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JUBILACIÓN POR VEJEZ. EL ARTÍCULO 82, REGLA II, DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 29, NUMERAL 2, INCISO A), DEL CONVENIO NÚMERO 102, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, POR NO ESTABLECER UNA PRESTACIÓN REDUCIDA PARA SU ACCESO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1811/2024. · Registro digital (IUS): 32834
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: VIRGINIA REYNAUD KEE.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.615.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1811/2024. VIRGINIA REYNAUD KEE. 9 DE OCTUBRE DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; LA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO REYNA OCHOA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos:

Una persona demandó de Petróleos Mexicanos el otorgamiento y pago de una jubilación por vejez, así como el pago de incrementos generados y aguinaldo anual adicional, entre otras prestaciones.

Asimismo, en caso de resultar improcedentes dichas prestaciones, demandó el pago de una pensión de vejez, con base en el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización conforme al artículo 138 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres.

La Junta dictó laudo en el que absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas, pues consideró que la actora únicamente cumplía con el requisito de edad para acceder a una pensión jubilatoria al manifestar que tenía sesenta y siete años, pero no contaba con los años de servicio previstos en el artículo 82, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias vigente a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

La parte actora en su demanda de amparo indicó que la junta responsable omitió pronunciarse sobre la inconvencionalidad de los requisitos para acceder a las prestaciones de jubilación por vejez.

También, señaló que el artículo 82, Regla II, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias es inconvencional al establecer un mínimo de treinta años laborados para acceder a las prestaciones derivadas de la vejez de los trabajadores.

Siendo que el artículo 29, numeral 2, inciso a), del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo determina que se deberá garantizar una prestación disminuida proporcional para el trabajador que acredite cuando menos quince años de cotización o empleo; por lo que se vulneraba el derecho a la dignidad y a la percepción vital para subsistir.

Por su parte, el Tribunal Colegiado consideró fundado que la Junta omitió pronunciarse sobre la inconvencionalidad planteada, pero calificó de inoperantes sus argumentos, ya que este Alto Tribunal en diversas jurisprudencias estableció que la jubilación es una prestación extra legal, por lo tanto es de interpretación estricta.

Aunado a que las citadas jurisprudencias no estaban sujetas al control de convencionalidad, por lo que negó el amparo.

En contra de esa resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en el que insiste en la inconvencionalidad planteada en la demanda de amparo.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de octubre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1811/2024, interpuesto por Virginia Reynaud Kee, contra la sentencia emitida en sesión de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 892/2023.

El problema jurídico consiste en determinar, si el artículo 82, Regla II, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigente a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve contraviene el artículo 29, numeral 2, inciso a), del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, al establecer un mínimo de treinta años laborados para acceder a una jubilación por vejez.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio laboral. Virginia Reynaud Kee demandó de Petróleos Mexicanos el otorgamiento y pago de una jubilación por vejez, así como el pago de los incrementos generados y aguinaldo anual adicional, entre otras prestaciones.

2. Asimismo, señaló que resultaban inconvencionales el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias vigente a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve y el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de treinta y uno de julio de dos mil, al contemplar mayores años de cotización que lo previsto en el artículo 29, numeral 2, inciso a), del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, conforme al cual se debe garantizar una jubilación por vejez reducida, en los casos en que se cuente con un mínimo de quince años de cotización.

3. Por último, señaló que para el caso de que resultaran improcedentes las citadas prestaciones, demandaba el pago de una pensión de vejez con base en el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, de conformidad con el artículo 138 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, así como el pago de incrementos, entre otras prestaciones.

4. Contestación de demanda. Petróleos Mexicanos negó la procedencia de las prestaciones al considerar que la actora no reunía los requisitos para obtener el beneficio de jubilación previstos en el artículo 82, Regla II, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigente a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

5. Ello, debido a que la actora contaba con una antigüedad general de quince años, con trescientos treinta y nueve días; además, realizó actividades de trabajadora de confianza; y porque mediante escrito de dos de marzo de dos mil veinte dio por terminada la relación laboral, por lo que se le otorgó el pago de una prima de antigüedad.

6. Laudo. La Junta Especial Número Doce de la Federal de Conciliación y Arbitraje emitió laudo el ocho de agosto de dos mil veintitrés en el juicio laboral 625/2021, en el que determinó absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas.

