DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES LEGAL SU DESECHAMIENTO DE PLANO, SI ES NOTORIO Y MANIFIESTO QUE NO SE AGOTÓ EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL PROCEDENTE, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE SE RINDA EL INFORME JUSTIFICADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 68/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.
Ciudad de México, veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.
El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios citada al rubro conforme a lo que en lo sucesivo se expone.
A N T E C E D E N T E S
PRIMERO. Denuncia. La magistrada María Leonor Pacheco Figueroa y los magistrados Enrique Cabañas Rodríguez y Alfredo Aragón Jiménez Castro, integrantes del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el referido órgano en el recurso de queja 292/2023 y el sustentado por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO en la jurisprudencia VI.1o.A. J/21 (10a.)(1) de rubro: “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA”.
SEGUNDO. Trámite. La Presidenta de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 68/2024, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de tres de abril del dos mil veinticuatro.
TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.
La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes
C O N S I D E R A C I O N E S
PRIMERO. Competencia.
Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3; lo anterior, porque se trata de la posible contradicción de criterios emitidos por dos TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, los cuales están comprendidos dentro de la Región Centro-Sur.
SEGUNDO. Legitimación.
La contradicción de criterios fue denunciada por parte con legitimación conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, toda vez que se formuló por los magistrados integrantes del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO el cual es uno de los tribunales contendientes, como se advierte en el respectivo expediente electrónico.
TERCERO. Antecedentes.
Se exponen los antecedentes y las consideraciones que sustentan los criterios de los respectivos órganos jurisdiccionales.
• PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO (Jurisprudencia VI.1o.A. J/21 (10a.).
El primer asunto que dio lugar a dicho criterio fue el recurso de queja Q-58/2016 que se interpuso contra el desechamiento de la demanda de amparo indirecto en la que se reclamó del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Puebla la inscripción de tres escrituras públicas, que dieron lugar a la cancelación de una hipoteca constituida a favor de la parte quejosa.
En el desechamiento se tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la LEY DE AMPARO, al considerarse que previamente debió interponerse el recurso administrativo registral previsto en los artículos 137 a 142 de la LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE PUEBLA.
El TRIBUNAL COLEGIADO declaró fundado el recurso de queja al considerar que si los actos reclamados son materialmente administrativos, en el auto inicial no es jurídicamente factible el desechamiento de plano la demanda de amparo fundada en la hipótesis jurídica citada, toda vez que es necesario dar oportunidad a que la autoridad responsable rinda su informe justificado, para entonces comprobar si opera o no la excepción al principio de definitividad a que se refiere el último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia.
Las razones de lo anterior fueron las siguientes:
• Si bien es cierto que esa norma (se refiere al artículo 61, fracción XX, de la LEY DE AMPARO) prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o bien, proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, también lo es que establece una excepción más para, en el caso, no tener que agotar el recurso o medio de defensa legal de que se trata, el cual está supeditado a la forma como la autoridad responsable rinda su informe justificado, en el que si señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad.
• De ahí que si el o los actos reclamados son materialmente administrativos es necesario dar oportunidad a que la autoridad responsable rinda su informe justificado y comprobar hasta entonces si se surte o no la excepción al principio de definitividad contenida en el último párrafo de esa fracción, por tanto no es susceptible de desechar de plano actualizando esa causal de improcedencia.
• Lo expuesto evidencia lo incorrecto de haber desechado de plano la demanda de amparo, sin tomar en cuenta el último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, en virtud de que no se está ante un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que justificara la aplicación del artículo 113 de la propia ley.
Las consideraciones que anteceden fueron esencialmente reiteradas por el citado TRIBUNAL COLEGIADO en los recursos de queja 101/2018, 89/2019, 102/2019 y el amparo en revisión 398/2018, de los que derivó la jurisprudencia VI.1o.A. J/21 (10a.) (2)
“PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA.
Si bien es cierto que esa norma prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o bien, proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a esas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que contempla la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que ésta prevé para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de si el acto en sí mismo es susceptible o no de ser suspendido conforme a la ley en mención; también lo es que establece una excepción ulterior además de si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, o si el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, la cual atañe a la forma como la autoridad responsable rinda su informe justificado, en el que si señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad. De ahí que si el o los actos reclamados son materialmente administrativos, en el auto de inicio no es jurídicamente factible desechar de plano la demanda de amparo por considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, sino que es necesario dar oportunidad a que la autoridad responsable rinda su informe justificado y comprobar hasta entonces si se surte o no la excepción al principio de definitividad contenida en el último párrafo de esa fracción.”
• SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO (recurso de queja 292/2023).
En la demanda de amparo indirecto se reclamó la aplicación de una boleta de infracción de tránsito con vehículo, señalándose como autoridades responsables a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE TRÁNSITO municipal y un agente de tránsito, todos del municipio de PUEBLA.
La demanda fue desechada por un Juez de Distrito, quien tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la LEY DE AMPARO, porque previamente debió impugnarse el acto reclamado mediante juicio contencioso administrativo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 de la LEY DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA; 4, apartado A, fracción V, y 19, fracción IV, de la LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA.
La peticionaria interpuso recurso de queja en cuyos agravios se invocó la jurisprudencia del TRIBUNAL COLEGIADO a la que se ha hecho referencia en el apartado que precede.
El TRIBUNAL COLEGIADO declaró infundado el recurso mediante las siguientes consideraciones:
• Dicha jurisprudencia no se comparte pues, en principio, no resulta obligatoria para este TRIBUNAL COLEGIADO y, tocante al criterio jurídico que contiene, se considera que la excepción al principio de definitividad que se analiza en tratándose de actos materialmente administrativos no es aplicable al auto de inicio salvo en aquellos casos en que se actualicen las diversas hipótesis de excepción contenidas en el artículo 61, fracción XX, de la LEY DE AMPARO.
• Del citado artículo se desprende que, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista, sin necesidad de realizar un análisis mayor, ni posterior que autorice la admisión de la demanda de amparo, puesto que la improcedencia es notoria y manifiesta, debido a que deriva de una ley.
Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y de protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo cual, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo.
• Esta disposición legal debe analizarse de forma conjunta con el último párrafo del artículo 117 de la LEY DE AMPARO que dispone que cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación en su informe justificado la autoridad deberá completar en esos aspectos el acto reclamado.
• Para dar claridad a la porción normativa citada es necesario tener en cuenta las consideraciones emitidas por la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN al resolver el recurso de queja 6/2016, que dieron origen a la tesis 2a. CXV/2016 (10a.) de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN que dice: “ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMPLEMENTE EL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME JUSTIFICADO EN EL CASO AHÍ PREVISTO, NO ES CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
• De un análisis sistemático del precepto 61, fracción XX, último párrafo, con el contenido del diverso numeral 117, último párrafo, ambos de la LEY DE AMPARO, es dable concluir que la excepción al principio de definitividad prevista en la primera de las disposiciones normativas mencionadas, forma parte de las medidas instrumentales que el legislador consideró necesarias para no generar un desequilibrio procesal o indefensión para la parte quejosa en caso de la complementación del acto reclamado en el informe justificado —artículo 117 de la misma ley— y, de ese modo, prevalezca la excepción al principio de definitividad prevista para los actos administrativos carentes de fundamentación, impidiendo así la improcedencia del juicio con el efecto denegatorio de justicia.
• La mencionada excepción se actualiza durante la substanciación del juicio de amparo y hasta que la autoridad responsable rinda su informe justificado en el que complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado combatido por su falta o insuficiencia de esa exigencia constitucional.
• Contrariamente a lo estimado por la recurrente y salvo que se actualice alguna de las diversas hipótesis de excepción a la definitividad, tratándose de actos materialmente administrativos, en el auto de inicio sí es factible atender la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XX, de la LEY DE AMPARO, siempre que sea manifiesta e indudable de conformidad con el arábigo 113 de la misma legislación.
• De manera que, pensar que la sola circunstancia que el acto reclamado sea de naturaleza materialmente administrativa, impida que en el auto de inicio se analice la causa improcedencia de mérito, sería asumir una postura contraria a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, el cual se rige por el principio de definitividad que obliga al gobernado —salvo los casos de excepción— de agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo.
• La excepción de referencia —falta de fundamentación— encuentra justificación en el hecho consistente en que un acto de autoridad carente de fundamentación impide al gobernado hacer valer el recurso o medio de defensa idóneo para atacarlo, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permiten impugnarlo a través de los mecanismos ordinarios, ya que frente a un amplio universo de leyes no sabría necesariamente en cuál se prevén esos medios de defensa ordinarios procedentes contra los actos de autoridad reclamados. Esto es, la falta de fundamentación debe ser absoluta, de modo que se impida al gobernado hacer valer el recurso idóneo para atacar el acto.
