ACCIÓN CAUSAL EN LA VÍA ORAL CIVIL. EL ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN, COMO TENEDOR DEL TÍTULO DE CRÉDITO Y MANDATARIO PARA EL COBRO, ESTÁ LEGITIMADO PARA EJERCERLA.
AMPARO DIRECTO 266/2022. 8 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO. SECRETARIA: YARA PATRICIA MORALES CHAVARRÍA.
Ciudad de México. Sentencia emitida por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la sesión ordinaria virtual correspondiente de 8 de junio de dos mil veintidós.
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo directo D.C. 266/2022, promovido por **********, por conducto de **********,(1) quien promovió como su endosatario en procuración, en contra del auto que puso fin al juicio, dictado el veintiocho de marzo del año en curso, por la Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en el juicio iniciado como oral mercantil **********, corregido a oral civil; acto que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda en el juicio de origen. Por escrito enviado el veintiocho de febrero del año actual, en la Oficialía de Partes Virtual del Poder Judicial de la Ciudad de México, **********, por conducto de **********, quien promovió como su endosataria en procuración, demandó en la vía oral mercantil de **********, las siguientes prestaciones:
“a) El pago de la cantidad de ********** por concepto de suerte principal, consignada en el título de crédito base de la acción número ********** expedido a favor de este organismo en fecha 08 de septiembre de 2010 con fecha de vencimiento para el día 29 de febrero de 2012, el cual se agrega a la presente como ANEXO 1, para que obre como corresponda, por lo que solicito a ese H. Juzgado sea resguardado en el seguro del mismo.
b) El pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses ordinarios, a razón del 9% (nueve por ciento) anual sobre saldos insolutos, pactados en el pagaré base de la acción, mismos que se causaron al momento en que se otorgó el préstamo materia de la presente litis.
c) El pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios a razón del 27% (veintisiete por ciento), anual sobre saldos insolutos, pactados en el pagaré base de la acción, mismos que se causaron desde la quincena 19-2010, es decir, el 15 de octubre de 2010, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo.
d) El pago de gastos y costas que se originen en el presente juicio.
(...).”
Basó su demanda en los hechos que no se transcriben por estimarse innecesario, pero se tienen a la vista al momento de resolver.
SEGUNDO. Prevenciones. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuadragésimo Tercero de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, cuya titular, mediante proveído de dos de marzo dos mil veintidós, lo registró bajo el número de expediente **********; asimismo, previno a la promovente para que, en el término de tres días, exhibiera el original de la demanda, así como de los documentos base de la acción; una vez cumplida la prevención, en auto de dieciséis de marzo del presente año, volvió a requerir a la actora para que efectuara lo siguiente:
“1.- Aclare la vía que pretende, toda vez que, la vía mercantil no es la única procedente para el ejercicio de la acción causal que pretende y que se encuentra prevista en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ya que, debe atenderse a la naturaleza del negocio jurídico subyacente que dio origen a la emisión del título de crédito respectivo; es decir, la acción causal contenida en el citado precepto legal no se refiere al derecho abstracto de poner en movimiento al órgano jurisdiccional, sino a una acción en estricto sentido, así la acción causal puede ser, entre otras, la acción hipotecaria prendaria, de compra, de arrendamiento, de transacción, de gestión de negocioso, en fin cualquier acción que tutele el derecho que se pretenda reclamar en juicio.
[...].
2.- Acredite su personería, ello en virtud de que, el endoso es una figura mercantil que se encuentra regulada por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el presente caso, el negocio subyacente del cual emana el adeudo principal es un mutuo de naturaleza civil, motivo por el cual se requiere documento diverso al endoso.
Lo anterior, dado que **********, Promueve en calidad de endosataria en procuración de la moral actora, basándose en el ‘pagaré’ que exhibió en su escrito inicial, documento que es de naturaleza mercantil, tal como lo refiere el artículo 75 del Código de Comercio en relación con el capítulo III del Título I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; sin embargo se precisa que el título de crédito exhibido deja de ser el documento base, para ser ahora un documento probatorio, y el endoso si bien es cierto da la facultad al endosatario para cobrar el documento en el que consta, lo cierto es que, en el caso concreto la acción intentada no está encaminada al cobro del documento exhibido, sino del acto jurídico que le dio origen a su suscripción, razón por la cual, en la vía que pretende, no es dable tenerle por reconocida la personalidad como representante de la persona moral actora.