7. Lo anterior porque consideró que la actora únicamente cumplía con el requisito de edad para acceder a una pensión jubilatoria al manifestar que tenía sesenta y siete años, pero no contaba con los años de servicio previstos en el artículo 82, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigente a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve; aunado a que de conformidad con dicho artículo era requisito indispensable que se encontrara en activo, lo cual no aconteció.

8. Juicio de amparo directo. En contra de esta resolución, la parte actora promovió juicio de amparo, por lo que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito admitió y registró el asunto bajo el expediente 892/2023.

9. La parte quejosa formuló, en lo que aquí interesa, los conceptos de violación siguientes.

• El laudo reclamado viola los artículos 1o. y 14 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; toda vez que la Junta omitió pronunciarse sobre el estudio de inconvencionalidad respecto de los requisitos para acceder a las prestaciones de jubilación por vejez que Petróleos Mexicanos estableció en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigente a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

Este aspecto se planteó en la demanda laboral, por estimar que dicho Reglamento exige mayores requisitos para acceder a las prestaciones derivadas del seguro de vejez que las establecidas en el artículo 29, numeral 2, inciso a), del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.

En efecto, la quejosa cuenta con una antigüedad laboral de quince años con trescientos treinta y nueve días, y una edad de sesenta y cinco años cumplidos a la fecha de la terminación de la relación de trabajo.

Así, el artículo 82, Regla II, del citado reglamento es inconvencional al establecer un mínimo de treinta años laborados para acceder a las prestaciones derivadas de la vejez de las personas trabajadoras, siendo que el artículo 29, numeral 2, inciso a), del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo determina que se deberá garantizar una prestación disminuida proporcional para el trabajador que acredite cuando menos quince años de cotización o empleo; por lo que se vulneraba el derecho a la dignidad y a la percepción vital para subsistir.

• Contrario a lo resuelto por la Junta responsable, de la literalidad del artículo 82 del mencionado Reglamento no se establece como requisito indispensable para el otorgamiento de pensión de jubilación que la parte actora se encuentre en activo, debido a que existen periodos de conservación de derechos.

Aunado a que la actora reunía los requisitos para tal otorgamiento al momento de la terminación de su relación laboral con Petróleos Mexicanos, por lo que al causar baja es cuando se encuadra el supuesto de ser jubilada por vejez, de lo contrario resultaría incompatible el trabajo remunerado y una pensión.

• De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Federal deben salvaguardarse los derechos fundamentales de la persona trabajadora a una vida digna, a través del otorgamiento de prestaciones de seguridad social y resolver con la perspectiva del estado de vulnerabilidad de la actora, por ser una persona adulta mayor.

Por lo tanto, debe concederse el amparo para que se inaplique el artículo 82, Regla II, del citado Reglamento y se le otorgue una pensión por vejez reducida y proporcional, al contar con una antigüedad laboral de quince años y trescientos treinta y nueve días, y con sesenta y cinco años al momento de la terminación de la relación laboral.

10. Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado del conocimiento, en sesión de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro negó el amparo a la parte quejosa. En lo que interesa, respecto del argumento de convencionalidad sostuvo lo siguiente.

• Es fundado pero inoperante el argumento relativo a que la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre la inconvencionalidad planteada, ya que a ningún fin práctico llevaría conceder el amparo para que la autoridad responsable hiciera el pronunciamiento respectivo, pues la conclusión a la que arribó de absolver de lo pretendido por la quejosa fue correcta.

Al respecto determinó que la jubilación es un derecho de naturaleza extralegal, ya que no está regida ni tiene antecedentes jurídicos en el artículo 123 de la Constitución Federal, ni ha sido reglamentada por el legislador en las disposiciones contenidas en el apartado A (sic) de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual todos los aspectos o cuestiones vinculadas con la misma deben regirse por lo estipulado en los contratos colectivos de trabajo.

Así, dada la naturaleza extralegal de lo reclamado, las cláusulas del contrato colectivo de trabajo en que la actora sustentó su exigencia son de interpretación estricta.

Lo anterior de conformidad con los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguientes.

