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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PUEDE PROMOVERSE SIMULTÁNEAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, PUES NO GENERA LA IMPROCEDENCIA DE ESTE JUICIO, EN VIRTUD DE QUE SU ESTUDIO NO INCIDE EN LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 186/2023. · Registro digital (IUS): 32440
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-24
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo II, Pág.2074.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 186/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 6 DE DICIEMBRE DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y RICARDO MARTÍNEZ HERRERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Un Magistrado denunció la posible contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (Región Centro-Sur) contra el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (Región Centro-Norte).

El tema denunciado como contradictorio es determinar si se actualiza la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando también se promovió la nulidad de la notificación del acto reclamado. Un Tribunal Colegiado determinó que sí se actualiza la improcedencia del amparo, mientras que el otro Tribunal consideró que el juicio de amparo no es improcedente por ese motivo.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 186/2023, denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (Región Centro-Sur) y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (Región Centro-Norte).

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si se actualiza la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando la parte quejosa promueve, paralelamente, un incidente de nulidad contra la notificación del acto reclamado.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, Octavio Chávez López, Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión 75/2022, contra el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el recurso de reclamación 8/1991.

2. El magistrado denunciante señaló que existe discrepancia al definir si se actualiza la improcedencia del juicio de amparo indirecto en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ante la promoción de un incidente de nulidad contra la notificación del acto reclamado.(1)

3. Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito sostuvo que la simple promoción del incidente de nulidad contra la notificación del acto reclamado produce la improcedencia del amparo. Dicho criterio se ve reflejado en la tesis de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR LA INTERPOSICIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO."(2)

4. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito sostuvo que no se actualiza la causa de improcedencia pues el incidente de nulidad tiene por objeto únicamente dejar sin efectos la notificación, pero no el acto reclamado en sí mismo, por lo cual no sería modificado, revocado o nulificado.

5. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito agregó que el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito se sustenta en una suposición que, de no resultar procedente, traería como consecuencia dejar sin defensa a la parte quejosa. Es decir, en caso de que el incidente de nulidad se declare infundado, la notificación impugnada quedará firme y los posibles medios de defensa ya serían extemporáneos.

6. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 186/2023, y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para el estudio respectivo. En el mismo auto, la Presidenta solicitó a los Tribunales que informaran si sus criterios seguían vigentes.

7. Los Colegiados manifestaron que sus criterios no han perdido vigencia. Sin embargo, el diez de octubre de dos mil veintitrés, el actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (antes Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito) comunicó a esta Suprema Corte que, de acuerdo con informes de la Dirección de Archivo y Documentación, después de haber realizado una búsqueda ante el Centro Archivístico Judicial, no fue posible localizar el expediente relativo al recurso de reclamación 8/1991, en virtud de que no ingresó a los depósitos documentales para su resguardo definitivo.

8. Integración de la contradicción. Por acuerdo del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal tuvo por integrada la contradicción de criterios y ordenó remitir el asunto a la Ponencia de la Ministra Ponente.

9. Avocamiento. Previo dictamen, por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala determinó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, ya que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, y no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(3)

II. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia proviene de parte legitimada, en virtud que la formula Octavio Chávez López, Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, órgano que sustentó uno de los criterios denunciados. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política del país y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(4)

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. Para una mejor comprensión del asunto, y con la finalidad de determinar la existencia de la contradicción de criterios, en este apartado se desarrollan los elementos relevantes de los asuntos que fueron analizados por los Tribunales Colegiados, y la parte medular de los criterios denunciados como contradictorios.

III.1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito

Amparo en Revisión 75/2022

13. Juicio de origen. El veintisiete de septiembre de dos mil veinte, Persona "A" promovió un incidente de reducción o disminución de pensión alimenticia en el expediente Número de expediente "1", radicado ante el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla.

14. Requerimiento. El treinta de octubre de dos mil veinte, el Juzgado del conocimiento requirió al señor Persona "A" para que acudiera a las instalaciones del juzgado a ratificar su escrito, para lo cual otorgó un plazo de tres días. El diez de noviembre del mismo año, Persona "A" se presentó a ratificar el escrito.

