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IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA EXENCIÓN RESPECTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS CONCEPTOS PREVISTOS EN LAS FRACCIONES IV Y XIII DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY RELATIVA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO CON EL SALARIO MÍNIMO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 81/2023. · Registro digital (IUS): 32566
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-07-05
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Julio de 2024, Tomo I, Volumen 2, Pág.1812.

AMPARO DIRECTO 81/2023. 13 DE FEBRERO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. SECRETARIA: ANDREA ALEJANDRA VIZCAÍNO ARELLANO.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de trece de febrero de dos mil veinticuatro.

Visto para resolver los autos del juicio de amparo directo 81/2022, promovido por ********** ********** **********, por su propio derecho, contra la sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Tercera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 6242/22-07-03-1 conforme al siguiente:

Ver contenido

1. RESULTANDO

2. PRIMERO. Demanda de amparo.

3. El uno de marzo de dos mil veintitrés, ********** ********** **********, por su propio derecho, presentó escrito ante la Oficialía de partes de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes:

"... AUTORIDAD RESPONSABLE:

LA TERCERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

ACTO RECLAMADO.-

LA RESOLUCIÓN DE FECHA TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 6242/2022-07-03-21.".

4. Los derechos fundamentales que en su concepto fueron violados son los contenidos en los artículos 1o., 5o., 10, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo.

6. El escrito se turnó a este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde su presidente ordenó formar el toca de juicio de amparo directo 81/2023 y admitió la demanda a trámite por auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, en el que se reconoció como parte tercera interesada a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3", dependiente del Servicio de Administración Tributaria y se ordenó dar la intervención legal que compete a la representación social.

7. TERCERO. Pedimento.

8. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó el escrito de alegato ministerial número 83/2023, el cual se ordenó agregar a sus autos en proveído de veintitrés de marzo siguiente.

9. CUARTO. Alegatos.

10. En proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio ********** suscrito por ********** ********** ********** Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco "3", en representación la parte demandada en el juicio de origen.

11. QUINTO. Turno a ponencia.

12. Luego, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se ordenó turnar este asunto al Magistrado Juan José Rosales Sánchez, para la correspondiente elaboración del proyecto de sentencia.

13. CONSIDERANDO

14. PRIMERO. Competencia.

15. Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo directo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso a), V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente; y arábigos 38, fracción I, inciso b), y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 33/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y treinta de septiembre de dos mil catorce, respectivamente, toda vez que se promovió contra una sentencia definitiva dictada por la Tercera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde éste tribunal ejerce jurisdicción territorial precisamente en materia administrativa.

16. Además, sobre la competencia y reanudación de labores presenciales de este órgano colegiado es aplicable el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.

17. SEGUNDO. Legitimación.

18. El juicio de amparo que ahora se resuelve fue promovido por ********** ********** **********, por su propio derecho, quien tiene el carácter de parte actora en el expediente del cual deriva el acto reclamado; en consecuencia, este juicio se inició a instancia de parte legítima, de conformidad con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.

19. TERCERO. Procedencia.

20. El presente juicio de amparo fue promovido contra la sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés, que puso fin al expediente 6242/2022-07-03-1, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en consecuencia, este juicio es procedente en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que resultó contrario a los intereses del quejoso.

21. CUARTO. Oportunidad.

22. El artículo 17 de la Ley de Amparo concede a las partes un plazo legal de quince días hábiles para presentar la demanda de amparo, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la parte quejosa, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado que en este caso es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, misma que en su artículo 65, cuarto párrafo,(1) estatuye que la notificación a las partes surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación en el Boletín Jurisdiccional o aquél en que las partes sean notificadas personalmente.

23. En ese entendido, se tiene que la sentencia reclamada se dictó el trece de enero de dos mil veintitrés; se notificó a la parte quejosa mediante boletín jurisdiccional publicado el dos de febrero de dos mil veintitrés; surtió efectos el ocho siguiente; y, la demanda de amparo se presentó el uno de marzo de dos mil veintitrés.

24. Así, el plazo legal de quince días hábiles para que la parte quejosa promoviera la demanda de amparo transcurrió del nueve de febrero al uno de marzo de dos mil veintitrés; sin contar los sábados y domingos de dicho período, que en el caso fueron once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil veintitrés que fueron inhábiles en términos de los artículos 70 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

25. En consecuencia, visto que la demanda se presentó el uno de marzo de dos mil veintitrés, que corresponde al decimoquinto día del plazo legal aludido, se colige que el presente juicio de amparo se promovió de manera oportuna.