[...].
3.- Aclare el hecho uno de su demanda, pues refiere que autorizó un préstamo a corto plazo, por lo que, deberá indicar que clase de préstamo otorgó y en su caso, el destino que tendría el mismo. Derivado de lo cual resulta necesario precise los hechos que en su concreto dieron origen a la relación causal de su pretensión, lo que es distinto al título de crédito.
[...].
4.- Aclare los hechos 3, 4, 5 y 6 de su demanda, dado que narra aquello a lo que se obligó el demandado en el título de crédito exhibido; sin embargo, deberá señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las partes pactaron las obligaciones a que se refieren dichos hechos (intereses ordinarios e intereses moratorios), si es que hubo algún pacto al respecto y no únicamente describir lo que se aprecia de la lectura del documento exhibido.
(...).”
TERCERO. Desahogo de la prevención y desechamiento de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, la parte actora (ahora quejosa) desahogó el requerimiento decretado y, al efecto, la autoridad jurisdiccional de origen determinó en auto veintiocho del mismo mes y año, desechar la demanda, esencialmente, por considerar que en la vía oral civil no es factible tener por acreditada la personalidad de la promovente, con el endoso adherido al pagaré exhibido en el juicio natural.
CUARTO. Demanda de amparo, admisión y turno. El anterior acuerdo constituye el acto reclamado por la actora, quien promovió demanda de amparo, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que por auto de presidencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número D.C. 266/2022, y por acuerdo de diez de mayo del presente año se admitió a trámite, ordenando que con fundamento en el artículo 181 de la Ley de Amparo, se notificara por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dejando a su disposición copia de dicha demanda; además, se turnaron los autos a la ponencia de la Magistrada Edith E. Alarcón Meixueiro para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Amparo; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones V, inciso c), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, y 34 de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso c) y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 35/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de las funciones de este Tribunal y a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en virtud de que se trata de una resolución que pone fin al juicio, pronunciada por una autoridad judicial que reside en el ámbito territorial, en donde ejerce jurisdicción este órgano colegiado.
SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el que se reclama de la autoridad responsable, según se desprende de las constancias originales que fueron remitidas en justificación de su informe.
TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio constitucional fue promovido dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución reclamada se notificó por medio del Boletín Judicial número 54 correspondiente al veintinueve de marzo de dos mil veintidós y surtió efectos el treinta siguiente, por lo que dicho lapso transcurrió del treinta y uno de marzo al veintisiete de abril de esta anualidad. La demanda se presentó el dieciocho de abril último.
De las fechas antes indicadas, se excluyen para el cómputo relativo los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos e inhábiles, de conformidad con el artículo 19, de la Ley de Amparo y el diverso normativo 143, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
También, debe excluirse el período comprendido del once al quince de abril de esta anualidad, conforme con el Acuerdo 31-29/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (calendario de labores y días inhábiles 2022).
CUARTO. Auto reclamado. El proveído reclamado se sustentó en las consideraciones que se reproducen enseguida:
“CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
Agréguese a sus autos el escrito de **********, visto su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, sin lugar a tener por desahogada la prevención de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós en relación a tener por acreditada su personería como endosataria en procuración en el presente asunto; ello atento a que si bien es cierto tal y como se desprende de constancias de autos se corrigió la vía para que se tramitara en la vía ORAL CIVIL, y no como lo había solicitado de un inicio la aquí promovente; no menos lo es que, se encontraba en la obligación de cumplir con todas y cada una de las formalidades que en este caso la legislación aplicable al caso concreto exige; es decir tenía que, haberse dado cabal cumplimiento al numeral 95 del Código de Procedimientos Civiles que rige en la Ciudad de México, al ser ésta la Ley aplicable a la vía Oral Civil.