15. Desechamiento del incidente. El doce de noviembre de dos mil veinte, el Juez dictó un acuerdo mediante el cual desechó el incidente de reducción de pensión alimenticia pues consideró que la ratificación del escrito respectivo fue extemporánea. Lo anterior, pues el acuerdo a través del cual se hizo el requerimiento se notificó de manera electrónica el cuatro de noviembre de dos mil veinte, por lo que el plazo feneció el nueve de noviembre siguiente. En consecuencia, si la persona interesada se presentó hasta el día diez de noviembre, ya era extemporánea su comparecencia.

16. Juicio de amparo indirecto. Inconforme con lo anterior, Persona "A" promovió un amparo indirecto contra el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual el juzgado de origen desechó el incidente de reducción o disminución de pensión alimenticia.

17. Nulidad de notificaciones. Paralelamente, Persona "A" promovió un incidente de nulidad de notificaciones en el cual planteó, entre otras cuestiones, la nulidad de la notificación del acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte.

18. Sobreseimiento. Del amparo indirecto conoció el Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla con el número de expediente "2".(5) Seguido el procedimiento, el Juez de Distrito dictó sentencia mediante la cual sobreseyó en el juicio de amparo.

19. El Juez de Distrito consideró que con la promoción del incidente de nulidad de la notificación del acto reclamado se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, relativa a la promoción de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.(6)

20. El juzgado precisó que si bien no se actualiza exactamente la hipótesis prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por analogía, se debe considerar materializada dicha causal. Además, consideró aplicable la tesis: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR LA INTERPOSICIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO."

21. Recurso de revisión. Nuevamente inconforme, Persona "A" interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito bajo el número de expediente 75/2022. En esencia, el recurrente sostuvo que el incidente de nulidad se interpuso con la finalidad de combatir la notificación del acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, pero no las consideraciones que sostienen el acuerdo impugnado.

22. El Tribunal Colegiado declaró fundados los agravios expuestos contra el sobreseimiento, pues consideró que no se actualizaba la causa de improcedencia invocada por el Juzgado de Distrito. Las consideraciones son las siguientes:

• El Tribunal señaló que el acto reclamado era el auto de doce de noviembre, por medio del cual el juez de origen desechó el incidente de reducción o disminución de pensión alimenticia.

• El hecho de que se hubiera promovido un incidente de nulidad contra la notificación del acto reclamado no actualiza la improcedencia del juicio.

• Conforme al artículo 74 del Código Procesal Civil local, el incidente de nulidad de actuaciones es el medio de defensa idóneo para impugnar una mala notificación, pero de resultar fundado dicho incidente, únicamente dejará sin efectos la notificación, pero el contenido del acuerdo no se altera.

• Es decir, ese incidente se limita al análisis de la legalidad de la notificación y resuelve exclusivamente si tal notificación se omitió o se practicó indebidamente.

• De ese modo, el Juez de Distrito parte de una premisa equivocada al sostener que el incidente de nulidad de actuaciones tiene por objeto dejar sin efectos el acto combatido y que puede "nulificar la actuación cuestionada", pues en realidad sólo se analiza la notificación del acto, pero no el acuerdo de desechamiento, ya que su legalidad no será analizada.

• El Juez sustentó su decisión en la tesis de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR LA INTERPOSICIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.", sin embargo, el Tribunal Colegiado no compartía ese criterio.

• En dicha tesis se sostiene que, de resultar fundado el incidente de nulidad, como consecuencia deberá practicarse una nueva notificación y, por tanto, hasta ese momento se estará en aptitud de impugnar el auto que se reclama a través del juicio de amparo, dentro de los plazos legales.

• El Tribunal del Sexto Circuito no compartió ese razonamiento pues se sustenta en una suposición. Es decir, de no resultar de esa manera, traería como consecuencia dejar sin defensa a la parte quejosa, ya que, si el incidente de nulidad se declara infundado, la notificación impugnada quedará firme y, al momento de promover el juicio de amparo resultará extemporáneo.

• En conclusión, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo, porque dicho incidente no tiene como finalidad analizar la legalidad del acto reclamado.

• Finalmente, el tribunal analizó los conceptos de violación omitidos con motivo del sobreseimiento y negó el amparo.