Así lo reiteró la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, al resolver la contradicción de tesis 212/2021 en sesión de nueve de febrero de dos mil veintidós, donde textualmente indicó: (...) esta excepción al principio de definitividad no atañe meramente a una indebida fundamentación o a que los preceptos citados ya no se encuentren vigentes o no resulten aplicables –esa es una cuestión que, desde luego, debe ser reprochada ante la instancia correspondiente–, sino que implica una verdadera ausencia o carencia de fundamentación, pues al desconocer el gobernado los fundamentos del acto de autoridad, no resulta dable exigirle que agote algún medio ordinario de defensa (...).”
CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios.
Las posturas de los TRIBUNALES COLEGIADOS actualizan los elementos a que se refiere la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 (registro digital 165077) de rubro “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Los elementos que anteceden se actualizan porque ambos TRIBUNALES COLEGIADOS contendientes conocieron de asuntos que provienen de juicios de amparo indirecto en los que se reclamaron actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuyas demandas fueron desechadas de plano (excepto en el amparo en revisión R.A. 398/2018 en donde la sentencia de amparo fue de sobreseimiento) al tenerse por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la LEY DE AMPARO, al no haberse interpuesto los recursos que los jueces de amparo consideraron procedentes.
Al decidir los casos, los órganos jurisdiccionales sostuvieron consideraciones discrepantes.
• El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XX del citado precepto 61, no es jurídicamente factible que en el auto inicial se deseche la demanda de amparo indirecto en la que se reclamen actos materialmente administrativos que carecen de fundamentación, sino que es necesario que la autoridad rinda su informe justificado para así comprobar si existe o no la excepción al principio de definitividad.
Este tribunal interpretó que el último párrafo de esa fracción establece una excepción más al principio de definitividad, lo cual está supeditado a la forma como la autoridad responsable rinda su informe justificado.
La reiteración de este criterio dio lugar a la integración de la jurisprudencia del TRIBUNAL COLEGIADO de rubro “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA”. • Por su parte, el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA consideró que, en casos similares, sí es factible desechar de plano la demanda de amparo indirecto con fundamento en la citada fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, siempre y cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable.
Este tribunal consideró que la citada hipótesis legal debe analizarse sistemáticamente con el precepto 117, último párrafo, ambos de la LEY DE AMPARO, para advertir que la excepción al principio de definitividad prevista en la primera de las disposiciones normativas mencionadas no es aplicable al auto inicial, sino que forma parte de las medidas instrumentales que el legislador consideró necesarias para no generar un desequilibrio procesal o indefensión en contra de la parte peticionaria, en el caso de que el informe justificado complemente al acto reclamado que adolece de falta de fundamentación y motivación; por lo que en este caso debe prevalecer la excepción al principio de definitividad, impidiendo así la improcedencia del juicio de amparo.
Como se observa, ambos TRIBUNALES COLEGIADOS emitieron razones discordantes y conclusiones discrepantes acerca de la interpretación que debe darse al último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la LEY DE AMPARO, en donde uno niega que, en las circunstancias apuntadas, la demanda de amparo indirecto pueda ser desechada en el auto inicial, y dice que, en amparo administrativo, debe darse oportunidad a que la autoridad responsable rinda su informe justificado antes de poder desechar la demanda; mientras que el otro tribunal afirma que sí es factible el desechamiento en el auto inicial si la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, y que lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XX del citado artículo 61 no es aplicable al auto inicial.
Lo anterior pone de manifiesto que existen criterios contrarios sobre un mismo tema jurídico, discrepancia que se refleja en el cuestionamiento consistente en si es legal que en amparo indirecto que se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en el auto inicial se decrete el desechamiento de la demanda sobre la base de la causa de improcedencia consistente en la no observancia del principio de definitividad prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la LEY DE AMPARO; o si para hacerlo es indispensable o necesario que la autoridad responsable rinda su informe justificado.
QUINTO. Estudio de fondo.
El criterio que debe prevalecer es que la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la LEY DE AMPARO, no tiene relación directa con el párrafo primero de dicho precepto; lo cual legalmente permite que en el auto inicial la demanda de amparo sea desechada, siempre que sea notorio y manifiesto que no se agotó el recurso o medio de defensa legal procedente; sin necesidad de tener que desahogarse el informe justificado.
