocimiento de las contiendas constitucionales correspondió a distintos órganos jurisdiccionales.
32. Acumulación. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, a quien correspondió el conocimiento del amparo indirecto 896/2019, decretó la acumulación de los juicios de amparo, al advertir que existía identidad respecto al acto reclamado.
33. Impedimento del juez de Distrito. El referido juez de amparo manifestó estar impedido para continuar con el conocimiento del juicio de amparo 896/2019 y sus acumulados, al afirmar que se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo,(5) es decir, por mantener una relación de estrecha amistad con el autorizado de la parte quejosa.
34. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito calificó legal dicho impedimento, correspondiendo el conocimiento de las demandas de amparo al Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, quien los radicó con los expedientes de su índice 627/2020, 628/2020, 629/2020, 630/2020, 631/2020 y 632/2020.
35. Sentencia. Seguida la secuela procesal, el juez de Distrito, por una parte, sobreseyó en el juicio; y, por otra, concedió la protección federal en relación con la orden de aprehensión reclamada.
36. Recurso de revisión **********. Inconforme con la sentencia dictada en el juicio de amparo **********, antes **********, ********** ********** ********** **********, interpuso el citado medio de impugnación, que fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
37. Vista. En proveído de presidencia de siete de diciembre de dos mil veintitrés, se dio vista con los autos a dos de los magistrados integrantes del referido órgano jurisdiccional, ante la posible actualización de causas de impedimento para conocer del medio de defensa, tomando en consideración las razones por las que previamente había declarado fundados los impedimentos 11/2023, 12/2023 y 13/2023, planteados por uno de los magistrados, así como el 23/2019, planteado por el otro.
38. Con motivo de la vista otorgada, los magistrados presentaron escritos, en los que manifestaran las razones o motivos por los cuales consideraban estar impedidos para conocer del recurso.
39. En lo que aquí interesa, uno de los magistrados de circuito sustentó su impedimento en los mismos términos que lo hizo en los referidos precedentes, esto es, con base en el artículo publicado el tres de octubre de dos mil veintitrés en el periódico en línea "Versiones, los distintos ángulos de la noticia", que invocó como hecho notorio, en el que se afirmaba que tenía vínculos cercanos con el recurrente, lo que originó en su fuero interno una afectación a la objetividad, con la que debía conducirse al desempeñar su actividad jurisdiccional; siendo patente así el riesgo de pérdida de imparcialidad, lo que actualizaba la causa de impedimento prevista la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo.
40. Por su parte, el diverso magistrado de Circuito manifestó, bajo protesta de decir verdad, que mantenía una estrecha amistad con el recurrente, lo que actualizaba la causa de impedimento establecida en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo.
41. En atención a lo anterior, con fundamento en el diverso 54, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo,(6) la magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, remitió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal de dicho circuito.
42. Impedimento 9/2023. El conocimiento del asunto correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el cual declaró infundado uno de los impedimentos y calificó legal el otro.
43. En relación con el impedimento sustentado en la publicación de una nota periodística, destacó que la hipótesis prevista en el referido artículo 51, fracción VIII de la Ley de Amparo se actualiza cuando las personas juzgadoras se encuentran en una situación que implica elementos objetivos con los que fuera posible apreciar el riesgo de pérdida de imparcialidad, en otras palabras, circunstancias reales "ajenas de subjetivismos".
44. Así, consideró que, para tener por actualizada esa porción normativa, era necesario que el riesgo de pérdida de imparcialidad fuera objetivo, es decir, que no consistiera simplemente en un "temor, especulación, presunción o sospecha"; pues era menester partir de elementos concretos, para concluir que existía un conflicto de interés en el ánimo de la persona juzgadora.
45. Precisado lo anterior, señaló que la causa aducida por el magistrado, consistente en la existencia de una nota periodística, en la que se mencionó que mantenía vínculos con la persona recurrente, no constituía un "elemento objetivo real" del cual pudiera desprenderse claramente el riesgo de pérdida de su imparcialidad, ya que no expresó porqué ese hecho provocó en su fuero interno una afectación que pudiera trastocar su imparcialidad.
46. Abundó que el operador jurisdiccional no manifestó tener un interés directo, posición tomada o preferencia por alguna de las partes en el juicio relativo, ni aportó elementos para suprimir temores legítimos o sospechas válidas de parcialidad sobre su persona; es decir, razones que permitieran definir si su actuación corría el riesgo de ser objeto de influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta.
47. Señaló que era necesario que el riesgo de parcialidad debía "... ser evidente con independencia de la percepción individual del juzgador".