En efecto, pues es de explorado derecho que, si se atiende a las formalidades de legislación diversa se dejaría en completo estado de indefensión, vulnerándose en perjuicio de las partes los principios de contradicción, certeza y seguridad jurídica que imperan nuestro derecho, ello al no gozar de las mismas facultades las personerías con las que se ostentarían en dado caso las demás partes en relación con la promovente.
Ahora bien, dígasele a la promovente que, por lo que hace al criterio jurisprudencial que inserta en el escrito de mérito, no resulta aplicable ‘el’ caso concreto pues que éste hace mención que la acción causal puede llevarse en diversas vías, pero no faculta ni menos aún hace mención a que se puedan transgredir los parámetros y requisitos que la propia ley aplicable a cada asunto establece; es decir, que si bien es cierto que el criterio en mención faculta para que la acción causal se pueda ejercer en otra vía diversa a la mercantil, no menos cierto es que, no faculta para que dicha acción se pueda tramitar y requisitar con ciertos aspectos de vía diversa aplicando las formalidades de una legislación distinta a la elegida.
Lo anterior, se robustece con el siguiente criterio jurisprudencial:
‘ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN, FACULTADES DEL. (transcribe datos de localización y texto).’
Polo que, como se dijo en el proveído de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el pagaré exhibido deja de ser el documento base, para ser ahora un documento probatorio, y el endoso si bien es cierto da la facultad al endosatario para cobrar el documento en el que consta, lo cierto es que, en el caso concreto la acción intentada no está encaminada al cobro del documento exhibido, sino del acto jurídico que le dio origen a su suscripción, razón por la cual, en la vía que pretende (ORAL CIVIL), no es dable tenerle por reconocida la personalidad como representante de la persona moral actora.
En consecuencia, SE DESECHA la demanda intentada y por ello devuélvanse los documentos y copias simples exhibidas, los que se entregarán por conducto de las personas autorizadas para tal efecto en el escrito inicial de demanda, previa razón que por su recibo obre en autos.
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial, que a la letra dice:
‘COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MAS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL. (transcribe datos de localización y texto).’
[...].”
QUINTO. Conceptos de violación. La quejosa expresó los argumentos de disenso cuya transcripción se omite en obvio de repeticiones innecesarias, pero se tienen a la vista al momento de resolver.
SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación se estudiarán de conformidad con el artículo 76, de la Ley de Amparo,(2) atendiendo a la naturaleza de las infracciones alegadas y sus efectos.
En una parte de éstos, la quejosa aduce que la autoridad responsable interpretó en forma incorrecta el artículo 35 la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues aun cuando en desahogo de la prevención formulada se corrigió la vía a la oral civil, para acreditar la personalidad no es necesario atender a la naturaleza del negocio subyacente o de un juicio civil.
Precisa que, ni la ley, ni algún criterio jurisprudencial, prevén que la representación dependa de la calidad del negocio original, por lo cual, si se desea cobrar un título de crédito mediante la acción causal, el endoso en procuración sí es idóneo para acreditar la personería, pues faculta al endosatario para realizar todas las gestiones tendentes a obtener el pago, de ahí que en el caso debió tenerse por acreditada la representación de la parte demandante.
Manifiesta también que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 de la mencionada Ley General, 2553 y 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el mandato contenido en un endoso sólo desaparece por cancelación; renuncia del endosatario; y ante la conclusión del negocio, pero no por la caducidad de la acción cambiaria directa, por lo cual es ilegal la causa que motivó el desechamiento de la demanda.
En apoyo a sus argumentos, la parte quejosa citó la jurisprudencia número 1a./J. 95/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de dos mil cinco, página setenta, de rubro siguiente: “ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LA ACCIÓN CAUSAL”.
Tales motivos de disenso son esencialmente fundados.
Para evidenciar tal aserto, conviene resaltar que, el tenedor de un título de crédito tiene a su alcance dos acciones distintas, la cambiaria directa y la causal; ello no significa que se trate de una misma obligación, exigible por dos vías procesales distintas, sino que, en estricto sentido, se trata de dos obligaciones diferentes, pues derivan de dos fuentes distintas: el contrato por una parte y la suscripción del título, por la otra.
