I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA ACTOS FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA NO BASTA CON LA DESIGNACIÓN DADA A LA NORMA AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO QUE DEBE REALIZARSE ADEMÁS UN ANÁLISIS INDEPENDIENTE DE SU DENOMINACIÓN PARA DETERMINAR SI CONSTITUYE UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGUASCALIENTES, YA QUE SI BIEN EL ARTÍCULO IMPUGNADO MATERIALMENTE DETENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE GENERALIDAD, ABSTRACCIÓN E IMPERSONALIDAD, NO CONSTITUYE UN ACTO FORMALMENTE LEGISLATIVO QUE HAGA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESE MEDIO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULO 143 B, FRACCIONES III Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 215/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 19 DE JUNIO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y DE LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN SE RESERVA SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: JUAN CARLOS SALAMANCA VÁZQUEZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 19 de junio de 2024 emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 215/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica, contra la reforma al Código Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, específicamente su artículo 143 B, fracciones III y V, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 16 de octubre de 2023.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El 13 de noviembre de 2023, María Estela Ríos González, quien se ostenta como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la aprobación, promulgación y publicación de las reformas al Código Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, específicamente el artículo 143 B, fracciones III y V, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el día 16 de octubre de 2023. En su demanda, señaló como autoridades responsables al Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y al Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, y como tercero interesado al Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes.
2. Conceptos de invalidez. En el escrito de demanda se exponen los siguientes conceptos de invalidez:
a) En el primer concepto de invalidez se argumenta que el artículo 143 B, fracción III del Código Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, en el cual se establece como requisitos “ser persona de reconocida solvencia moral” y “tener un modo honesto de vivir” para ocupar el cargo público de Coordinador General de Gabinete, Planeación y Cooperación del municipio referido, violan los principios de igualdad y no discriminación, así como el de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal.
En este sentido, se argumenta que el requisito de “ser persona de reconocida solvencia moral” conlleva que la autoridad municipal determine de forma discrecional y bajo criterios de moralidad subjetivos y abstractos, quien cumple con dicho requisito. Lo anterior genera una desventaja entre los contendientes a ocupar el referido cargo público. Asimismo, se vulnera el principio de certeza jurídica, pues la condición resulta amplia, vaga y ambigua. En diversos precedentes, la Suprema Corte ya se ha pronunciado respecto de la inconstitucionalidad de establecer como requisito “contar con reconocida solvencia moral”.
La condición de “modo honesto de vivir” resulta igualmente inconstitucional, pues a pesar de que dicho requisito se estableció en la Constitución Federal como condición para ser ciudadano, el pretender usarlo como requisito para ocupar un cargo público resulta ineficaz y subjetivo. También resulta ser una expresión ambigua pues no se establece ningún criterio orientador sobre su significado, lo cual deja al arbitrio de la autoridad el calificar la forma de vida de una persona. La norma le impone la carga a las personas de demostrar que tienen una forma de vida honorable y no toma en cuenta la presunción de honestidad que le asiste a todo individuo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la exigencia de “tener un modo honesto de vivir” debe de ser declarado inválido, pues genera discriminación, ya que la evaluación del requisito quedaría al arbitrio de las personas encargadas de designar al servidor público a partir de un juicio valorativo y discrecional basado en la concepción de lo que cada quien entienda como un sistema de vida honesto.
b) En el segundo concepto de invalidez se señala que el artículo 143 B, fracción V, del Código Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, en el cual se establece como requisito “no haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena privativa de la libertad”, vulnera los principios de igualdad y no discriminación, los derechos de reinserción social, libertad de trabajo y el libre acceso a ocupar un cargo público.
La norma impugnada discrimina por condición social a las personas que compurgaron una pena y pretenden acceder a un cargo público, lo que se ubica dentro de las categorías sospechosas del artículo 1o. constitucional. Además, la norma no está debidamente delimitada y no considera que las conductas ilícitas guarden relación estrecha con las funciones que desempeñará el servidor público, y tampoco garantiza la eficiencia en el empleo, lo cual lo convierte en un requisito injustificado, irracional y desproporcional. El legislador no contempló que las personas excluidas injustificadamente se hacen acreedoras de una doble sanción, pues, por un lado, fueron condenadas con una pena privativa de la libertad y, por otro, son sancionados con el impedimento para ocupar el citado cargo público, por el mismo delito cometido.
La medida también viola el derecho de libertad de trabajo de las personas que compurgaron una pena condenatoria, pues se verán impedidas de por vida para acceder a este puesto público.
