PENSIÓN POR VIUDEZ PARA LA PERSONA CONCUBINA. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA VIOLA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, A LA NO DISCRIMINACIÓN Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.
AMPARO EN REVISIÓN 394/2025. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DE LA SUBDELEGACIÓN 2 SANTA MARÍA LA RIBERA, DE LA DELEGACIÓN NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y OTRA. 28 DE AGOSTO DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. PONENTE: MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ. SECRETARIA: MARIANA DENISSE LUNA RANGEL.
Ciudad de México. Sentencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, celebrada en sesión ordinaria de veintiocho de agosto del dos mil veinticinco.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el treinta de abril del dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **********, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican:
“III. AUTORIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
IV. ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA: LA NEGATIVA DEL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR VIUDEZ EN MI CARÁCTER DE CONCUBINA, notificada personalmente a la suscrita el 9 de abril de 2024, mediante la aplicación del artículo 130 de la Ley del Seguro Social.”
SEGUNDO. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el que por acuerdo de tres de mayo de dos mil veinticuatro, la registró con el número **********, y por auto de veintidós de mayo del mismo año, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por lo que ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
TERCERO. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a quien correspondió conocer de la demanda, se avocó al conocimiento, ordenó registrarla con el expediente **********, y previno a la parte quejosa, en lo que interesa, para que realizara lo siguiente:
a) Deberá manifestar si a su interés legal conviene señalar como acto reclamado destacado, la promulgación del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, toda vez que en el aparto de conceptos de violación señala lo que a la letra dice:
“A la luz de lo anterior, solicito se declare la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, ya que se me está aplicando para negarme mi derecho a la seguridad social (pensión por viudez), en mi carácter de concubina....”
Sin embargo no realiza manifestación alguna en el apartado correspondiente a los actos reclamados.
Destacándose que dicha información debe ser precisada por la parte promovente de conformidad con lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, toda vez que con la misma se fijará la litis constitucional en el presente asunto, y en de manifestar que si es su deseo señalar como acto reclamado destacado el precisado en el párrafo que antecede, así como las autoridades a las que se les atribuye la promulgación de dicho acto, a fin de que las mismas estén en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados, sin incurrir en omisiones que no les sean atribuibles a ellas.
(...)
b) Deberá precisar dónde se encuentra contenida “LA NEGATIVA DEL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR VIUDEZ”, que señala en su escrito de demanda; debiendo identificar el oficio, acuerdo, resolución o cualquier otro acto análogo, enjuiciable a través del juicio de amparo, absteniéndose de hacer consideraciones subjetivas o de fondo al precisar tal información.
(...)”
CUARTO. Por escrito recibido el cinco de junio del dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la parte quejosa desahogó la prevención que antecede y señaló en lo que interesa, lo siguiente:
“1) Con relación al inciso a) del acuerdo del 29 de mayo de 2024, señalo como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley del Seguro Social,...
En consecuencia, para que este Órgano Jurisdiccional esté en condiciones de fijar la litis constitucional, también señalo como autoridades responsables a las siguientes:
• AL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS mexicanos, reclamo la promulgación de la reforma al artículo 130 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2023.
• DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, como Órgano Bicameral conformado por la Cámara de Diputados y Senadores, reclamo la discusión y aprobación de la reforma al dispositivo legal arriba citado.
• DE LA C. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, reclamo el refrendo de la reforma realizada al artículo 130 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2023.
• DEL C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, reclamo la publicación de la reforma al artículo 130 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2023.
2) Respecto del inciso b) del acuerdo del 29 de mayo de 2024, la negativa de la pensión por viudez se encuentra en la resolución del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL con número de folio **********, la cual, obra como prueba dentro de los autos del juicio de amparo señalado al rubro. No obstante, para mejor proveer, se agrega al presente escrito.
(...)”
QUINTO. Mediante proveído de siete de junio del dos mil veinticuatro, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda.
SEXTO. Por escrito presentado el treinta de abril del dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la parte quejosa amplió la demanda de amparo respecto de la autoridad y el acto reclamado siguientes:
“III. AUTORIDAD RESPONSABLE. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
IV. ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA: EL OFICIO **********, POR EL QUE SE NEGÓ A LA QUEJOSA LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ, NOTIFICADA PERSONALMENTE EL 9 DE ABRIL DE 2024.”
