AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA, CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE VERIFICAR SI LA CONTRAPARTE DE LA PERSONA QUEJOSA EN EL JUICIO DE ORIGEN, TIENE UNA DISCAPACIDAD QUE REQUIERA LA IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES EN EL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 177/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si desde el auto inicial de trámite se puede tener por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, cuando se reclama el desechamiento del recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra de la negativa del juez civil de verificar si su contraparte en el juicio de origen tiene una discapacidad y, en su caso, de realizar los ajustes razonables correspondientes.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción de criterios. A través del oficio 244/2024, remitido vía correo electrónico el trece de junio de dos mil veinticuatro, los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado al resolver el recurso de queja civil 8/2024, y el diverso que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el recurso de queja civil 549/2023.
4. Radicación de la contradicción. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ordenó formar y registrar el expediente con el número 177/2024; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los tribunales contendientes para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado; y solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada en este asunto.
5. Informes de vigencia. Por acuerdos de presidencia de veintiuno y veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los tribunales colegiados contendientes en los que informaron que sus criterios continuaban vigentes.
6. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de presidencia de tres de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Confirmación de turno. En auto de presidencia de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno del presente asunto a la ponencia de la entonces Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre de la misma anualidad, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre del año pasado, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
9. Nueva integración del Pleno. Previas modificaciones en la integración de este Pleno Regional, en el proveído de veintitrés septiembre de dos mil veinticinco, se comunicó a las partes que a partir del quince de septiembre del año en curso, quedaría conformado por las Magistradas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza. Asimismo, se turnó el presente asunto a la primera de las mencionadas, y se precisó que tal decisión quedaba confirmada en ese momento.
10. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(2) 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(3) así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (ahora Órgano de Administración) que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, en su texto vigente; 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio,(4) en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
12. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes al Noveno Circuito, correspondiente a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia común, y este Pleno Regional comparte las materias del tribunal colegiado que emitió el primero de los criterios contendientes, a saber, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
III. LEGITIMACIÓN
13. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quienes emitieron uno de los criterios que forman parte de la denuncia que motivó este asunto.
IV. CRITERIOS CONTENDIENTES
14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A) Recurso de queja 549/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, resuelto en sesión de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos.
15. Demanda de amparo. Una persona física, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y los actos que se transcriben a continuación:
“3. LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Le surte tal carácter al Juez Segundo de lo Civil en el Primer Distrito Judicial en el Estado de San Luis Potosí, quien tiene su domicilio (...).
4. LA OMISIÓN Y ACTOS RECLAMADOS.
4.1. La omisión de verificar oficiosamente si existe una situación de vulnerabilidad que impida a **********, también conocida como **********, estar debidamente representada en el juicio extraordinario civil ********** promovido por el suscrito en contra de: (I) **********, también conocida como **********, (II) **********, (III) **********y (IV) **********; conforme a los artículos 5, 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4.2. La emisión del auto de 27 de septiembre de 2023 dentro del juicio de referencia, a través del cual la autoridad responsable resolvió que no había lugar a realizar los ajustes de procedimiento solicitados por el hoy quejoso, para verificar si existe una situación de vulnerabilidad que impida estar debidamente representada en juicio a **********, también conocida como **********, porque no eran medios autorizados por el artículo 336 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
4.3. La emisión del auto de 18 de octubre de 2023 dentro del juicio de referencia, a través del cual la autoridad responsable desechó el recurso de revocación interpuesto contra el auto de 27 de septiembre de 2023, porque los ajustes de procedimiento solicitados por el hoy quejoso, para verificar si existe una situación de vulnerabilidad que impida acceder a la justicia a **********, también conocida como **********, no forman parte de la litis.”
16. Prevención de la demanda. La demanda fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, cuya titular, en el auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, la registró con el número de expediente 1567/2023-V, y previno al promovente para que aclarara a nombre de quién presentaba tal ocurso.
17. Desechamiento de la demanda. Previo desahogo, en el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, la persona juzgadora desechó de plano la demanda de amparo, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, pues afirmó que los actos reclamados no podían ser considerados de imposible reparación.
18. Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el que por acuerdo de presidencia de quince de diciembre de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite con el número de expediente 549/2023 y, mediante resolución aprobada en sesión de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, declararon fundado el medio de impugnación, bajo los siguientes argumentos:
“SEXTO. Estudio. Uno de los agravios que hace valer la parte recurrente es esencialmente fundado y suficiente para revocar el auto recurrido, atento a las razones que enseguida se precisan.
