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PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 155, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN SU TEXTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE MARZO DE 1973, QUE ESTABLECE LA PÉRDIDA DEL DERECHO A PERCIBIR DICHA PRESTACIÓN CUANDO LA PERSONA PENSIONADA CONTRAIGA UN NUEVO MATRIMONIO O CONSTITUYA CONCUBINATO, ES INCONSTITUCIONAL, AL ATENTAR CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 402/2024. · Registro digital (IUS): 32742
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-10-04
Promovente: NORMA GUADALUPE SÁNCHEZ CERÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Octubre de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.389.

AMPARO EN REVISIÓN 402/2024. NORMA GUADALUPE SÁNCHEZ CERÓN. 21 DE AGOSTO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una persona contrajo matrimonio con otra que era asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante el IMSS), quien posteriormente falleció, por lo que su cónyuge supérstite solicitó el otorgamiento de pensión de viudez y orfandad correspondiente a su entonces menor hija, la cual se autorizó.

Posteriormente, la cónyuge sobreviviente contrajo segundas nupcias, por lo que fue citada en el Departamento de Pensiones del IMSS, en el que se le informó que por haber celebrado un segundo matrimonio, se le debía dar de baja como beneficiaria de la pensión de viudez y además tenía que suscribir un reconocimiento de adeudo por "pago indebido" de las pensiones que no debió percibir desde que las contrajo, por la cantidad de $**********; cantidad que debería ser reintegrada por un pago mensual de $***********.

En contra del acto anterior, la cónyuge supérstite solicitó el amparo en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo 155, primer párrafo de la Ley del Seguro Social; que se resolvió mediante sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la que por una parte determinó sobreseer en el juicio y, por otra, conceder el amparo a la parte quejosa.

En contra de dicha sentencia, el Presidente de la República, interpuso recurso de revisión, que se remitió al Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; cuyos integrantes resolvieron modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo en relación con el acto atribuido al Presidente de la República consistente en la orden de publicación de la norma reclamada; y remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la constitucionalidad de la norma general reclamada.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 402/2024 interpuesto por el Presidente de la República, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 1468/2023.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la regularidad constitucional del artículo 155, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE.

1. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, Norma Guadalupe Sánchez Cerón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan:

a) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación y expedición del decreto de la Ley del Seguro Social, artículo 155, primer párrafo.

b) De la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el proceso legislativo del decreto de expedición de la Ley del Seguridad Social, artículo 155, primer párrafo.

c) Del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, como autoridad ordenadora de la aplicación del artículo 155, primer párrafo de la Ley del Seguro Social.

d) Del titular de la Subdelegación 9 "Santa Anita" del Instituto Mexicano del Seguro Social, como superior jerárquico de la autoridad ejecutora de la aplicación del primer párrafo del artículo 155 de la Ley del Seguro Social.

e) De la Jefa de Departamento de Pensiones, Lic. María Hernández Miranda, de la Subdelegación 9 "Santa Anita" del Instituto Mexicano del Seguro Social, como autoridad ejecutora de la baja del pago de pensión de viudez por la aplicación del primer párrafo del artículo 155 de la Ley del Seguro Social que entró en vigor en toda la República Mexicana el día uno de abril de mil novecientos setenta y tres, que se materializó en el ulterior acto de aplicación consistente en la carta de pago de fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés con número de folio 15526 y su comprobante bancario de pago en misma fecha, realizado en cumplimiento a la Constancia de Aceptación del Adeudo de fecha veintidós de julio de dos mil veintiuno, en el que se instruyó a la quejosa a restituir al Instituto Mexicano del Seguro Social la cantidad de $**********, por la baja de la pensión de viudez por existir segundas nupcias.

2. Derechos fundamentales violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 1o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3. Trámite. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular por auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, la registró y admitió a trámite con el número de expediente 1468/2023.

