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Modo: Corpus Pro

PRUEBA TESTIMONIAL. SÍ ES IDÓNEA PARA ACREDITAR EL DOMICILIO DE UNA PERSONA A LA QUE SE LE PRACTICÓ UNA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO; AUNQUE, POR SÍ SOLA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LA LEGALIDAD DE LA RAZÓN ACTUARIAL RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 112/2024. · Registro digital (IUS): 32792
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE T
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.269.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 112/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al doce de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Correspondiente a la contradicción de criterios 112/2024, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, actualmente denominado Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito; y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. La problemática jurídica del asunto puede ser fraseada de la siguiente manera:

¿La prueba testimonial es idónea para acreditar que una diligencia de emplazamiento se practicó efectivamente en el domicilio de la parte demandada?

I. ANTECEDENTES

1. El diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (Región Centro-Sur) denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por dicho órgano jurisdiccional y los sustentados por el actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito(1) (Región Centro-Norte), así como el del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (Región Centro-Sur).

2. Los tres órganos contendientes se pronunciaron sobre la idoneidad de la prueba testimonial a fin de acreditar si una diligencia de emplazamiento se practicó efectivamente en el domicilio del demandado en un juicio de origen. Los criterios respectivos y los tribunales que sostuvieron cada uno de ellos se esquematizan en la siguiente tabla.

Ver tabla

II. TRÁMITE

3. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó su registro con el número de expediente 112/2024, mediante acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinticuatro. También se turnó el asunto al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y se requirió a los tribunales contendientes para que informaran si sus criterios se encontraban vigentes.

4. El nueve de mayo de dos mil veinticuatro, la ministra presidenta tuvo por desahogado el requerimiento aludido y declaró integrado el expediente.

5. Previo dictamen del ministro ponente, en el cual se consideró innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para la resolución del presente asunto, este último fue radicado en la Primera Sala, mediante acuerdo de trece de junio de dos mil veinticuatro.

III. COMPETENCIA

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la contradicción de criterios suscitada entre los siguientes órganos colegiados:

Ver órganos colegiados

7. Ello acorde con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción V, y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(2) en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados pertenecientes a regiones distintas, en la cual no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.

8. Por el contrario, esta Primera Sala carece de competencia para pronunciarse sobre el diferendo de criterios denunciado entre los siguientes órganos jurisdiccionales:

Ver órganos jurisdiccionales

9. Lo anterior, al tratarse de tribunales colegiados que pertenecen a una misma región. De ahí que, la competencia para resolver la contradicción respectiva se surte a favor de un Pleno Regional de la región Centro-Sur.

10. Sin embargo, dado el sentido que regirá la presente resolución, es innecesario remitir el asunto al Pleno Regional respectivo, ya que será la Primera Sala de este Tribunal Constitucional quien defina el criterio que debe prevalecer con motivo de la contradicción subsistente entre los tribunales colegiados de regiones diversas.(3)

IV. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, siendo este órgano judicial el que emitió uno de los criterios materia del presente asunto.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

12. El Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que, para actualizar una contradicción de criterios, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(4)

13. Así, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:

a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

14. En el caso, se actualizan todos los requisitos señalados para declarar existente el diferendo entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (Región Centro-Sur) y el actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito (Región Centro-Norte), como enseguida se demostrará.

15. Primer requisito: Los tribunales colegiados contendientes sí ejercieron su arbitrio judicial, al analizar la idoneidad de la prueba testimonial para acreditar el domicilio de la persona emplazada a un juicio.

16. Al respecto, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito de la Región Centro-Sur tiene su origen en un juicio ordinario civil de cancelación de hipoteca, en el cual se emplazó a diversos codemandados y uno de ellos reclamó, en amparo indirecto, la diligencia respectiva porque, según su dicho, se llevó a cabo en un lugar distinto del que correspondía a su domicilio.