Mediante proveído de doce de julio de dos mil veinticuatro, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo.
SÉPTIMO. Tramitado el juicio, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el dieciséis de enero del dos mil veinticinco, celebró la audiencia constitucional, y el veinticuatro de marzo del mismo año, terminó de engrosar la sentencia con los puntos resolutivos que se transcriben a continuación:
“PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por **********, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, en contra de las autoridades y por los actos que han quedado precisados en el considerando segundo, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.”
OCTAVO. Inconformes con la sentencia, la Jefatura de Servicios Jurídicos, en representación del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación 2 Santa María la Ribera, de la Delegación Norte del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social; y el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación de la Presidenta de la República, interpusieron recurso de revisión, de los que correspondió conocer a este tribunal. Por auto de presidencia de quince de mayo de dos mil veinticinco, los registró bajo el amparo en revisión R.A. 394/2025; y, los admitió a trámite.
Asimismo, en auto de la misma fecha, se admitieron las revisiones adhesivas interpuestas por la quejosa **********, a través de su autorizado.
NOVENO. Por auto de presidencia de tres de junio de dos mil veinticinco, de conformidad con el artículo 24, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnó el presente asunto al secretario en funciones de Magistrado Luis Alberto Martínez Díaz, para realizar el proyecto de resolución respectivo.
UNDÉCIMO. Por oficio SEADS/2219/2025 de once de junio de dos mil veinticinco, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno, en sesión de esa fecha, acordó la reincorporación a este órgano jurisdiccional del magistrado Urbano Martínez Hernández, a la plaza de la cual es titular, con efectos a partir del uno de julio del año en curso; en consecuencia se le returnó este asunto, a partir de la fecha de su reincorporación.
DUODÉCIMO. El ocho de julio de dos mil veinticinco, se listó el presente asunto para ser visto en sesión de siete de agosto de la citada anualidad, en la cual los integrantes del Pleno de este órgano colegiado, decidieron retirar el presente recurso de revisión y returnarlo a la ponencia del Magistrado Marco Antonio Bello Sánchez.
DÉCIMO TERCERO. Este asunto se listó el veintidós de agosto del dos mil veinticinco, para verse en sesión plenaria ordinaria de veintiocho posterior y/o siguientes; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer de los recursos de revisión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, y 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en el Diario Oficial de la Federación, y punto Quinto, fracción I, inciso A), del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas, a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se recurre la sentencia dictada por una Juez de Distrito, que reside en el territorio en que este órgano colegiado ejerce jurisdicción, en el juicio se reclama una ley de carácter federal, y en los agravios se hace valer la improcedencia del juicio.
Aunado a lo anterior, al resolver el amparo en revisión 70/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito decidir la aplicabilidad de una jurisprudencia en materia de constitucionalidad de leyes de manera analógica, o su calificación como temática o genérica, concluyendo que en atención a lo dispuesto por el Acuerdo General Plenario Número 5/2013, los Tribunales Colegiados de Circuito tienen a su cargo la obligación de determinar si existe jurisprudencia aplicable directa o indirectamente, temática o genérica, que resuelva la materia de constitucionalidad del asunto en cuanto al tema de fondo planteado, aun cuando la norma reclamada en cada caso concreto no hubiera sido la analizada por el Alto Tribunal, lo anterior conforme a lo siguiente:
“25. En sesión de once de abril del dos mil dieciocho, se resolvió el amparo en revisión 69/2018 en que se estableció una nueva reflexión sobre el tema relativo a que los Tribunales Colegiados de Circuito, en uso de su competencia delegada, sí pueden determinar si una jurisprudencia resulta o no aplicable a un precepto reformado.
26. En dicha resolución se sostuvo que las reformas de que han sido objeto los artículos 94 y 107 constitucionales han tenido como propósito consolidar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero Tribunal Constitucional, fortaleciendo además a los Tribunales Colegiados de Circuito que cuentan con toda la experiencia, capacidad y profesionalismo para resolver aquellos asuntos que no ameritan un pronunciamiento de este órgano judicial.