Finalmente, la accionante argumentó que, derivado de la reforma del artículo 38, fracción VII de la Constitución Federal, relativa a la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público, se desprende que el Poder Reformador solamente hizo extensiva dicha restricción para los delitos que atenten contra la integridad corporal, sexual, psicosexual, violencia familiar y violencia política en razón de género. En el presente caso, el congreso local se extralimitó en el uso de sus facultades, ya que no acotó la restricción a dichos delitos, pues al dejar abierta la limitante para todos los delitos intencionales que merezcan pena privativa de libertad, hace inconstitucional la norma impugnada pues cualquier delito de orden federal o local actualizará la prohibición impugnada.
En este sentido, la norma impugnada impone mayores restricciones que las establecidas en la Constitución Federal, al dejar abierto el catálogo de delitos que actualizan la prohibición impugnada.
3. Auto de registro y turno. Por acuerdo de 14 de noviembre de 2023, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número de 215/2023, y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de 29 de noviembre de 2023, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Aguascalientes, para que rindieran su informe. Sin embargo, señaló que no se tenía al Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes como tercero interesado en virtud de que las acciones de inconstitucionalidad no se siguen como un proceso para resolver un litigio entre partes, sino como un procedimiento para el análisis abstracto de la norma impugnada. También ordenó que se diera vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que, en su caso, correspondiere.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. En su informe presentado el 3 de enero de 2024, el Congreso del Estado de Aguascalientes afirmó que el acto cuya invalidez se reclama no es un acto atribuible al Poder Legislativo, pues no expidió la norma que se impugna. Más bien, de acuerdo con la publicación del Periódico Oficial, éste resulta del ejercicio de una facultad del Ayuntamiento de San José de Gracia, Aguascalientes.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. En su informe presentado el 5 de enero de 2024, el Gobernador del Estado de Aguascalientes sostuvo que la reforma impugnada es un acto material y formalmente legislativo. Señaló que es producto de una deliberación del Congreso de Aguascalientes (sic) y que el Ejecutivo únicamente cumple con la función de promulgación de leyes. Así pues, es cierto que la Gobernadora Constitucional promulgó y ordenó la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en acatamiento a la Constitución local, hecho que en sí mismo no violenta los preceptos constitucionales que refiere el promovente. En todo caso, es al Poder Legislativo local a quien corresponde defender la validez de las normas promulgadas.
7. Solicitud de informe al Municipio de José de Gracia, Aguascalientes. Por acuerdo de 29 de enero de 2024, y atento a las manifestaciones del Congreso local, el ministro instructor requirió al Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, para que rindiera su informe dentro del plazo de 15 días hábiles. Posteriormente, el 25 de marzo del mismo año, se tuvo por no presentado el referido informe ni las copias certificadas de los antecedentes relacionados con la norma impugnada, por lo que se le requirió que enviara dichos documentales en un plazo de tres días.
8. Pedimento de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía no emitió opinión alguna en el presente asunto, pese a que fueron debidamente notificadas.
9. Alegatos. El 10 de abril de 2024 el delegado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó su escrito de alegatos. Asimismo, el 22 de abril del mismo año, el Congreso Legislativo de Aguascalientes presentó sus respectivos alegatos.
10. Cierre de la instrucción. Por acuerdo del 18 de abril de 2024 se cerró la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
11. Radicación a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante solicitud de 23 de abril de 2024, el Ministro instructor solicitó la radicación del asunto a la Primera Sala.
12. Avocamiento de la acción de inconstitucionalidad en la Primera Sala. Finalmente, el 15 de mayo de 2024, el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte acordó que ésta se avocara al conocimiento del asunto, y ordenó se devolvieran los autos a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá a efecto de la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal;(1) 1, de la Ley Reglamentaria de la materia;(2) 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) en relación con los puntos Segundo, fracción II y Tercero del Acuerdo General número 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante “DOF”) el 3 febrero de 2023 y modificado mediante instrumento normativo de 10 de abril de 2023, publicado en el DOF el 14 de abril siguiente, ya que se trata de una acción de inconstitucionalidad en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno por el sentido de este fallo.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
14. Del análisis de la demanda se advierte que se combate el artículo 143 B, fracciones III y V, del Código Municipal de San José de Gracia,(5) Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el día 16 de octubre de 2023.
III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
15. Resulta innecesario el estudio de los presupuestos procesales, toda vez que se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción IX, en relación con el 20, fracción II, el 61 y el 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(6)
16. Para explicar esta conclusión, en los párrafos que siguen se expondrán los precedentes aplicables y, posteriormente, se aplicará el criterio resultante al caso concreto.