17. En ese juicio de amparo indirecto, la tercera interesada (actora del juicio natural) ofreció dos pruebas testimoniales(5) con el fin de acreditar que la diligencia era válida porque el domicilio donde se emplazó al quejoso sí era el lugar en que éste residía.

18. La juez de Distrito desechó esas pruebas al considerar que no resultaban idóneas para acreditar el domicilio del quejoso. Al respecto, argumentó que, de acuerdo con el principio de idoneidad de la prueba contenido en los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en el juicio de amparo se pueden admitir toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, siempre que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

19. Con base en lo anterior, la juzgadora precisó que la prueba testimonial no era idónea para acreditar que el domicilio en donde se llevó a cabo el emplazamiento al juicio de origen sí era en el que habitaba el quejoso, porque “la posesión requiere de una observación permanente, que no es posible realizar a través de la prueba citada”. La tercera interesada interpuso recurso de queja contra el desechamiento de las pruebas testimoniales.

20. El recurso de queja se tramitó con el número 422/2023,(6) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Este tribunal señaló que la prueba testimonial con independencia de que hubiera sido ofrecida con la intención de demostrar cuál era el domicilio del quejoso al momento del emplazamiento reclamado, no resultaba idónea, en virtud de que las testimoniales no pueden reemplazar las exigencias que para la práctica de un emplazamiento establece la ley adjetiva de la materia.(7)

21. Las exigencias legales a que hizo referencia el citado órgano colegiado fueron las relativas a que el fedatario asiente con precisión el lugar donde se lleva a cabo el emplazamiento, el haberse cerciorado de que la persona buscada vivía en el domicilio respectivo, así como las demás relativas a la eficaz comunicación de la existencia del juicio instaurado en su contra.

22. Con base en lo anterior, el tribunal colegiado declaró infundados los agravios al estimar que fue ajustado a derecho el desechamiento de las pruebas testimoniales, por no cumplir con el principio de idoneidad para demostrar el domicilio de la persona emplazada al juicio de origen.(8)

23. Por otra parte, el criterio sostenido en el amparo en revisión 7/93 por el actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito de la Región Centro-Norte derivó de un juicio ejecutivo mercantil, cuyo emplazamiento fue combatido por el demandado, en amparo indirecto, bajo la premisa de que se practicó en un domicilio distinto al que efectivamente tenía.

24. El juez de Distrito negó la protección constitucional al considerar que el quejoso no cumplió con la carga procesal de demostrar que en la fecha de emplazamiento al juicio natural tenía su domicilio en lugar distinto de aquel en donde se practicó la diligencia, pues las documentales ofrecidas(9) no resultaron idóneas para acreditar esa circunstancia.(10)

25. En contra de la negativa del amparo se interpuso recurso de revisión, tramitado con el número de expediente 7/93,(11) del índice del actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. Este órgano sostuvo que con las pruebas allegadas al juicio no quedó acreditado cuál era el domicilio del quejoso en la fecha del emplazamiento al juicio de origen.(12)

26. Para reforzar su argumento, el citado órgano jurisdiccional agregó que la afirmación de tener un domicilio distinto a aquel donde se practicó la diligencia se traducía en un hecho y que el medio de convicción idóneo para acreditarlo era la prueba testimonial, misma que en el caso no fue ofrecida por el quejoso y, por lo mismo, no se refutó la legalidad del emplazamiento llevado a cabo por el actuario respectivo.

27. En este sentido, precisó que, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las documentales públicas consistentes en las copias certificadas de las diligencias de emplazamiento reclamado eran prueba plena para acreditar que el quejoso y recurrente sí fue legalmente emplazado a juicio. En consecuencia, se confirmó el fallo recurrido que negó el amparo. El criterio de este órgano colegiado, inclusive, dio lugar a la emisión de la tesis de rubro y texto siguientes:

DOMICILIO DIVERSO AL DEL EMPLAZAMIENTO. PRUEBA DEL. Si el quejoso en su demanda de la protección constitucional aduce que tenía su domicilio en lugar diverso a aquél en que fue emplazado, esa argumentación se traduce en un hecho que, para acreditarlo, el medio de convicción idóneo resulta ser la prueba testimonial.(13)

28. Como se observa, los tribunales colegiados contendientes sí ejercieron el arbitrio judicial respecto de una problemática jurídica centrada en dilucidar si la prueba testimonial resulta idónea para acreditar que una diligencia de emplazamiento se practicó efectivamente en el domicilio de la parte demandada.