27. Sobre esas bases, se concluyó que cuando el punto cuarto, fracción I, inciso c), del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno establece que corresponderá a los Tribunales Colegiados de Circuito el conocimiento de los recursos de revisión en que, no obstante haberse impugnado una ley federal, subsista la materia de constitucionalidad y exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas, debe interpretarse en el sentido de que dichos órganos judiciales tienen a su cargo el deber de resolver el problema de constitucionalidad subsistente cuando sobre el tema de fondo propuesto existan suficientes lineamientos que resuelven la materia de constitucionalidad planteada en el juicio aunque se refieran a una norma distinta, pues la aplicación de jurisprudencia o su categorización implica emplear razonamientos jurídicos que pueden realizar válidamente.
28. En esa línea de pensamiento, se dijo que corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito decidir la aplicabilidad de una jurisprudencia en materia de constitucionalidad de leyes de manera analógica, o su calificación como temática o genérica, concluyendo que en atención a lo dispuesto por el Acuerdo General Plenario Número 5/2013, los Tribunales Colegiados de Circuito tienen a su cargo la obligación de determinar si existe jurisprudencia aplicable directa o indirectamente, temática o genérica, que resuelva la materia de constitucionalidad del asunto en cuanto al tema de fondo planteado, aun cuando la norma reclamada en cada caso concreto no hubiera sido la analizada por este Alto Tribunal.
29. Sentadas las bases anteriores, se toma en cuenta que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento remitió el asunto porque a pesar de que existen diversas jurisprudencias que interpretan el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación y la facultad de los visitadores de requerir información dentro del domicilio del contribuyente al practicar una visita domiciliaria, dichos criterios no abordan la constitucionalidad de la norma reclamada.
30. Es decir, a pesar de reconocer la existencia de diversas jurisprudencias que fijan lineamientos sobre la constitucionalidad del tema propuesto a debate, el Tribunal Colegiado remitió el asunto a este Alto Tribunal solamente porque dichos criterios interpretaron una norma distinta a la reclamada que es el artículo 45, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación reformado.
31. Pues bien, tomando en cuenta que, como se dijo, son los Tribunales Colegiados de Circuito quienes deben determinar si existe jurisprudencia aplicable directa o indirectamente, o bien, temática o genérica que resuelva la materia de constitucionalidad del asunto en cuanto al tema de fondo planteado, aun cuando la norma reclamada en el caso concreto no hubiera sido la analizada por este Alto Tribunal, por ejemplo, por haber sido reformada, esta Segunda Sala considera que el examen de constitucionalidad debe ser emprendido por el Tribunal Colegiado del conocimiento en términos del el punto cuarto, fracción I, inciso C), del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.”
De la resolución en comentó, se derivó la tesis 2a./J. 98/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, página 1987, de texto y rubro:
“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN ANALÓGICA DE UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O SI TIENE EL CARÁCTER DE TEMÁTICA O GENÉRICA EN USO DE SU COMPETENCIA DELEGADA (ABANDONO DE LAS TESIS 2a. CIII/2009, 2a. CXCVI/2007 Y 2a. CLXX/2007).Conforme al punto cuarto, fracción I, inciso C), del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito resolver los amparos en revisión en que habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales subsista la materia de constitucionalidad y exista jurisprudencia del Alto Tribunal que la resuelva. Supuesto normativo que puede comprender dos escenarios: uno en el que exista una jurisprudencia exactamente aplicable a la norma reclamada, caso en el que se actualiza sin más la competencia delegada para conocer del asunto, y otro que puede darse cuando al analizar el asunto, el tribunal advierta que existen criterios jurisprudenciales que orientan la resolución del aspecto de constitucionalidad planteado en el juicio, pero emitidos en relación con una norma distinta a la reclamada. Ante este último supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte en las tesis citadas había determinado que la aplicabilidad por analogía de una jurisprudencia y la determinación de si una jurisprudencia es temática, correspondía en exclusiva al Máximo Tribunal; sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonarlas y a concluir que, en el contexto de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, la aplicación de la jurisprudencia o su categorización como temática o genérica a efectos de resolver un asunto implica emplear razonamientos jurídicos que deben realizar los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de su libertad de jurisdicción, experiencia adquirida y prudente arbitrio judicial; máxime que lo que permite dotar de dinamismo al sistema jurídico constitucional mexicano es precisamente la concentración sustantiva en materia de constitucionalidad sobre temas que debe resolver el Alto Tribunal, dedicando sus esfuerzos a construir una doctrina constitucional más robusta y compleja, pero a través de una cantidad menor de asuntos; y además, constituye un aspecto que permite que sea la Corte quien fije la agenda constitucional en el orden jurídico nacional.”
