HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. DEBEN EXCLUIRSE DE SU CONDENA LOS PERIODOS VACACIONALES Y LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO O FESTIVOS, CUANDO NO EXISTA CONTROVERSIA RESPECTO DE QUE NO SE LABORARON.
AMPARO DIRECTO 1051/2018. SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: LUCÍA DEL SOCORRO HUERDO ALVARADO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio del asunto. Establecido lo anterior, este órgano colegiado estima que los conceptos de violación planteados por la parte quejosa son parcialmente fundados; mismos que, por razón de técnica, serán analizados en orden distinto al planteado, algunos en su conjunto y otros por separado, al así estar permitido por el artículo 76 de la Ley de Amparo, y bajo el principio de estricto derecho, pues quien acude al juicio de amparo es la parte patronal; por lo que no opera a su favor la suplencia de la queja deficiente, que en esta materia únicamente procede en beneficio de la clase trabajadora, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; además, no se advierte que el laudo reclamado se encuentre fundado en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el Pleno en Materia de Trabajo de este Circuito o que se trate de una persona que, por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentre en clara desventaja social, para que, en su caso, se obrara conforme a las fracciones I o VII del invocado precepto legal.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de dos mil quince, página trescientos cincuenta y nueve, con número de registro digital: 2010624, de rubro y texto:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."
Además, en atención a lo extenso y reiterativo de tales motivos de inconformidad, se precisa que el derecho fundamental a la impartición de justicia no llega al extremo de obligar al juzgador a responder una a una las proposiciones esgrimidas al respecto, aun cuando sean repetitivas, siendo válido, en consecuencia, hacer un extracto de los aspectos debatidos, a fin de atender la controversia planteada y, la esencia, en sí, de la queja.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 793, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 172517, de rubro y texto siguientes:
"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional –como las de prontitud y expeditez– y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente."
Asimismo, a fin de delimitar la litis que habrá de regir en este controvertido, es pertinente señalar que no serán materia de esta litis constitucional las absoluciones establecidas en favor de la parte aquí quejosa, al pago de diferencias salariales y horas extras, por el periodo comprendido del uno de diciembre de dos mil diez al ocho de febrero de dos mil dieciséis; de las prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, consistentes en: a) compensación turno vespertino, b) ayuda para pasajes, c) despensa, d) previsión social múltiple, e) compensación temporal compactable, f) ayuda por servicios, g) ayuda para capacitación y desarrollo, h) gratificación anual, i) antigüedad quinquenal, j) estímulo por antigüedad, k) estímulo a servidores públicos, l) ayuda para lentes y m) compensación administrativa; vacaciones por todo el tiempo que durara el juicio; pues es evidente que tales determinaciones benefician a la parte aquí inconforme, y no acude a esta instancia constitucional el actor, que, en todo caso, es a quien perjudican, por lo que deben permanecer incólumes.
En esa tesitura, los temas de esta sentencia son los relativos a las diversas condenas establecidas en contra de la parte quejosa, a la reinstalación del actor con la categoría de analista político adscrito a la Delegación Regional Zona Centro con residencia en Córdoba, Veracruz, así como al pago de salarios caídos e incrementos; diferencias salariales y horas extras, por el periodo comprendido del nueve de febrero de dos mil dieciséis al uno de enero de dos mil diecisiete; así como de prima vacacional y aguinaldo, por todo el tiempo que duró el juicio y hasta el cumplimiento del laudo; al reconocimiento de su antigüedad y a la expedición de un nombramiento de base definitivo en favor del actor; así como a la inscripción retroactiva de éste y el pago de aportaciones en su favor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del uno de diciembre de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, así como del uno al dos de enero de dos mil diecisiete, durante la tramitación del juicio y hasta la ejecución del laudo, y ante el o los organismos de seguridad social con quienes tuviera celebrado el o los convenios respectivos, cuya denominación se determinaría en el incidente de liquidación, por el plazo comprendido del uno de diciembre de dos mil diez al dos de enero de dos mil diecisiete, por el trámite del juicio y hasta la materialización del laudo; ello, en la medida que lo permitan los conceptos de disenso propuestos.
Así, la promovente del amparo aduce, en principio, que el laudo reclamado viola lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, en tanto que la autoridad responsable no lo fundó, ni motivó correctamente, además de que omitió valorar de forma integral los medios de convicción aportados por las partes, al haber determinado que no obran en autos actuaciones tendentes a demostrar la calidad de trabajador de confianza del actor, a pesar de que se ostentó como analista político y, por ende, sus funciones se circunscriben a lo dispuesto en el Manual de Organización de la Dirección General de Política Regional de la Subsecretaría de Gobierno, en la cual se describen dos funciones, las generales del puesto y las específicas, mismas que no corresponden a las narradas por el actor en su escrito de demanda y evidencian, afirma, que éste desempeñaba actividades de asesoría y consultoría, las cuales, dado su impacto social, corresponden a un trabajador de confianza.
