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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN. LOS PERMISIONARIOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEBEN PAGARLOS ANUALMENTE (ARTÍCULO 56, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 252/2023. · Registro digital (IUS): 32657
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-08-23
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO, SÉPTIMO, NOVENO Y DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.600.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 252/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO, SÉPTIMO, NOVENO Y DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIO: MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de dieciséis de mayo dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 252/2023 suscitada entre el Cuarto, Séptimo, Noveno y Décimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si los permisionarios para la generación de energía eléctrica están obligados a pagar los derechos previstos en el artículo 56, fracción II, de la Ley Federal de Derechos, por su sola condición de permisionarios, o bien, si es necesario que la autoridad precise las labores de supervisión.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, una persona física denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 301/2018 y 524/2022, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese circuito, al resolver el amparo en revisión 53/2023, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese circuito, al resolver los amparos en revisión 96/2018 y 26/2020, y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese circuito, al resolver el amparo en revisión 340/2018.

4. SEGUNDO.—Radicación del asunto. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Magistrada Presidenta del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 252/2023.

5. En esa misma actuación, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

6. De igual forma, requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: "DETERMINAR SI LOS PERMISIONARIOS SUJETOS A LA SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ESTÁN OBLIGADOS A PAGAR LOS DERECHOS POR SUPERVISIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR SU SOLA CONDICIÓN DE PERMISIONARIOS O SI ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD PRECISE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS"; asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

7. TERCERO.—Informe de Tribunal Colegiado. Por acuerdo de presidencia de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el amparo en revisión 53/2023 de su índice, continuaba vigente.

8. CUARTO.—Informes de Tribunales Colegiados. En proveído de presidencia de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes del Cuarto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales informaron que los criterios sustentados en los amparos en revisión 301/2018 y 524/2022, así como en los diversos 96/2018 y 26/2020 de sus índices, respectivamente, continuaban vigentes.

9. QUINTO.—Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de presidencia de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis relacionada con la temática de este asunto.

10. SEXTO.—Informe de Tribunal Colegiado. En acuerdo de presidencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el amparo en revisión 340/2018 de su índice, continuaba vigente.

11. SÉPTIMO.—Confirmación de turno. Mediante auto de presidencia de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó la orden de turno del expediente electrónico a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

12. OCTAVO.—Modificación de denominación y competencia del Pleno. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se modificó la denominación del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Centro-Norte, por la de Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, así como su competencia.

13. NOVENO.—Integración del Pleno. En proveído de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo; y ordenó y confirmó el turno del presente asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

14. DÉCIMO.—Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

II. COMPETENCIA

15. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

16. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados especializados en materia administrativa del Primer Circuito, perteneciente a esta región.

III. LEGITIMACIÓN

17. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por quien se advierte es autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa de uno de los asuntos del que derivó uno de los criterios contendientes, esto es, el amparo en revisión 53/2023 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.(1)

18. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis 1a. III/2023 (10a.), emanada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:

"DIRECTOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR CONTRADICCIONES DE TESIS CUANDO LOS ASESORES DE ESE INSTITUTO SON AUTORIZADOS EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS.

"Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios antagónicos al resolver juicios de amparo directo respecto de los requisitos que debe contener una demanda en los juicios orales mercantiles. Ante ello, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública denuncia la posible contradicción de criterios, cuya legitimación sustentó en que en una de las controversias de las que derivó uno de los criterios contendientes designó como autorizados a algunos de los asesores de ese instituto, por lo que conforme a sus atribuciones está facultado para realizar esa denuncia.

"Criterio jurídico: De una interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, 4 y 32, fracciones I y II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se desprende que el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimación para denunciar una posible contradicción de tesis cuando en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos los asesores de ese instituto ejercen la representación de una de las personas contendientes, pues al referido Director le corresponde organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, además de desarrollar aquellas funciones que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría.

"Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, tienen legitimación para denunciar una contradicción de tesis quienes fueron ‘parte’ en los asuntos de donde hayan surgido los criterios contendientes. El concepto de ‘parte’ comprende a la persona cuyo interés jurídico o legítimo originó su intervención en la litis del asunto, como a sus defensores y autorizados en términos amplios en el juicio de amparo.

"En ese sentido, de una interpretación del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se concluye que el autorizado en términos amplios está legitimado para denunciar una contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional, pues si bien ese precepto no prevé una facultad expresa para ello, las facultades ahí previstas son enunciativas e instituyen la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante.