No es óbice a lo anterior, que en términos del artículo cuarto, fracción I, apartado A, inciso d), del Acuerdo General 1/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los amparos en revisión de la competencia originaria del Alto Tribunal corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando existan tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia.
Ahora bien, en atención a lo anterior, es necesario señalar que en el presente asunto la litis a dilucidar, consiste en analizar diversas disposiciones contenidas en la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, en específico su artículo 152.
Del contenido de las normas reclamadas se desprende en esencia que prevén del derecho a la pensión de viudez que asiste a quien fue esposa del asegurado o del pensionado; así como a la mujer con quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél o con la que hubiera tenido hijos.
En tal orden de ideas, se tiene en cuenta que la revisión de las jurisprudencias y tesis aisladas atinentes al tema, arroja los siguientes resultados relevantes:
“PENSIÓN DE VIUDEZ EN FAVOR DE LA CONCUBINA. PROCEDE SU OTORGAMIENTO CUANDO HAYA TENIDO HIJOS CON EL ASEGURADO, SI EN LA FECHA DE SU FALLECIMIENTO AMBOS ESTABAN LIBRES DE MATRIMONIO.” “ISSSTE. EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007”
Derivadas de la contradicción de criterios ****** y el amparo en revisión 1401/2015, en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció respecto de la inconstitucionalidad del artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que —en un caso análogo al que nos ocupa— establece que no se tendrá derecho a la pensión de viudez cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio.
Criterio en el que se aprecia que el Alto Tribunal se ha pronunciado respecto de los temas a dilucidar así como diversas consideraciones tendientes a esclarecer el tema sobre su constitucionalidad, por lo que si bien los criterios antes referidos no tratan exactamente de la norma impugnada, lo cierto es que son suficientes para decidir sobre el fondo de la constitucionalidad de las normas reclamadas, pues resultan orientadores al caso en concreto.
Por lo que este Órgano Colegiado, es competente para emprender el examen de constitucionalidad del conocimiento en términos del punto quinto fracción I, inciso C) y D), del Acuerdo General Plenario Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas, a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito (modificado mediante instrumento normativo del diez de abril de dos mil veintitrés).
SEGUNDO. Al celebrarse la sesión pública en la que se emitió la presente sentencia, la Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero planteó un impedimento para conocer del asunto, por reclamarse en el juicio de amparo el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y señalarse como autoridad responsable, entre otras, a la Cámara de Senadores, órgano respecto del cual manifestó guardar una relación de parentesco en primer grado, en línea recta ascendente, con la señora diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, quien desde el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno desempeña ese cargo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.
El Magistrado Marco Antonio Bello Sánchez y el Magistrado Urbano Martínez Hernández, integrantes de este Tribunal Colegiado, por votación unánime, determinaron que no se actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo.
Lo anterior, bajo la consideración de que la función legislativa en el Congreso de la Unión no se realiza de forma unitaria, sino colegiada y bicameralmente. En ella, participan ciento veintiocho senadores y quinientos diputados; las iniciativas pasan por comisiones especiales y ordinarias, tanto de la Cámara de Senadores como en la de Diputados, ya que existe un sistema bicameral, de allí que no se actualiza el impedimento planteado por la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero.
Sin que sea óbice a la conclusión alcanzada la jurisprudencia PC.XXV. J/4 K del Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, intitulada: “IMPEDIMENTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, POR LA SOLA EXISTENCIA DE PARENTESCO EN CUALQUIERA DE LOS GRADOS A QUE ÉSTE SE REFIERE, ENTRE EL JUZGADOR FEDERAL Y UN INTEGRANTE DE UN CUERPO LEGISLATIVO PLURIPERSONAL SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.”, toda vez que, además de no ser un criterio obligatorio para ese Tribunal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, por emitirse en un circuito judicial al que este órgano colegiado no pertenece, no resulta aplicable al caso concreto, en tanto que, como se ha establecido, el proceso legislativo Federal entraña una complejidad distinta, con mayores dimensiones, con un sistema bicameral y competencias diferentes que las que tienen los Congresos locales.