III.2. Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito

Recurso de Reclamación 8/1991.

23. Como se narró con anterioridad, el actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (antes Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito) comunicó a esta Suprema Corte que, de acuerdo con informes de la Dirección de Archivo y Documentación, no fue posible localizar el expediente relativo al recurso de reclamación 8/1991, por lo que únicamente se cuenta con la tesis emanada de ese asunto, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el rubro y texto siguientes:

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR LA INTERPOSICIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es verdad que un incidente de nulidad en contra de la notificación del acto impugnado, no tiene por objeto modificar, revocar o nulificar a éste, empero a través del mismo, podrá nulificarse la notificación de este acto y, en consecuencia, de resulta procedente deberá practicarse nueva notificación al inconforme y éste, por tanto, estará en aptitud de impugnar el acto en cuestión, a través del juicio de garantías, dentro del término previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Por ello, aun cuando en tal caso no se actualiza exactamente la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que se refiere a la tramitación de un recurso ordinario que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, debe considerarse materializada dicha causal, por analogía, dada la peculiaridad del asunto."(7)

24. De la tesis anterior se obtienen las siguientes premisas esenciales:

• Un incidente de nulidad en contra de la notificación del acto reclamado no tiene por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto reclamado;

• Sin embargo, sí podrá nulificar la notificación de ese acto y deberá practicarse una nueva notificación;

• Nuevamente notificada, la parte quejosa estará en aptitud de impugnar el acto reclamado a través del juicio de amparo, dentro del término legal;

• Aun cuando en tal caso no se actualiza exactamente la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 73 de la Ley de Amparo (abrogada), por analogía, debe considerarse materializada dicha causal.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

25. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que sí existe la contradicción de criterios denunciada, consistente en analizar la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando la parte quejosa promueve, paralelamente, un incidente de nulidad contra la notificación del acto reclamado.

26. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los siguientes elementos para determinar la existencia de una contradicción de criterios: i) que los órganos jurisdiccionales involucrados hayan examinado cuestiones jurídicas iguales en las que ejercieron su arbitrio judicial a través de consideraciones lógico-jurídicas para justificar la resolución y ii) que hayan llegado a conclusiones discrepantes sobre esa misma cuestión jurídica divergente en las resoluciones respectivas, a pesar de que las cuestiones fácticas no sean iguales.(8)

27. La Primera Sala de este Alto Tribunal ha sostenido también que, para advertir si se está o no frente a la materialización de una contradicción de criterios, se deben satisfacer los siguientes requisitos:

a) La resolución de alguna cuestión litigiosa por parte de los tribunales contendientes en la que hayan tenido que plasmar su arbitrio judicial mediante un ejercicio interpretativo a través del empleo de un canon o método;

b) La existencia en los criterios de dichos tribunales de un razonamiento en el que la diferencia interpretativa formulada haya girado en torno a una misma cuestión o problema jurídico; y

c) La configuración de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que también sea legalmente posible.(9)

28. La unificación de criterios es una cuestión que contempla la Constitución Política del país y la ley para proporcionar coherencia y congruencia cuando se presentan criterios discrepantes de distintos tribunales, con la finalidad de dotar de certeza y seguridad jurídica al razonamiento judicial dentro del sistema jurídico mexicano.

IV.1. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial

29. Este requisito se satisface porque los Tribunales Colegiados contendientes llevaron a cabo un ejercicio interpretativo respecto de los asuntos sometidos a su jurisdicción y recurrieron a su arbitrio judicial para emitir sus resoluciones.

30. Los órganos contendientes decidieron sobre la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando también fue promovido un incidente de nulidad contra la notificación del acto reclamado.

IV.2 Segundo requisito. Punto de toque en la cuestión jurídica planteada y diferendo en criterios interpretativos

31. Este segundo requisito también se satisface, ya que existe un punto de toque en las consideraciones de los tribunales al resolver un mismo problema jurídico.

32. El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito sostuvo que la simple interposición del incidente de nulidad contra la notificación del acto reclamado produce la improcedencia del juicio de amparo.

33. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito sostuvo que no se actualiza la causa de improcedencia, pues el incidente de nulidad tiene como consecuencia dejar sin efectos únicamente la notificación, pero no el acto reclamado en sí mismo, por lo cual dicho acto no sería modificado, revocado o nulificado. Este Tribunal agregó que el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito se sustenta en una suposición, pues de no resultar procedente la nulidad de la notificación, traería como consecuencia dejar sin defensa a la parte quejosa. Es decir, en caso de que el incidente de nulidad se declare infundado, la notificación impugnada quedará firme y los posibles medios de defensa ya serían extemporáneos.

34. Del contraste entre las consideraciones sustentadas en las resoluciones en estudio, se obtiene una genuina contradicción de criterios. En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito relativo a la existencia de un diferendo en criterios interpretativos entre tribunales sobre una misma cuestión jurídica.

35. Resulta oportuno recordar que, como se narró en párrafos precedentes, no se cuenta con la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el recurso de reclamación 8/1991. No obstante, esto no es obstáculo para que el criterio de dicho órgano judicial participe en el presente asunto,(10) ya que de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación se distingue con nitidez cuál es el criterio que sustentó dicho órgano y que dio origen a la tesis siguiente:

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR LA INTERPOSICIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es verdad que un incidente de nulidad en contra de la notificación del acto impugnado, no tiene por objeto modificar, revocar o nulificar a éste, empero a través del mismo, podrá nulificarse la notificación de este acto y, en consecuencia, de resulta procedente deberá practicarse nueva notificación al inconforme y éste, por tanto, estará en aptitud de impugnar el acto en cuestión, a través del juicio de garantías, dentro del término previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Por ello, aun cuando en tal caso no se actualiza exactamente la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que se refiere a la tramitación de un recurso ordinario que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, debe considerarse materializada dicha causal, por analogía, dada la peculiaridad del asunto." 36. Consideraciones similares sostuvo esta Primera Sala al resolver la contradicción de criterios 164/2022, fallada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.(11)

37. Tampoco es obstáculo para actualizar la contradicción, el hecho de que el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito hubiese interpretado el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo abrogada el dos de abril de dos mil trece. Mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito analizó el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues el contenido normativo de ambas legislaciones es prácticamente el mismo.(12)

IV.3 Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina respecto de la cuestión jurídica.

38. Este último requisito se actualiza ya que a partir del punto de toque y diferendo interpretativo entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes se formula la siguiente cuestión:

¿Es improcedente el juicio de amparo indirecto por la interposición de un incidente de nulidad contra la notificación del acto reclamado?

V. ESTUDIO

39. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que no se actualiza la improcedencia del juicio de amparo indirecto ante la promoción de un incidente de nulidad contra la notificación del acto reclamado. Lo anterior, con base en los razonamientos que a continuación se exponen.

40. El juicio de amparo constituye el principal mecanismo jurisdiccional diseñado para la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del país y en los Tratados Internacionales suscritos por México, y tiene su fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución.

41. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el juicio de amparo se encuentra en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconociéndolo, por su naturaleza, como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención.(13)

42. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 53/144, aprobó la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos", en la que se reconoció que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.(14)

43. Si bien la doctrina mexicana ha insistido en que el juicio de amparo no puede considerarse como un recurso, en virtud de que cuando un caso llega a esa instancia su litis originaria se transforma para ventilar cuestiones sobre derechos fundamentales, lo cierto es que, para efectos prácticos, el juicio de amparo sí permite a los jueces constitucionales estudiar cuestiones de legalidad y violaciones procesales.

44. En consecuencia, el Estado mexicano cumple cabalmente con la obligación convencional al contemplar el juicio de amparo como una instancia jurisdiccional, a través de la cual las personas pueden hacer valer sus desacuerdos respecto de las resoluciones de los jueces de única instancia.(15)

45. Lo anterior se relaciona con el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional, que se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de forma expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que se resuelva sobre ella a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades y, en su caso, se ejecute tal decisión.(16)

46. Es cierto que el juicio de amparo está diseñado para proteger los derechos humanos contra todo tipo de acto de autoridad, sin embargo, el poder legislativo también dispuso una serie de reglas para su procedencia. Lo anterior no es contrario al derecho de acceso a la justicia, pues es válido que el orden jurídico interno establezca esas limitantes al acceso a la jurisdicción.(17)