4. Audiencia constitucional y sentencia de amparo. El Juez de Distrito celebró audiencia constitucional el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés y en la misma fecha dictó sentencia, en la que por una parte, sobreseyó en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Director General y titular de la Subdirección 09 Santa Anita, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante, el IMSS), al haber negado los actos reclamados en los respectivos informes justificados, sin que ello hubiere sido desvirtuado por la quejosa.

5. Asimismo, concedió la protección constitucional a la quejosa, conforme a las consideraciones siguientes:

a) Que la quejosa esencialmente expresó en sus conceptos de violación, que el artículo 155 de la Ley del Seguro Social derogada, transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, con base en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 207/2023, en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 135, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que también limita el pago de la pensión de viudez cuando existen segundas nupcias.

b) Estimó fundados y suficientes los conceptos de violación, acorde a la jurisprudencia de esta Segunda Sala, número 2a./J. 50/2023 (11a.), de rubro: "PENSIÓN DE VIUDEZ. EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN SU TEXTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2007, AL ESTABLECER QUE EL DERECHO A PERCIBIRLA SE PIERDE CUANDO LA PERSONA PENSIONADA CONTRAIGA NUEVAS NUPCIAS O VIVA EN CONCUBINATO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE SEGURIDAD SOCIAL."(1)

c) Concluyó que con base en las razones expuestas en la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia se estableció que la restricción al derecho de recibir la pensión por viudez, cuando la persona pensionada contraiga nuevas nupcias o viva en concubinato, contenida en el artículo 155 de la Ley del Seguro Social, transgrede el derecho a la seguridad social, porque deriva de un trato desigual injustificado.

d) Por lo que concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 155 de la Ley del Seguro Social derogada, en la parte que establece la restricción del derecho de recibir pensión por viudez al contraer nuevas nupcias y no le sea aplicada en lo presente ni en lo futuro, se le deje de exigir que reintegre los montos de pensión que recibió desde que contrajo segundas nupcias y se le paguen los montos de la pensión que hubiese dejado de percibir con motivo de la aplicación del precepto reclamado.

6. Recurso de revisión de las autoridades responsables. Inconformes con la sentencia mencionada, el Director General, la titular de la Subdelegación 9 "Santa Anita" y la Jefa de Departamento de Pensiones de dicha Subdelegación, todos del IMSS, interpusieron recurso de revisión, que fue turnado al Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya Presidencia lo admitió bajo el número de expediente 40/2024 -relacionado con el que se analiza-; y en sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, desechó el medio de impugnación por cuanto hace al Director General y al titular de la referida Subdelegación, al estimar que carecen de legitimación; y respecto de la Jefa de Departamento de Pensiones que aplicó la norma, confirmó la sentencia impugnada que concedió la protección constitucional a la quejosa; incluso, mediante proveído dictado en el juicio de amparo indirecto el veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo a dicha autoridad informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante la emisión del oficio 0592/2023, de diecinueve de abril del año en curso, en el que se le comunicó a la quejosa, que no se le aplicaría ni en el presente, ni en el futuro la norma reclamada.

7. Recurso de revisión del Presidente de la República. Por su parte, el diecisiete de enero del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal, presentó el medio de impugnación que se analiza.

8. Trámite ante el Tribunal Colegiado. Del medio de impugnación interpuesto por el Presidente de la República, correspondió conocer al Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya Presidencia, mediante auto de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, lo admitió y registró con el número de expediente 44/2024.

9. Resolución del Tribunal Colegiado y remisión de los autos a este Alto Tribunal. En sesión de treinta de abril de dos mil veinticuatro, dictó determinación en la que sostuvo:

a) Al estudiar el primer agravio, modificó la sentencia impugnada, para sobreseer en el juicio, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto atribuido al Presidente de la República consistente en la publicación del decreto por el que se expidió la Ley del Seguro Social el uno de abril de mil novecientos setenta y tres, específicamente el artículo 155.

b) Al examinar el segundo agravio relacionado con la constitucionalidad de la norma reclamada, decidió remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de conocer de la competencia que originalmente surte en su favor, subsistiendo así la materia de constitucionalidad respecto de la norma reclamada.

10. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Alto Tribunal ordenó el registro del asunto con el número de amparo en revisión 402/2024; asumió su competencia originaria y lo turnó a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.

11. Avocamiento. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, el Presidente de esta Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto, por lo que ordenó se remitieran los autos a su Ponencia para la elaboración del proyecto.

12. Publicación. De conformidad con el artículo 73, párrafo segundo de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se verán en sesión.

I. COMPETENCIA

13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo; así como 10, fracción III y 21, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los puntos Segundo, fracción III, inciso A, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, en virtud de que se trata de un medio de impugnación interpuesto contra una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto en el que se determinó reasumir competencia originaria, sobre la base de que en la materia de la revisión subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 155, primer párrafo de la Ley del Seguro Social.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

14. Resulta innecesario verificar la oportunidad en la presentación del recurso de revisión y la legitimación de quien lo interpuso, toda vez que dichos presupuestos procesales ya fueron motivo de pronunciamiento por el órgano jurisdiccional remisor.

III. HECHOS QUE ANTECEDIERON AL JUICIO DE AMPARO

15. Previo al estudio de fondo del presente asunto, se narran ciertos antecedentes que se estiman necesarios para su solución, a saber:

a) Matrimonio. El diez de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Norma Guadalupe Sánchez Cerón contrajo matrimonio con Alfonso Gloria Rodríguez, quien era asegurado del IMSS.

b) Fallecimiento y pensión. El nueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro falleció el esposo, por lo que la cónyuge supérstite, solicitó el otorgamiento de pensión de viudez y orfandad correspondiente a su entonces menor hija; la que se autorizó por resolución de fecha doce de mayo de ese mismo año.

c) Baja como pensionada. Veintisiete años después, mediante citatorio número 389001900110/005049, de fecha veintiuno de julio de dos mil veintiuno, requirieron a la cónyuge supérstite para que acudiera al Departamento de Pensiones del IMSS; y una vez que asistió a dicha cita el veintidós de ese mes y año, se le informó que el requerimiento era porque había contraído segundas nupcias, por lo que debían darla de baja del régimen de pensión de viudez.

d) Requerimiento de pago. Asimismo, se le informó que tenía que suscribir una constancia de aceptación de adeudo, en favor del IMSS por "pago indebido" de las pensiones que no debió percibir desde que celebró las segundas nupcias, por la cantidad de $*********; que se obligaba a restituir mensualmente mediante abonos de $**********hasta liquidar el adeudo.

e) En cumplimiento a la constancia de aceptación del adeudo, el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, la quejosa realizó el pago mensual de $**********, hasta por la cantidad de $********** -acto de aplicación de la norma impugnada, en el juicio de amparo indirecto que se revisa-.

IV. ESTUDIO

16. La autoridad responsable recurrente, en el segundo agravio -que se refiere a la constitucionalidad de la norma reclamada-, sustancialmente expone que le causa afectación que se hubiere concedido el amparo a la quejosa, ya que a su parecer no se analizó exhaustivamente, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, que la norma impugnada se encuentra constitucionalmente justificada, por lo que previo a pronunciarse en ese sentido, se debió realizar una interpretación conforme.

17. De ahí que la cuestión a resolver consiste en determinar si el artículo 155, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social, que establece que el derecho a recibir pensión de viudez cesará cuando la viuda o concubina contraigan matrimonio o se encuentren en concubinato, se ajusta a la regularidad constitucional.

18. Esta Segunda Sala estima que el artículo 155, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, en su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, que prevé la pérdida del derecho a percibir una pensión de viudez cuando el pensionado contrae un nuevo matrimonio o sostiene una relación de concubinato, conforme a una interpretación bajo la perspectiva de género, viola los derechos humanos de igualdad, no discriminación, protección a la familia, así como a la seguridad social, reconocidos en los artículos 1o., primer y último párrafo, 4o., primer párrafo y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal; por las razones que se exponen.