26. Lo anterior se sintetiza en el cuadro siguiente:

Ver cuadro

27. QUINTO. Certeza del acto reclamado.

28. La sentencia reclamada obra a folios 416 a 429 del expediente de origen, de la cual se agrega copia certificada a este toca, sin necesidad de realizar su transcripción por no ser necesaria para la solución del caso, ni existir obligación jurídica de realizarla.

29. SEXTO. Conceptos de Violación.

30. La parte quejosa expresó sus conceptos de violación al tenor de la demanda de amparo que dio inició al presente juicio, cuya transcripción también se omite en la presente ejecutoria, al no ser necesaria para resolución del caso y no existir obligación legal de realizarla de parte de este órgano colegiado.

31. A lo anterior, es acorde la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010,(2) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".

32. SÉPTIMO. Antecedentes.

33. En este momento se tienen a la vista las constancias que integran el expediente 6242/22-07-03-1, que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202(3) del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos del numeral 2(4) de éste último ordenamiento, y de su contenido se advierten los hechos que constituyen los antecedentes del presente asunto, que se narran en forma cronológica para su mejor comprensión, en los términos siguientes:

34. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de las Sala Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ********** ********** ********** promovió juicio contencioso administrativo en contra de las siguientes resoluciones:

a) La resolución contenida en el oficio número 500-32-00-01-02-2022-017229713541 de quince de julio de dos mil veintidós, emitida por la Subadministradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal "1", en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" del Servicio de Administración Tributaria, en la que negó la solicitud de devolución de saldo a favor del actor por concepto de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por la cantidad de $********** (********** ********** ********** ********** ********** ********** pesos **********/100 moneda nacional); y

b) La resolución contenida en el oficio número 500-32-00-01-02-2022-017229714519 de quince de julio de dos mil veintidós, emitida por la Subadministradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal "1", en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" del Servicio de Administración Tributaria, en la que negó la solicitud de devolución de pago de lo indebido por concepto de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por la cantidad de $********** (********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** pesos **********/100 moneda nacional).

35. En acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Magistrada Instructora de la Primera Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa registró la demanda con el número de expediente 6242/22-07-03-1; la admitió a trámite en la vía ordinaria y requirió a la autoridad demandada para que diera contestación a la demanda.

36. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Magistrada Instructora tuvo por contestada la demanda y otorgó un plazo de cinco días a las partes para que formularan alegatos, lo que así hizo la parte actora.

37. Seguido el trámite del juicio, la sala dictó sentencia definitiva en la que reconoció la validez de las resoluciones impugnadas por las razones siguientes:

a. Que, la litis se centró en dilucidar si para determinar el monto exento se debía tener en consideración el salario mínimo general vigente o la unidad de medida y actualización, así como si era procedente la devolución solicitada y si se violó el derecho de propiedad del actor.

b. Que, el artículo 93, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecía que no se pagaría el impuesto sobre la renta por la obtención de los ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otra forma de retiro, cuyo monto diario no excediera de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.

c. Que, no obstante, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaraban reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en cuyo artículo tercero transitorio, establecía que a partir de la fecha de entrada en vigor de ese decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida, o referencias para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emanara de todas las anteriores, se entenderían referidas a la unidad de medida y actualización.

d. Que, en consecuencia, si en el artículo 93, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecía que el cálculo de los ingresos exentos por jubilación se debía realizar en salarios mínimos, entonces, esa mención debía entenderse hecha a las unidades de medida y actualización de conformidad con el decreto analizado, por lo que resultaba legal la determinación de la autoridad al aplicar la unidad de medida y actualización.

e. Que, no era óbice el argumento del actor en el sentido de que era aplicable el salario mínimo, dado que los ingresos exentos por pensión y jubilación obtenidos por los contribuyentes, debían considerarse como un accesorio u homologo al sueldo, siendo acorde con el salario mínimo en términos de la jurisprudencia I.18o.A. J/8 (10a.) y de las tesis I.6o.T.170 L (10a.) y (I Región)4o.21 A (10a.); ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, al resolver la contradicción te tesis 200/2020, que dio origen a la jurisprudencia 30/2021 (10a.), titulada "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO", estableció que la unidad de medida y actualización sí resultaba aplicable a las pensiones; por lo que, si los ingresos que obtuvo el actor en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno derivaban de una pensión, entonces, si resultaba aplicable la citada unidad de medida y actualización.

f. Que el veintisiete de abril y el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el actor presentó declaraciones complementarias del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en las que precisó un saldo a cargo de $********** (********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** pesos **********/100 moneda nacional) y un saldo a favor de $********** (********** ********** ********** ********** ********** ********** pesos **********/100 moneda nacional), que derivaron de la modificación que hizo al cálculo de la exención de sus ingresos por jubilación provenientes de su retenedora, aplicando los salarios mínimos.