47. Tales limitantes han sido denominadas en la legislación como causas de improcedencia, y se encuentran previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo a través de un listado de veintitrés fracciones.(18)

48. Ahora, esta Suprema Corte ha aceptado en diversos precedentes que nuestro sistema de protección de derechos se rige por reglas y principios. Las reglas son normas jurídicas con condiciones de aplicación razonablemente detalladas y determinadas, que se aplican mediante razonamientos de subsunción. Mientras que los principios son imperativos jurídicos con condiciones de aplicación definidas de modo muy abierto o, mejor conocidos, como mandatos de optimización.(19)

49. De esa manera, en la mayoría de los casos, los derechos humanos operan como principios, mientras que las causas de improcedencia siempre se aplican como reglas. Es decir, cuando la persona juzgadora busca optimizar el derecho de acceso a la justicia estamos ante un principio, pero cuando en el juicio de amparo es posible que se actualice una causa de improcedencia, debe darse el tratamiento de una regla.

50. En consecuencia, la actualización de una causa de improcedencia en amparo se actualiza mediante una simple subsunción, sin que la persona juzgadora pueda acudir a una aplicación análoga o demasiado amplia para que justifique la improcedencia del juicio, a tal grado que se limite el derecho de acceso a la jurisdicción de las personas.

51. En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, implica que los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores de acceso a la jurisdicción.(20) Esto es, las autoridades jurisdiccionales, como rectoras del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con la finalidad de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo y la impunidad.(21)

52. En atención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, los tribunales están obligados a resolver los conflictos que se les planteen sin obstáculos ni dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo, por lo que, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstas, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.

53. Por lo tanto, debe buscarse la interpretación más favorable para el ejercicio de ese derecho humano, a la luz de los principios pro persona e pro actione. Sin que ello implique soslayar dichos requisitos de admisibilidad.

54. Sobre esos aspectos, el principio pro persona impone que, ante eventuales interpretaciones distintas de una misma norma, las autoridades jurisdiccionales deben optar por la aplicación o interpretación de aquella que conduzca a una mejor protección de derechos fundamentales y favorezca en mayor medida a la persona, o bien, que implique menores restricciones al ejercicio de sus derechos.(22)

55. Por su parte, el principio pro actione establece que los requisitos y los presupuestos procesales siempre deberán ser interpretados en el sentido más favorable, a fin de darle plena efectividad al derecho humano de tutela judicial efectiva. Así, en caso de duda respecto a si un órgano jurisdiccional debe o no conocer de un asunto que involucra la defensa de un derecho humano, se debe preferir el acceso a la jurisdicción.

56. En ese sentido, cuando se trata de justificar la procedencia del juicio de amparo es admisible una interpretación amplia o flexible, en atención al principio pro actione. En cambio, la interpretación es restrictiva cuando se debe justificar alguna causa de improcedencia.

57. Respecto de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo no se actualiza cuando la persona quejosa promueve el juicio de amparo y, paralelamente, promovió un incidente de nulidad contra la notificación de dicho acto.

58. Esa porción normativa prevé la improcedencia del juicio cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.(23)

59. Esta fracción regula la definitividad del acto reclamado, consistente en la exigencia de que el acto que se reclama en el juicio de amparo sea definitivo, es decir, que ya no exista otro medio de defensa o recurso por medio del cual dicho acto pueda ser anulado, revocado o modificado. Por tanto, previamente a la interposición del juicio de amparo, las personas deben agotar o sustanciar todos los medios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resulta improcedente.

60. Lo anterior trata de evitar la coexistencia de un medio ordinario de defensa con el juicio de amparo, promovidos en contra de un mismo acto, pues existiría la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto al mismo planteamiento legal que, inclusive, podrían ser contradictorias.

61. Al resolver la contradicción de tesis 239/2010,(24) esta Primera Sala estableció que, para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (actual artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo), se deben satisf

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32440-e94d5a3a/incidente-de-nulidad-de-notificacion-del-acto-reclamado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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