48. Concluyó que la sola publicación de la nota periodística, en la que se afirmaba que la persona juzgadora tenía vínculos cercanos con la parte quejosa y el dicho de aquélla, en el sentido de que tal circunstancia ocasionaba una afectación en su fuero interno, no era contundente para demostrar la pérdida de imparcialidad, pues no proporcionó argumentos que apoyaran sus afirmaciones; máxime que la función jurisdiccional le exigía proceder con decoro y debía templar sus emociones en el conocimiento de los asuntos asignados.
49. Subrayó que, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que, en ocasiones, la expresión de la persona juzgadora bastaba para configurar el impedimento,(7) ésta debía ser "clara" y, en el caso, de lo expuesto por el magistrado, no se apreciaba una base concreta para estimar que existía una afectación a su imparcialidad.
50. Apoyó su determinación en la jurisprudencia PR.P.CS. J/1 P, sustentada por el entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, de rubro: "IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA EL ELEMENTO OBJETIVO QUE IMPLIQUE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO MANIFIESTE QUE PRESENTÓ DENUNCIA PENAL CONTRA UN FAMILIAR DE UN MAGISTRADO INTEGRANTE DE UNA SALA PENAL SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE."(8)
51. Por otra parte, determinó que las razones vertidas en el impedimento presentado por diverso magistrado eran suficientes para tener por actualizada la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, dado que, la hipótesis de "estrecha amistad" se acreditó con la simple expresión del funcionario, debido a la credibilidad de la que goza.
52. Así, al declarar fundado el impedimento legal respecto de solo uno de los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, determinó que el conocimiento del recurso de revisión relativo correspondía al mismo órgano jurisdiccional.
V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
53. La mecánica para emprender este estudio debe realizarse desde un enfoque que permita advertir la necesidad de unificar criterios jurídicos, pues su objetivo es otorgar certeza a las personas juzgadoras y justiciables.
54. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, independientemente que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
55. Sirven de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010(9) y tesis aislada P. XLVII/2009,(10) emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
56. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes; entonces, es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumpla los requisitos siguientes:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, independientemente del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
57. Es decir, existirá una contradicción de criterios cuando dos o más órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y, en virtud de que ellos llegaron a soluciones contrarias; y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
58. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(11) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
59. Por otro lado, no es obstáculo para que este Pleno Regional se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 27/2001(12) y tesis aislada P. L/94,(13) sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
60. En atención a lo expuesto, se procederá a analizar, si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
61. Este Pleno Regional considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como se expuso con antelación, realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias que sustentaron.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
62. El segundo requisito también se cumple, debido a que, del análisis de las ejecutorias implicadas en el presente caso, se advierte que existe divergencia entre las soluciones adoptadas por los tribunales colegiados de circuito contendientes, pues arribaron a conclusiones antagónicas en torno a la calificación del impedimento planteado por un magistrado de circuito, con fundamento en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ante la publicación de la nota de tres de octubre de dos mil veintitrés en el periódico en línea "Versiones, los distintos ángulos de la noticia". 63. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito calificó legal el impedimento, porque consideró que la nota periodística constituía un dato concreto o elemento objetivo que, adminiculado con la manifestación de la persona juzgadora, en el sentido que dicha publicación ponía en riesgo su imparcialidad, a la cual concedió eficacia probatoria plena, era suficiente para configurar la hipótesis dispuesta en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo.
64. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito determinó que, por un lado, la referida nota periodística era insuficiente, por sí misma, para tener por configurado el impedimento aducido por la persona juzgadora, en tanto el riesgo de pérdida de imparcialidad debía ser evidente, es decir, advertirse con "total nitidez" de un elemento real, con independencia de la percepción individual del juzgador; aunado a que, en el caso concreto, no proporcionó argumentos en torno al porqué la nota periodística le causó una afectación en su fuero interno, ni manifestó tener interés directo, posición tomada o preferencia por alguna de las partes.
Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción
65. Entonces, es patente la divergencia que surgió entre los tribunales colegiados de circuito en torno al análisis de la referida nota periodística, en relación con los argumentos plasmados por un magistrado de Circuito en su escrito de impedimento, con el propósito de excusarse para conocer de diversos recursos de revisión que involucraban a las personas mencionadas en la nota.
66. Ahora, para este Pleno Regional, no es dable fijar el punto de contradicción, con el propósito de dilucidar si un artículo periodístico de determinadas características es o no suficiente para calificar legal el impedimento planteado por una persona juzgadora, porque los sustentados en el artículo 51, fracción VIII de la Ley de Amparo exigen un análisis que debe abordarse caso por caso, aunado a que tal proceder podría dar visos de recurso de revisión a la presente vía, ajenos desde luego, a las funciones atribuidas constitucional y legalmente a los plenos regionales.