g. Que el motivo toral de la negativa de devolución solicitada se debía a que no le resultaba aplicable para dicha exención los salarios mínimos, sino la unidad de medida y actualización.

h. Que no obstante, como lo aducía el actor, la demandada fue omisa en pronunciarse de manera directa respecto a si la presentación de la declaración complementaria de dieciocho de mayo de dos mil veintidós resultaba suficiente para evidenciar la existencia de un pago de lo indebido, empero, ello no hacía que asistiera razón al demandante en cuanto a su derecho subjetivo a la devolución, dado que no le eran aplicables los salarios mínimos, sino las unidades de medida y actualización, por lo que no estaba acreditado el pago de lo indebido.

i. Que no se vulneraba el derecho de propiedad del actor, porque cuando un impuesto era pagado por el contribuyente, la cantidad de dinero pagada salía de su patrimonio, aun cuando debido a la mecánica del cálculo del impuesto surgieran saldos a favor por el pago de ese impuesto y se pudiera recuperar lo pagado, siempre que se cumplieran los requisitos de ley y era solo hasta ese momento que esa cantidad de dinero se pudiera considerar parte del patrimonio del contribuyente, no antes, por lo que el demandado debió demostrar que el monto solicitado correspondía a un impuesto debidamente acreditado o deducido y calculado, de ahí que si el actor no lo hizo, no se advierte violación alguna a su derecho de propiedad.

38. Inconforme con lo anterior, el actor promovió el presente juicio de amparo.

39. OCTAVO. Suplencia de la deficiencia de la queja.

40. Como cuestión previa, cabe precisar que en el presente asunto resulta aplicable la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, que autoriza dicha prerrogativa en favor del trabajador pensionado, con independencia de que el conflicto surja de una relación regulada por el derecho administrativo, como en el caso acontece, en el que el acto reclamado en el juicio de amparo se hace consistir en la sentencia reclamada en la que la sala responsable resolvió sobre la exención prevista en el artículo 93, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con los ingresos obtenidos por pensiones o jubilación.

41. La anterior conclusión encuentra apoyo en la tesis 2a. XCV/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1106 del Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, titulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS".

42. No obstante, tal suplencia no implica una resolución favorable, pues esto depende de las particularidades del caso.

43. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), registro 2014703, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, página 263, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna."

44. NOVENO. Estudio del asunto.

45. Los conceptos de violación son infundados.

46. En sus conceptos de violación, el quejoso argumenta que la sentencia reclamada es inconstitucional, porque la sala determina que el monto exento señalado en el artículo 93, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta debe ser tasado en la unidad de medida y actualización y no en salario mínimo vigente, lo que vulnera de forma real y actual su esfera jurídica por negarle la procedencia de devolución del pago de lo indebido y provocar un detrimento en su pensión jubilatoria, además de transgredir su derecho humano a la protección del salario que le asegura una existencia digna y completa, poniendo en peligro a las personas que dependen de él, lo que lo dejó en estado de indefensión y vulneró su garantía de audiencia y defensa, así como las diversas de seguridad y legalidad jurídicas, en virtud de que la sentencia reclamada también carece de la debida fundamentación y motivación, por aplicar defectuosamente el aludido numeral con base en un criterio jurisprudencia que contraviene la literalidad de dicho numeral, tomando en cuenta que se trata de un derecho adquirido y protegido por la Constitución Federal.

47. Tal concepto de violación es infundado, porque como lo resolvió la Sala responsable para determinar el monto exento de las pensiones o jubilaciones previsto en el artículo 93, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, debe tener en consideración la unidad de medida y actualización, por ser la aplicable en tanto que la exención del impuesto de que se trata no es de naturaleza laboral, ni siquiera lo son las pensiones o jubilaciones, tomando en cuenta que el salario mínimo es un concepto de remuneración laboral mínima para la subsistencia del trabajador, concebido con un derecho constitucional, cuyo artículo 123, apartado A, fracción VI, en relación con la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, prohíbe que sea utilizado como referencia para fines ajenos a su naturaleza. 48. El artículo 93, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone:

"Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

...

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título".

49. Como se ve, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

50. Ahora bien, con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, el constituyente permanente aprobó la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones, y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

51. Así, el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, en sus artículos tercero y noveno transitorio dispone:

"... Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

...

Noveno. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI ...".

52. De tales preceptos, se desprende que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización, ordenándose la abrogación de todas las disposiciones que se opongan a dicho decreto.