"Así, en principio pudiera pensarse que quienes tienen legitimación para presentar esta denuncia son directamente los profesionistas que fueron autorizados en los juicios de amparo, pero cuando se trata de asesores jurídicos que pertenecen al Instituto Federal de la Defensoría Pública los que ejercen esa representación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, tales personas actúan sólo en su carácter de servidores públicos en nombre y representación de los servicios que presta ese instituto, el cual, además, jurídicamente es el responsable de que lleven a cabo su labor de forma adecuada.

"Por tales motivos, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública se encuentra inherentemente facultado para ejercer la denuncia de contradicción, pues acorde con lo previsto en el artículo 32, fracciones I y XIII, de la citada ley de la defensoría, en dicho cargo no sólo se deposita la facultad de organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, sino todas aquellas que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría y por ello se encuentra legitimado para denunciar la existencia de una posible contradicción de criterios como parte de las funciones que lleva a cabo."(2)

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

19. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados para emitirlas.

• Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 301/2018.

20. 1) Demanda de amparo. Una persona moral, a través de su representante legal, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y los actos siguientes:

1) Del Presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Secretario de Gobernación y el Director del Diario Oficial de la Federación:

a. La discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 56, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de Derechos, para los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

2) Del Pleno de la Comisión Reguladora de Energía:

a. La resolución mediante la cual se revocó su permiso de generación de energía eléctrica, al no haber presentado los comprobantes de pago de los derechos por supervisión previstos en el artículo 56, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de Derechos, respecto de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

21. 2) Admisión. De la demanda tocó conocer al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual la admitió y registró bajo el número de expediente 1408/2017.

22. 3) Sentencia. Seguido el trámite de ley, el Secretario en funciones de Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva. Por un lado, sobreseyó en el juicio respecto de la norma reclamada, al considerar que no se materializaba un acto de aplicación. Por otra parte, concedió la protección constitucional en contra de la revocación del permiso, al estimar que de la legislación aplicable no se advertía que por el sólo hecho de ser permisionaria, la parte quejosa estuviera obligada al pago de un derecho por supervisión, de manera que la autoridad responsable debió precisar de qué forma la promovente fue objeto de supervisión en cualquiera de sus modalidades.

23. 4) Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 301/2018, mismo que, mediante sesión de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, lo resolvió por unanimidad de votos, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida en la materia del recurso y conceder el amparo a la parte quejosa.

24. En lo que aquí interesa, respecto del pago de derechos previsto en el artículo 56, fracción II, de la Ley Federal de Derechos, el órgano colegiado determinó lo siguiente:

"Estudio.

"SEXTO. ...

"Con la finalidad de resolver el reseñado agravio y determinar si la resolución reclamada resulta legal o ilegal, se estima conveniente, como lo hizo el Secretario en funciones de Juez de Distrito, al dictar la sentencia recurrida, acudir a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 27/2011 en sesión treinta de marzo de dos mil diecisiete, en lo relativo al tema del servicio de supervisión de un permiso de energía eléctrica otorgado a particulares.

"Lo anterior, pues este tribunal colegiado estima que dicho criterio resulta orientador para sostener lo siguiente y, por ende, reiterar las consideraciones en que se apoyó el A quo en la sentencia combatida, por derivar de lo resuelto por el Alto Tribunal en la sentencia antes mencionada.

"En principio es preciso traer a contexto el artículo 56, fracción II, de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que se pagarán anualmente derechos por el servicio de supervisión de permisos de energía eléctrica, atendiendo a los mega watts autorizados, para lo cual el legislador estableció una cuota mayor a mayores mega watts autorizados –inciso c–.

"Ahora, es necesario analizar el objeto de la supervisión, que es el permiso de energía eléctrica, para lo cual resulta indispensable precisar en qué consisten dichos permisos y las condiciones en que se otorgan.

"En efecto, la Comisión Reguladora de Energía por medio de un permiso autoriza la generación, importación o exportación de energía eléctrica, establece las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así como las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, y resuelve sobre su modificación.

"Para llevar a cabo su objeto, la Comisión está dotada de diversas atribuciones entre las cuales se encuentran la de otorgar y resolver sobre la modificación, revocación, cesión, prórroga o terminación sobre los permisos de energía eléctrica; ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como imponer las sanciones que correspondan; lo anterior, como se advierte del artículo 12, fracciones I, XX, XXVIII, XLVII y L de la Ley de la Industria Eléctrica.