Precedentes aplicables
17. El Tribunal Pleno ha reiterado en diversas ocasiones(7) su interpretación del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal,(8) y ha determinado que dicho artículo limita la procedencia de la acción de inconstitucionalidad exclusivamente a las "normas generales" como categoría de las disposiciones susceptibles de impugnación. Sin embargo, no todas las normas que puedan considerarse como generales entran en esta categoría, sino únicamente aquellas que revisten el carácter formal y material de leyes, o de tratados internacionales. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad no procede contra actos o normas que carezcan de estas características. Lo anterior se deriva de las jurisprudencias P./J. 22/99 y P./J. 23/99, emitidas por el Tribunal Pleno, –retomadas por la Primera Sala en las Acciones de Inconstitucionalidad 36/2017 y 2/2018–, y cuyos rubros son: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES.”(9) y “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL.”.(10)
18. Entonces, la acción de inconstitucionalidad es la vía para impugnar normas generales que, en términos formales y materiales, tienen la naturaleza de leyes, excluyendo aquellas que no cumplen con estas características específicas. Esto significa que no todos los actos o las disposiciones generales emitidas por un órgano legislativo pueden ser objeto de esta acción, sino únicamente aquellas que sean formal y materialmente legislativos.
19. Así pues, el criterio predominante es que el presente medio de control constitucional procede contra cualquier ley, como acto formalmente legislativo. Una ley presupone la concurrencia de un criterio material, en donde todas sus normas gozan de las características de generalidad, abstracción e impersonalidad.
20. Sin embargo, se han introducido matices a este criterio. Por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 4/1998,(11) se enfatizó que no basta con la designación dada a la norma al momento de su creación, sino que se debe realizar un análisis independiente de su denominación para determinar si cumple con las características formales y materiales, pues en ocasiones hay leyes que se denominan como decretos y viceversa.
21. Asimismo, este Tribunal Pleno ha señalado que no sólo importa para la procedencia el carácter formal de una norma como ley, sino también su conceptualización material, pues en el texto constitucional se utiliza el término “norma general”. En la acción de inconstitucionalidad 4/2011(12) se estableció que este análisis material no puede conducir a la procedencia indiscriminada de cualquier acción donde se impugne cualquier tipo de norma general, sino que el criterio formal y material debe aplicarse conjuntamente para determinar la procedencia de la acción, con la excepción de los tratados internacionales.
22. Es decir, se reconoció que las leyes, al ser abstractas, impersonales y generales se pueden impugnar a través de una acción de inconstitucionalidad, pero se especificó que, si solamente atendemos a la característica formal de la legislación, se excluirían otras normas que pueden ser objeto del control constitucional en comento; por lo anterior, el criterio de acto formalmente legislativo y el criterio material deben ir de la mano. Además, en la acción de inconstitucionalidad se argumentó que propósito del concepto de "norma general", como requisito para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, es ampliar la competencia de la materia impugnable, no solo a las disposiciones formalmente designadas como "ley", sino también a otras que comparten sus características materiales.
23. La anterior conclusión se corrobora si se atiende a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal pues, en su Título III, denominado “De las acciones de inconstitucionalidad”, prevé lo relativo a este medio de control constitucional y, en lo que interesa, dispone:
Artículo 61. La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberá contener:
I. Los nombres y firmas de los promoventes;
II. Los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas;
III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado;
IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen vulnerados; y
V. Los conceptos de invalidez. (...)
Artículo 64. Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24, si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones correspondientes dentro del plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado el informe previsto en este artículo (...).
24. De acuerdo con los artículos citados, se hace notar que la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad se limita a las normas generales. Esto se evidencia por dos razones: 1) el oficio mediante el cual se ejerce la acción debe incluir, entre otros aspectos, la identificación del órgano legislativo que la emitió y del ejecutivo que la promulgó, lo que indica que se trata de actos emanados formalmente del poder legislativo, ya sea federal o local, siguiendo el procedimiento establecido por la ley para la creación de leyes, el cual concluye con su promulgación y publicación por parte del órgano ejecutivo; y 2) la notificación a dichos órganos legislativo y ejecutivo para que presenten un informe que justifique la validez de la norma o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.
25. En conclusión, es claro que la interpretación que ha realizado la Suprema Corte del artículo 105, fracción II constitucional, establece que la acción de inconstitucionalidad solo procede contra normas generales que posean tanto características formales como materiales, con las precisiones mencionadas anteriormente.
26. Las consideraciones anteriores se desarrollaron en la acción de inconstitucionalidad 36/2017,(13) la cual fue presentada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo en contra de la aprobación, promulgación y publicación de las reformas al Reglamento de Tránsito y Vialidad de la Ciudad de Morelia, publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el 2 de mayo de 2017. En la sentencia, esta Primera Sala estimó que, a partir del análisis del reglamento impugnado, éste se trataba de un conjunto de disposiciones que, aunque materialmente eran normas que detentaban las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, estaba ausente el requisito formal. En otras palabras, las normas reclamadas del reglamento de tránsito y vialidad gozaban de cierto grado de generalidad y abstracción, pero fueron expedidas por el Ayuntamiento del Estado de Michoacán en uso de su facultad reglamentaria, lo cual no constituye un acto formalmente legislativo para la procedencia de la acción. En suma, al no cumplirse con los requisitos de procedencia, se sobreseyó dicha acción de inconstitucionalidad.