En el juicio natural, la actora (hoy quejosa), ejerció la acción causal y, al desahogar la segunda prevención que le fue decretada por la juez responsable, precisó que la relación jurídica subyacente deriva de un mutuo civil, regulado en el artículo 2384 del Código Civil local, razón por la cual enderezó la vía a la oral civil.
Al respecto, conviene tener en cuenta que, en diversos asuntos promovidos por el organismo quejoso, este tribunal ha sostenido que el núcleo de la acción causal radica en el acto subyacente, pues lo que realmente se persigue es el cumplimiento de las obligaciones afectas a la relación jurídica que originó la suscripción del título.
Sobre este tópico, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País ha señalado que, cuando está prescrita la acción cambiaria, la naturaleza de la acción causal ya no atiende al contenido literal del título de crédito, sino a lo pactado en el acto primigenio, que tiene como sustento o base la relación jurídica subyacente,(3) pues la prescripción de la acción cambiaria directa no significa únicamente que cese la posibilidad de instaurar un juicio por la vía ejecutiva mercantil, que corresponde a dicha acción, sino, sobre todo, que se extingue sustantivamente la obligación cambiaria.
Lo anterior implica que, el juicio en el cual se ejercite la acción causal, debe regirse por las normas aplicables a la naturaleza de la acción intentada, pues lo planteado por el acreedor es la exigencia de cumplimiento de la obligación mediante la acción correspondiente al negocio subyacente, como si éste se hubiera celebrado de manera lisa y llana, pues el alcance probatorio del título se limita a demostrar que existió una obligación cambiaria y, por ello, cada caso se seguirá mediante un trámite diferente, es decir, en una vía determinada y diversa.(4)
Según se ha destacado, el juicio natural se tramita en la vía oral civil, debido a que la relación subyacente atañe a un mutuo de igual naturaleza, razón por la cual, ese asunto debe regirse por las normas aplicables de esa materia.
Sin embargo, ello en modo alguno implica que el juicio sea totalmente ajeno al título de crédito, pues cuando se ejerce la acción causal, prevista en el numeral 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,(5) el planteamiento de la demanda se efectúa con base en el documento crediticio y la relación jurídica que motivó su creación,(6) ya que su objeto sigue vinculado con la pretensión de pago.
Es decir, el título de crédito forma parte del fundamento de la acción causal, pues, conforme a lo dispuesto en el precitado artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debe considerarse que, cuando se ejerce la acción causal y queda satisfecha la obligación, la ley exige su restitución al enjuiciado (es decir, a la persona con quien se celebró la relación jurídica que originó la creación o transmisión del título), de ahí la trascendencia jurídica de que el documento crediticio se presente con la demanda, lo cual conlleva a considerar que, si no se exhibe el título, no se podría entablar la misma.
Sobre todo, porque la simple presentación del título junto con la demanda genera la presunción legal de que no ha sido pagado, al menos no en su totalidad, pues en caso contrario no debería estar en poder de la parte actora, precisamente, debido a que la satisfacción del crédito obliga a la restitución del título.
Relacionado con lo anterior, es preciso hacer referencia a la jurisprudencia 1a./J. 95/2005,(7) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita la parte quejosa como apoyo de sus argumentos de disenso, la cual dice:
“ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LA ACCIÓN CAUSAL. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito faculta al endosatario en procuración para lograr el cobro judicial del documento de crédito, sin hacer distinción alguna en atención a la naturaleza de las acciones, por lo que éste, como representante del endosante, puede intentar la acción causal. Lo anterior es así en tanto que con los endosos en procuración se busca facilitar la representación de los acreedores cambiarios, de manera que estimar que aquéllos sólo facultan al endosatario para ejercer la acción cambiaria directa sería tanto como obligar al endosante a celebrar otro contrato de mandato para ejercer la acción causal, lo cual contravendría el espíritu del derecho cambiario; además, conforme a la ley citada y al Código Civil Federal el mandato contenido en un endoso en procuración desaparece hasta su cancelación, la renuncia del endosatario o la conclusión del negocio, por lo que dicho mandato no se extingue por la caducidad de la acción cambiaria directa. Finalmente, si se atiende a que la ley considera al endosatario en procuración como un tenedor del título valor y a que el artículo 168 de la ley citada establece que el tenedor de un título de crédito puede ejercer la acción causal, se concluye que no necesariamente debe ser el propietario del título quien ejerza dicha acción, sino que el tenedor puede hacerlo cuando se extingue la acción cambiaria, aunque no sea el propietario.”