Agrega, que el cargo de analista político es un puesto de estructura, como se desprende de la copia de la estructura orgánica de la Dirección Política Regional, documento que no fue objetado en autenticidad, sino únicamente en cuanto a su alcance y valor probatorio, así como del manual citado en líneas anteriores, circunstancia que la responsable omitió tomar en consideración.
Asimismo, señala que dicha calidad del operario también se desprende de los recibos de pago, en los cuales se especifica que tenía la categoría de empleado temporal administrativo, es decir, de confianza, pues de haber sido de base, así se hubiera especificado en esas probanzas.
Tales argumentos son inoperantes, por insuficientes y genéricos, porque con ellos el promovente del amparo no controvierte de manera frontal y eficaz las razones expuestas por el Tribunal responsable para llegar a la conclusión de que el actor no era trabajador de confianza.
En efecto, del laudo reclamado se constata que el tribunal responsable sí analizó las documentales consistentes en el Manual de Organización de la Dirección General de Política Regional de la Subsecretaría de Gobierno, la copia de la estructura orgánica de la Dirección Política Regional y los recibos de pago, y las razones para determinar que dichos documentos no eran aptos para justificar que las funciones desempeñadas por el actor fueron las de un trabajador de confianza consistieron en que no se advertía que el puesto de ********** fuera un cargo que requiriera aprobación expresa de los titulares de la entidad, ni que se equiparara a un secretario particular o privado, o personal adscrito a las secretarías particulares, o que realizara trabajos personales y directos para los servidores públicos (titulares de entidades); asimismo, señaló que no se asemeja a los titulares de las distintas dependencias o responsables de las unidades u órganos de la estructura administrativa de la entidad pública, hasta el nivel de jefe de sección o su equivalente como personal de confianza, debido a que de las referidas documentales no se percibía ese cargo dentro de dichos supuestos; agregó que tampoco encuadraba en las fracciones V y VI del artículo 7o. de la Ley Estatal del Servicio Civil, pues no se trataba de un agente, secretario del Ministerio Público (ahora fiscalía) o miembro del Poder Legislativo o Judicial.
Asimismo, señaló que con el Manual Específico de Organización de la Dirección General de Política Regional, se acreditaron las funciones que tenía encomendadas el actor conforme el cargo conferido, las cuales consistían en coadyuvar en las demandas planteadas por organizaciones políticas y sociales, apoyar en las reuniones de los eventos y actividades que se lleven a cabo; las acciones eficaces que contribuyan al desarrollo político de la entidad, así como:
"1. Analizar la información de organizaciones políticas, sociales y movimientos ciudadanos, para entregar a su superior jerárquico, a fin de evitar posibles movilizaciones. 2. Apoyar a canalizar las demandas planteadas por organizaciones sociales, políticas, religiosas y ciudadanas, vía fax, telefónica, por oficio, correo electrónico o de forma personal, atendiendo sus peticiones en el lugar donde se presenten, para que sean entregadas a las dependencias involucradas para su solución. 3. Elaborar reportes que reflejen la situación política de la entidad, para que sean turnados al superior jerárquico para la toma de decisiones. 4. Registrar e informar de los eventos políticos, conferencias magistrales, foros y actividades diversas que conlleven a la actividad política, para turnar a su superior jerárquico. 5. Apoyar en la realización de reuniones de trabajo con organizaciones, asociaciones y dependencias, para establecer un vínculo que permita conocer los programas de las actividades propias de los líderes políticos y religiosos; además del estado que guardan las demandas planteadas por cada organización. 6. Cubrir e informar de las ruedas de prensa y eventos especiales para conocer las demandas e inconformidades de los líderes políticos, sindicales, religiosos y organizaciones. 7. Coadyuvar en la gestión de las diversas peticiones ante dependencias federales, estatales y municipales. 8. Concentrar toda la información que sirva de base para analizar los movimientos políticos y religiosos del Estado. 9. Coadyuvar en la mediación de los conflictos entre organizaciones y dependencias gubernamentales o mítines políticos. 10. Elaborar registro y análisis de los actores y escenarios políticos. 11. Acudir cuando se le indique a atender algún conflicto en cualquier municipio del Estado. 12. Elaborar documentos de investigación, para identificar y ubicar los asuntos que pudieran poner en riesgo la gobernabilidad del Estado. 13. Analizar la información obtenida para llevar un seguimiento puntual de la movilización social y de fenómenos políticos que pudieran repercutir en el Estado. 14. Mantener actualizada la agenda de riesgos del Estado. 15. Realizar aquellas actividades que las disposiciones legales y reglamentarias le confieran, así como las que coadyuven al desempeño correcto de sus funciones y las que expresamente le encomiende su jefe inmediato."