29. Segundo requisito: Ahora bien, esta Primera Sala considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales colegiados contendientes existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.

30. Ello en virtud de que los dos órganos colegiados resolvieron recursos en los que se pronunciaron sobre la idoneidad de la prueba testimonial ofrecida con el fin de acreditar, en uno de los casos, que la diligencia de emplazamiento al juicio de origen se llevó a cabo en un domicilio distinto al del quejoso y, en el otro, con el objeto de demostrar que el demandado sí tenía su domicilio en el lugar donde fue emplazado.

31. Para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito la prueba testimonial no es idónea para acreditar el domicilio del demandado al momento del emplazamiento reclamado, porque ese medio de convicción no puede demeritar ni reemplazar las formalidades que la ley exige para llevar a cabo la diligencia en cuestión.

32. En cambio, el actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito sostuvo que la prueba testimonial es la idónea para acreditar el hecho de que el quejoso tenía su domicilio en un lugar diverso a aquél en donde fue emplazado al juicio natural.

33. De este modo, los criterios están enfrentados en lo concerniente a la idoneidad de la prueba testimonial cuando se ofrece para acreditar que una diligencia de emplazamiento se practicó efectivamente en el domicilio de la parte demandada.

34. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. En consecuencia, el problema a dilucidar puede ser fraseado de la siguiente manera:

¿La prueba testimonial es idónea para acreditar que una diligencia de emplazamiento se practicó efectivamente en el domicilio de la parte demandada?

VI. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER

35. Debe prevalecer el criterio conforme al cual la prueba testimonial sí es idónea para acreditar el domicilio de una persona a la que se le practicó una diligencia de emplazamiento. Sin que ello signifique que ese medio probatorio sea suficiente, por sí solo, para desvirtuar lo asentado en la razón actuarial respectiva sobre la certeza de que la diligencia se llevó a cabo efectivamente en el domicilio de la parte llamada a juicio.

36. Para demostrar lo anterior, debe tenerse en cuenta que la figura del emplazamiento se encuentra inmersa en el ámbito del derecho al debido proceso y de las formalidades esenciales tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Federal.

37. En este sentido, el Pleno de este Alto Tribunal ha precisado que dichas formalidades esenciales son las que garantizan la defensa adecuada antes de algún acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias (emplazamiento); 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.(14)

38. Por cuanto hace a la primera de las formalidades señaladas, es decir, el emplazamiento, en términos generales, se entiende como el “acto procesal ordenado por el juzgador y ejecutado por el notificador (o actuario), en virtud del cual el primero hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda en su contra y del auto que lo admitió, y se le concede un plazo para que la conteste”.(15)

39. Asimismo, esta Primera Sala ha sostenido que el emplazamiento es de las formalidades esenciales más importantes a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Federal, porque de ella depende la vinculación a proceso del demandado y el cumplimiento a su derecho de audiencia, ya que a través de ese acto puede estar en condiciones de contestar la demanda, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas u objetar las ofrecidas y rendidas por la parte contraria, es decir, permite al emplazado estar en condiciones de ser oído en defensa de sus intereses ante un tribunal de forma previa a la privación de algún derecho.(16)

40. Así, el emplazamiento debe garantizar el acceso a la jurisdicción del demandado y el cumplimiento del principio de contradicción, por lo que es deber de los jueces y tribunales asegurarse de su efectiva realización.