27. Un ejemplo complementario, donde más bien se atendió al criterio material de la norma impugnada, resulta la acción de inconstitucionalidad 2/2018,(14) presentada por integrantes de la legislatura del Congreso del Estado de Baja California en contra del Decreto no. 168, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el 4 de diciembre de 2017. Aquí, también se retomaron las mismas consideraciones. En este caso, la Primera Sala examinó en su conjunto los cinco artículos que componen el decreto reclamado y concluyó que no se estaba en presencia de una norma general o de un conjunto de normas generales que puedan ser sometidas al presente medio de control de constitucionalidad. Lo anterior, ya que el decreto no reunía los atributos que precisan los criterios invocados para ser considerado como una norma general o un conjunto de normas general, toda vez que, a pesar de haber sido emitido por el órgano legislativo del estado, no creaba, modificaba, extinguía o regulaba situaciones jurídicas abstractas, impersonales y generales que trascendieran a la esfera de los gobernados, en tanto que no se refería a un número indeterminado o indeterminable de casos y de personas, sino que tenía un objetivo específico y conductas reguladas. Por todo lo anterior, se concluyó que no se cumplían con los requisitos de procedencia y se sobreseyó la acción de inconstitucionalidad.
Caso concreto
28. Ahora bien, aplicando el criterio expuesto al caso concreto, esta Primera Sala estima que el artículo impugnado se trata de una disposición que, aunque materialmente detenta las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, está ausente el requisito formal para efectos de su impugnación en el presente medio de control de constitucionalidad. En ese sentido, se considera que se actualizan los mismos supuestos plasmados en la acción de inconstitucionalidad 36/2017.
29. Así pues, a pesar de que se reconoce que el artículo 143 B, fracción III del Código Municipal de San José de Gracia tiene cierta generalidad y abstracción, ésta fue expedida por el Ayuntamiento de San José de Gracia en uso de su facultad reglamentaria, lo cual, siguiendo el criterio de esta Primera Sala, no constituye un acto formalmente legislativo para que proceda la impugnación de la norma a través del presente medio de control de constitucionalidad.
IV. DECISIÓN
30. En suma, al no cumplirse con los requisitos de procedencia, se sobresee la presente acción de inconstitucionalidad con fundamento en los artículos 19, fracción IX, en relación con el 20, fracción II, el 61 y el 65 de la Ley Reglamentaria en materia.
31. Por lo expuesto y fundado,
SE RESUELVE
ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad 215/2023, promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros y de las señoras Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá (Ponente), Ana Margarita Ríos Farjat, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Firman el señor Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
________________
1. Constitución Federal
“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...)
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (...)
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; (...)”
2. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Federal
Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
3. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
“Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (...)”.
“Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; (...)”
4. Acuerdo General número 1/2023
“SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:(...)
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención; (...)”
“TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.”
5. Código Municipal de San José de Gracia
“Artículo 143 B.- Para ser Coordinador General de Gabinete, Planeación y Cooperación de San José de Gracia, se deberán reunir los siguientes requisitos: (...)
III. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad técnica para desempeñar dicho cargo, a juicio del Presidente; (...)
V. No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena privativa de libertad; y (...)”.
6. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Federal
“Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:(...).
IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.
Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: :(...)
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; :(...)”
Artículo 61. La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberá contener:
I. Los nombres y firmas de los promoventes;
II. Los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas;
III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado;
Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.
La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.
7. Las presentes consideraciones se retoman de la acción de inconstitucionalidad 36/2017 resuelta por unanimidad de votos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de marzo de 2018 y la acción de inconstitucionalidad 2/2018 resuelta por unanimidad de votos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de agosto de 2018.
8. Constitución Federal
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley
reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...)
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción
entre una norma de carácter general y esta Constitución.
9. Tesis: P./J. 22/99, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Abril de 1999, página 256.
10. Tesis: P./J. 23/99, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, abril de 1999, página 257.
11. Acción de inconstitucionalidad 4/1998, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos el 28 de mayo de 1998.
12. Acción de inconstitucionalidad 4/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 6 votos el 6 de diciembre de 2011.
13. Resuelta por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de votos en sesión de 14 de marzo de 2018, bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ort
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32771-00ecf0de/i-accion-de-inconstitucionalidad-solo-procede-contra-normas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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