"En los permisos referidos se establecen las condiciones con las que debe cumplir el permisionario, para llevar a cabo la actividad correspondiente, tal como se desprende del texto del artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que contiene las diferentes modalidades de los permisos que pueden obtenerse por particulares, que en lo que interesa son las siguientes:

"a) En el permiso de autoabastecimiento se autoriza la generación de energía eléctrica exclusivamente para el uso propio de una persona física o moral.

"b) En el permiso de cogeneración, la energía eléctrica generada se destina a la satisfacción de instalaciones consideradas como establecimientos asociados a la cogeneración y el proyecto se encuentre dentro de uno de los siguientes procesos técnicos:

"• Generación de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica.

"• Producción directa o indirecta de energía eléctrica a partir de la energía térmica no aprovechada en los procesos de que se trate.

"• Producción directa o indirecta de energía eléctrica, utilizando combustibles producidos en los procesos de que se trate.

"Además, siempre que, en cualquiera de los casos: "• Se mejore la eficiencia energética y económica de todo el proceso, sin que haya un cierto porcentaje de mejora de eficiencia a cumplir, y la eficiencia energética sea mayor que la obtenida en las plantas de generación con fuente firme.

"• Para celebrar un Contrato de Interconexión en un proyecto calificado como cogeneración eficiente, éste tiene que cumplir primero con el criterio de eficiencia establecido por la Comisión.

"c) Por medio de un permiso de producción independiente se autoriza la generación de energía eléctrica a través de una central con capacidad mayor a 30 mega watts destinada exclusivamente para su venta a la Comisión Federal de Electricidad o a la exportación.

"d) Para el permiso de pequeña producción se consideran dos casos:

"• Plantas con capacidad menor o igual a 30 mega watts, y que la energía eléctrica se destine para su venta al suministrador o a la exportación; y

"• Plantas con capacidad menor o igual a 1 mega Watt, y que la energía eléctrica se destine al autoabastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan del servicio de energía eléctrica.

"e) La exportación de energía eléctrica se puede realizar a través de proyectos de cogeneración, producción independiente o pequeña producción, para lo cual la energía eléctrica generada en territorio nacional deberá ser aprovechada en otro país.

"f) Un permiso de importación de energía eléctrica permite abastecer una instalación en territorio nacional mediante energía eléctrica generada en el extranjero.

"Por su parte, en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica se establecen en general las condiciones y términos que deberán constar en los permisos de energía eléctrica, que son: I. Nombre, denominación o razón social; II. Ubicación de las instalaciones; III. Programa de obra (en su caso); IV. Fechas de inicio y terminación de las obras respectivas, incluyendo la fecha de puesta en servicio y considerando, en su caso, las etapas sucesivas; V. Vigencia del permiso; –de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica los permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, importación y exportación de energía eléctrica, tendrán una duración indefinida, mientras se cumplan las disposiciones legales aplicables y los términos en los que hubieran sido expedidos, y los permisos de producción independiente tendrán una vigencia de hasta 30 años, y pueden renovarse–; VI. Descripción de las instalaciones; VII. Derecho a recibir Certificados de Energías Limpias, en su caso. Según la Ley de la Industria Eléctrica, dicha legislación tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes; VIII. Capacidad de generación y generación estimada anual de energía eléctrica; IX. Actividades permisionadas, y, X. Las obligaciones del titular del permiso, causas y plazos de terminación del mismo.

"En cuanto a las obligaciones previstas dentro de las condiciones de los permisos de energía eléctrica, éstas encuentran su fundamento en el (sic) artículos 37 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

"Asimismo, el artículo 90 de su Reglamento contiene las obligaciones de los titulares de los permisos.

"a) No vender, revender, enajenar por ningún título, directa o indirectamente, capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos autorizados por la ley y su reglamento.

"b) Comunicar a la Comisión Reguladora de Energía la fecha en que las obras hayan sido concluidas dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación de éstas.

"c) Proporcionar, en la medida de sus posibilidades y por medio de la retribución correspondiente, la energía eléctrica requerida para el servicio público, cuando exista caso fortuito o fuerza mayor y el servicio sea restringido –sólo durante el lapso de la interrupción–.

"d) Cumplir con las disposiciones legales aplicables, incluyendo las normas oficiales mexicanas. Dentro de la industria energética, se han emitido diversas Normas Oficiales Mexicanas, siendo las más importantes las que contienen regulación referente a los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera (humos, partículas suspendidas, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno) como la NOM-085-ecol-1994 y la NOM-cca-001-ecol/96; las que contienen las especificaciones de protección ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica como la NOM-114-ecol-1998; así como las que se refieren a las instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE-2005.