También conviene tener en cuenta que, en la ejecutoria de la cual emanó el criterio jurisprudencial precitado, la Primera Sala del Alto Tribunal del país interpretó los artículos 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito(8) y 2546 del Código Civil Federal(9) (los cuales regulan las figuras del endoso y mandato, respectivamente) y, al efecto, destacó lo siguiente:
1. La prescripción de la acción cambiaria implica que la vía privilegiada no pueda ser utilizada por el acreedor para intentar el cobro del título, pero no que el título deje de ser abstracto, ni que desaparezca la voluntad del endosante, consistente en que el endosatario cobre el crédito que se le adeuda.
2. El endosatario en procuración es un mandatario con todos los derechos y obligaciones de éste, en lo que le sea aplicable, atendiendo a la naturaleza del derecho cambiario, pues si bien nace como un acto unilateral, éste se perfecciona con su aceptación.
3. El mandato instituido en un endoso en procuración es de carácter especial, pues únicamente da al endosatario un poder general para pleitos y cobranzas que se encuentra limitado a la realización de diversos actos tendentes al cobro del título de crédito, a saber: a. Presentar el documento para ser aceptado; b. Realizar el protesto en los casos en los que falte aceptación total o parcial; c. Realizar el cobro judicial o extrajudicial del documento; y, d. Endosar, a su vez, el título en procuración.
4. El endoso en procuración tiene como característica el ser "abstracto", pues en el título no se establece la causa por la cual se otorgó, ni se hace constar el objeto que tendrá el mandato respectivo, ya que la razón principal por la cual se creó esta figura, fue facilitar la representación de los acreedores cambiarios, de tal forma que no necesiten conferir mandatos en la forma establecida por el derecho común.
5. Aunque la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no contiene disposición expresa que establezca la forma de terminar con el mandato derivado del endoso en procuración, de la lectura de los artículos 35 y 41 de tal ordenamiento, se desprende que termina hasta que se cancela el endoso, renuncia el endosatario, o bien se realizan todos los actos lícitos para cobrar el título; por ende, mientras no se dé cualquiera de esos supuestos, subsiste la obligación del endosatario en procuración de intentar el cobro del título.
6. Con la sola inclusión de la cláusula “al cobro”, “en procuración” u otra similar, se tiene por conferido el mandamiento consistente en cobrar el título de crédito, ya sea judicial o extrajudicialmente.
Así, partiendo de las aludidas bases, la Primera Sala del Tribunal Supremo emitió las consideraciones que a continuación se sintetizan:
a) El endoso en procuración inicia como un acto unilateral de la voluntad del endosante, pero, al ser aceptado por el endosatario, genera un mandato.
b) Los derechos y obligaciones de un mandatario se aplican a los endosatarios en procuración; por ello, la principal obligación del mandatario, es la misma para el endosatario en procuración.
c) Independientemente de la causa que haya generado el endoso en procuración, conforme a la ley, éste supone que la voluntad del mandante (endosante) es que el mandatario (endosatario en procuración) realice los actos necesarios para lograr el cobro del título de crédito, ya sea en forma o extrajudicial o judicialmente, mediante el ejercicio jurisdiccional de cualquiera de las acciones legalmente procedentes.
d) Lo anterior, en razón de que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito faculta al endosatario en procuración para lograr el cobro judicial del documento crediticio, sin hacer alguna distinción que atienda a la naturaleza de las acciones, lo cual implica que puede intentar, como representante del endosante, la acción causal.
e) Esa postura se refuerza con el hecho de que el Alto Tribunal del país previamente dejó sentando que el endosatario en procuración puede promover juicio de amparo (sobre la base de que está facultado para realizar todas las acciones para obtener el cobro del título), por lo que, si puede instar una acción extraordinaria e independiente del título de crédito, con más razón puede ejercer las acciones que sí tienen relación con tal documento, como la causal.