- Jurisprudencia 2a./J. 148/2011, de rubro: "PRESTACIONES EXTRALEGALES. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENEN OBLIGACIÓN DE EXAMINAR SU PROCEDENCIA, CON INDEPENDENCIA DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS".

- Jurisprudencia 2a./J. 128/2010, de rubro: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA".

- Jurisprudencia 2a./J. 87/2007, de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA, OTORGADA CON DISPENSA DEL REQUISITO DE ANTIGÜEDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE TRABAJO RELATIVO, DEBE CALCULARSE CONFORME A LO PACTADO POR LAS PARTES".

- Jurisprudencia 2a./J. 9/2011, de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. EL REGLAMENTO DE TRABAJO DE SU PERSONAL DE CONFIANZA APLICABLE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN (EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS), ES EL QUE ESTÉ VIGENTE AL MOMENTO EN QUE EL TRABAJADOR DA POR TERMINADA SU RELACIÓN LABORAL".

Esto es, el Alto Tribunal ya estableció en jurisprudencia que la jubilación es un derecho de naturaleza extralegal porque no está regida ni tiene antecedentes jurídicos en la Constitución Federal, ni en la Ley Federal del Trabajo, por lo que todas las cuestiones vinculadas con la misma deben regirse por lo estipulado en los contratos colectivos de trabajo, los cuales son de interpretación estricta.

• La jubilación de las personas trabajadoras de confianza de Petróleos Mexicanos se rige estrictamente por lo estipulado en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios conforme al cual son contratados, salvo que se hubiese convenido en términos diversos, y que para recibir ese beneficio, los trabajadores deben satisfacer los requisitos de edad y de años de servicios estipulados en el artículo 82, el cual aduce la quejosa es inconvencional.

En esas condiciones, las jurisprudencias citadas, en las que el Alto Tribunal definió tales aspectos no podían estar sujetas a control de convencionalidad por órganos de inferior jerarquía, como el Tribunal Colegiado del conocimiento, pues considerar lo contrario, daría como resultado que perdieran su carácter obligatorio, generando falta de certeza y seguridad jurídicas; de ahí, que no podían analizarse los planteamientos de inconvencionalidad esgrimidos por la quejosa, los cuales resultan inoperantes.

11. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, la quejosa interpuso recurso de revisión, en el que hizo valer los agravios siguientes.

• La determinación del Tribunal Colegiado relativa a que no puede realizar el estudio de convencionalidad planteado vulnera los principios de progresividad, pro persona y universalidad, así como los derechos de dignidad y seguridad social, en específico, el derecho a recibir una pensión por vejez, previstos en los artículos 1o., 4o., 123, apartado A, fracción XXIX y 133 constitucionales.

Lo anterior, pues si bien existen criterios jurisprudenciales en los que el Alto Tribunal determina que la jubilación es una prestación de origen extralegal, al derivar de un contrato colectivo de trabajo, sin sustento legal ni constitucional y que por ello debe ser analizada de manera estricta, sujetándose a lo que las partes pactaron; lo cierto es que parten de la premisa de que la jubilación que otorga Petróleos Mexicanos salarialmente maneja un beneficio superior (prestación extralegal); esto es, que las prestaciones son superiores a la Constitución, la Ley e incluso a los tratados internacionales.

Por lo que tales criterios no analizaron si los Reglamentos de Petróleos Mexicanos establecen mejores tiempos en espera o si esos tiempos son superiores a los que establece la ley, la Constitución o los tratados internacionales, pues aquéllos al solicitar más años de labor para el otorgamiento de jubilación, conceden una prestación inferior a la norma internacional, de ahí que resultan inaplicables.

• El Reglamento de Pemex es inconvencional, al establecer mayores tiempos de espera o de cotización para acceder al beneficio de jubilación, que los quince años de servicio que señala el artículo 29, numeral 2, inciso a), del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo como norma mínima de seguridad social; por lo cual al no brindar una prestación superior en cuanto al número de años, es evidente que las jurisprudencias citadas en la sentencia de amparo resultan inaplicables.

Así, el Tribunal Colegiado no se encontraba impedido para analizar la convencionalidad del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigente a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

Es importante analizar si la jubilación que otorga de manera contractual Petróleos Mexicanos verdaderamente garantiza el derecho a un seguro de vejez, de manera superior a lo que el Estado Mexicano se comprometió al suscribir el citado Convenio 102.