"e) Operar y mantener sus instalaciones y equipos de tal manera que no constituyan peligro alguno para terceros o para el permisionario.

"f) Finalmente, la obligación consistente en que una vez iniciada la operación de las instalaciones, únicamente para fines estadísticos, el permisionario tiene que informar periódicamente a la Secretaría, en los formatos que la misma defina, el tipo y volumen del combustible utilizado y la cantidad de energía eléctrica generada.

"En relación con la obligación referida, la Comisión Reguladora de Energía, con base en la atribución que le confiere el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética –relativa a la atribución de la Comisión Reguladora de Energía de expedir, entre otras, las disposiciones de carácter administrativo que regulen la generación de electricidad a partir de energías renovables– emitió la ‘Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones generales para acreditar sistemas de cogeneración como de cogeneración eficiente’, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de septiembre de dos mil doce de la cual se desprende que los permisionarios deberán entre otras cuestiones, presentar a la Comisión la información y documentación consistente en el formato de solicitud de autorización, que expida dicha Comisión, debidamente requisitado, así como la relación de personal que especifique los nombres, perfil profesional, funciones y experiencia en medición de variables involucradas en sistemas relacionados con el sector energético, acompañando los documentos que acrediten que dicho personal cumple con los requisitos siguientes:

"a) Formación profesional apegada a cualquiera de las siguientes carreras: Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Procesos, Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales o ramas afines, a través del título y la cédula profesional expedida por la autoridad competente.

"b) Capacitación en el uso y manejo de equipos de medición de acuerdo a lo que indican los procedimientos a que se refieren las disposiciones décima segunda a vigésima séptima del presente instrumento, así como en metrología y técnicas de medición, a través del comprobante de estudios expedido por una institución autorizada en la materia, y

"Asimismo, se establece que serán causales de cancelación de la autorización, entre otras, las siguientes:

"I. Incumplir cualquiera de las condiciones y obligaciones que la Comisión establezca en la autorización otorgada;

"II. No observar los procedimientos de medición de variables para la evaluación de sistemas de cogeneración;

"III. Hacer constar información o datos erróneos o falsos en los reportes técnicos;

"IV. Ejecutar las actividades de medición de variables en sistemas de cogeneración por personal diverso al relacionado en la solicitud de autorización;

"V. Haber entregado información errónea o falsa con la solicitud de autorización, si ello se comprueba con posterioridad al otorgamiento;

"VI. Impedir u obstaculizar las funciones de verificación y vigilancia de la Comisión tendentes a constatar la veracidad de la información proporcionada por la persona autorizada.

"Una vez que ha quedado establecido el marco jurídico de los permisos de energía eléctrica y las condiciones que dentro de éstos deben contenerse, se procede a examinar cuáles son las actividades que se tienen que llevar a cabo para prestar el servicio, y que, por tanto, se encuentran involucradas en su costo.

"El sector eléctrico es uno de los pilares en que se apoya el desarrollo del país, y en ese sentido debe ser objeto de constante atención a fin de asegurar el cumplimiento de las metas que se establezcan y, por tanto, se encuentra en constante verificación por parte de la Comisión Reguladora de Energía.

"Para que los particulares puedan generar o importar energía eléctrica requieren un permiso de acuerdo con la modalidad que a su caso resulte aplicable.

"Dicho permiso contendrá ciertas condiciones, cuyo cumplimiento estará sujeto a verificación por parte de la Comisión Reguladora de Energía, tal como se desprende del artículo 12, fracción XLVII, de la Ley de la Industria Eléctrica, del cual se advierte la atribución de dicho órgano para ‘Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables’.

"La mencionada Comisión, de acuerdo con su estructura orgánica –según lo que establece su Manual de Organización– cuenta con la Dirección General Adjunta de Administración de Permisos de Electricidad, que dentro de sus funciones, entre otras tiene las de:

"a) Conducir las actividades que aseguren el cumplimiento de la regulación, políticas, normas oficiales mexicanas, disposiciones administrativas de carácter general y demás lineamientos, mediante los cuales los permisionarios deberán presentar la información requerida como parte de las obligaciones asentadas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32657-2b6b9a33/derechos-por-servicios-de-supervision-los-permisionarios-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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