Pues bien, las citadas consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conllevan a determinar que, adversamente a lo sostenido por la autoridad responsable en la resolución reclamada, el endosatario en procuración sí está facultado para ejercer las acciones legales que emanen del incumplimiento al pago de un título de crédito, con el fin de obtener su satisfacción, pues debe ser reconocido como mandatario con todos los derechos y obligaciones que le son propios, ya que se encuentra facultado para lograr el cobro judicial del documento crediticio.
Lo anterior implica que, al ser el endosatario en procuración un tenedor del título de crédito, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, válidamente puede ejercer la acción causal, como representante del endosante, con independencia de que la vía procedente sea civil, pues el hecho de que tal documento sólo tenga efectos probatorios y haya perdido ejecutoriedad, no quiere decir que el endoso en procuración emitido respecto de éste, dejara de surtir sus efectos.
Sobre todo, porque cuando la acción cambiaria prescribe, ello genera que la vía privilegiada no pueda ser utilizada por el acreedor para intentar el cobro del título, pero en modo alguno desaparece la voluntad del endosante, consistente en que el endosatario cobre el crédito que se le adeuda.
Esto es, para el ejercicio de la acción causal por parte del endosatario en procuración, no constituye un impedimento la naturaleza que tenga el negocio subyacente (civil o mercantil), porque el mandato de cobro subsiste y, por esa razón, está facultado para instar la acción inherente a la causa de suscripción del título de crédito, pues, aunque no se reclame éste de manera estricta, para el planteamiento de la demanda sigue siendo necesaria la presentación del documento crediticio.
Ahora, esta determinación en modo alguno implica una infracción a las reglas adjetivas aplicables al juicio civil de origen, porque el artículo 95, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México,(10) solamente dispone que al escrito inicial de demanda deberá acompañarse el poder que acredite la personalidad de quien comparece en nombre de otro, o bien, el documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio; es decir, no limita la forma en que las partes pueden acreditar el carácter con el que comparecen a la controversia.
En tal guisa, si la promovente de la demanda natural instó la acción causal en carácter de endosataria en procuración, exhibiendo en su momento el pagaré con el endoso emitido a su favor y, al desahogar la segunda prevención que le fue decretada, manifestó que no existía algún instrumento notarial con el cual acreditara su personalidad, ni diverso documento que sustente la acción causal ejercida, es inconcuso que no coexistía motivo por el cual pudiera estimarse que los extremos del requerimiento no quedaron colmados en cuanto a la legitimación activa de la promovente.
Ello es así, porque conforme al artículo 35 de la Ley General de Títulos de Crédito, aplicable al caso a pesar de que la acción causal se ejerza en la vía oral civil, el endoso en procuración contiene un mandato para realizar todas las acciones inherentes al cobro y, por esa razón, era innecesario que la promovente de la demanda acreditara el carácter de representante o apoderada del organismo actor en la forma exigida por la autoridad jurisdiccional de origen.
Ciertamente, de lo hasta aquí expuesto, se puede sostener que el endoso en procuración es un mandato judicial con un propósito especial, a saber, obtener el cobro del crédito, empero, aun cuando se extingue la acción cambiaria y es necesario acreditar el negocio que dio origen al título relativo, el tenedor todavía está facultado para intentar todo tipo de acción legal diversa con la finalidad de exigir el cumplimiento de la obligación de pago, dado que la voluntad del endosante permanece vigente en relación con cualquier negocio o acción vinculada al título, sin limitarse a éste.
Si bien en la acción causal dicho documento por sí mismo ya es insuficiente para acreditar el negocio del cual surgió, lo cierto es que en un juicio -incluso de naturaleza civil- resulta bastante para demostrar la representación del promovente, pues en todo caso se trata de un documento anexo a un título, en el cual se plasma la intención del endosante de otorgar a una o varias personas en específico, la facultad de perseguir en cualquier vía o acción procedente el cobro de la deuda vinculada con el instrum
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32922-d559319c/accion-causal-en-la-via-oral-civil-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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