• Este Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre los tiempos en espera para el otorgamiento de una pensión previstos en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la norma mínima de seguridad social que establece quince años de servicio.

Así, deberá analizarse si Petróleos Mexicanos cumple con el seguro de vejez contenido en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, así como con los tiempos de espera previstos en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.

De conformidad con el principio pro persona y al no existir una restricción constitucional, se debe otorgar la prestación que más favorezca a los gobernados, como lo es la concesión de pensión de vejez en atención a la norma internacional.

• La Junta responsable y el Tribunal Colegiado estaban obligados a analizar si los Reglamentos de Trabajo de Petróleos Mexicanos respetaban los artículos 1°, 123, apartado A, fracción XXIX, y 133 de la Constitución Federal, así como el artículo 29, numeral 2, inciso a), del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo; esto es, si se garantizaba el seguro de vejez de la quejosa con el límite de sesenta y cinco años de edad y quince años de servicio.

• De manera que si la quejosa estuviera inscrita en el Régimen Obligatorio del Seguro Social gozaría de la pensión de vejez que señala la Constitución Federal y se respetaría el mencionado Convenio 102 en relación con los quince años laborados, aunado a que cuenta con el requisito de sesenta y cinco años de edad.

• El Máximo Tribunal no ha determinado si las prestaciones consignadas en acuerdos entre patrones y representantes de un Sindicato pueden otorgar prestaciones inferiores para el otorgamiento de una pensión, por lo que la jubilación pierde el matiz de una prestación extralegal.

• Solicita la interrupción de los criterios de la Suprema Corte en los que se determina que la Ley del Seguro Social no puede ser un parámetro mínimo para el otorgamiento de las jubilaciones contractuales de Petróleos Mexicanos, ya que el seguro de vejez es un derecho constitucional y convencional.

• Los Reglamentos impugnados tampoco pueden exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, la cual prevé quinientas semanas de cotización para acceder al beneficio de pensión de vejez; de ahí que aquéllos resultan inconstitucionales e inconvencionales al pedir mayores tiempos de espera.

• De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2019 (10a.), las disposiciones de los contratos colectivos de trabajo que contengan derechos inferiores a la Constitución Federal o a la Ley Federal del Trabajo serán nulas.

Así, por identidad sustantiva se debe determinar que los Reglamentos impugnados vulneran derechos constitucionales, convencionales y las disposiciones mínimas previstas en la Ley del Seguro Social.

• En virtud de lo anterior, se debe conceder el amparo a fin de que se determine que el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos impugnado es inconstitucional e inconvencional y, por ende, que Petróleos Mexicanos está obligado a garantizar el pago de una pensión de vejez, ya sea en atención al citado Convenio 102, o en su defecto, en términos de la Ley del Seguro Social; y para el caso de que no se pueda realizar esa declaratoria, aquéllos se inapliquen. 12. Admisión del recurso de revisión. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió el recurso que nos ocupa y lo registró con el número de amparo directo en revisión 1811/2024. Asimismo, turnó el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la Segunda Sala, para la elaboración del proyecto correspondiente.

13. Avocamiento. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó la devolución de los autos a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek.

14. Publicación del proyecto de resolución. El proyecto de resolución fue publicado dentro del plazo y con las formalidades previstas en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA

15. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo;(2) 11, fracción VIII, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno;(3) y los Puntos Primero, Segundo, fracción III, inciso B), y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo el diez de abril siguiente; por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, competencia de esta Segunda Sala, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

16. Este Alto Tribunal observa que la sentencia recurrida se notificó por lista a la parte recurrente el jueves ocho de febrero de dos mil veinticuatro y surtió efectos el viernes nueve de febrero siguiente; por lo que el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del lunes doce al viernes veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, descontando de dicho cómputo los días diez, once, diecisiete y dieciocho de febrero, por ser sábados y domingos y, por ende, inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo(5) y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(6)

17. En consecuencia, si el escrito de recurso de revisión se presentó vía electrónica el veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro,(7) se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

18. Esta Suprema Corte considera que Alejandro Huerta Rosas, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa, cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión, pues dicho carácter se le reconoció mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés(8) emitido por el Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 892/2023.