41. Más aún, el legislador ha previsto diversos requisitos que debe cumplir el funcionario judicial que lleva a cabo un emplazamiento, con el fin de asegurar que la persona a quien va dirigido tenga conocimiento del juicio promovido en su contra y pueda acudir a defenderse.

42. Estos requisitos procesales y su observancia son elementos fundamentales para que un acto de autoridad, como es el dictado de una resolución, se emita en estricta observancia del marco jurídico que lo rige y no de modo arbitrario; por ende, la diligencia de emplazamiento debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa procesal que le resulte aplicable, a fin de evitar que el demandado quede en estado de indefensión.(17)

43. Al respecto, en la contradicción de tesis 416/2009,(18) esta Primera Sala señaló que, en general, las legislaciones adjetivas enumeran como requisitos de un emplazamiento los siguientes:

a) Debe realizarse en el domicilio que el actor hubiera señalado como el correspondiente al demandado.

b) El notificador debe cerciorarse de que la persona que emplaza tiene su domicilio en el lugar señalado y expresar los medios por los cuales se cercioró de ello.

c) En caso de que el demandado no se encuentre en la primera búsqueda, se le dejará citatorio para que espere al funcionario judicial.

d) Si a pesar del citatorio, el demandado no espera al notificador, se le dejará cédula o instructivo.

e) El notificador debe entregar (correr traslado) a la persona con quien realiza el emplazamiento, la cédula o instructivo, la copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más copias simples de la documentación que se anexó al escrito inicial.

44. Para efectos del presente asunto, destacan los dos primeros requisitos relativos a que la diligencia se practique en el domicilio del demandado y, además, que el notificador se cerciore de que la persona buscada tiene su domicilio en el lugar señalado, así como que exprese los medios por los cuales lo corroboró.

45. Con relación a lo anterior, el concepto de domicilio de una persona comprende tanto el lugar en el que establece su residencia habitual (elemento objetivo), como todo aquel espacio en el que desarrolla actos y formas de vida calificados como privados (elemento subjetivo).(19)

46. Ahora bien, este Alto Tribunal ha sostenido que el actuario goza de fe pública al asentar el desarrollo de las diligencias que se le comisionan. La fe pública es una facultad conferida al servidor público en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, los hechos de los cuales da cuenta se consideran verídicos, salvo prueba en contrario.(20) Aunque ello no implica que esté facultado para dejar de observar las disposiciones legales que rigen su actuar.(21)

47. Por ende, como la actuación del fedatario no requiere de pruebas que la refuercen, será la persona que pretenda desvirtuarla quien esté obligada a ofrecer pruebas idóneas y suficientes para ese efecto, siempre que la

impugnación verse sobre hechos objetivamente demostrables, tales como el domicilio de las personas a quienes se pretendió emplazar.

48. Una de las pruebas que se pueden ofrecer a fin de acreditar el domicilio de una persona llamada a juicio es la testimonial, que consiste en una relación de hechos conocidos por quien declara, a través de la cual se ayuda al esclarecimiento de cuestiones relacionadas con el objeto de la controversia.(22)

49. Esta Primera Sala ha señalado que el testimonio es la narración que una persona hace de los hechos conocidos por ella, para darlos a conocer a otros; su función es la de representar un hecho pasado y hacerlo presente a la mente de quien lo escucha y puede tener por objeto las percepciones directas e inmediatas del hecho por parte del testigo, así como sus opiniones, observaciones, las deducciones que hace de los hechos percibidos, todo lo cual puede ser apreciado en conjunto por la persona juzgadora.(23)

50. Con respecto a la valoración de los medios probatorios, esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 136/2008 determinó que, conforme a la doctrina procesal, existen tres sistemas, a saber: el denominado de prueba legal o tasada, el de libre apreciación de la prueba y el sistema mixto. En el primero, la ley prevé el valor de algunas pruebas; en el segundo, los juzgadores conceden a la prueba el valor que en conciencia y sano juicio estimen que tenga, según su libre arbitrio y, por último, en el mixto, la aprecian en conciencia, dentro de ciertas limitaciones.(24)