En la parte final de su primer motivo de agravio, la parte quejosa sostiene lo siguiente:
• La causa de improcedencia invocada por la A Quo no es manifiesta ni indudable, pues los tratados internacionales obligan a la juez a admitir la demanda de amparo, cuando existan indicios razonables de que los actos y omisiones pudieren incidir en una persona con discapacidad, como ocurre en la especie, sin importar quien promueva la demanda, a efecto de tutelar la debida integración de la relación jurídico procesal como se advierte de los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.
• Así, la causa de improcedencia invocada por la juez de amparo no es manifiesta e indudable; puesto que, el análisis sobre los actos de imposible reparación colisionados ante un presunto incapaz, conllevan un ejercicio más profundo, en el que se debe tener a la vista todo el marco normativo aplicable a las personas con discapacidad.
Como apoyo a sus argumentos invoca, entre otras, la tesis aislada de rubro:
‘PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CUANDO SE ADVIERTAN INDICIOS RAZONABLES DE QUE EL ACTO RECLAMADO PUDIERA AFECTAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO DEBE ADMITIRSE A SU FAVOR, AUNQUE NO HUBIESEN PROMOVIDO INICIALMENTE EL JUICIO.’
Como ya se adelantó, el reseñado argumento es fundado.
Del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito, al proveer sobre la demanda de amparo, está facultado para desecharla cuando de su examen advierte que existe causa manifiesta e indudable de improcedencia.
Al respecto, debe señalarse que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, en el que no se requiere de mayor evidencia, sino que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones; de tal manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.
Relacionado con ello, es oportuno indicar que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las causas de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo, por excepción, en los casos que prevé el artículo 61, de la Ley de Amparo, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional y, por lo mismo, resulta ser de aplicación estricta lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, para desechar de plano una demanda.
De ahí que, de no existir causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener incertidumbre de su actualización, no debe desecharse la demanda, sino que debe prevalecer la regla general en el sentido de que el juicio es procedente, pues de lo contrario se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar la acción de amparo en contra de un acto que estima le causa perjuicio.
Al particular adquiere puntual aplicación la tesis LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 848, que a continuación se transcribe:
‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO (se transcribe texto)’
Por consiguiente, la hipótesis contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo, como se destacó, es de aplicación estricta, en virtud de que el desechamiento de la demanda, puede ocasionar daños al quejoso y, por el contrario, el auto de admisión no afecta a las demás partes en el juicio, pues tienen oportunidad de demostrar la existencia de alguna causa de improcedencia y porque, además, ese proveído no impide al juzgador sobreseer por ese u otros motivos.
Ahora, como se destacó al narrar los antecedentes del asunto, el juez de amparo estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, al estimar que el acto reclamado no era de imposible reparación pues no producía una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa.
Esto es, analizó el acto reclamado en función de la esfera jurídica del promovente del amparo, actor en el juicio de origen.
Sin embargo, en relación con lo anterior, debe destacarse que, el máximo tribunal de la nación ha establecido que la figura de la suplencia de la queja en favor de incapaces opera con independencia de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a una persona incapaz corresponde a la sociedad.
En esa misma línea, el alto tribunal de la Nación ha sostenido que, la suplencia de la queja en favor de persona incapaz opera en toda clase de juicios, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos que se cuestionen.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, del tenor literal siguiente:
‘MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE (se transcribe texto)’
Asimismo, es relevante para el caso que se estudia, la tesis aislada 1a. CXIII/2008, de la Novena Época, igualmente sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 236, que dice:
‘MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO EN CUALQUIER CLASE DE JUICIO DE AMPARO, Y PARTICULARMENTE EN MATERIA PENAL, PUEDA AFECTARSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SU ESFERA JURÍDICA, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN EL DEBER INELUDIBLE DE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD. (se transcribe texto)’
Luego, atento a los mencionados principios, se tiene que, cuando puedan verse afectados los derechos de una persona incapaz, el juzgador de amparo se encuentra obligado a proteger sus derechos, con independencia de que figure o no como parte quejosa en el juicio de amparo de que se trate; de ahí que, incluso puede otorgarle la protección constitucional, independientemente de la posición que ocupe dentro del juicio constitucional.
Así las cosas, tratándose de personas con discapacidad, que participan dentro de un procedimiento jurisdiccional, es menester realizar un análisis reforzado, en función del derecho fundamental de acceso efectivo a la jurisdicción reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la posible existencia de prácticas discriminatorias, por no respetar su voluntad, autonomía y no reconocer su capacidad jurídica, en transgresión a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación previstos en los artículos 1o. de la Constitución General.