Mismas que, concluyó el tribunal del conocimiento, no se equiparan o asimilan a las de dirección, pues no se observó que contara con poder de decisión en el ejercicio de mando; tampoco, se evidenciaba que realizara funciones de inspección, supervisión o vigilancia, pues la entidad no acreditó que supervisara el trabajo de alguien más, ni mucho menos vigilara el desarrollo de funciones designadas a diversas personas, elementos que de forma inminente van acompañados a las tareas de inspección, supervisión y vigilancia, las cuales no se relacionan con las de ********** que fue el puesto aceptado por las partes, y necesariamente se realizan a nivel de jefaturas y subjefaturas, siempre y cuando así lo considere el presupuesto de la dependencia o entidad, cuestión que la entidad no señaló como defensa, aunado a que del referido manual se percibía que el puesto ostentado por el trabajador no tenía subordinados inmediatos; empero, sí un jefe inmediato, como lo es el Subdirector y el Delegado Regional; mucho menos de auditoría, que involucrara revisar, examinar y evaluar resultados de una gestión administrativa a fin de verificar si se ajusta a la norma, situación que no coincide con las funciones desarrolladas por el actor; menos aún, se asemejan a la planeación, ya que ésta comprende realizar planes o proyectos para el buen funcionamiento de la entidad patronal; el control directo de adquisiciones o manejo de fondos o valores, de acuerdo al artículo 5o., fracción II, incisos c) y e), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, que implican en sí mismas, la facultad legal de disponer sobre bienes o valores en cuanto a su destino y/o aplicación, imperio que no se vislumbraba en las tareas del peticionario, tampoco, que tuviera bajo su responsabilidad almacenes o inventarios; por último, la asesoría o consultoría, conforme a lo previsto en el diverso numeral 5o., fracción II, inciso h), de la referida legislación, de aplicación supletoria a la Ley Estatal del Servicio Civil, refirió que únicamente se actualizaba esa hipótesis cuando se proporciona a servidores públicos superiores como: secretario, subsecretario, oficial mayor, coordinador general y director general en las dependencias de Gobierno Federal o sus equivalentes en las entidades. Asimismo, señaló que con lo anterior, se demostraba que las actividades desarrolladas por el empleado estatal adscrito a la Delegación Regional Zona Centro, con sede en **********, de la Dirección General de Política Regional, de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, con la categoría de **********, no guardan relación con las diversas hipótesis que contiene el artículo 7o., en su fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz; por lo tanto, determinó que la Secretaría demandada no ofreció probanzas que permitieran corroborar o demostrar la calidad de confianza atribuida a su colaborador, entonces, que, por exclusión, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se consideraba a ********** como trabajador de base y que, por ello, contaba con acción y derecho para reclamar la reinstalación y la protección amplia de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Consideraciones que deben permanecer firmes y continuar rigiendo el sentido del laudo combatido, ante su falta de impugnación, porque, como se adelantó, no son controvertidas por la parte quejosa, quien se limita a señalar, como se expuso, que el laudo carece de fundamento suficiente, además de haberse omitido valorar de forma integral los medios de convicción aportados por las partes, al haber determinado que no obran en autos medios de convicción tendentes a demostrar la calidad de trabajador de confianza del actor, a pesar de que se ostentó como ********** y, por ende, sus funciones se circunscriben a lo dispuesto en el Manual de Organización de la Dirección General de Política Regional de la Subsecretaría de Gobierno, en la cual se describen dos funciones, las generales del puesto y las específicas, mismas que no corresponden a las narradas por el actor en su escrito de demanda y evidencian, a su parecer, que éste desempeñaba actividades de asesoría y consultoría; que el cargo de ********** es un puesto de estructura, como se desprende de la copia de la estructura orgánica de la Dirección Política Regional, así como del manual en cita; y que de los recibos de pago se colige que el actor tenía la categoría de empleado temporal administrativo, es decir, de confianza, pues de haber sido de base, así se hubiera especificado; sin explicar por qué las actividades detalladas en el manual referido sí son de asesoría y consultoría o alguna de las previstas en la fracción III del artículo 7o. de la Ley Estatal del Servicio Civil; es decir, sin combatir de manera frontal y directa las razones torales en las cuales se sustentó el tribunal responsable para determinar que el actor no desempeñaba funciones de un trabajador de confianza; entonces, los motivos de disenso devienen inoperantes por insuficientes. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen setenta y nueve, Quinta Parte, página quince, con número de registro digital: 243611, de rubro y texto:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Si los conceptos de violación formulados por el patrón quejoso no atacan las consideraciones esenciales en las que la Junta funda los puntos resolutivos de un laudo, deben estimarse como insuficientes e inoperantes, pues aun cuando pudiera resultar fundados, no basta para el otorgamiento del amparo."