Aunado a lo anterior, el decreto de reformas reclamado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, es decir, antes de que la señora Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila ocupara el cargo en la LXV Legislatura.
TERCERO. El recurso de revisión del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación 2 Santa María la Ribera, de la Delegación Norte del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue interpuesto dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que transcurrió del miércoles dos al martes quince de abril de dos mil veinticinco, y la sentencia le fue notificada por oficio el martes uno de abril del citado año, surtió efectos el mismos día, mientras que el oficio de expresión de agravios se recibió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), el jueves diez de abril siguiente; esto es, al séptimo día hábil, descontado en el
cómputo el sábado cinco, domingo seis, sábado doce y domingo trece de abril del mismo año, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la citada ley y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El recurso de revisión de la Presidenta de la República, fue interpuesto dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que transcurrió del martes uno al lunes catorce de abril de dos mil veinticinco, y la sentencia le fue notificada por oficio el lunes treinta y uno de marzo del citado año, surtió efectos el mismos día, mientras que el oficio de expresión de agravios se recibió en el Juzgado de Distrito, el lunes catorce de abril siguiente; esto es, al décimo día hábil, descontado en el cómputo el sábado cinco, domingo seis, sábado doce y domingo trece de abril del mismo año, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la citada ley y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo los recursos adhesivos de la quejosa, fueron interpuestos dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 82 de la Ley de Amparo, ya que transcurrió del martes veinte al lunes veintiséis de mayo del dos mil veinticinco, y la admisión del recurso principal le fue notificada el viernes dieciséis de mayo del citado año, mientras los escritos de expresión de agravios se recibieron a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), el lunes veintiuno y miércoles treinta de abril, respectivamente; esto es, previo a que surtiera efectos la notificación.
No obsta para estimar que los recursos de revisión adhesivas son oportunos, el hecho de que se hubiese recibido con anterioridad a que corriera el plazo legal; lo anterior, atento al criterio que informa la jurisprudencia 2a./J. 16/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 729, aplicada por analogía, del orden literal siguiente:
“RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO. El artículo 86 de la Ley de Amparo establece que el plazo para interponer el recurso de revisión es de 10 días, y acorde con el diverso 22 de la misma ley, donde se precisan las reglas para el cómputo de los plazos en el juicio de amparo, en ellos se incluirá el día del vencimiento. De esta manera, de la interpretación de ambos preceptos se concluye que, al fijar un plazo para la interposición del recurso, el legislador quiso establecer un límite temporal a las partes para ejercer su derecho de revisión de las resoluciones dictadas dentro del juicio de amparo, a fin de generar seguridad jurídica respecto a la firmeza de esas decisiones jurisdiccionales; sin embargo, las referidas normas no prohíben que pueda interponerse dicho recurso antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley.”
CUARTO. El recurso de revisión del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación 2 Santa María la Ribera, de la Delegación Norte del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue hecho valer por quien cuenta con legitimación para tal efecto, ya que lo interpone la Jefatura de Servicios Jurídicos de la citada Delegación, en su representación.
De igual manera, el recurso de revisión de la Presidenta de la República, fue hecho valer por quien cuenta con legitimación para tal efecto, ya que lo interpone el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su representación, con fundamento en los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2 inciso a) fracción IX, 17 fracciones I, II, XVIII y XXI inciso a) del Reglamento Interior de la citada Secretaría.
Asimismo, las revisiones adhesivas son interpuestas por parte legítima, toda vez que las presentó **********, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa **********, personalidad que le reconoció la Juez de Distrito, en auto de tres de junio de dos mil veinticuatro.
QUINTO. No son materia del recurso de revisión los sobreseimientos decretados en los considerandos tercero y quinto, reflejados en el resolutivo primero de la sentencia recurrida; to
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33775-6687e370/pension-por-viudez-para-la-persona-concubina-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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