53. Por tanto, se tiene que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario centró su interés en desvincular al salario mínimo como índice, unidad, base o medida de referencia para determinar la cuantía de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos administrativos y financiero.

54. Al respecto, es oportuno precisar lo resuelto en la contradicción de tesis 200/2020, que dio origen a la jurisprudencia 30/2021, en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó:

1) La pensión jubilatoria prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y en el régimen del artículo Décimo Transitorio de la referida ley vigente, constituye una prestación de seguridad social que se otorga a los trabajadores del Estado, por lo que su monto mismo, con las salvedades que detalla, debe cuantificarse con base en el valor de la unidad de medida y actualización (UMA), derivada de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Ello, porque la pensión jubilatoria, como beneficio de seguridad social, constituye una prestación a la que los trabajadores acceden una vez que satisfacen los años de servicio y edad previstos legalmente. Sin embargo, el hecho de que se trate de un derecho que constitucionalmente se configura como consecuencia de la existencia de una relación de trabajo, los aspectos relativos a la cuantificación de las pensiones, constituye un aspecto ajeno a la materia de trabajo.

2) Conforme a la reforma constitucional de dos mil dieciséis, se eliminó al salario mínimo como parámetro para calcular el monto en el pago de diversas obligaciones en materia de impuestos, multas y actividades económicas.

55. Lo anterior, quedó plasmado de la siguiente forma:

"... 69. Tenemos entonces, por un lado, que el salario mínimo es un concepto de remuneración mínima para una subsistencia digna, concebido como un derecho constitucional conforme al cual nadie puede ganar por su trabajo una cantidad inferior a este y, por otro lado, que el monto de la pensión lo constituye el del salario obtenido por el trabajador en el último año en que estuvo activo. En el caso de estas dos premisas no cabe duda de que ambas forman parte del ámbito laboral.

70. Por el contrario, el monto máximo que puede recibir un asegurado una vez calculado el monto de su pensión no tiene relación ni con la definición de lo que es un salario mínimo ni con el citado monto de su pensión y, por tanto, puede concluirse que sí se trata de una medida de referencia y, en consecuencia, le es totalmente aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación; particularmente, el régimen transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma constitucional, los conceptos de salario mínimo establecidos en los artículos 57 de la ley y 7 del reglamento deben entenderse referidos a la nueva Unidad de Cuenta.

71. Esta conclusión se reafirma si se tiene en cuenta que, debido a la recuperación progresiva que ha tenido el salario mínimo (aproximadamente treinta por ciento en los años posteriores a la reforma de desindexación), el volver a considerarlo como medida para el tope del monto máximo de la pensión, incrementaría en la misma proporción las obligaciones a cargo de los fondos de pensiones del sistema solidario y así sucesivamente aumentando el déficit del sistema con cada incremento; dicho en otras palabras, ese elemento ajeno al salario seguramente propiciaría la necesidad, una vez más, de contener o detener la recuperación del salario mínimo, lo que es contrario al espíritu de la Reforma Constitucional en materia de desindexación.

72. A mayor abundamiento, es indudable que la pensión jubilatoria, como beneficio de seguridad social, constituye una prestación a la que los trabajadores acceden una vez que satisfacen los años de servicio y edad previstos legalmente. Sin embargo, el hecho de que se trate de un derecho que constitucionalmente se configura como consecuencia de la existencia de una relación de trabajo, los aspectos relativos a la cuantificación de las pensiones, entre los que se encuentra el monto máximo previsto en la ley, constituye un aspecto ajeno a la materia de trabajo.

73. Ello, en tanto que esta Segunda Sala ha sostenido reiteradamente que si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública o la fuente de trabajo en la que éste ha laborado, el aspecto relativo a la indebida cuantificación de una pensión pertenece a la materia administrativa, en tanto que no se cuestiona el derecho a obtenerla ni está en juego su revocación.

74. De ahí que, si bien el otorgamiento de la pensión jubilatoria constituye un derecho previsto en la Constitución, que deriva de la existencia del vínculo laboral que los trabajadores del Estado sostienen con los Poderes de la Unión, el aspecto relativo a la cuantificación de las pensiones corresponde a la materia administrativa y, por tanto, la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con base en el salario mínimo, en tanto que el mandato constitucional prohíbe emplearlo como "índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza."

75. Más aún, si se tiene en cuenta que el monto máximo de las pensiones únicamente es aplicable a los asegurados con los salarios de cotización más altos, es decir, aquellos que cotizan al ISSSTE con un salario superior a die

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32566-37fc9a0e/impuesto-sobre-la-renta-la-exencion-respecto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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