Asimismo, sirve de apoyo, por su idea jurídica, la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se comparte, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, materia común, página 1138, con número de registro digital: 178786, de voz:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada."
Así como la tesis jurisprudencial VI.2o. J/26, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este Tribunal comparte, visible en la página 608, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia laboral, con número de registro digital: 227609, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso no combaten las consideraciones que rigen el sentido del laudo reclamado, dichos conceptos resultan inoperantes."
Así como, en lo conducente, la jurisprudencia setecientos veintidós, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, localizable en la página cuatrocientos ochenta y seis, Tomo VI, materia común, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, con número de registro digital: 394678, que literalmente establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo."
A mayor abundamiento, debe decirse que este tribunal considera acertada la determinación de la autoridad responsable, en el sentido de establecer que con la documental consistente en el Manual de la Dirección General de Política Regional y la copia de la Estructura Orgánica de dicha dirección (que incluso se advierte de manera completa en el manual de previa referencia), la entidad demandada no demostró que el actor hubiese laborado con la categoría de trabajador de confianza; medios de prueba que, para una mayor ilustración, enseguida se insertan:
(SE SUPRIMEN IMÁGENES)
En efecto, como se observa, el organigrama estructural ofrecido como prueba no tiene el alcance pretendido, pues en él únicamente se advierte como está integrada la dependencia a la cual se encuentra adscrito el actor, pero no las actividades que él desempañaba, además, aun cuando en éste apareciera que el tipo de empleo del actor es de confianza, era necesario verificar la naturaleza de las actividades que en realidad desarrolló, ya que la calidad de confianza o de base no se derivan sólo de la denominación que se dé al puesto, sino de las funciones desempeñadas por el servidor público; pues bastaría que a un trabajador de base, se le encomendaran funciones correspondientes a un empleado de confianza, y acorde con ello, temporalmente se le expidiera el nombramiento respectivo con esa calidad excepcional, con el propósito de poderlo privar de sus derechos y cesarlo sin responsabilidad con grave detrimento de su derecho de estabilidad en el empleo.
Además, en el manual de previa referencia sólo se describen las funciones que debe realizar un ********** y el catálogo de puestos que debe existir en la Dirección General Política Regional y, con independencia de que esa circunstancia, por sí misma, es insuficiente para establecer que el aquí tercero interesado haya desarrollado tales actividades, aun cuando ocupara ese cargo, pues propiamente se trata de una enumeración de funciones; lo cierto es que, como resolvió la autoridad obrera, las mismas no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 7o. de la Ley Estatal del Servicio Civil, pues de modo alguno evidencian que sus funciones consistieran en brindar asesoría o consultoría en defensa de los intereses de la Dirección General de Política Regional, que es lo que define a un empleado de confianza, tomando en consideración que asesorar es "dar consejo o dictamen", "tomar consejo del letrado asesor o consultar su dictamen", y consultar es "examinar, tratar un asunto con una o varias personas.", "Dicho de un consejo, un tribunal o de otros cuerpos antiguos: Dar, al Rey o a otra autoridad, dictamen por escrito sobre un asunto, o proponerle sujetos para un empleo.", según la definición que de tales vocablos proporciona el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; actividades que, se insiste, debería realizar en favor del patrón, lo que en la especie no se advierte que hubiera acontecido; ni que ejerciera actividades de supervisión, vigilancia o inspección, cuenta habida que no tenía personal a su cargo a quien supervisar o vigilar, ni inspeccionaba la actividad de diversos funcionarios; ni de dirección, ya que tampoco se advierte que tuviera poder de decisión en el ejercicio de sus labores; ni de auditoría, por no desprenderse que estuviera facultado para evaluar resultados de alguna gestión.
Así, a juicio de este tribunal, resulta correcto que se determinara que el actor no desempeñaba funciones de un trabajador de confianza; máxime porque las actividades expuestas por éste en sus hechos, consistentes en elaborar oficios y tarjetas internas y externas, reportes diarios, sacar copias, así como realizar un resumen de prensa electrónica local digital, no corresponden a dicho carácter.
Aunado a lo anterior, se insiste, como para determinar si un trabajador tiene la calidad de empleado de confianza o de base, debe atenderse a la naturaleza de las funciones desempeñadas o realizadas al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo, de manera que si se demuestra que las actividades son de un empleado de confianza, éste únicamente tendrá derecho a gozar de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social; siendo claro que lo que define a un empleado de confianza son las actividades que desarrolla, con independencia del nombramiento o la categoría que ostente; es evidente, que el hecho de que se estampara en los recibos de pago que el ahora tercero interesado tenía la categoría de empleado temporal administrativo y no de base, no es suficiente para concluir que era de confianza.
Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 36/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 175735, que expresa:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ‘la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza’, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32597-e46cb743/horas-extras-de-los-trabajadores-al-servicio-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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