En efecto, conforme al Protocolo para Juzgar con perspectiva de Discapacidad, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todos aquellos casos en los cuales se ven involucradas personas con discapacidad, el debido proceso y el derecho de audiencia tienen efectos de especial trascendencia, puesto que la condición de discapacidad históricamente ha representado un factor de desequilibrio para el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.
En esa medida, dentro de un procedimiento jurisdiccional es posible que se vean trasgredidos no sólo los derechos adjetivos de las personas con discapacidad, sino también sus derechos subjetivos, principalmente de no discriminación. En relación con lo anterior, resulta ilustrativa la tesis aislada I.2o.C.2 K (11a.), de la Undécima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, enero de 2024, tomo VI, página 6061, que enseguida se transcribe:
‘JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER UN PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ACTOR, PERSONA CON DISCAPACIDAD, ACREDITE QUE PUEDE GOBERNARSE POR SÍ MISMO Y COMPARECER POR PROPIO DERECHO, AL TRATARSE DE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, A LA LUZ DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, Y DE ACCESO EFECTIVO A LA JURISDICCIÓN.(se transcribe texto)’
En ese tenor, cuando puedan verse afectados derechos de un incapaz, el juez de amparo no puede examinar la procedencia del amparo únicamente a la luz de la persona diversa a éste, que promueve la acción constitucional; sino que es menester realizar un análisis más amplio a efecto de advertir indicios razonables de alguna afectación directa o indirecta de la persona con discapacidad, con motivo del acto reclamado.
En relación con lo anterior, se comparte el criterio contenido en la tesis aislada III.3o.P.7 K (11a.), de la Undécima Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, septiembre de 2023, tomo V, página 5651, que dice:
‘PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CUANDO SE ADVIERTAN INDICIOS RAZONABLES DE QUE EL ACTO RECLAMADO PUDIERA AFECTAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO DEBE ADMITIRSE A SU FAVOR, AUNQUE NO HUBIESEN PROMOVIDO INICIALMENTE EL JUICIO. (se transcribe texto)’
Así las cosas, si en la especie, de lo aducido por la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que pudieran estar involucrados los derechos de una persona con discapacidad; resulta patente que, el caso requiere de un análisis reforzado que atienda a todas las constancias de autos; lo que de suyo no es propio del auto inicial, pues en este momento no se cuentan con dichas constancias, que permitan visualizar si los actos y omisiones reclamados pudieran implicar una transgresión o no, a derechos fundamentales de un incapaz.
En consecuencia, ante ese panorama, en este momento no es posible considerar que la causal invocada por la A quo, se actualice de manera indudable y manifiesta, razón por la cual procede declarar fundado el recurso de queja; sin perjuicio de que, en su momento, a partir de un análisis exhaustivo del caso, pueda estimarse actualizada esa o diversa causal.
Como consecuencia de lo anterior, se revoca el proveído impugnado, y en su lugar, se ordena a la Juez Octavo de Distrito en el Estado, que emita nuevo acuerdo en el que provea sobre la admisión de la demanda de amparo.
Sin que este tribunal colegiado esté en condiciones de emitir el acuerdo correspondiente a la admisión de demanda, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, dado que en ese proveído debe fijarse fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva y, esa calendarización es propia del juzgado de distrito en atención a las cargas de trabajo.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 73/2014 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 901, libro 9, agosto de 2014, tomo II, materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. (se transcribe texto)’
Finalmente, conviene precisar que las tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la Ley de Amparo abrogada, citadas en la presente ejecutoria, son obligatorias para este tribunal colegiado, en atención a que su contenido no se opone a la ley de la materia vigente, tal como lo disponen los artículos 217 y sexto transitorio11 del ordenamiento legal en cita.
(...)”
B) Recurso de queja 8/2024, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, resuelto en sesión de dos de mayo de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos.
19. Demanda de amparo. Una persona física, en representación de su menor hijo, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y los actos que se transcriben a continuación:
“3. LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Le surte tal carácter al Juez Segundo de lo Civil en el Primer Distrito Judicial en el Estado de San Luis Potosí, quien tiene su domicilio (...).