19. En principio, debe señalarse que derivado de una nueva reflexión, esta Segunda Sala considera menester abandonar el criterio establecido en el amparo en revisión 382/2020,(2) -resuelto en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno-, en el que se determinó que el artículo 155 de la Ley del Seguro Social que ahora se analiza, y su correlativo numeral 133 de la ley vigente a partir de mil novecientos noventa y siete,(3) es constitucional, al establecer la celebración de un nuevo matrimonio como causa para la pérdida de la pensión de viudez.

20. Y por el contrario, se estima conveniente seguir la razón para decidir establecida por esta Segunda Sala en el amparo en revisión 207/2023,(4) -fallado con posterioridad en sesión de doce de julio de dos mil veintitrés-, en la que se determinó la inconstitucionalidad del artículo 135, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, que regula una hipótesis jurídica similar a la que ahora se analiza; del que resultó la jurisprudencia número 2a./J. 50/2023 (11a.), de rubro: "PENSIÓN DE VIUDEZ. EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN SU TEXTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2007, AL ESTABLECER QUE EL DERECHO A PERCIBIRLA SE PIERDE CUANDO LA PERSONA PENSIONADA CONTRAIGA NUEVAS NUPCIAS O VIVA EN CONCUBINATO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE SEGURIDAD SOCIAL."(5)

21. Lo anterior, acorde a la figura jurídica del precedente establecida en el artículo 94, décimo segundo párrafo de la Constitución General de la República, así como los numerales 215, 216 y 223, de la Ley de Amparo, que señalan que la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas y, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales.

22. Identidad jurídica entre ambas porciones normativas de la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se evidencia en el siguiente cuadro comparativo:

Ver cuadro comparativo

23. Para justificar este criterio jurídico, en principio se abordarán los temas de los derechos humanos de igualdad y no discriminación, y a la seguridad social, en su vertiente del derecho de una persona a recibir pensión, por viudez, bajo una perspectiva de género; y posteriormente, a la luz de dicho parámetro de regularidad constitucional, se examina el artículo 155, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social.

IV.1 Los derechos humanos de igualdad y no discriminación, protección a la familia y seguridad social, bajo la perspectiva de género.

24. El artículo 1o., primer párrafo de la Constitución Federal, prevé el derecho humano a la igualdad, en la medida que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 25. El propio artículo 1o., último párrafo, de la Constitución General, señala que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género y el estado civil, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

26. De igual forma, el artículo 4o., primer párrafo, de la norma suprema, prevé de manera expresa que "La mujer y el hombre son iguales ante la ley". Por lo que ésta, protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

27. Por su parte, el derecho fundamental a la seguridad social, se reconoce en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, en el que se consagra una garantía en favor de las personas trabajadoras con el objeto de protegerlas ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente se traduce en la protección de su familia en caso de fallecimiento.

28. Conforme a una interpretación sistemática de los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, así como 1 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, publicada el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno, deriva que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad; porque funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos, y porque los derechos humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo.

29. En ese sentido, para garantizar el derecho humano a la igualdad entre hombres y mujeres, así como disminuir las situaciones de desventaja que impiden la igualdad por cuestión de género, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha desarrollado una amplia doctrina jurisprudencial, en relación con el concepto juzgar con perspectiva de género, entendido éste como un método analítico que debe aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, con la finalidad de eliminar barreras que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres".

30. Por lo que, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, así como de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país, al resolver los asuntos que se sometan a su potestad eviten cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón del género de las personas.

31. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia y tesis aislada de la Primera Sala, número 1a./J. 22/2016 (10a.) y 1a. XXIII/2014 (10a.), que esta Segunda Sala comparte, así como la tesis aislada del Tribunal Pleno, número P. XX/2015 (10a.), de rubros siguientes:

a) "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO."(6)

b) "PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES."(7)

c) "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA."(8)

32. En ese orden de ideas, la perspectiva de género en la impartición de justicia obliga a considerar que el legislador debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres, en consecuencia, interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad.