Lo anterior se justifica así.
Todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos previstos en el primer párrafo del artículo 16 de la CONSTITUCIÓN, que dispone que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Estos requisitos constitucionales son observables en el régimen de los actos administrativos. Por ejemplo, el artículo 3, fracciones I, IV y V, de la LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO dispone: “Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo: I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo; (...) IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; V. Estar fundado y motivado; (...)”. Incluso, adicionalmente a los requisitos constitucionales la fracción XV del precepto en cita prevé “tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan”.
Los actos de autoridad que incumplan con los requisitos constitucionales así como los legales adolecen de irregularidades capaces de afectar los derechos de las personas a las que están dirigidos, por lo que tales actos son susceptibles de ser impugnados, en principio, mediante el recurso ordinario si lo hubiere y, de manera extraordinaria, a través del juicio de amparo.
El principio de definitividad consiste, precisamente, en que para la procedencia del juicio de amparo primero deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios que conforme a la ley procedan contra los actos reclamados, so pena de que el juicio resulte improcedente.
En términos del artículo 113 de la LEY DE AMPARO, la causa de improcedencia que dé lugar al desechamiento de plano de la demanda de amparo debe ser manifiesta, que debe entenderse como lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e indudable, que implica que se tiene la certeza y plena convicción de un hecho porque no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; de tal modo que se tiene la certeza que aun admitiéndose la demanda de amparo y substanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una conclusión distinta.
Las causas de improcedencia están agrupadas en el artículo 61 de la LEY DE AMPARO y de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 113, si los hechos actualizan alguna de ellas de forma manifiesta e indudable, el desechamiento de la demanda puede ser realizado en el auto inicial.
Ahora, en lo que atañe al presente asunto, el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la LEY DE AMPARO prevé la causa de improcedencia cuando se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, generalmente referida como principio de definitividad, consistente en no haberse agotado el recurso o medio de defensa idóneo previsto en la ley.
Sin embargo, los párrafos segundo y tercero (último) del precepto en cita contienen excepciones a este principio conforme a las cuales no será necesario agotar tales recursos pudiendo acudirse directamente al juicio de amparo. El párrafo segundo refiere a cuando el acto reclamado carece de fundamentación (entre otros supuestos) y el párrafo tercero prevé dicha excepción cuando el informe justificado complementa la falta de fundamentación originaria del acto reclamado.
La materia de la divergencia de criterios proviene de los tres párrafos en conjunto, pero primordialmente de lo dispuesto en el párrafo tercero.
Cabe apuntar que en la anterior LEY DE AMPARO que quedó abrogada sí existía la excepción al principio de definitividad por falta de fundamentación; no así la ahora prevista para el caso de la complementación que pudiera realizar la autoridad responsable en el informe justificado. Esta hipótesis se incorporó a partir de la promulgación de la LEY DE AMPARO vigente.
Para la explicación de esa norma se estima útil traer a colación su hipótesis concordante en la LEY DE AMPARO abrogada, a manera de contrastar las diferencias que auxilien en la interpretación que debe darse a la norma vigente.
En la LEY DE AMPARO abrogada, la causa de improcedencia en estudio estaba contenida en el artículo 73, fracción XV.
Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
(...)
XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación;
En esa época también regía la norma de que el acto reclamado debía ser apreciado por el juez de amparo tal como aparezca probado, lo que comprendía a la fundamentación (artículo 78 de la ley abrogada). Es decir, en esa ley no estaba prevista la posibilidad de que, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, si tal acto adoleciera de falta de fundamentación pudiera ser complementado en esos aspectos con el informe justificado.
Ahora, en la LEY DE AMPARO vigente publicada en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el dos de abril de dos mil trece, si bien se mantiene la norma sobre la apreciación del acto reclamado tal como fue probado ante la autoridad responsable (artículo 75 de la ley en cita) se destaca que se incorporaron determinadas normas relacionadas con los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que adolecían de falta de fundamentación y que deben ser complementados con el informe justificado de la autoridad responsable.
Se trata de los artículos 61, fracción XX; 117, párrafos primero, penúltimo y último, y artículo 124, también último párrafo, de la LEY DE AMPARO, los cuales guardan relación con el tema del informe justificado de las autoridades que emitan actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (el artículo 117 refiere como act
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32785-a3a9b788/demanda-de-amparo-indirecto-es-legal-su-desechamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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