4. LA OMISIÓN Y ACTOS RECLAMADOS.
4.1. La omisión de verificar oficiosamente si existe una situación de vulnerabilidad que impida a **********, también conocida como **********, estar debidamente representada en el juicio extraordinario civil ********** promovido por el suscrito en representación de mi menor hijo en contra de: (I) **********, también conocida como **********, (II) **********, (III) **********y (IV) **********; conforme a los artículos 5, 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4.2. La emisión del auto de 27 de septiembre de 2023 dentro del juicio de referencia, a través del cual la autoridad responsable resolvió que no había lugar a realizar los ajustes de procedimiento solicitados por el hoy quejoso, para verificar si existe una situación de vulnerabilidad que impida estar debidamente representada en juicio a **********, también conocida como **********, porque no eran medios autorizados por el artículo 336 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
4.3. La emisión del auto de 17 de octubre de 2023 dentro del juicio de referencia, a través del cual la autoridad responsable desechó el recurso de revocación interpuesto contra el auto de 27 de septiembre de 2023, porque los ajustes de procedimiento solicitados por el hoy quejoso, para verificar si existe una situación de vulnerabilidad que impida acceder a la justicia a **********, también conocida como **********, no forman parte de la litis.”
20. Prevención de la demanda. La demanda fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, cuya titular, en el auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, la registró con el número de expediente 1584/2023-IV, y previno al promovente para que acreditara, con documento idóneo, contar con la representación de su menor hijo.
21. Desahogo de prevención. Previo desahogo y ratificación del mismo, en el acuerdo de once de diciembre de dos mil veintitrés, la persona juzgadora desechó de plano la demanda de amparo, al considerar que los actos reclamados no eran de ejecución irreparable, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción III, de la misma normatividad.
22. Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el que por acuerdo de presidencia de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, lo admitió a trámite con el número de expediente 8/2024, y mediante resolución aprobada en sesión de dos de mayo de la misma anualidad, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, lo declararon infundado a partir de los siguientes razonamientos:
“QUINTO. ESTUDIO.
I. Aspectos fácticos.
La parte quejosa promovió demanda de amparo respecto de la autoridad responsable y actos que hizo consistir en los siguientes:
(...)
Por acuerdo de once de diciembre de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito acordó el escrito de demanda y determinó que el acto reclamado no constituye un acto de ejecución irreparable, toda vez que dicha determinación, por sí sola, no afecta derechos sustantivos, pues considera que en caso de originar una afectación que trascendiera al resultado del fallo definitivo, puede ser impugnado en el amparo directo que se promueva.
Que no es un acto de imposible reparación porque deriva de una violación a las leyes que norman el procedimiento que únicamente podrá causar agravio al quejoso, en el supuesto de que la determinación que en su momento se dicte, le resulte adversa, al haber trascendido a la determinación, y tal violación es susceptible de reclamarse a través del medio de defensa legal que la ley prevea y que se promueva.
II. Agravios.
La parte recurrente considera que los actos reclamados no son solo violaciones procesales, sino conductas que permiten advertir que existe una parte procesal de la que se ha revelado una situación de vulnerabilidad que impide que el juicio continúe con seguridad jurídica a través de la debida integración de la relación jurídico procesal y obtener una sentencia válida y ejecutable.
Que ante la inminencia de una reposición procedimental, solicita que se ordene a la responsable que realice los ajustes razonables que permitan la debida integración de la relación jurídico procesal.
Refiere la parte recurrente que la causa de improcedencia no es manifiesta ni indudable, porque los tratados internacionales obligan a que cualquier juez que interviene en un proceso y encuentre indicios razonables de que los actos y omisiones pudieren incidir en una persona con discapacidad, debe admitirse la demanda.
Que basta con que el juez de amparo tenga conocimiento de indicios razonables de que los actos u omisiones reclamados pudieran afectar directa o indirectamente los derechos fundamentales de una persona con discapacidad para que la demanda de amparo indirecto se admita y esa condición especial de vulnerabilidad sea tomada en cuenta al resolver la Litis constitucional.
Los motivos de agravio ex
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33806-ed98ea3b/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER UN PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ACTOR, PERSONA CON DISCAPACIDAD, ACREDITE QUE PUEDE GOBERNARSE POR SÍ MISMO (I.2o.C.2 K (11a.))
- RECUSACIÓN PLANTEADA CONTRA EL JUEZ DE CONTROL QUE CONOCIÓ DE UN PROCEDIMIENTO PENAL. EL AUTO INICIAL EN EL TRÁMITE DEL AMPARO INDIRECTO NO ES EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA DET (PR.P.T.CS. J/4 P (12a.))
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