33. Ahora bien, la norma reclamada -artículo 155, primer párrafo de la Ley del Seguro Social-, respecto de la cual el juez de Distrito concedió la protección constitucional, se relaciona con la pérdida del derecho a recibir la pensión por viudez, que previamente se le otorgó a la mujer beneficiaria, con motivo de la muerte de su esposo, y que el IMSS le notificó que dejaría de recibir, al advertir que contrajo un segundo matrimonio.

34. Por lo que en el presente asunto se impone examinar el precepto reclamado, bajo la perspectiva de género, acorde a la cuarta grada de esta metodología, que establece precisamente que, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, el juzgador deberá cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género.

IV.2 Regularidad constitucional del artículo 155, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social.

35. El referido artículo 155, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, cuya regularidad constitucional sostiene la autoridad responsable recurrente, expresamente señala:

"Artículo 155. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando la viuda o concubina contrajeren matrimonio o se encontraren en concubinato. (...)."

36. De la norma legal mencionada, se desprende que el goce del derecho a la pensión de viudez comienza el día del fallecimiento del asegurado respecto de la persona que fue su cónyuge y cesa en dos supuestos:

a) Con la muerte de la beneficiaria; o,

b) Cuando ésta contraiga matrimonio o entre en concubinato.

37. El juicio de amparo que se revisa, tuvo como supuesto de aplicación de la norma reclamada la segunda hipótesis.

38. Para una mejor comprensión de la norma reclamada, es conveniente tener en cuenta lo dispuesto en los numerales 149, fracción I y 150 comprendidos en la Sección Quinta "Del seguro por muerte" de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, que expresamente señalan:

"Artículo 149. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:

I. Pensión de viudez;

II. Pensión de orfandad;

III. Pensión a ascendientes;

IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule; y

V. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título.

Artículo 150. Son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior, los siguientes:

I. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrare disfrutando de una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada; y

II. Que la muerte del asegurado o pensionado no se deba a un riesgo de trabajo."

39. Del contenido de los preceptos citados derivan las siguientes precisiones:

a) La muerte de un trabajador asegurado, por causas ajenas al trabajo, genera el derecho -entre otros-, a la pensión de viudez, además del derecho a obtener ayuda asistencial a la pensionada por viudez y asistencia médica.

b) Para que se otorguen las prestaciones anteriores, el trabajador asegurado debe tener reconocido el pago al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta semanas cotizadas al momento de su fallecimiento y la causa que provocó su deceso no debe ser por un riesgo de trabajo.

40. Al respecto, por la similitud de su contenido con la norma general que aquí se analiza -artículo 155, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres-, conviene citar el numeral 135, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete.

"Artículo 135. Los derechos a percibir Pensión se pierden para los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado por alguna de las siguientes causas:

[...]

II. Porque la mujer o el varón Pensionado contraigan nupcias o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio la viuda, viudo, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la Pensión que venían disfrutando.

La divorciada o divorciado no tendrán derecho a la Pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan viuda o viudo, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma. Cuando la divorciada o divorciado disfrutasen de la Pensión en los términos de este artículo, perderán dicho derecho si contraen nuevas nupcias, o si viviesen en concubinato, y [...].

41. Del artículo citado, en lo que interesa, se advierten las causas por las cuales los beneficiarios de una persona trabajadora o jubilada pierden el derecho a recibir la pensión respectiva. Entre las causales que se citan, se encuentra la relativa a que la viuda, viudo, concubina o concubinario pensionados, contraigan nuevas nupcias o se unan en concubinato. En esos casos, se establece a favor de las personas que se encuentren en tales supuestos, el otorgamiento de una prestación consistente en el importe de seis meses de la pensión que venían disfrutando.

42. Ahora bien, el citado artículo 135, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se interpretó por esta Segunda Sala, en el amparo en revisión 207/2023, previamente citado, del que resultó la jurisprudencia número 2a./J. 50/2023 (11a.),(9) de cuya ejecutoria destacan las siguientes consideraciones:

"Al respecto, este Alto Tribunal al analizar el amparo en revisión 1018/2015, resuelto en sesión de dieciocho d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32742-b9dcd3e5/pension-por-viudez-el-articulo-155-primer-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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