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA

19. En principio, para determinar la procedencia del presente asunto debe precisarse que el recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como en el Punto Primero del Acuerdo General 9/2015,(9) emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

20. De la interpretación de los anteriores preceptos, se desprende que las resoluciones en los juicios de amparo directo que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que se cumplan dos requisitos.

21. El primero se relaciona propiamente con las materias del recurso de revisión en la vía directa, es decir, con un tema de constitucionalidad o de derechos humanos en su vertiente convencional, ya sea que se hayan planteado desde la demanda de amparo o en su caso, desarrollado en la sentencia recurrida, pues resulta procedente este medio de impugnación en contra de resoluciones que tengan los supuestos siguientes.

a) Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales;

b) Establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o,

c) Hayan omitido dicho estudio, cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo.

22. Los anteriores supuestos son alternativos, es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.

23. El segundo requisito se vincula con el tipo de pronunciamiento que se espera en esas materias al momento de resolver el recurso de revisión, pues para colmar este requisito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe emitir un pronunciamiento que debe revestir un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

24. Al respecto, antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, debía analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañaban la fijación de un criterio de importancia y trascendencia en los términos del Acuerdo General 9/2015, emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Punto Segundo sostiene que un asunto permitirá fijar un criterio de importancia y trascendencia en los casos siguientes.

I. Se trate de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o

II. Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

25. No obstante lo anterior, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX, constitucional para establecer la procedencia del recurso de revisión en amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando a su juicio revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

26. De la exposición de motivos respectiva, se desprende que dicha reforma tuvo como propósito apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional permitiendo que enfoque sus labores únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

27. Así, la razón de modificar la fracción IX del artículo 107 constitucional radica en darle mayor discrecionalidad al Alto Tribunal para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente, cuando a su consideración el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

28. Resulta patente que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito, únicamente, en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad, en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.

29. En principio, podría considerarse que se cumple con el primer requisito, debido a que desde la demanda de amparo se planteó la inconstitucionalidad del artículo 82, Regla II, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigente a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve; sin embargo, la calificativa de inoperancia de ese planteamiento por parte del Tribunal Colegiado impidió que analizara el tema de constitucionalidad.

30. Por tal razón, para determinar si en esta instancia subsiste el primer requisito, esto es, el tema de constitucionalidad planteado que haga posible algún pronunciamiento de esta Segunda Sala sobre dicho tópico, resulta necesario que, en un primer momento se analicen los agravios que combaten la inoperancia mencionada y, solo en caso de resultar fundados se podría considerar que efectivamente subsiste el citado primer requisito de procedencia al no existir algún impedimento para que este Alto Tribunal se pronuncie sobre el tema de constitucionalidad aducido en los conceptos de violación, pues de lo contrario, es decir, de resultar infundados los agravios, no subsistiría el tema de constitucionalidad al confirmarse la inoperancia decretada por el Tribunal Colegiado y, en consecuencia tendría que desecharse este recurso por no cumplir con los requisitos de procedencia.

31. Señalado lo anterior conviene mencionar que, la parte recurrente sostiene que la calificativa de inoperancia vulnera los principios de progresividad, pro persona y universalidad, así como los derechos de dignidad y seguridad social, en específico, a una pensión por vejez, contemplados en los artículos 1o., 4o., 123, apartado A, fracción XXIX y 133 constitucionales.

32. Ello, porque considera que el Tribunal Colegiado parte de la premisa de que la jubilación que otorga Petróleos Mexicanos maneja un beneficio superior a lo establecido por la Constitución Federal, la Ley Federal del Trabajo y los Tratados Internacionales; sin embargo, los criterios con los que sustenta su decisión no analizan si los Reglamentos de Petróleos Mexicanos establecen mejores tiempos en espera o si esos tiempos son superiores a los ordenamientos referidos.

33. Al respecto, esta Segunda Sala considera que resultan sustancialmente fundados los agravios, por las razones siguientes.

34. En principio debe decirse que es incorrecto que el Tribunal Colegiado haya aplicado la jurisprudencia 2a./J. 128/2010, de rubro: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN EST

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32834-605f6f3c/jubilacion-por-vejez-el-articulo-82-regla-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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