51. En general, los medios probatorios se rigen de acuerdo con los principios de pertinencia o idoneidad y el de utilidad. El primero de ellos consiste en la relación lógica y jurídica entre el medio de prueba y el hecho a demostrar; implica que la prueba debe ser apta para llegar al conocimiento de la verdad. El segundo principio se refiere al valor de convicción de la prueba; es decir, que su empleo se justifique en la medida que conduzca a lograr lo que se pretende, toda vez que su finalidad consiste en verificar las afirmaciones de hechos que formulan las partes en un proceso.

52. Ambos principios tienen como propósito que el desahogo de la prueba no resulte inútil; esto es, que el hecho pueda demostrarse legalmente por ese medio y que el contenido de la prueba se relacione con el hecho y sea capaz de formar convicción en el juzgador; por tanto, una cosa es la pertinencia o aptitud de la prueba para probar un hecho y otra, la utilidad de su contenido para formar convicción.(25)

53. Ahora bien, concretamente sobre la prueba testimonial, cabe decir que el valor de este medio de convicción queda al arbitrio del juzgador, quien, conforme al sistema de la libre apreciación de las pruebas, formará su convicción acerca de la verdad de los hechos afirmados en el procedimiento, empleando la experiencia y las reglas de la lógica, a fin de llegar a una conclusión racional y motivada, que surja de datos fijados con certeza.

54. En efecto, el juzgador tiene la facultad de ponderar el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto, una vez que dicho medio de convicción haya cumplido con los requisitos taxativamente delimitados en las normas adjetivas aplicables y tomando en consideración que, si alguno de ellos no se satisface, el hecho narrado no tendrá valor probatorio.(26)

55. La prueba testimonial, por su naturaleza jurídica, no persigue como finalidad allegar al juicio datos técnicos o especializados sobre la cuestión a debate, por el contrario, su objetivo es que las personas que conocieron, a través de sus sentidos, un hecho que resulta de interés en un juicio, lo expongan ante la autoridad judicial para que ésta valore su dicho al emitir el fallo sobre la controversia suscitada entre las partes.(27)

56. Además, si se ofrece en juicio la prueba testimonial a fin de acreditar un hecho conocido por una persona específica a través de sus sentidos, ésta lo debe exponer ante la autoridad de manera cierta, uniforme, imparcial y congruente para que su testimonio pueda ser valorado y, en su caso, pueda cumplir el objetivo buscado por el oferente de la prueba.

57. En este orden de idas, esta Primera Sala considera que la prueba testimonial sí es idónea para acreditar la residencia habitual de una persona en un domicilio determinado, toda vez que éste es un hecho que puede ser percibido con los sentidos, pues requiere de observación cotidiana y deducción simple que un testigo podría narrar en juicio.

58. Lo anterior, en virtud de que la convivencia natural entre personas que habitan en domicilios contiguos, por mínima que sea, permite conocer con algún grado de certeza que alguien reside en ese lugar ordinariamente y de manera continua, y así lo puede expresar ante una autoridad jurisdiccional cuando le sea requerido, pues ese hecho es parte de su conocimiento y percepción directa e inmediata.

59. Por tanto, se cumple con el principio de idoneidad de la prueba, según el cual, los hechos a demostrar deben ser susceptibles de acreditarse legalmente mediante dicho medio de convicción, de ahí la conclusión de que la prueba testimonial sí es idónea para acreditar que una persona reside o no en forma habitual en un domicilio determinado.

60. Ahora bien, aun cuando la prueba testimonial sí resulta idónea para acreditar el domicilio de una persona, ella no es suficiente, por sí sola, para desvirtuar lo asentado por el fedatario público en una razón actuarial, respecto del domicilio en el cual practicó la diligencia de emplazamiento respectiva, cumpliendo con las formalidades legales del llamamiento a juicio.