67. Efectivamente, al resolver la contradicción de tesis 45/2005-PL, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el procedimiento de creación jurisprudencial por contradicción posee una finalidad clara y esencial, a saber, unificar criterios en aras de generar seguridad jurídica. Asimismo, indicó que el procedimiento de contradicción no tenía el propósito de revisar sentencias, sino que su función era suprimir la coexistencia de opiniones diferentes respecto de la forma, en la que debe interpretarse o aplicarse una norma legal, y obtener un sólo criterio válido, nuevamente, en aras de garantizar la seguridad jurídica.(14)
68. Por tanto, un criterio que pretendiera resolver dicha cuestión, además de poseer un alcance sumamente limitado dada la especificidad del caso abordado, podría dar lugar a mayor incertidumbre, pues necesariamente haría a un lado la gran variedad de escenarios que podrían presentarse, verbigracia: la diversidad de notas periodísticas, la confiabilidad del medio, su respaldo, el nivel de difusión, entre otros factores o elementos, así como la variedad de argumentos planteados por las personas juzgadoras al respecto.
69. Sin embargo, en la especie, es posible establecer un punto de contradicción más amplio consistente en dilucidar si, para actualizar la causa de impedimento contenida en el artículo 51, fracción VIII de la Ley de Amparo ¿basta la sola manifestación de la persona juzgadora, en el sentido de que determinada situación conlleva un riesgo de pérdida de su imparcialidad; o bien, es necesario que aporte mayores argumentos tendentes a evidenciar esa situación?
VI. ESTUDIO DE FONDO
Consideraciones preliminares
70. En primer lugar, conviene retomar brevemente algunas precisiones de nuestro Alto Tribunal en torno al principio de imparcialidad y la figura procesal del impedimento, que facilitarán la resolución de la presente contradicción de criterios.
Imparcialidad
71. Como uno de los ejes rectores del derecho fundamental de acceso a la justicia, este principio se encuentra consagrado en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su literalidad señala:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..."
72. En similar sentido, se encuentra previsto en el artículo 8, sub inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
"Artículo 8. Garantías Judiciales
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ..."
73. También, cabe destacar que el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación señala expresamente que la imparcialidad debe constituir uno de los valores fundamentales de las personas juzgadoras:
"CAPITULO II IMPARCIALIDAD
"2. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables. Por tanto, el juzgador:
"2.1. Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes.
"2.2. Rechaza cualquier dádiva que provenga de alguna de las partes o de terceros.
"2.3. Evita hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad.
"2.4. Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función.
"2.5. Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto."
74. En ese tenor, al resolver el amparo en revisión 522/2007,(15) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación subrayó que el derecho de acceso a la impartición de justicia se conformaba por cuatro principios, a saber, de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, entendiéndose por este último al hecho "... que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido".
75. Aunado a ello, en la ejecutoria relativa a la entonces contradicción de tesis 401/2016, la Segunda Sala destacó que de la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, de diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete se desprendía que la tutela judicial efectiva no se limitaba "... al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también comprende ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva".
76. En torno a la justicia imparcial manifestó que se traducía, tanto en la estricta observancia por parte de la persona juzgadora de las normas jurídicas que regían el juicio [imparcialidad objetiva], como de su aproximación al caso sin "sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes" [imparcialidad subjetiva].
77. Al respecto, la Primera Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria recaída al amparo en revisión 131/2011,(16) expresó que "... el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido".
78. Asimismo, al resolver los impedimentos 4/2016 y 5/2016, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal abonó que la imparcialidad no sólo implicaba que la persona juzgadora deba emitir una resolución apegada a derecho, "... sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido".
79. En suma, puede afirmarse que las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido coincidentes en que la imparcialidad es una exigencia y cualidad que debe poseer la persona juzgadora, para dictar sus resoluciones sin prejuicios ni preferencias hacia las partes, libre de intromisiones o presiones, guiando su proceder por el claro apego a la ley.
Impedimento
80. Precisamente para garantizar la satisfacción del principio anteriormente sintetizado, las personas juzgadoras cuentan con esta figura procesal para externar, motu proprio, la existencia de situaciones que podrían conducirles a decantarse en favor o perjuicio de alguna de las partes.
81. En efecto, en contraposición a la recusación, que se plantea por las partes, a través de este mecanismo las propias personas juzgadoras de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32439-e5558bed/impedimento-previsto-en-la-fraccion-viii-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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