61. Lo anterior en virtud de que, si bien es cierto que uno o varios testimonios resultan idóneos para acreditar el domicilio de la persona demandada en un juicio, también lo es que la sola demostración del lugar en donde habitualmente reside aquélla no puede desacreditar en solitario lo asentado por un fedatario público que, en ejercicio de sus funciones, señala que se cercioró de que el lugar donde practicó la diligencia era el correcto.

62. En efecto, la idoneidad de la prueba no conlleva necesaria e indefectiblemente a considerarla como suficiente para desvirtuar un documento que fue elaborado y signado por un notificador, investido de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Por ello se requiere de algún otro elemento probatorio que, adminiculado con el dicho de un testigo, pueda desacreditar lo asentado en la diligencia judicial respectiva.

63. En otras palabras, si bien la prueba testimonial es idónea para acreditar el domicilio de una persona, por sí sola resulta insuficiente para desvirtuar el valor probatorio del que goza la actuación del notificador asentada durante una diligencia de emplazamiento, pues para ello resulta indispensable que dicha testimonial esté acompañada de otro u otros medios probatorios que generen convicción en el juzgador de que el emplazamiento efectivamente no se llevó a cabo en el domicilio del demandado.(28)

VII. TESIS QUE RESUELVE LA CONTRADICCIÓN

64. Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 215, 217 y 225 de la Ley de Amparo, se concluye que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, redactado de la siguiente forma:

Hechos: Los tribunales contendientes sostuvieron criterios distintos en cuanto a la idoneidad de la prueba testimonial para acreditar el domicilio de la persona emplazada a un juicio. Uno de ellos sostuvo que la prueba testimonial no es idónea, ya que ese medio probatorio no puede reemplazar las exigencias legales que debe cumplir el actuario al llevar a cabo esa diligencia. El otro, en cambio, sostuvo que la prueba testimonial sí es idónea para acreditar el domicilio del emplazado, al tratarse de un hecho.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la prueba testimonial sí es idónea para acreditar el domicilio de una persona a la que se le practicó una diligencia de emplazamiento. Sin que ello signifique que ese medio probatorio sea suficiente, por sí solo, para desvirtuar lo asentado en la razón actuarial respectiva sobre la certeza de que la diligencia se llevó a cabo efectivamente en el domicilio de la parte llamada a juicio.

Justificación: El emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento y su falta o ilegalidad constituyen una violación procesal de gran trascendencia, pues puede tener como resultado que se deje a la parte demandada en estado de indefensión en perjuicio de su derecho de audiencia. Asimismo, los actuarios que llevan a cabo las diligencias de emplazamiento están investidos de fe pública, en virtud de la cual, los hechos de los que dan cuenta gozan de veracidad, salvo prueba en contrario. En este sentido, uno de los medios idóneos para acreditar el domicilio de una persona llamada a juicio es la prueba testimonial, toda vez que ello constituye un hecho que se puede percibir mediante los sentidos y narrarse en forma cierta y congruente en juicio. Sin embargo, esa prueba, por sí sola, resulta insuficiente para desvirtuar lo señalado por el funcionario judicial investido de fe pública en la razón actuarial respectiva, pues para lograr esto último, dicha testimonial debe estar acompañada de otro u otros medios probatorios que generen convicción en la persona juzgadora de que el emplazamiento efectivamente no se llevó a cabo en el domicilio de la parte demandada.

65. Así, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 215, 217, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, esta Primera Sala

RESUELVE:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para pronunciarse sobre la denuncia de contradicción de criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales pertenecientes a la misma región Centro-Sur, precisados en el apartado III de esta resolución.

SEGUNDO. Sí existe la contradicción de criterios entre los tribunales colegiados precisados en el apartado V de esta resolución.

TERCERO

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32792-d61f2231/prueba-testimonial-si-es-idonea-para-acreditar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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